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A NOVENTA AÑOS DE UNA DE LAS MAYORES MATANZAS ARGENTINAS DEL SIGLO XX

Napalpí, la masacre impune

En 2009 se inauguró un mural que recuerda la masacre de Napalpí, en el centro cívico La Central, en Colonia Aborigen.

El 19 de julio de 1924, unos 700 indígenas fueron cercados por la policía en el Chaco: quienes no murieron baleados, fueron degollados. Habían protestado por la explotación a la que eran sometidos. Recién ahora se puso en marcha una investigación. Hoy habrá un acto.

Por Darío Aranda

Fue una de las mayores masacres argentinas del siglo XX. Al menos 700 víctimas, incluidas mujeres, ancianos y niños. Quienes no murieron por las balas policiales, fueron degollados con machetes y hachas. El motivo de la represión fue la negativa a ser mano de obra esclava, denunciar maltratos y, también, el ser indígenas. La orden fue política; el motivo, económico (el avance algodonero y la necesidad de brazos para la cosecha), y los ejecutores fueron la policía y grandes terratenientes. Sucedió en Chaco, hace noventa años, y hoy los pueblos indígenas conmemoran la matanza que se conoce como “Masacre de Napalpí”. El crimen aún sigue impune. “Es crucial analizar la masacre de Napalpí en el marco de un proceso social genocida que sigue teniendo consecuencias sobre los pueblos originarios”, afirmó Marcelo Musante, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena.

En 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen. El Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. La superficie sembrada en Chaco era de 100 hectáreas en 1895. Para 1920 había crecido exponencialmente: 50 mil hectáreas.

La Reducción Aborigen de Napalpí (a 120 kilómetros de Resistencia) era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Los maltratos eran frecuentes y no tenían los mismos derechos que el resto de la población.

En julio de 1924, los indígenas qom y mocoví se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El argumento oficial fue una supuesta “sublevación” indígena.

El 19 de julio a la mañana, 130 policías y civiles (enviados por grandes estancieros) rodearon a los grupos en huelga y dispararon con rifles durante 45 minutos. Mataron a hombres y mujeres, ancianos y niños. “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre. Los heridos fueron degollados, algunos colgados”, relata el libro Napalpí, la herida abierta, del periodista Vidal Mario.

Un mes después de la matanza, el 29 de agosto, el ex director de la reducción Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta al Congreso nacional: “La matanza de indígenas continúa en Napalpí y sus alrededores. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos”.

La prensa de la época repitió el discurso del gobierno u omitió el hecho. Pero hubo excepciones. El periódico Heraldo del Norte denunció: “Sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, los atacantes hicieron repetidas descargas de disparos en medio del pánico de los indios, más mujeres y niños que hombres. Se produjo la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad”. El corresponsal del diario La Razón escribió en julio de 1924: “Muchas hectáreas de tierra en flor están en poder de los pobres indios; quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto”.

El sociólogo Marcelo Musante, de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, se especializa en el proceso represivo de Chaco. Explica que Napalpí fue parte de un sistema de reducciones estatales implementado en Chaco y Formosa, suerte de campos de concentración para poblaciones originarias donde se ejercían acciones de control y dominación. “La discusión pública debe preguntarse por qué el funcionamiento estatal, cuando refiere a pueblos indígenas, promueve recurrentemente acciones represivas. Ejemplos claros son la feroz represión ocurrida en Pampa del Indio (Chaco) a inicios de este año, lo que ocurre en la comunidad qom La Primavera (Formosa) o en Santiago del Estero.”

Juan Chico es qom, nacido y criado en el lugar de la matanza (hoy llamado Colonia Aborigen). Escribió (junto a Mario Fernández) el libro Napalpí. La voz de la sangre. Recordó que las comunidades siguen peleando para que el lugar se vuelva a llamar Napalpí, detalló que los asesinados fueron al menos 700 personas (mucho más de los 200 que mencionan los diarios de la época) y valorizó que en Chaco se hable cada día más de la masacre de indígenas. También trazó un paralelo al presente: “Argentina ha avanzado mucho respecto de los derechos humanos, pero pareciera que los indígenas tenemos derechos humanos de segunda, parte de la sociedad nos sigue considerando inferiores y nuestro genocidio sigue invisibilizado”.

En 2008, el gobierno de Chaco pidió públicamente perdón por la matanza y entregó una vivienda a la sobreviviente Melitona Enrique. Hoy a las 18 habrá un acto conmemorativo en el lugar de la matanza. Será interno de los pueblos qom y mocoví, recordarán a las víctimas y volverán a exigir justicia. A noventa años de la masacre, el crimen permanece impune.


Las dos causas judiciales

Por Darío Aranda

Historiadores revisionistas coinciden en que Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes –con la mano de obra policial o militar– para privar a los pobladores originarios de sus tierras, modificarles su forma de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción.

En el aspecto judicial existen dos causas. En 2004, un estudio de abogados inició una demanda civil y, en mayo pasado, la Fiscalía Federal de Resistencia (a través de la Unidad de Derechos Humanos) inició una investigación de oficio sobre Napalpí y Zapallar (matanza de 1933). Los fiscales pretenden detallar los hechos y llegar a juicio. “Entendemos que las masacres de Napalpí y Zapallar constituirán crímenes de lesa humanidad y por ello debe promoverse su juzgamiento, en cumplimiento del compromiso inexcusable asumido por el Estado argentino a través de las convenciones internacionales. Es necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan”, explicó el fiscal Diego Vigay.

19/07/14 Página|12

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Investigan una masacre indígena de 1924 como delito de lesa humanidad

En la colonia agrícola de Napalpí, en Chaco, la Policía Nacional acribilló a más de 400 personas de los pueblos qom y mocoví. También se investiga la matanza de El Zapallar, en 1933. El miércoles declaró el único sobreviviente, de 107 años.

Por Pablo Taranto

Napalpí fue la ‘Patagonia rebelde’ del norte, la Semana Trágica, hay una conexión política profunda entre esos acontecimientos, dice Juan Chico, referente del pueblo qom y presidente de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. Habla de una matanza largo tiempo silenciada. El 19 de julio de 1924, una partida de policías y estancieros chaqueños apuntaron sus máuseres contra una multitud de hombres, mujeres y niños inermes, de las etnias qom y mocoví. Se estima que murieron más de 400 personas, en una masacre que la prensa liberal ocultó pero que fue perpetuada por décadas de ostracismo y discriminación contra los pueblos originarios.

Casi 90 años más tarde, queda un sobreviviente, Pedro Balquinta, que cuenta 107 y el miércoles dio su testimonio ante la fiscalía, y ningún asesino. Pero también y sobre todo, queda la necesidad de saber la verdad. Por ello, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, integrada por los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Jesús Vigay, junto al fiscal coordinador Federico Carniel, inició una investigación de oficio sobre aquella masacre y la de El Zapallar, ocurrida en 1933, para promover su juzgamiento.

Los fiscales entienden que ambas masacres, acaecidas en lo que fuera el territorio nacional del Chaco y cometidas por la entonces Policía Nacional contra indígenas y también contra hacheros correntinos y cosecheros santiagueños, constituirían crímenes de lesa humanidad. Así, la pesquisa de oficio procurará reconstruir lo sucedido, y si corresponde, la fiscalía requerirá, no existiendo –como se presume– imputados por los hechos que aún estén con vida, una instancia de juicio por la verdad.

"Entendemos que las masacres de Napalpí y El Zapallar constituirán crímenes de lesa humanidad, y por ello debe promoverse su juzgamiento, en cumplimiento del compromiso inexcusable asumido por el Estado argentino a través de las convenciones internacionales", dice el fiscal Diego Vigay, y agrega: "Entendemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para establecer por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades, y saber quiénes fueron los máximos responsables de los crímenes, y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que condujeron a su ejecución. Y también, para demostrar el carácter sistemático, señalar quiénes se han beneficiado de estos hechos de violencia, para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de terror y se reconozca socialmente a las víctimas. La reparación, entonces, debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas."

LA REDUCCIÓN. Napalpí fue fundada en 1911, cuando buena parte de las tierras ancestrales de los pueblos qom y mocoví ya les habían sido arrebatadas para que colonos de origen europeo las destinaran a la producción de algodón. Explotados en esas colonias agrícolas a las que se los había confinado, los indígenas y algunos pequeños campesinos criollos mostraron su descontento cuando, en 1924, las autoridades de la reducción dispusieron que debían entregar el 15% de la cosecha. Según los historiadores, en junio comenzaron las escaramuzas: hubo saqueos en granjas, un chamán fue muerto por la policía y murió un colono francés. Hasta que el gobernador del territorio del Chaco, Fernando Centeno, inició los preparativos para la brutal represión.

Partieron desde Quitilipi 130 policías y un grupo de civiles. De acuerdo con los relevamientos de diferentes investigadores recabados por la fiscalía, los uniformados descargaron más de 5000 balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en 423. Un 90%, indígenas; el resto, cosecheros criollos. De los 38 niños que escaparon a la matanza, al menos la mitad terminaron como sirvientes en Quitilipi y Machagai; los otros murieron en el camino. Apenas 15 adultos lograron sobrevivir. En su libro Memorias del Gran Chaco, la historiadora Mercedes Silva reveló que los muertos y aún los malheridos fueron castrados a machetazos, y que en la comisaría de Quitilipi se exhibieron, a manera de trofeo, los testículos y una oreja del mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga.

Nueve años después, el 9 de septiembre de 1933, en la colonia El Zapallar –hoy General San Martín–, la policía acribilló a 70 habitantes de las etnias qom y mocoví. Ante una hambruna generalizada, estaban pidiendo alimentos y ropa.

Desde el 29 de mayo pasado, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos recibe aportes de investigadores y documentalistas, además de recopilar entrevistas, libros, archivos históricos, reportes periodísticos de diarios de la época y los expedientes judiciales abiertos y rápidamente clausurados cuando las masacres. Todo eso mientras tramita hace ya nueve años en un juzgado federal de Resistencia la demanda civil interpuesta por la Asociación Comunitaria la Matanza, una entidad civil compuesta por aborígenes de la etnia toba, que reclama al Estado Nacional una indemnización y la búsqueda de verdad.

Pedro Balquinta, el sobreviviente

Pedro Balquinta cumplió 107 años y es el único sobreviviente de las masacres de Napalpí y El Zapallar. En un paraje cerca de Charata lo encontró dos años atrás el equipo de documentalistas de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. El mes pasado, la Cámara de Diputados de Chaco le otorgó una pensión vitalicia. El miércoles declaró ante el fiscal federal Diego Vigay, quien viajó hasta Colonia San Lorenzo, a 300 kilómetros de Resistencia, para escuchar al anciano mocoví.

En su lengua nativa y con ayuda de un traductor, Balquinta contó que vivía con su madre, su tío y otros familiares en Napalpí. "Mataron a muchos. Los taparon en un pozo grande, un solo pozo", dijo.

Rincón bomba

Desde 2005, el Juzgado Federal Nº1 de Formosa tramita otra causa judicial fundada en la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad cometidos también contra pueblos originarios. Se trata de la matanza de Rincón Bomba, perpetrada por tropas de la Gendarmería Nacional entre el 10 de octubre y los primeros días de noviembre de 1947. También están aquí en juego una indemnización al pueblo pilagá y la determinación de la verdad histórica.
Se estima que entre 400 y 500 indígenas murieron en Rincón Bomba, acribillados por tierra y desde el aire, y un par de cientos más en los días siguientes, perseguidos hasta Pozo del Tigre y Campo del Cielo. "A diferencia de Napalpí, en Formosa hay un imputado vivo, que piloteaba un avión –explica Juan Chico–. Hace dos semanas se dictó el procesamiento de esta persona, que tiene 102 años, de ahí la necesidad de llegar rápidamente a una instancia oral."

Paño blanco (foto)

En el brazo. Así diferenciaban los estancieros del algodón a los "indios amigos" de los "sublevados". Esta imagen, tomada en Napalpí, en aquel fatídico 1924, por el fotógrafo alemán Robert Lehmann Nitsche, integra el libro Indígenas en la Argentina. Fotografías 1860-1970, de Mariana Giordano, Ed. El Artenauta, 2012.

Verdad

"La reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica de las masacres de Napalpí y El Zapallar, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas."
Fiscal federal Diego Vigay

JUAN CHICO, REFERENTE DEL PUEBLO QOM

"Aquello marcó a fuego a nuestros pueblos"

Nació en Napalpí y desde hace 17 años reúne documentos sobre la masacre. "Queremos visibilizar ese proceso de exterminio", sostiene.

Aquellas masacres marcaron a fuego el desarrollo de los pueblos originarios y consolidaron su segregación, por eso la importancia de esta investigación", dice Juan Chico, nacido hace 38 años en Napalpí.

Referente del pueblo qom ("no de la ‘etnia’, esa palabra que es del discurso eurocentrista, que habla de razas, no, nosotros somos un pueblo"), hace 17 años que estudia la matanza y elaboró un texto que vertebra la versión indígena de los hechos, "y de todo un proceso de exterminio que hoy queremos visibilizar. Concretamente, nosotros planteamos que la investigación apunte también a quienes se beneficiaron con esos hechos, con la posesión de tierras. El algodón se posicionaba en esos años como una materia prima para que determinados sectores se enriquecieran, y era central el desplazamiento de nuestros pueblos. Esa fue una bisagra. La otra, años después, llegó con la dictadura, que da otra vuelta de tuerca con la represión contra las ligas agrarias y termina de concentrar la propiedad de la tierra. Como ha dicho el doctor Zaffaroni, la conformación del Estado argentino se fundó a sangre y fuego sobre el genocidio de los pueblos originarios."

Juan Chico rescata que "hoy, en este tiempo político que vive en el país, se puede hablar de estas cosas, y el 19 de julio está en la currícula escolar. Pero hay que trabajar sobre los hechos, no borrar la historia. Y reconstruir nuestra identidad nacional: yo estoy orgulloso de ser argentino, pero mi orgullo mayor es pertenecer a un pueblo indígena. Mucha gente acá sigue diciendo: ‘Los indios estan buscando venganza’. No. Lo que queremos es sembrar conciencia, conocer la verdad después de tanta oscuridad." «

El cuadro que bajó Capitanich

Del mismo modo en que Néstor Kirchner había mandado bajar el cuadro del dictador Videla de las galerías del Colegio Militar, en 2007, el entonces recién electo gobernador chaqueño y actual jefe del Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, ordenó sacar de una sala de la gobernación provincial las figuras de los mandatarios de facto. Entre ellos, abandonó la pared el retrato de Fernando Centeno, el interventor federal que en 1933 ordenó reprimir en Napalpí.

Al año siguiente, el gobierno chaqueño pidió perdón por la masacre y rindió homenaje a Melitona Enrique, a quien se creía única sobreviviente del horror, y que falleció poco después, a los 107 años.
 

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La masacre de Napalpí

Por Marcelo Larraquy

Durante las sesiones en el Congreso en las que De Tomaso expuso sobre la Patagonia, el diputado radical y médico Pedro López Anaut —que había avalado un pedido de informes pero no la creación de una comisión investigadora porque prefería evitar "los detalles"— comentó que los movimientos en el Sur tenían cierta semejanza con los que él había conocido en el Norte. López Anaut había integrado una comisión legislativa que había viajado a Chaco, a Formosa y a Misiones, donde también hubo "levantamientos graves de obreros, asaltos a establecimientos, tiroteos, muertos y heridos, intervención de la policía y el ejército". La experiencia lo había conmocionado. Había tomado contacto con los obreros y observó el cuadro "horroroso" en el que vivían, con patrones "criminales". Y aunque no adhería a la Liga Patriótica —pero tampoco era crítico de ella—, el legislador había observado su intervención en esa región, cuando miles de obreros de las compañías La Forestal y Las Palmas se declararon en huelga en los años 1920 y 1921.

La Forestal, una compañía británica que sumó capitales alemanes y franceses, había sido creada en 1906 y llegó a ocupar más de dos millones de hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe y los territorios nacionales de Chaco y de Formosa. Su especialidad era la explotación del quebracho colorado de los montes para extraer el tanino, sustancia útil para las curtiembres en el tratamiento del cuero, y también para producir los durmientes para las líneas ferroviarias. El monopolio impedía que los pueblos se desarrollaran fuera de su producción económica concentrada y con vistas hacia el mercado internacional. La empresa, además, defraudaba al fisco provincial.

Como los peones rurales en la Patagonia, los hacheros de La Forestal, que tenían jornadas de hasta dieciséis horas, recibían la paga con vales que podían cambiar por mercaderías en los almacenes de ramos generales que también pertenecían a la compañía.

En un mes de trabajo, un hachero podía ganar el equivalente a diez kilos de carne.

Cuando los trabajadores iniciaron una huelga en diciembre de 1919 y reclamaron mejoras salariales y turnos de ocho horas, la compañía creó un cuerpo armado con gendarmes de la fuerza pública pero al servicio y con salarios de La Forestal. Lo reforzó con un cuerpo policial privado para proteger los obrajes y las fábricas y someter por la fuerza la agitación obrera.

En las huelgas de 1920 y 1921, La Forestal desconoció la organización gremial de los trabajadores, hizo "listas negras"; saqueó e incendió sus casas; desplazó hacheros de un enclave a otro; vedó la provisión de agua, que llegaba en tren a los obrajes; cerró establecimientos y despidió al personal; provocó el vaciamiento de pueblos y utilizó su policía privada para reprimir a los que persistieron en la resistencia.

En febrero de 1921, en distintas poblaciones de Santa Fe —Villa Guillermina, Villa Ana, Golondrina, Villa Ocampo—, los cuerpos armados dispararon contra los obreros en las estaciones ferroviarias y salieron a cazarlos por los bosques, luego de que en Villa Guillermina un comisario que registraba obreros a la salida de la fábrica resultara muerto, en apariencia por un policía no uniformado de la empresa, hecho que fue utilizado para desencadenar la represión.

La Liga Patriótica no permaneció ajena a la violencia patronal. Contrató mercenarios, denominados "penachos colorados", para acompañar a la policía privada de La Forestal. Un miembro de la Liga, Lorenzo Anadón, era vicepresidente de esa compañía.

El establecimiento de producción forestal, ganadero y azucarero Las Palmas, en el Chaco austral, tenía la particularidad de que todo el directorio pertenecía a la Liga Patriótica. Y la mano de obra —indígenas, criollos, paraguayos y brasileños— estaba en relación con la FORA del IX Congreso.

Un paro les había permitido a los trabajadores lograr el pago en moneda y jornadas más cortas en los ingenios. Sin embargo, poco después, la empresa efectuó un descuento en sus salarios y colocó matones de la Liga para provocar a los delegados sindicales en las fábricas.

A mediados de 1920, la decisión de la compañía de expulsar a cerca de mil trabajadores acrecentó la tensión. Los huelguistas se atrincheraron en el ingenio. Tras difundir el rumor de que los caciques estaban al servicio de los patrones, la empresa colocó a indios, sin que éstos lo supieran, en la avanzada para enfrentar a los trabajadores, que comenzaron a disparar contra ellos. Luego entraron en combate las fuerzas de la empresa y de la Liga Patriótica y un día más tarde las tropas del Ejército al mando del capitán Gregorio Pomar, simpatizante radical, quien ordenó el cese del fuego. Hubo denuncia de quemas de huelguistas en los hornos del ingenio para no dejar evidencias ante la llegada del Ejército.

Durante la década de 1920, además de Las Palmas y de La Forestal, donde los obreros fueron víctimas de una represión con recursos estatales "privatizados", las fuerzas del Estado también organizaron expediciones de exterminio masivo en el norte del país. Pero, a diferencia de la matanza patagónica, que logró ser rescatada por Osvaldo Bayer tras cincuenta años de ocultamiento y olvido, las voces de estas etnias fusiladas quedaron sumergidas en una reconstrucción histórica regional mucho menos visible.

Por entonces, Chaco era territorio de conquista de las expediciones militares que buscaban extender las fronteras indígenas al precio del dominio territorial, económico, étnico y cultural. Hacia 1920, el censo indicó para ese territorio nacional una población de 60.564 habitantes.

En junio de 1923, el presidente Alvear designó en el gobierno del Chaco a Fernando Centeno, nieto del coronel Dámaso Centeno, muerto en combate en la batalla de Pavón. Fernando Centeno, educado en París y tres veces presidente de la Cámara de Diputados santafecina, oriundo de esa provincia, debía remitir informes de su gestión al Ministerio del Interior.

Frente a las etnias, el nuevo gobernador continuó con la política de la Reducción de Indios, un organismo que administraba la mano de obra aborigen en los obrajes forestales y en las chacras de algodón y maíz; de este modo, a la vez que los obligaba a abandonar su nomadismo, los incorporaba al proceso de producción económica.

La Reducción Napalpí, un territorio de 20.000 hectáreas, ubicado a 120 kilómetros de Resistencia, sobre la traza del ferrocarril Barranqueras al Oeste, había sido creada en 1911 por el naturalista y protector de indios Enrique Lynch Arribálzaga. La creación de este cerco indígena de producción agraria, bajo subsidio y control estatal, tuvo la intención de evitar que las etnias mocoví, toba y vilela continuasen siendo víctimas del genocidio de las tropas de línea del Ejército, quienes las consideraban obstáculos para su objetivo de "civilización y progreso". La Reducción también incluyó una política educativa. Se fundó una escuela para los hijos de los aborígenes.

Hacia 1920, con el auge algodonero, la Reducción contaba con alrededor de setecientos empleados que trabajaban a destajo. Pero los indios también tenían la posibilidad de ser contratados por comerciantes que los trasladaban a los ingenios azucareros de Tucumán, de Salta y de Jujuy por una mejor paga. De modo que entre la posibilidad de volverse al monte a vivir con sus costumbres originales, subsistiendo con la caza o la pesca, y el éxodo a otras provincias, desde la perspectiva de los terratenientes, los aborígenes componían una mano de obra inestable para las necesidades de la cosecha.

Atento a las inquietudes de las empresas productoras, el gobernador Centeno prohibió los desplazamientos indígenas fuera del territorio. Sometidos al cerco de Napalpí, los aborígenes se sublevaron contra la administración de la Reducción, que además les descontaba el quince por ciento de la producción de algodón. Muchos se negaron a levantar la cosecha. El ambiente se fue crispando. Los policías comenzaron a perseguir a los indígenas que regresaban de la zafra jujeña en trasgresión a la orden de Centeno y mataron a algunos de ellos en El Cuchillo. También, la policía comenzó a recibir denuncias telegráficas de productores por robos de hacienda y carneo de animales.

El 17 de mayo de 1924, Centeno fue a las tolderías de Napalpí a entrevistarse con los caciques. Escuchó sus críticas. Le pidieron la supresión del quince por ciento, libertad para vender sus productos, la reapertura de la escuela, títulos de propiedad para colonos indígenas, la liberación de aborígenes detenidos en la cárcel de Resistencia y la entrega de dos vacas y mil kilos de galletas.

Ni las promesas de provisión de alimentos ni la reunión de la delegación indígena en Buenos Aires con la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios ni la visita a
Napalpí de Eduardo Elordi, secretario de Territorios del Ministerio del Interior, bastaron para atemperar la hostilidad en la región. Todas las negociaciones habían fracasado. El sometimiento policial a los indígenas para que permanecieran en la Reducción, las denuncias de cuatrerismo y los ataques a establecimientos agrarios denunciados por colonos blancos contra los "bandoleros" aborígenes —que habrían dejado dos muertos—, el despoblamiento rural por el temor a un levantamiento indígena y la huelga que iniciaron éstos en Napalpí hundieron el territorio en una psicosis de guerra. El indio armado con Winchester, guiado por el cacique toba Pedro Maidana, era la figura más explotada frente a Centeno por parte de los terratenientes que exigían el disciplinamiento de la mano de obra. Enrique Lynch Arribálzaga había advertido en 1911: "La coerción o el temor son, a mi juicio, pésimos recursos para el gobierno de los aborígenes. Se los podrá dominar momentáneamente, pero el odio hervirá en sus almas sin freno y, como todo pueblo oprimido, romperá sus cadenas en cuanto vea la primera coyuntura para hacerlo".

En julio, el gobernador Centeno pidió al Ministerio del Interior tropas del Ejército para sofocar la "sublevación", pero le respondieron que era un hecho policial que debía ser resuelto a nivel local.

El sábado 19 de julio de 1924, La Nación publicó que "la sublevación" de los indios de la Reducción de Napalpí continuaba "amenazando a la población de la zona norte de ese departamento [Villa Ana]. Han sido atacados varios vecinos, registrándose numerosos asesinatos. El pueblo está alarmadísimo".

Ese mismo día ya estaba en Napalpí la tropa policial enviada por Centeno. Cuarenta de ellos habían partido en tren desde Resistencia, se sumaron otros ochenta de localidades vecinas, más la participación de civiles armados al servicio de los productores. Un avión del Aero Club Chaco los ayudó a reconocer la posición exacta de los indios. Muchos de ellos salieron a observar el aeroplano que volaba más allá de las copas de los árboles. Según los testimonios recogidos por una comisión parlamentaria, expuestos en la sesión de Diputados del 11 de septiembre de 1924, desde el avión arrojaron una sustancia química que comenzó a incendiar las tolderías.

La tropa inició la matanza de las etnias rebeldes. Las familias indígenas escaparon hacia al monte impenetrable, pero en dos horas, los fusiles estatales ya habían matado a alrededor de doscientos aborígenes que habían negado sus brazos a la cosecha. El avión sobrevoló la zona para señalar a los que escapaban y ponerlos en la mira del fusil del copiloto. A los que quedaban heridos, la tropa policial los ultimaba a machetazos o los degollaba. Al cacique Maidana y a sus hijos les arrancaron los testículos y las orejas. Los cadáveres fueron amontonados y rociados con querosén y enterrados en fosas comunes. Muchas mujeres fueron tomadas prisioneras y sometidas. Los bienes indígenas de la Reducción fueron saqueados. Cuarenta niños que lograron sobrevivir fueron entregados a los estancieros como sirvientes para las tareas domésticas.

En el expediente judicial, la policía negó la matanza. Según la versión oficial, cuando llegaron a Napalpí con un pañuelo blanco, fueron recibidos con fuego por los indios y en el combate mataron sólo a los tres caciques rebeldes y a otro aborigen. El resto, cerca de ochocientos indios, al ver caer a sus jefes, huyó al monte. La Justicia, que archivó la causa sin reconocer culpabilidad en nadie, no recogió los testimonios de los indígenas que habían sobrevivido.

Entre ellos estaba Melitona Enrique, toba, de 23 años. Ese 19 de julio de 1924, escapó de las balas y corrió hacia el monte con su madre. Había perdido a sus abuelos, a sus primos, a sus tíos. Estuvo varios días y noches sin comer. Vivió muchos años. Fue la última sobreviviente.

Melitona Enrique murió el 13 de noviembre de 2008. Tenía 107 años. En su último cumpleaños, el 13 de enero del mismo año, el Estado provincial del Chaco reconoció por primera vez su responsabilidad en la masacre de Napalpí. Entonces le pidió disculpas, le regaló una silla de ruedas y le prometió una casa de ladrillos.

(Fragmento de “Marcados a fuego. La violencia en la historia argentina. De Yrigoyen a Perón (1890-1945)” de Marcelo Larraquy)

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Una masacre que lleva 80 años de memoria prohibida

Por Darío Aranda [2004]
[email protected]

En 1924 asesinaron a 200 aborígenes de Napalpí, Chaco. Reclamaban por sus salarios. A los descendientes ni siquiera les permiten recordar el hecho en un acto en las escuelas.

El cacique José reclama una reparación histórica.

Cuando se cumplen 80 años de la matanza de 200 tobas y mocovíes, en Napalpí, Chaco, un cacique reclama una reparación histórica que, desde hace décadas, es incumplida: un cartel que indique que allí tuvo lugar la masacre ordenada por el gobernador chaqueño, Fernando Centeno. El 19 de julio de 1924, a la mañana, la policía rodeó la Reducción Aborigen de Napalpí, de población toba y mocoví, y durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles. No perdonaron a ancianos, mujeres ni niños.

Asesinaron a todos y, como trofeos de guerra, cortaron orejas, testículos y penes, que luego fueron exhibidos como muestra de patriotismo en la localidad cercana de Quitilipi. Los asesinados fueron más de 200 aborígenes que reclamaban una paga justa para cosechar el algodón de los grandes terratenientes. Para justificar la matanza, la versión oficial esgrimió una "sublevación indígena". A 80 años de la masacre, no habrá actos oficiales, pero los pobladores originarios la recordarán en cada comunidad.

En 1895, la superficie sembrada de algodón en el Chaco era de sólo 100 hectáreas. Pero el precio internacional ascendía y los campos del norte comenzaron a inundarse de capullos blancos donde trabajaban jornadas eternas miles de hombres de piel oscura. En 1923, los sembradíos chaqueños de algodón ya alcanzaban las 50 mil hectáreas. Pero también debían multiplicarse los brazos que recojan el "oro blanco".

El 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen y el Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. Pero en julio de 1924 los pobladores originarios toba y mocoví de la Reducción Aborigen de Napalpí –a 120 kilómetros de Resistencia– se declararon en huelga: denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Los ingenios de Salta y Jujuy ofrecieron mejor paga. Hacia allá intentaron ir los pobladores, pero el gobernador Centeno prohibió a los indígenas abandonar el Chaco. Los pobladores de Napalpí decidieron resistir. El 18 de julio, y con la excusa de un supuesto malón indígena, Fernando Centeno dio la orden.

A la mañana del 19 de julio, 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta Napalpí. Después de 45 minutos de disparar los Winchester y Mauser a todo lo que se movía, sólo quedó el silencio y la humareda de los fusiles. Los heridos –fueran hombres, mujeres o niños– fueron asesinados a machetazos. El periódico Heraldo del Norte recordó el hecho a finales de la década del ’20: "Como a las nueve, y sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad".

El 29 de agosto –cuarenta días después de la matanza–, el ex director de la Reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga, escribió una carta que fue leída en el Congreso nacional: "La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados".