El 23 de
enero de 1989 militantes de la agrupación Movimiento Todos por la Patria (MTP),
deficientemente armados y encabezados por el ex guerrillero Enrique Gorriarán
Merlo, ocupan los cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 General
Belgrano, con el propósito de frustrar un supuesto golpe militar carapintada en
contra del gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, quien había debido enfrentar varias
asonadas militares a lo largo de su gestión. La represión por parte del ejército
fue por demás desmedida y violenta, y dejó un saldo de 53 heridos y por lo menos 39 personas
muertas, de las cuales nueve eran militares, dos policías y 28 integrantes del MTP, varios de los cuales habrían sido ultimados luego de rendirse. La rápida
reacción de elementos de inteligencia, determinados miembros de la policía de la
provincia de Buenos Aires y conspicuos carapintadas que actuaron en forma
individual, hace presumir que los militantes del MTP pudieron haber sido
víctimas de un engaño pergeñado por organismos de inteligencia opositores al
gobierno.
El asalto al cuartel de La Tablada pateó el tablero político pero sus efectos
fueron exactamente los contrarios de los que habían imaginado los jefes del
Movimiento Todos por la Patria (MTP). Las organizaciones de izquierda salieron a
cuestionar el ataque, los abogados de los organismos de derechos humanos se
dieron un fuerte debate interno antes de decidir si los defenderían y el
gobierno de Raúl Alfonsín quedó más apretado que antes por los militares y los
sectores que habían empujado las medidas económicas más conservadoras.
En las horas que siguieron a la rendición de los asaltantes, que salieron del
cuartel luego de ser torturados, las críticas se multiplicaron. No sólo el
entonces llamado “partido militar” habló de rebrote de actividades subversivas y
ganó poder, también los que hasta ese momento habían sido amigos martillaron
sobre el MTP en disolución: Jorge Lanata, que aún gastaba el dinero que le había
girado Enrique Gorriarán Merlo para Página/12, los llamó “niños estúpidos e
inconscientes” y “asesinos”.
El Movimiento al Socialismo (MAS) se solidarizó con los militares muertos.
Incluso su dirigente Luis Zamora envió una corona al sepelio y algunos
dirigentes llegaron a separar al MTP del amplio arco de la izquierda argentina.
Y desde la UCR y el PJ no ahorraron críticas, denuncias ni condenas. Nadie había
tomado conciencia aún de que dentro del cuartel se habían reproducido los
crímenes de la última dictadura: hubo torturas, al menos tres fusilamientos
sumarios y cuatro militantes desaparecidos (Iván Ruiz, José Díaz, Francisco
Provenzano y Carlos Samojedny).
El 25 de enero, cuando no habían pasado ni veinticuatro horas de la rendición,
Alfonsín anunció la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que
se integraría con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Además, promulgó el
decreto 327/89 que permitía la intervención de la inteligencia militar en los
asuntos internos y envió al Congreso nacional un proyecto de ley sobre
terrorismo.
La Tablada, 25 años después
Tal fue el zarandeo del tablero
político que generó la acción del MTP para intentar encender la llama de la
insurrección, que los abogados de los organismos de derechos humanos evaluaron
si los defendían o no. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)
decidió no representar a los detenidos del MTP. Sus tres abogados plantearon que
no representarían a los que tomaron las armas en democracia. En cambio, el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) definió que sí participaría pero
representando a los jóvenes y a los de bajos recursos, y no a los dirigentes.
Finalmente, se conformó un equipo de abogados que asistió a los trece detenidos
dentro del cuartel y a los seis integrantes del grupo de agitación más el padre
Antonio Puigjané.
En esas primeras jornadas parecía que el único respaldo venía del Uruguay.
“Podrán haberse equivocado en sus previsiones pero no es hora de cobrar errores
sino del abrazo fraterno a los que combatieron con coraje”, dijo Raúl Sendic,
líder del MNL-Tupamaros, durante una discusión en la conducción de la
organización. Los Tupas no sólo refugiaron a muchos militantes que cruzaron el
río, también emitieron un comunicado en el que señalaron que “los compañeros se
equivocaron” y lamentaban esa pérdida de militantes heroicos y desprendidos.
“Pero también hay muchos que se equivocaron y se equivocan sin poner detrás una
gota de sangre propia”, desafiaron.
En ese contexto, de fuerte derechización de la política, el intento
insurreccional quedó oculto bajo la versión oficial de que intentaron frenar un
golpe de Estado. Esa posibilidad no terminaba de ser creída, ni siquiera entre
los sindicalistas de base con quienes el MTP había sondeado su análisis en las
jornadas previas al asalto. Pero los militantes sostuvieron esa versión para
tener alguna posibilidad de defensa en un juicio que fue veloz y ejemplificador:
sólo se buscó el castigo para los insurgentes y no se tomaron en cuenta las
denuncias por violaciones a los derechos humanos, que se perpetúan con la
desaparición de cuatro militantes que se rindieron en un cuartel rodeado de
militares y policías.
*Pablo Waisberg escribió junto a Felipe Celesia "La Tablada. A vencer o morir.
La última batalla de la guerrilla argentina" (Aguilar).
PUBLICIDAD
Ingreso del presidente Raúl Alfonsín al cuartel liberado,
rigurosamente custodiado
20-10-2008 / Dos fiscales y un juez federal que 20 años atrás acusaron e
instruyeron, respectivamente, el copamiento del R3 de La Tablada quedarán al
descubierto. Torturas, desapariciones y asesinatos a mansalva en aquella
sangrienta y tórrida jornada del 23 de enero de 1989. Gerardo Larrambebere, Raúl
Plée y Pablo Quiroga en el centro de la escena. Hoy la Argentina puede separar
el injustificable ataque a un cuartel en plena democracia de los métodos
criminales de militares en actividad y del ocultamiento y complicidad de
funcionarios del Poder Judicial
La presidenta Cristina Fernández
firmó, días atrás, el decreto 1578 que autoriza al juez federal de Morón Germán
Castelli el ingreso irrestricto a los archivos de inteligencia del Estado, de la
Policía Federal y del Ejército relacionados con la desaparición de cinco
ciudadanos a manos de los militares y policía que redujeron al grupo que intentó
copar el R3 de La Tablada el 23 de enero de 1989. Esos archivos permitirán
conocer también la cantidad de irregularidades cometidas por los fiscales y el
juez que instruyó la causa. El decreto instruye a los organismos de inteligencia
que envíen de modo inmediato los documentos relacionados con el hecho.
Fue crucial la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
con sede en Washington, a la cual apelaron los abogados y familiares de los
desaparecidos para que se haga justicia. La Corte, con las pruebas aportadas,
consideró que hubo innumerables abusos y recomendó al Estado argentino poner en
marcha los mecanismos y garantías para realizar una investigación independiente,
completa e imparcial.
Roberto Felicetti fue uno de los
detenidos tras el cruento intento de copamiento aquel 23 de enero de 1989. En el
momento que se entregó junto a algunos de sus compañeros, lo desnudaron, lo
tiraron al piso y luego lo torturaron de modo salvaje. Somos Dios, gritaban
desaforados algunos de los uniformados que los custodiaban en el Casino de
Suboficiales. Al cabo de unos días le tocó declarar frente al juez Federal de
Morón, Gerardo Larrambebere. "Doctor, me torturaron salvajemente, vea, tengo los
dos brazos fracturados", le dijo al juez y le pidió, al igual que sus abogados
defensores, que se iniciara una investigación sobre apremios ilegales.
Larrambebere miró a Felicetti con desprecio y no hizo absolutamente nada. Ese
juez, tras una instrucción desastrosa, fue ascendido a juez del Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 3. Como tal, y más allá de la consideración del ex juez Juan José
Galeano, actuó como tribunal de alzada en la causa Amia y cuestionó con fiereza
la instrucción por irregularidades que no involucraban desapariciones, ni
asesinatos ni torturas como las sucedidas en la causa de La Tablada. Porque las
torturas a Felicetti no fueron ni por asomo el motivo principal de las cosas que
ocultó el entonces joven juez Larrambebere.
Fiscales en acción. Al momento de la
instrucción, el fiscal Federal de Morón era Santiago Blanco Bermúdez, pero en
esos días estaba de licencia. Llegaron entonces al lugar de los hechos, en el
mismo momento que el cuartel permanecía tomado, el entonces fiscal de la Cámara
Federal de San Martín Raúl Plée y el entonces defensor oficial del juzgado
Federal de San Isidro Pablo Quiroga. Éste último, producto de la presión de la
corporación militar -especialmente de Inteligencia del Ejército- fue nombrado
fiscal subrogante, a partir de lo cual abandonó la función de defensor oficial.
Quiroga y Plée formaron un equipo que no le daba espacio a Blanco Bermúdez, no
sólo porque no tenían simpatías hacia él, sino porque no querían que se
integrara a las reuniones con los agentes de inteligencia (tanto de la Side como
del Ejército) que inspiraban su accionar.
De las primeras páginas de la causa
(escritas cuando todavía se sentía olor a pólvora en el interior del cuartel y
sólo en los periódicos salía que los atacantes pertenecían al Movimiento Todos
por la Patria) surge que los fiscales Plée y Quiroga pidieron al juez una
cantidad de allanamientos en una serie de domicilios, dando detalles de barrios,
calles en distintos puntos del Gran Buenos Aires. En esos pedidos no aparece el
origen de la información a la que habían accedido los fiscales, ni siquiera cómo
los habían obtenido. La posterior investigación determinó que esos lugares
habían sido utilizados por los atacantes y que en ellos se habrían encontrado
planos y anotaciones relacionados con el ataque.
Esa documentación -de origen
desconocido- fue la base de la acusación contra los 13 miembros del MTP
detenidos que sobrevivieron al combate y a los asesinatos posteriores. Pero nada
decía sobre cómo habían muerto 28 de los atacantes -la mayoría de ellos con los
cuerpos destrozados tal como lo muestran las fotos de la causa-. Ni qué pasó con
algunos de ellos que primero fueron dados por detenidos, otros como
desaparecidos e incluso alguno que fue reconocido como muerto días después.
Tales los casos de Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Carlos Burgos, Iván
Ruiz y José Díaz que estaban entre los detenidos aquel día en el interior del
cuartel.
A Samojedny lo tenían al lado mío -recuerda Felicetti- y uno de los oficiales le
pidió que se identificara y cuando dijo su nombre y apellido, le dijo: ‘Hijo de
puta, a vos te conozco la carrera, te salvaste una vez. Vas a ver lo que es el
infierno’. Samojedny había sido detenido en 1974 en los montes tucumanos y entre
los tormentos de aquella vez lo paseaban por el aire con los pies atados, cabeza
abajo, desde un helicóptero.
En el caso de Provenzano, los
militares empezaron a golpear brutalmente a todos al grito de ¡¿Quién es Pancho,
carajo!. Era evidente que la inteligencia militar tenía el dato de que, por
detrás de Enrique Gorriarán Merlo, un tal Pancho estaba entre los responsables
de la acción. ¡Yo soy Pancho! gritó Provenzano para que dejaran de golpear al
resto. Lo llevaron aparte. A la familia le negaron que estuviera detenido.
Decidieron buscar entre los restos humanos para localizar, quizá, algún resto de
su cuerpo. La determinación de su hermano Sergio, médico cirujano, hizo que
dieran con una vértebra que reconoció porque él mismo lo había operado de una
hernia lumbar 15 años atrás. El cuerpo de Francisco Provenzano había sido volado
con explosivos no sólo para mostrar que los métodos usados en la dictadura
estaban a la orden del día, sino también para que nadie pudiera reconocerlo.
En el caso de otros detenidos en el
cuartel, como Carlos Burgos, Iván Ruiz y José Díaz, durante años los
antropólogos forenses debieron trabajar sobre restos humanos para tratar de
determinar si están o no desaparecidos como Samojedny. Como prueba del
descuartizamiento de otros detenidos, los antropólogos dieron con un pedazo de
fémur que, casi con seguridad, pertenece a Burgos.
Los fiscales Plée y Quiroga nada hicieron entonces. Su lealtad no era con la
verdad, sino con el grupo de oficiales que usó métodos propios del Terrorismo de
Estado. Sin embargo, casi 20 años después, Plée es fiscal de la Cámara de
Casación Penal y titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Quiroga es fiscal Federal de
la Cámara de Apelaciones de San Martín. Ambos ascendieron en su carrera
judicial.
Cabe preguntarse, estos fiscales, ¿obtuvieron la información por vías lícitas en
aquel verano de 1989? ¿Por qué no consta en las actuaciones quiénes y de qué
manera les dieron datos precisos? ¿Por qué no instruyeron las denuncias sobre
torturas y evadieron la investigación sobre las personas desaparecidas? ¿Es
posible que durante horas y horas se torturara sin que la fiscalía y el juzgado
que instruían las pruebas estuvieran en el limbo?
Rodolfo Yanzón, abogado defensor de las víctimas de La Tablada mantuvo, en el
año 2000, una conversación reveladora con el entonces procurador de la Nación
Carlos Becerra que tiene a su cargo el Ministerio Público, o sea los fiscales
federales de todo el país. Yanzón le planteó las irregularidades de la causa y
Becerra lo cortó, con toda franqueza: Mire Yanzón, hay tres fiscales que
trabajan directamente para el Ejército, dos de ellos son Plée y Quiroga.
Fuente: Miradas al Sur, 20/10/08
PUBLICIDAD
Cobertura televisada por
Canal 2 de La Plata (actualmente Crónica TV).
El 23 de enero de 1989 un grupo armado dirigido por Gorriarán Merlo, simuló
pertenecer al movimiento golpista carapintada y asaltó el cuartel de La Tablada.
La autora reconstruye y analiza una operación que culminó con la muerte y la
cárcel de la mayoría de sus participantes.
1. Introducción
Desde el momento en que, a media mañana del lunes 23 de enero de 1989, se
comenzó a confirmar la sospecha de que quienes habían irrumpido de manera
violenta en el cuartel de La Tablada no eran militares carapintadas sino
civiles, hombres y mujeres según toda apariencia ligados al Movimiento Todos por
la Patria y en algunos casos antiguos militantes del PRT-ERP, la perplejidad y
la consternación cayeron como un pesado manto sobre grandes sectores del
espectro político y político-intelectual local. ¿Qué explicación -se
preguntaban, nos preguntábamos- podía encontrarse para ese asalto a un cuartel
militar en pleno régimen alfonsinista, por parte de integrantes de una
agrupación que sostenía, hasta donde era públicamente conocido, un discurso
político amplio, democrático y aglutinador de las fuerzas progresistas del país?
¿Qué lógica, qué confusión o desvarío podían explicar ese hecho, a primera vista
inentendible, que evocaba inmediatamente reminiscencias del accionar guerrillero
de la primera mitad de los 70?
Recuerdo de manera casi física mi propia desolación. Recuerdo también la
intuición implacable, luego confirmada, de que entre los asaltantes reconocería
algunos nombres que reemergerían de aquel pasado setentista. Presos liberados
por la democracia, exiliados retornados al país, integrantes de mi generación
que -por motivos cuyo sentido me propuse entonces intentar esclarecer algún día-
habían hallado la muerte en la brutal represión que siguió a lo que entonces se
me figuraba como la parábola absurda de vidas aún jóvenes que parecían, en esa
inmolación mortífera y suicida, poner en escena su imposibilidad de regresar a
la vida corriente luego del fracaso del proyecto revolucionario.
