Examen de las principales pistas en la novela negra de las ciencias y las humanidades criollas
Eduardo Saguier
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Historiador, economista e investigador independiente del CONICET de extenso currículum, Eduardo Saguier es autor, entre otras obras, de la monumental Genealogía de la tragedia argentina (1600-1900).
La Nomenklatura Académica en la
Cultura Argentina (era M-K). Examen de las principales pistas en la novela negra
de las ciencias y las humanidades criollas.
[Se reproducen los primeros cinco capítulos, el libro completo en formato doc
comprimido (168K) puede descargarse desde el enlace superior]
Organización de la obra
Capítulo I Introducción. El miedo enquistado en la
intelectualidad argentina
Capítulo II Privatización mercantilista de la
investigación, transferencias tecnológicas y plagio del Bayh-Dole Act
Capítulo III Planificación autoritaria del
Observatorio Nacional de CyT u ONCTIP (Ministerio de CyT)
Capítulo IV Doble obligación, múltiple subordinación
y combinación de donaciones y sobresueldos en la educación superior argentina.
Capítulo V Corrupción institucionalizada de las
autoridades pertenecientes a emblemáticos organismos públicos mediante los
subsidios distribuidos por la FONCYT-Agencia (Ministerio de CyT)
Capítulo VI Repetición concentrada de los subsidios otorgados por la Agencia y
su obscena desigualdad
Capítulo VII Complicidad con el peculado de Coordinadores de la FONCYT-Agencia
Capítulo VIII Favoritismo clientelístico fraguado en el Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR), dependiente de la Agencia
Capítulo IX Encubrimiento del peculado por el Comité de Ética en Ciencia y
Tecnología (CECTE), dependiente del Ministerio de CyT
Capítulo X Connivencia con el negociado por parte de las autoridades del propio
CONICET, dependiente del Ministerio de CyT
Capítulo XI Autorizaciones abusivas de asesorías por el Directorio del CONICET
Capítulo XII Colaboración con la defraudación por parte de los Secretarios de
CyT de las Universidades Nacionales
Capítulo XIII Participación en el pillaje y el fraude electoral de los
Consejeros Universitarios
Capítulo XIV Conclusiones
Bibliografía
Apéndices
Apéndice I Denuncia de un geólogo al Presidente del CONICET Dr. Charreau
Apéndice II Ciencia y escándalo en Argentina (IX-2002)
Apéndice III Concentración (duplicación, triplicación y cuadruplicación) de los
subsidios de la FONCYT-Agencia (era M-K)
Apéndice IV Subsidios de la Agencia otorgados a los Coordinadores de la Agencia
Apéndice V Mensaje del Presidente del ANPCYT Dr. José Lino Barañao (XII-2006)
Apéndice VI La mafia de la ingeniería química en Argentina (2002)
Apéndice VII Subsidios y préstamos de la FONTAR-Agencia (ANPCYT) otorgados a
empresas privadas (1998-2001)
Apéndice VIII Subsidios de la Agencia asignados a autoridades del CONICET
Apéndice IX Asesorías aprobadas por el Directorio del CONICET 1997/1999
Apéndice X Subsidios asignados a los Secretarios de CyT de las Universidades
Nacionales
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Entrevista FM 89,5 De las Américas, Bahía Blanca, marzo de 2010. Texto |
La Nomenklatura Académica en la Cultura Argentina (era M-K). Examen de las principales pistas en la novela negra de las ciencias y las humanidades criollas.
Capítulo I
Introducción. El miedo enquistado en la intelectualidad argentina
¿A que razones históricas (culturales, políticas, sociológicas y psicológicas)
obedece el profundo miedo enquistado en la opinión pública intelectual
argentina?, ¿a qué obedece la autocensura, conformidad o resistencia a opinar
críticamente sobre cuestiones que hacen a la democratización de la ciencia, el
arte y la cultura?, ¿por qué motivos numerosos y consagrados intelectuales
vienen callando la dominación autoritaria y facciosa que prevalece en las
estructuras de los organismos de cultura argentinos?, ¿por qué motivo los
institutos de investigación de las Universidades Nacionales (e.g.: el Instituto
Gino Germani) no encararon este drama, y por el contrario en algunas de sus
investigaciones (e.g.: Naishtat y Toer, 2005), las preguntas formuladas en las
encuestas practicadas se redujeron a problemáticas e hipótesis de muy relativa
relevancia (la representatividad formal)?
Difícil es contestar estos interrogantes y aproximar un diagnóstico y una
evaluación del origen de este trauma, dada la escasez de pruebas, testigos,
investigaciones y estadísticas confiables a las que se pueda recurrir (la mayor
parte de los expedientes de estos casos no están al alcance de una investigación
pues están clasificados como confidenciales). Incluso, internacionalmente, los
trabajos al respecto --aparte de los clásicos como los de Gouldner (1980),
Collins (1979) y Ringer (1969)-- se focalizan exclusivamente en la clase
profesional (Martin, 1991; y Schmidt, 2000). Sin embargo, pese a esta exigüidad,
es nuestra obligación intentar ensayar una respuesta que indague en la
indiferencia y las patologías de la ciencia y la cultura argentina y en la
negligente omisión de sus actores, que arroje algo de luz en la crisis que
padecemos.
Tradicionalmente, la ciencia política ha probado que el miedo, en sus diferentes
intensidades, es un ingrediente propio de los regímenes fascistas y
dictatoriales, donde las primeras víctimas son los intelectuales independientes;
y que por el contrario, en los regímenes democráticos, dicho miedo se va
extinguiendo a medida que la permisividad, la tolerancia y las libertades
democráticas se consolidan. No obstante, la actualidad presente en los medios
culturales argentinos permite verificar una realidad de signo adverso, pues
aunque las instituciones democráticas se han restaurado, el modelo neoliberal
fue derrotado, y las Leyes del Perdón (Obediencia Debida y Punto Final) fueron
derogadas, el miedo al poder persiste entre los intelectuales, artistas y
científicos, de las ciencias duras y blandas, jóvenes y viejos, y a una escala y
gravedad cada vez más crecientes.
Una explicación de estas dolorosas supervivencias sería que frente al inconcluso
intento de restauración democrática (1983), a la parcial derrota experimentada
por el neoliberalismo (2001), y al lento mecanismo judicial restaurado (2005),
al no haberse erradicado de cuajo dicha triple herencia –que ha quedado plasmada
en actores colaboracionistas de esas épocas y en prácticas, legislaciones,
regulaciones, reglamentaciones y jurisprudencias antidemocráticas aún vigentes--
no se habría podido afianzar la participación y la confianza mutua de la
comunidad intelectual.
Pero otra explicación, de una entidad aún más compleja y profunda, es la que han
dado recientemente, poniendo énfasis en diferentes aspectos, los filósofos
Claudia Hilb, Héctor Schmucler, Ricardo Panzetta, Tomás Abraham y León
Rozitchner. Estas explicaciones fueron a propósito del reportaje publicado al ex
guerrillero Héctor Jouve, (quien relata las ejecuciones producidas en Salta en
1963 de un par de combatientes aparentemente “quebrados” y la fugaz y
supuestamente “interesada” presencia en el campamento guerrillero del
intelectual de Pasado y Presente Pancho Aricó), y a la lacerante carta-confesión
y las densas y sabias réplicas hechas a los escritores Jinkis, Ritvo y Grüner
por el filósofo Oscar del Barco. Hilb centra su explicación en las nociones de
revolución e igualdad, Panzetta al relato de Jouve, Schmucler a los asesinatos
de Rottblatt y Gronwald, Abraham al arrepentimiento de Del Barco, y Rozitchner a
la inexplicable demora de más de veinte años en producir dicho arrepentimiento.
Al decir de Rozitchner, por no haber querido “…dar nombres y darles rostros y
vida a los fantasmas que engendramos en los otros, dejábamos de mostrar los
[fantasmas] que el terror pasado prolongaba en la actualidad política, aunque
siguieran trabajando silenciosos en nosotros” (Rozitchner, 2006).
Por esa precisa razón, es que Del Barco en su carta-confesión le urge al
laureado poeta Juan Gelman para que ahora hable claro, de manera tal de poner
transparencia al pasado. La misma petición de transparencia retrospectiva podría
también extenderla Del Barco a los restantes miembros del Comité Editorial de
Pasado y Presente, en especial a aquellos que operaron una década más tarde con
la nueva serie, de abril-junio de 1973 (Feldman, Nun, Aricó, Portantiero, Torre,
Tula, etc.), y a los autores de su principal, anónimo artículo idealizador del
peronismo titulado “La ´Larga Marcha´ al Socialismo en la Argentina” (1). Esta
necesidad de transparencia obedece a que otra década después de aquella última
aventura revolucionaria (1973-74), que terminó en un genocidio, y luego de su
retorno del exilio, algunos de esos protagonistas aparecieron nuevamente
militando en política pero con otro signo partidario radicalmente adverso (UCR)
y en funciones de poder, como fue el caso del núcleo intelectual armado por el
empresario de medios Meyer Goodbar y conocido como Grupo Esmeralda (2). La
sospecha de la existencia de un aventurerismo y oportunismo entrista, disfrazado
de una permanente búsqueda de anclaje o cable a tierra político partidario,
combinado con vínculos financieros ocultos y clandestinos, enquistados en la
intelectualidad argentina, tal como en su momento lo sugirieron muy
elípticamente Castañeda (1993), Burgos (2004) y Kohan (2004) no puede escapar
entonces a nadie que no peque de inocencia (3).
Una democracia inconclusa sería entonces aquella que preserva escrupulosamente
las formalidades y el protocolo, pero donde la transparencia y la sustancia
autocrítica, deliberativa, meritocrática, competitiva y exogámica del ejercicio
democrático está crudamente ausente, por la falta de voluntad política y
académica para revisar el pasado y oxigenar las instituciones culturales
presentes, las que no por casualidad se perpetúan en condiciones herméticas,
desjerarquizadas, fragmentadas y patológicamente contaminadas. Su nociva trama
se derrama en distintas hebras y nudos a los niveles laterales correspondientes
a las profesiones liberales, y a las escalas inferiores de las instituciones
educativas, al extremo de que el poder político boicotea la formación de
Telecentros Comunitarios (4); y, por el contrario, intentó privatizar la
investigación pública con las denominadas transferencias tecnológicas y
pretendió embarcar al país en el mercantil y anti-pedagógico Proyecto de
Nicholas Negroponte (5). Por todo ello, no basta con modificar sólo la Ley de
Educación Superior; sino que es preciso producir una democratización profunda de
todas las instituciones de la cultura, incluidas las referidas a los medios de
comunicación masiva.
Es decir, una comunidad donde los intelectuales no son físicamente perseguidos
por sus opiniones, y donde no existe censura, cárcel ni patíbulo por el “pecado”
de disentir; pero donde sin embargo el miedo a “descolocarse” o “desubicarse”
con quienes detentan el poder --peligrando el puesto de trabajo o malogrando
privilegios económicos, como incentivos, becas, premios, subsidios, subvenciones
y asesorías o consultorías-- está culturalmente enquistado y psicológicamente
internalizado. En otras palabras, una comunidad donde rige una violencia
simbólica ilegítima, tácita y/o latente, que está destinada ex profeso a
domesticar y disciplinar las mentes, las conciencias y las vocaciones,
subordinando a los intelectuales al status de cortesanos del poder, impone un
silencio a dos puntas; que amedrenta a los jóvenes con bloquearles sus
pretensiones de ascenso académico, y a la vieja guardia intelectual que persista
en su independencia con sabotearle una jubilación digna. Este enquistamiento e
internalización no les permitiría ensayar la voluntad de confesar o discrepar,
ni proponer cambios, ni denunciar anomalías o corrupciones, ni prestar
solidaridad alguna para con los que a juzgar por su independencia de criterio
son segregados, anatematizados y/o moralmente acosados. Aunque les muerda el
dolor del vacío, la indefensión y la pérdida de su autoestima, estos últimos se
encontrarían ante la patética situación en la que “nunca podrían esperar una
mano, una ayuda ni un favor”.
Este inhumano y desolador cuadro, que se ceba en aquellos a quienes el sistema
estigmatiza como chivos expiatorios, y que por el contrario premia y asciende a
sus aduladores y esbirros, intimida a la comunidad intelectual, la expulsa a una
deserción y un ostracismo que aumenta la brecha con los países centrales, o la
incita a refugiarse en patologías o pautas de conducta violatorias de los
códigos académicos, legales y morales. Entre esas patologías o moral de frontera
rigen la intriga, el chisme, el secretismo, la extorsión y el chantaje; y el
buscar seguridad y protección en trenzas, roscas y camarillas, que le permitan
sobrevivir y compartir los eventuales botines de guerra bajo los eufemismos de
incentivos, premios, becas, subsidios y asesorías o consultorías, así como lo
parapeten cual si fueran casamatas o búnquers, contra la indiferencia, la
discriminación, la postergación y la represalia. Y entre los botines de guerra
se encuentra también la apropiación privada de descubrimientos que fueron
financiados por organismos públicos (ver Apéndice I). Toda la libido intelectual
estaría entonces focalizada en “hacerse amigo del juez”, en reforzar y
consolidar identidades de tipo clánico, y en concertar vínculos insanos como el
compadrazgo, el tráfico de influencias y la coalición en camarillas o logias,
con las que poder disputar con éxito las diferentes instancias de poder
académico, científico y cultural (elecciones de claustro, integración de
comisiones y comités editoriales, constitución de jurados y referatos,
organización de congresos, coloquios, simposios y mesas redondas, etc.).
Sin embargo, para el Prof. Joaquín E. Meabe, en una comunicación personal, la
trampa de las ciencias y las humanidades en la Argentina no radicaría
esencialmente en la corrupción y el peculado sino en la adaptación y el
servilismo moral e intelectual. En efecto, en el enmudecimiento y autocensura
cómplice, y en la trama de las relaciones de poder cortesanas y oportunistas, y
no en los méritos intelectuales propios, ni en las rupturas epistemológicas o
metodológicas alcanzadas en sus investigaciones y ponencias, estaría cifrada
toda la esperanza de inmunidad, reconocimiento, cooptación y promoción
académica.
Esta búsqueda perversa de un nicho ilegítimo y de un puesto en la lista de
espera para ingresar a una corrupción instalada o institucionalizada lo
induciría a su vez a incurrir en diversos procesos y mecanismos cínicos y
ficticios de verdadero gangsterismo intelectual y moral (encubrimiento, fraude,
simulación, adulteración, plagio, etc.), y en una constante propensión a rehuir
la polémica o el debate franco, donde la originalidad, la creatividad y la
fractura con lo establecido estarían obstinadamente ausentes. En la lista de
espera para incorporarse a la corrupción institucionalizada nos encontraríamos
con: a) los que aspiran a becas indebidas; b) los que esperan categorizaciones,
ascensos y autorizaciones impropias; c) los que revistan en las grillas de
ñoquis académicos en las universidades y en el CONICET; d) los que forman las
comisiones asesoras del Ministerio de CyT; e) las editoriales que usan las
universidades como mercado cautivo de basura encuadernada; y f) los periodistas
científicos que ejercitan su complicidad en los grandes medios.
A los fines de esta investigación, en principio nos hemos propuesto reunir una
larga serie de denuncias formuladas públicamente en la última década
(1997-2007), acompañadas por diez (10) apéndices, rescatados muchos de ellos de
los foros electrónicos, donde se analizan como en una novela negra la trama de
nudos y flujos y las más severas y extremas patologías, propias casi de una
crónica policial, que se desplegaron en los organismos del ámbito
científico-educativo al amparo de la impunidad brindada por una corrupción
institucionalizada (legal o funcionaria conocida recientemente como fruto de una
captura del estado lograda por asociaciones ilícitas que persiguen objetivos de
grupo o facción), tales como la Agencia Nacional para la Promoción Científico y
Tecnológica (ANPCYT), el Directorio del CONICET, las Secretarías de CyT de las
Universidades Nacionales, los Consejos Directivos de las Universidades
Nacionales, el Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE), el Fondo
Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (ONCTIP).
Concatenar el material pertinente ha llevado un esfuerzo considerable pues el
mismo corresponde a etapas distintas de una prolongada litis que arranca del
Pacto de Olivos (1994) y culmina con el ocaso del Kirchnerismo (2009), en la que
se padeció también de agresiones y persecuciones de toda laya. El orden del
material de denuncias expuesto en diversos capítulos sigue al de los organismos
denunciados comenzando con la Agencia, siguiendo con el CONICET y culminando con
las Universidades Nacionales.
En efecto, para comenzar tratamos el miedo enquistado en la intelectualidad
argentina, en segundo lugar la privatización mercantilista de la investigación,
las transferencias tecnológicas y el plagio del Bayh-Dole Act; a continuación la
planificación autoritaria del Observatorio Nacional de CyT; en cuarto término la
doble obligación, la múltiple subordinación y la combinación de donaciones y
sobresueldos en la educación superior; en quinto lugar la corrupción
institucionalizada de las autoridades pertenecientes a emblemáticos organismos
públicos mediante los subsidios distribuidos por el Fondo Nacional Científico y
Tecnológico (de ahora en mas FONCYT-Agencia); más luego la repetición
concentrada (duplicación, triplicación y cuadruplicación) de los subsidios de la
misma FONCYT-Agencia y su obscena desigualdad; en séptimo término la complicidad
con el peculado de los Coordinadores del FONCYT-Agencia; a continuación el
favoritismo clientelistico fraguado en el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR),
dependiente de la Agencia; en noveno lugar el encubrimiento del peculado por
parte del Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE), dependiente del
Ministerio de CyT; en décimo término la connivencia con el negociado por parte
de las autoridades del propio CONICET; más luego las autorizaciones abusivas de
asesorías y consultorías por el Directorio del CONICET; en duodécimo lugar la
colaboración con la defraudación por parte de los Secretarios de CyT de las
Universidades Nacionales; y para terminar la participación en el pillaje y el
fraude electoral de los Consejeros Universitarios. Como corolario final la obra
cierra con una breve conclusión.
Notas
(1) La idealización del Peronismo hecha por Pasado y Presente en 1973 la
explicitó Burgos en una docena de páginas (Burgos, 2004, 208-217). Pero en dicha
crítica Burgos no se detuvo a estudiar el siguiente párrafo: “Estos son, a
nuestro entender, los rasgos que definen la originalidad del movimiento
peronista. De un movimiento que, con el triunfo electoral del 11 de marzo [1973]
dio los primeros pasos hacia una nueva etapa de su historia. Ese día, el
peronismo actuó como síntesis política del conjunto de clases que se opusieron,
desde 1966, al proyecto monopolista, cuantificó en las urnas todo el odio
acumulado por el pueblo frente al imperialismo y sus aliados internos. El
pronunciamiento masivo que significó el voto, puso también al descubierto el
error de quienes, desde una izquierda que salía de la crisis del reformismo y
que había logrado una primera inserción en el movimiento de masas, propugnaron
el voto en blanco, alentando una vana ilusión de pureza programática”. (Debo el
ejemplar de este inhallable número de Pasado y Presente a la generosidad de
Martín Sivak, hijo de mi malogrado amigo Jorge Sivak)
(2) Juan Carlos Portantiero , Juan Carlos Torre, Emilio De Ipola, Hugo
Rappaport, Pablo Giussani, Pedro Parturesni y Sergio Bufano (Rodríguez, 2005).
(3) ver Burgos, 2004, 91 y 107.
(4): Delgadillo, Gómez, y Stoll, 2000;
(5) En el proyecto se encontraban implicados los intelectuales argentinos
Alejandro Piscitelli y Adrían Paenza, así como un departamento de la Facultad de
Ciencias Exactas de la UBA dirigido por el Dr. Hugo Scolnik. Para la réplica al
proyecto de Negroponte ver Villanueva Mansilla, 2006.
Capítulo II
Privatización mercantilista de la investigación, transferencias tecnológicas y
plagio del Bayh-Dole Act
Entre las funciones de control simbólico y jurídico en los ámbitos
científico-educativos se destacan como claves las denominadas transferencias
tecnológicas. Estas funciones no son nuevas en Argentina por cuanto remontan sus
orígenes a la época colonial, cuando las transferencias tecnológicas practicadas
en la industria minera fueron importadas desde España, y en la era decimonónica
cuando las industrias frigoríficas y ferroviarias fueron transferidas desde
Inglaterra y Francia.
Pero la reciente y moderna noción de transferencia tecnológica, como etapa
crucial en la tendencia hacia la corporativización de las universidades, y como
eufemismo fraudulento para ocultar la cesión de la investigación pública a los
intereses privados, se inició en Estados Unidos en 1980 como forma de superar al
Japón en la carrera tecnológica, y tuvo su origen conceptual en la aprobación
por el Congreso Norteamericano de algunas enmiendas a la Ley de Patentes,
conocidas como el Acta o Ley de Bayh-Dole (Public Law 96-517, patrocinada por
los Senadores Birch Bayh y Robert Dole en 1980), y como el Acta de Transferencia
Tecnológica Federal de 1986 (PL 99-502). [1] Esta noción legal de transferencia
tecnológica, o de concesionamiento monopólico de patentes y royalties, se
operacionalizó en Estados Unidos a través de las universidades y fue
aparentemente exitosa tanto en materia de producción de patentes universitarias,
como en cuanto al aumento del producto bruto y el empleo de mano de obra
calificada. [ 2]
Pero en Argentina, donde dicha Acta recién se la terminó de plagiar o mimetizar
en 1995 (Ley de Educación Superior No. 24521 y el Decreto 1331/95), su
traducción en Leyes y Decretos tendió aún mas que en USA a privatizar la
investigación pública y a sujetarla a una estratificación geopolítica del
conocimiento, acentuando así la brecha científica que separa las metrópolis
imperiales con los llamados países en desarrollo, e imposible de cubrir sólo con
una red global de educación a distancia (Global DistEdNet), tal como
hipócritamente lo perora el Banco Mundial. Esta estratificación opera no solo
mediante los Portales electrónicos y las Bases de Datos, los cuales se hallan
cada vez más arancelados en manos de grandes conglomerados privados
multinacionales, y por ende cada vez más reservados y secretos para el acceso de
las instituciones y universidades de los países periféricos, sino también
mediante las autorestricciones impuestas por el Consenso de Washington, tales
como aconteció con las investigaciones misilísticas y satelitales desarrolladas
en Falda del Carmen, Córdoba (Cóndor II). [ 3]
Las contrataciones de transferencia tecnológica hechas a imitación de esta Ley
Norteamericana se originaron en Argentina en la Ley de Promoción y Fomento de la
Innovación Tecnológica, Ley 23.877 de 1990, proyectada por el Diputado Nacional
Jorge Rodríguez (La Pampa), aunque redactada por el físico Conrado González, y
en la Ley de Educación Superior de 1995, cuyas cláusulas pertinentes habrían
tenido su verdadero origen en la Bayh-Dole Act (1980). [ 4] Esta Ley 23.877 y
sus Decretos son muy semejante a la Ley Básica de Ciencia y Tecnología de
Colombia, así como a los Programas de Apoyo a la Competitividad Industrial y a
la Calidad y Productividad en Brasil. [ 5] Estas Leyes y Decretos, promulgadas
en Argentina, debieron además, como aconteció en Estados Unidos, presuponer una
radical descodificación de antiguas concepciones acerca del conocimiento, la
investigación y la educación superior, y de sus relaciones con el poder político
y la industria, que nunca fueron públicamente debatidas. [6]
Todo conocimiento --ya sea descubrimiento, invención o interpretación-- debe de
acuerdo con esta Ley superar la tradicional concepción de la propiedad
intelectual, que en las universidades consistía en compartir la propiedad de las
mismas en forma común o colegiada y abierta. Por el contrario, a partir de estas
Leyes y Decretos dichos conocimientos innovadores deben devenir propiedad
individual y secreta, susceptibles de ser registrados, patentados y
comercializados, es decir capaces de ser comprados y vendidos y por ende
concesionados al mejor postor privado. Y la sede de toda educación superior,
debe dejar de ser una "torre de marfil", de reflexión pública e independiente, y
debe constituirse en una suerte de corporación capitalista moderna o
privada-mercantil. [ 7] Pero para poner en funcionamiento dicha Ley de Fomento y
Transferencia Tecnológica, se necesitaba reglamentarla mediante un Decreto del
PEN. La inescrupulosidad y urgencia de quienes reglamentaron dicha Ley, mediante
el Decreto no.508 del 26 de marzo de 1992, llegó a estimular la corrupción y las
prácticas perversas otorgando incentivos promocionales a personas jurídicas
procesadas y condenadas por delitos dolosos así como a personas físicas
exoneradas de la Administración Pública. Estas circunstancias-- que si bien son
reconocidas en los considerandos del nuevo Decreto de 1995-- no son en ella
debidamente detalladas y documentadas, ni siquiera en apéndices.
Por ello, cuando en 1995 se concretan las perspectivas de lograr un préstamo del
BID y del Banco Mundial para las universidades, el Poder Ejecutivo Nacional
(PEN) se vio precisado a elaborar un nuevo Decreto, el no. 1331/95,
modificatorio de dicha Ley 23.877, y a colocar en las áreas respectivas al nuevo
personal gerenciador capaz de llevarlas a cabo a toda marcha y sin escrúpulos.
En este aparente nuevo Decreto higienizador, los lobbystas aprovecharon para
codificar su verdadero caballo de Troya, consistente en una institución plagiada
del Bayh-Dole Act de 1980, que establece en su art.1o, inc.a, que "...podrán ser
beneficiarios de los incentivos promocionales las mismas Universidades
Nacionales". A su vez, este furtivo y subrepticio inciso se amparaba
taimadamente en el articulado de una Ley aprobada meses antes, el art.59, inc.
e) de la Ley 24.521 de Educación Superior, que incentivaba a las mismas
Universidades Nacionales para que constituyan "...personas jurídicas de derecho
público o privado", o participen en dichas personas jurídicas "...no
requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios
de la ley 23.877".
Las sucesivas reglamentaciones de dicha Ley 24.521, en 1992 y 1995, y el
Programa para la Reforma de la Educación Superior (PRES), que fuera cofinanciado
por el Banco Mundial, pusieron a las Universidades Nacionales a merced de una
red de funcionarios aventureros interesados en bastardearlas y lucrar con las
mismas. En otras palabras, el estado nacional, que crónicamente se había
desinteresado de la suerte de las Universidades Nacionales, limitándose a
fundarlas como fruto de negociaciones políticas y a dejarlas libradas a la buena
de Dios, súbitamente cuando se encontró con los fondos del Banco Mundial (U$S
160 millones) se entró a interesar por ellas, para lo cual ideó este último
Decreto reglamentario, que vino a acicatear o extorsionar a las Universidades
Nacionales para que se corrompieran, o mas bien se prostituyeran, con la cuasi
certeza de que por ser autónomas y autárquicas estarían más cubiertas de la
persecución de la justicia (ver el caso de la Universidad Nacional del Litoral
en el Apéndice II).
No obstante este preciso Decreto, también se dictaron otros decretos y
específicas ordenanzas para incentivar la adopción de la transferencia
tecnológica, que dieron nacimiento --a posteriori del Pacto de Olivos (1994)-- a
nuevas instituciones, tal como el Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Superior (FOMEC). Este último Programa dejó de funcionar y fue
reemplazado en la práctica –a juicio de Toscano (2004)- por el Fondo para la
Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT) y el Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), ambos dependientes de la Agencia Nacional para la Promoción
Científico-Tecnológica (ANPCYT); y por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU), esta última sustitutiva de la Comisión de
Acreditación de Posgrados (CAP), con cuyos respectivos Comités de Pares pudieron
luego incurrir sin sobresalto alguno en reiteradas irregularidades de todo
calibre. [ 8]
Más aún, instituciones como la transferencia tecnológica del Bayh-Dole Act, las
practicas de la confidencialidad en las funciones evaluadoras, la evaluación
externa y la acreditación por la CONEAU de instituciones y programas académicos
arancelados, la planificación autoritaria del Observatorio Nacional de CyT; y
otras como el voucher y la escuela charter (que en Argentina no alcanzaron a
concretarse, y que fueron utilizadas y criticadas en el país del Norte), son
manipuladas en países como los nuestros de una manera soez, y habrían venido a
legalizar la privatización o captura de espacios públicos –los que debieran ser
indelegables e intransferibles-- tales como las Universidades Nacionales,
sometiéndolas ahora al dictado despótico del poder económico, corporativo y
financiero.
Las políticas de filantropía o mecenazgo corporativo y las estrategias fiscales
que promueven el mecenazgo privado en las instituciones científicas, incluidas
las universidades, mediante subsidios, donaciones y créditos impositivos tendría
mucho que ver con la apropiación privada del mundo académico por parte del poder
corporativo y financiero, lo cual vendría a agudizar aún mas la estratificación
geopolítica de la investigación científica. [ 9] Estas actividades filantrópicas
y crediticias, para beneficio de una supuesta transferencia tecnológica, habrían
devenido así en prácticas que fueron desinformadoras de la opinión pública,
corruptoras de las actividades legislativas y administrativas, entre ellas de
una nutrida minoría de la planta de Investigadores del CONICET, y
discriminatorias para con aquellos Investigadores que amén de la investigación
ejercen complementariamente la docencia en establecimientos públicos.
Todo esto ha derivado en un cuadro de especulación cultural y científica, que al
privatizar la investigación pública mediante contratos, transferencias y peajes,
y sembrar las universidades y la comunidad científica con un ambiente de lucro y
de un “sálvese quien pueda” ha acentuado el clima de desolación y estrago moral
y espiritual existentes.
Notas
[ 1] ver Noble, 1984 ; Minsky, 2000 ; y Foray y Kazancigil, 1999.
[ 2] Para una estimación de los efectos cuantitativos positivos de la Bayh-Dole
Act en USA, ver Mowery, Nelson y Sampat, 2000 ;
[ 3] ver Barcelona y Villalonga, 1992 ; Santoro, 1998 ; y Madani, 2000.
[ 4] El art. 5º. de la Ley 23.877 autoriza a las instituciones oficiales de
investigación y desarrollo (eufemismo con el cual buscaron disfrazar la
identificación de las Universidades Nacionales) que adhieran a dicha misma Ley a
"...establecer y/o contratar unidades de vinculación [entes no estatales
constituidos para la identificación, selección y formulación de proyectos de
investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica] con
la finalidad de que dispongan de una estructura jurídica que les permita una
relación más ágil y contractual con el sector productivo de bienes y/o
servicios".
[ 5] ver Vessuri, 1997, 153.
[ 6] Para una estimación de los efectos cualitativos negativos de la Bayh-Dole
Act en Estados Unidos, ver Soley, 1995 ; White y Hauck, 2000 ; y Foray y
Kazancigil, 1999.
[ 7] ver Minsky, 2000.
[ 8] En ese preciso sentido, la CONEAU dictó en 1998 la Ordenanza 002, por la
cual en su artículo 4º. se establece que en sus Informes anuales las
instituciones universitarias que buscan ser acreditadas deberán prioritariamente
indicar si la institución dió inicio o no a las estrategias de producción y
transferencia.
[ 9] Sobre la apropiación del mundo académico por parte del poder corporativo,
ver Soley, 1995 ; y White y Hauck, 2000.
Fuente: Pol-Cien-III-2003)
Capítulo III
Planificación autoritaria del Observatorio Nacional de CyT u ONCTIP (Ministerio
de CyT)
En materia de autocensura informativa, el crédito mayor lo lleva el Observatorio
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, perteneciente a la
órbita del Ministerio de Ciencia y Técnica, el cual se ha caracterizado por
omitir toda referencia a la corrupción y la falta de transparencia desplegada en
la educación superior y en los organismos de ciencia. Dicho Observatorio, creado
en febrero de 2004, formalizó su incorporación en la red global como miembro
afiliado del Observatorio Científico Tecnológico de la Unión Europea.
El objetivo de estos Observatorios es el de recopilar información-base para ser
catalogada, compilada, analizada y convertida en indicadores para que sean
empleados en diferentes análisis y mecanismos de toma de decisiones. Sin
embargo, en el caso argentino, esta toma de decisiones pareciera asimilarse más
a una planificación autoritaria de un comisariato político que a una
planificación democrática, si nos hemos de atener a las declaraciones y a los
mecanismos de acumulación informativa y de designación de las autoridades del
ramo. En efecto, esta incorporación supone una cesión gratuita de nuestra
información científico-tecnológica, que sumado a nuestro enfeudamiento de los
recursos energéticos y comunicacionales al reino de España hace de nuestro país
una de las naciones más vulnerables del planeta.
Más aún, el entonces Secretario de Ciencia y Técnica Ing. Tulio Abel del Bono
manifestó el 17 de abril de 2004 en Página 12, en un objetado reportaje que
figuró en la portada de la SECYT en Internet, que el propósito de su gestión es
el de "integrar el sistema científico con objetivos, estrategias, acciones y
prioridades comunes". Las dudas que despertó este emprendimiento oficial y estas
declaraciones son numerosas y fundadas, tal como se manifestó en el mensaje
electrónico titulado Autoritarismo en la Ciencia Argentina (Del Bono-2004). En
principio, entendemos que dejar librada la planificación del sistema
científico-tecnológico de un país profundamente dependiente a merced del
comportamiento de meros indicadores cuantitativos, cuando menos merece el
calificativo de ingenua y también el de profundamente sospechosa.
Los sistemas científico-tecnológicos de los países avanzados, por estar dotados
de altos grados de transparencia en los procedimientos, participación
democrática y competitividad y excelencia científica, su performance puede ser
exitosamente medida por indicadores cuantitativos. Pero en aquellos otros países
de la periferia, donde en sus sistemas de ciencia y técnica prevalecen todo tipo
de patologías, intentar medir su performance mediante dichos indicadores
cuantitativos llevaría directamente al fracaso más rotundo, debido a la carencia
de fiabilidad, credibilidad y confiabilidad de dichas estadísticas. En este tipo
de sistemas, gangrenado por una creciente corrupción académica, se impone una
cirugía mayor que instaure definitivamente estructuras institucionales y
estándares de conducta equivalentes con los que nos rigieran en nuestros
orígenes como república independiente y democrática y con los vigentes en los
países centrales.
En segundo lugar, las designaciones de los responsables de aquellos
emprendimientos que cuentan con financiación internacional (FOMEC,
Transferencias Tecnológicas, etc.) suelen recaer siempre en los mismos
personajes, aún con distintos gobiernos, tal como si fueran los soldados del
repertorio de la ópera Aída, siempre rodeados de una nube impenetrable,
situación que se expuso en 2004 en un extenso artículo que publicara
electrónicamente el Archivo Analítico de Políticas Educativas, de la Arizona
State University (v.XII, n.6). Así, en este caso la Coordinación del Equipo
Técnico al frente de la sede nacional de dicho Observatorio recayó en el Dr.
Mario Albornoz, el mismo que otrora trabajara en UBACYT, en tiempos del Rector
Delich; luego dirigiera el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología, de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); y fuera durante el
menemato fuertemente financiado por la gestión del Secretario de Ciencia y
Técnica Lic. Juan Carlos del Bello a través de la denominada Agencia. Para
comenzar, se ignora el mecanismo empleado para su designación pues nadie fue
consultado al respecto. Tampoco se conoce el método empleado para el
nombramiento de los demás integrantes del Equipo Técnico (a saber: Guillermo
Anlló, Rebeca Guber, Lucas Luchilo, Manuel Marí, Diego Ratto, y Leonardo
Vaccarezza).
Las dudas recaídas sobre el Dr. Albornoz, Director de REDES-Centro de Estudios
sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, perteneciente al Programa del
CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), obedecen a su pasado desempeño
académico y a que nunca arriesgó en su larga carrera en instituciones vinculadas
con la ciencia y la tecnología una sola palabra acerca de la corrupción en los
medios científico-académicos y tampoco manifestó su opinión respecto a las
comprometedoras declaraciones publicadas en Página 12 por el Secretario Tulio
Del Bono.
En la lista de discusión electrónica Pol-Cien, en un mensaje intitulado
¿Perdieron la fe?, se decía el 5 de julio de 2000, con relación a dicho
Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que la "...
información referida a los fondos recibidos [de manos de la Agencia Nacional
para la Producción Científico-Tecnológica durante la gestión Del Bello] tampoco
alcanzan para disipar las dudas recaídas sobre la gestión del Dr. Albornoz. Los
datos cuantitativos por él brindados no citan fuente alguna, se reducen a
porcentajes de una cifra total aún desconocida, correspondiente exclusivamente
al año 1999, y esconden las magnitudes absolutas de los guarismos brindados y no
publicados en su sitio web y que la SECYT, no brinda desagregada por institutos
y/o universidades beneficiadas".
Tampoco la información prestada por la página web del Instituto dirigido por el
Dr. Albornoz "..ilustra acerca de los mecanismos de reclutamiento del personal
docente o investigador ignorándose hasta el presente si en dicha Universidad [de
Quilmes], presidida por el Rector [Julio] Villar, y en dicho Instituto dirigido
por el Dr. Albornoz, se contempla la publicidad de las vacantes y los concursos
públicos por oposición y antecedentes. Por ejemplo, se ignora cuál ha sido el
concurso ganado en dicha Universidad por el ex Secretario Juan Carlos Del Bello
[quien figura en la nómina del Instituto dirigido por Albornoz]. Esta fiel
observancia de los concursos, tan caros al mundo académico argentino, no era ni
es supervisada por la Secretaría de Políticas Universitarias, ex Secretaría de
Educación Superior, del Ministerio de Educación.
Además, el hecho de que en el reclutamiento del personal investigador del
Instituto que en el pasado dirigiera el Dr. Albornoz "...prevalezca la
naturaleza político-partidaria por sobre la excelencia científica y por
consiguiente la exclusión de quienes no pertenezcan a la secta o facción de
marras esta corroborado por la propia currícula dada a luz en la Web, donde al
menos en una decena (10) de casos se destaca notoriamente su afiliación a
organismos estatales o para-estatales (Asesores de Gabinete y Consultores de
Bancos, Ministerios y organismos internacionales)".
Y en cuanto a la naturaleza de las líneas de investigaciones promovidas en dicho
Instituto "...una pormenorizada lectura de dicha currícula revela que existe un
marcado sesgo en pos de los indicadores cuantitativos en ciencia y tecnología,
que es como decir la contaduría de la ciencia, esa extraña simbiosis de teología
y hermetismo, que coincidentemente es la temática que mas cultiva el Dr.
Albornoz, consignada en su propia curricula". Finalmente, nunca se conocieron
los verdaderos motivos de las desavenencias entre el Rector Villar y el Prof.
Albornoz, que derivaron en la separación de este último de la UNQ. Pero todo
pareciera indicar que el incidente no obedeció a razones de principios o teorías
científicas sino a meras diferencias presupuestarias. Por último, el Dr.
Albornoz logró montar tienda en el CYTED, asiento desde el cual logró programar
su inconsulto y antidemocrático desembarco en la SECYT, actual Ministerio de
Ciencia y Técnica.
En conclusión, lo que se impone es impedir que la dirigencia política se
convierta en un comisariato partidario que se inmiscuya en la tarea de fijar
metas y objetivos, dictándole a los científicos la pertinencia de lo que deben o
no deben investigar, como ocurrió con las declaraciones del Ministro de CyT Lino
Barañao al referirse despectivamente a las ciencias sociales asimilándolas a la
teología, y engañando la buena fe presidencial haciéndole firmar un decreto por
el cual se le exige al CONICET la entrega de su base de datos de científicos. Se
decía en un mensaje del 30 de Noviembre de 1999, publicado en Pol-Cien, y
titulado Rémoras o Supervivencias, que lo que nuestra sociedad está exigiendo a
la elite política es que "...imponga en los ámbitos científico-académicos claras
pautas de transparencia, honestidad, democracia y publicidad de sus actos de
gobierno, de manera tal que el aparato científico-tecnológico funcione como un
verdadero sistema, sin cortocircuitos, encapsulamientos ni enclaustramientos que
afecten su necesario clima de libertad y de diálogo, su movilidad interna y su
productividad final, y que contribuya a la disminución de la creciente brecha
cualitativa que nos separa de los centros científicos mundiales".
Por todo ello entendemos que en la cuestión del Observatorio Científico y en la
selección de sus integrantes se impone una urgente revisión y una necesaria y
respetuosa consulta democrática dirigida a todas las instituciones científicas
especializadas en Ciencias de la Educación, Sociología de la Ciencia,
Antropología Cultural y Psicología y Filosofía de la Ciencia, y en general a
todo el público investigador del país y del CONICET.
Capítulo IV
Doble obligación, múltiple subordinación y combinación de donaciones y
sobresueldos en la educación superior argentina
Habíamos visto que como resultado de la importación de una legislación
norteamericana (Bayh-Dole Act) se había programado en Argentina y gran parte de
América Latina una privatización mercantilista de la docencia y la investigación
así como la proliferación de autoritarios Observatorios planificadores de CyT.
Ahora estudiaremos de que forma gran parte del cuerpo docente regular de
nuestras universidades nacionales (que ejerce control sobre las cátedras
concursadas), y de sus autoridades (miembros de Juntas Departamentales, Consejos
Directivos y Consejos Superiores), fueron sometidas a una doble obligación o
deber y a una múltiple dependencia o subordinación, que ha atentado gravemente
contra la existencia de una comunidad científica y de una cultura universitaria
participativa. Este agravio es particularmente grave, pues para que este tipo de
comunidad y cultura pueda prosperar se necesita --al decir de Joaquín E. Meabe--
objetivos y solidaridad en el agregado humano, donde cada miembro pueda
encontrar reciprocidad y buen trato además de interés por parte del resto y
donde se requiera trabajo común y compartido así como respeto mutuo.
En principio, los docentes universitarios están obligados a una doble
subordinación, una de ellas de naturaleza primaria, la que los nutre de sus
principales ingresos, y la otra de orden secundario, la que los provee de
ingresos menores y retribuciones simbólicas. Primariamente, los docentes
dependen de las Universidades que los han designado, donde han hecho carrera
docente, donde algunos pocos han logrado ser legalizados con concursos de
oposición y antecedentes, y donde se les abona un salario que puede ser de
dedicación exclusiva, media o simple, más un plus por antigüedad. Se supone que
los docentes-investigadores, en especial aquellos que cuentan con dedicación
exclusiva, amén de la docencia deben producir conocimiento original y diseñar
para ello proyectos de investigación.
Pero todo lo cultural que exceda de la mera docencia ha requerido siempre del
mecenazgo o patrocinio estatal y/o privado. Dicho mecenazgo se ha expresado
históricamente de diversas formas, ya sea mediante una nómina salarial, o
mediante becas, premios, subsidios, bonificaciones, incentivos, viáticos, etc.
En ese sentido, una minoría de docentes universitarios (alrededor de cinco mil
en todo el país) ha dependido primariamente del mecenazgo estatal asignado en
forma de salarios, a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científico y
Técnicas (CONICET) --pretendidamente fundada por Bernardo Houssay a imagen y
semejanza del CNRS de Francia-- donde han hecho carrera primero como Becarios, y
la mayoría como Investigadores de Carrera, prestando Informes anuales o
bianuales del devenir de sus respectivos proyectos de investigación, hasta
ascender algunos de ellos las cinco (5) categorías del organismo, donde también
perciben un plus por antigüedad. Su fundación vino a superponerse con la
investigación que se llevaba a cabo en los Institutos universitarios. Sin
embargo, su propósito inicial, establecido en su Estatuto, luego desvirtuado a
la muerte de Houssay (1971), era el de fomentar la investigación en las
universidades y no el de patrocinarla con institutos propios. Más aún, violando
la debida dedicación exclusiva, dichos Investigadores de Carrera cuentan desde
hace una década con el privilegio que el Directorio del CONICET les autorice
trabajos rentados para terceros, denominados asesorías o consultorías; así como
también cuentan con la aberración rentística que significa la libre opción del
cobro salarial, ya sea en la Universidad o en el CONICET (siguiendo la fuente de
ingresos más rentable), lo que violenta los postulados de las buenas prácticas
presupuestarias.
Asimismo, una ultra-minoría de dichos docentes universitarios muchos de ellos
Investigadores del CONICET (1511 profesores) ha dependido también primariamente
del mecenazgo estatal asignado en forma de subsidios, a través del FONCYT,
organismo dependiente de la Agencia Nacional de Promoción Científico y
Tecnológica o ANPCYT (Ministerio de Ciencia y Técnica), todo lo cual ha
producido una incompatible y dolosa superposición de funciones con el CONICET,
pues debió instrumentarse sólo para aquellos Investigadores que no pertenecieran
a esta última institución. Esta Agencia, pretendidamente fundada a imagen y
semejanza del National Endowment for the Humanities (NEH), les distribuye desde
1997 una suerte de donación, disfrazada como subsidio de investigación, que no
tributa impuestos a las ganancias ni hace aportes previsionales, y que para una
más que ultra-minoría de los mismos (385 profesores) se repite periódicamente en
dos, en tres y hasta en cuatro oportunidades, sumando montos individuales
próximos al millón de pesos. Más aún, si se computaran los Listados de los
beneficiarios correspondientes a las primeras Convocatorias de los años
1997-1999 (inhallables en el portal de la Agencia), muy probablemente nos
encontraríamos con docentes-investigadores que han repetido a lo largo de la
década hasta cinco (5) veces la participación en el botín.
Pero el mecenazgo o filantropía de la Agencia también fue bastardeado por sus
propios funcionarios y directivos. Un centenar y medio de subsidiados
desnaturalizaron el subsidio al convertirlo en un botín o saqueo de las arcas
públicas, pues dichos subsidios recayeron en los propios funcionario de este
organismo (los Coordinadores), que resultaron así autoevaluados. Amén de la
ventaja material, pertenecer a esta ultra-minoría de patrocinados cómplices del
saqueo también posee ventajas simbólicas, pues muchos de ellos son
automáticamente ascendidos en el CONICET y designados para integrar Comisiones
evaluadoras de sus propios colegas. Lamentablemente, en lugar de patrocinar con
dichos subsidios instituciones culturales (bibliotecas, laboratorios, centros de
cómputos), se patrocinan docentes-investigadores de la planta del CONICET e
incentivados por la SPU, todo lo cual ha generado el cuadro de duplicaciones y
multiplicidades dolosas aquí descrito, y del cual se abunda en el capítulo
próximo en el rubro “Tergiversación de las estrategias para desarrollar la
ciencia argentina”.
Pero por otro lado, los docentes universitarios de todo el país padecen una
subordinación secundaria, pues desde 1993 dependen del mecenazgo de la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, que
les bonifica y categoriza los denominados Incentivos (sobresueldos en negro) en
una escala de tres categorías, sólo a aquellos docentes que presentan proyectos
de investigación y que por ello pasan a ser denominados docentes-investigadores.
A su vez, apretando el cerco del privilegio, los docentes-investigadores
incentivados que fueron categorizados con la máxima jerarquía (un millar y
medio) pertenecen por lo general a aquella ultra-minoría que integra el CONICET
y que es subsidiada por la Agencia.
Finalmente, los docentes universitarios también dependen, en una subordinación
secundaria, del mecenazgo simbólico encarnado por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), pues desde 1996 certifica o
avala los programas arancelados de maestría y doctorado, la que si bien posee
sólo una relación institucional conlleva también indirectamente derivaciones
personales.
Por lo tanto, en esta múltiple subordinación primaria y secundaria de intereses
dispersos en mecenazgos burocráticos incompatibles y superpuestos --cuatro (4)
de ellos estrechamente atados al poder político del estado-- se encuentra el
secreto de la corrupción institucionalizada, las redes de interés y beneficio
personal, la desigualdad ante la ley, el miedo generalizado, la hereje necesidad
material, la cobardía moral e intelectual y por consiguiente la inexistencia en
nuestras Universidades Nacionales de una comunidad científica. Corrupción,
desigualdad, miedo, necesidad y cobardía de las que no se ha podido desprender
desde la aciaga Noche de los Bastones Largos (29 de Julio de 1966), que se
acentuó a partir de la Fiesta Menemista (1990-99) y que ha alcanzado su clímax
en la Fiesta Kirchnerista (2003-09).
Debido precisamente a esta múltiple subordinación o dependencia, que es producto
de la sumatoria de una triple subordinación primaria (Universidad, CONICET y
FONCYT-Agencia), mas otra doble subordinación secundaria (CONEAU y SPU), estos
docentes y los integrantes de estos órganos colegiados difícilmente cuentan con
el suficiente respeto, generosidad, tolerancia y libertad (de pensamiento, de
cátedra y de expresión), en materia científica, política y universitaria. Por
ende, esta triste realidad de egoísmos y malsanas competencias es la principal
razón por la cual sus respectivas Universidades carecen de una comunidad
científica y de la pregonada autonomía, supuestamente garantizada desde 1994 por
el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional (CN).
Valga la redundancia, las universidades nacionales no son autónomas ni cuentan
con una comunidad científica, porque sus autoridades, desde sus Rectores,
Decanos y Jefes de Departamento, hasta sus Consejeros Departamentales,
Directivos y Superiores, que pertenecen a su vez al CONICET, y que se benefician
de los subsidios de la Agencia, de las acreditaciones otorgados por la CONEAU y
de los incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), están
presos o rehenes como en un cerrojo blindado de un mecenazgo multiplicadamente
superpuesto, que necesariamente debe afectar la excelencia científica de su
trabajo, y que seguramente debe también alimentar en sus filas el servilismo
moral e intelectual.
En efecto, el CONICET, el FONCYT-Agencia, la SPU y la CONEAU son estructuras del
poder del Estado Nacional, dónde desde su Presidente hasta su mismo Jefe de
Despacho, pasando por toda su línea gerencial, son designados por el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN) o por concursos amañados desde el PEN. En el CONICET,
los únicos cuatro (4) cargos que son electivos o representativos, los de los
Coordinadores de las cuatro (4) Grandes Áreas de Conocimiento en que está
fragmentado el organismo, que a su vez son miembros de su Directorio, lo son
sobre la base de una legislación restrictiva y limitacionista (Decreto 1661/96)
y de actos eleccionarios simulados que adolecen de un ausentismo estructural y
masivo. Dicha legislación no contempla la representación de minorías ni los
frenos y contrapesos que garanticen en el seno del Directorio, y por ende, al
interior de las Comisiones Asesoras, un elemental control de legitimidad
(decencia, honestidad, capacidad, seriedad, etc.), y la independencia del órgano
calificador promotor de los ascensos y/o de su congelación. Tampoco respeta la
unidad del mundo científico pues para acceder a la condición de candidato a
miembro del Directorio fragmenta la representación (voto pasivo), es decir la
posibilidad de ser elegido, en requisitos generacionales y regionales,
expresados en condiciones de status (sólo dos escalafones jerárquicos) y de
localización geográfica (ocho regiones); y para ejercer la condición de elector
(voto activo) divide el padrón y por consiguiente a los Investigadores en cuatro
(4) áreas distintas del conocimiento, totalmente incomunicadas y aisladas entre
sí, como si fueran compartimentos estancos, lo cual alimenta una centrifugadora
especialización disciplinar.
Por consiguiente, las autoridades de los órganos colegiados de nuestras
Universidades Nacionales, desde su normalización en 1985, y más explícitamente
aún, desde la última Reforma Constitucional de 1994, y desde la vigencia del
Decreto No. 1661/96 (que estructura el régimen electoral del CONICET), han
venido violando conscientemente la autonomía universitaria, al cohonestar con su
muda presencia el antidemocrático y fraudulento mecenazgo de los organismos
científico-educativos (CONICET, FONCYT-Agencia, Secretaría de Políticas
Universitarias y CONEAU). Salvo la UBA y la Universidad del Comahue, todas las
Universidades Nacionales legitimaron la CONEAU. Asimismo, esta voluntaria
sumisión a un mecenazgo violatorio de derechos y garantías constitucionales
corroboraría que la doble obligación y la múltiple subordinación de nuestros
docentes-investigadores y de los directivos universitarios ha venido también
sembrando una codicia generalizada y una estructura y procesos corrompidos,
atentando por ende contra la existencia de una comunidad científica.
Contradictoriamente, muchas de estas autoridades universitarias y de estos
titulares de cátedras regulares han aceptado --con la excusa de ser una carga
pública-- integrar las instancias evaluadoras del CONICET, de la FONCYT-Agencia,
y de la CONEAU, como ser las Comisiones Asesoras del primero (renovadas por
mitades anualmente), y hasta su propia Junta de Calificaciones, en la cual se
han visto promovidos en la Carrera de Investigador y beneficiado a su vez con
toda suerte de prebendas, tales como subsidios, viáticos, premios y asesorías o
consultorías.
Por si todo ello fuera poco, al salario universitario o al alternativo sueldo
del CONICET, al subsidio del FONCYT-Agencia, a los incentivos de los
docentes-investigadores otorgados por la SPU, y a las asesorías y consultorías
autorizadas por el Directorio del CONICET debemos agregar que con motivo de los
bajos salarios cobrados, en especial aquellos que carecen de antigüedad, muchos
se han visto inducidos a engancharse en las universidades privadas o en las
nuevas universidades de los conurbanos y del interior de las provincias, donde
los cuerpos docentes disfrutan de salarios muy superiores a los de las
universidades más antiguas, pues gozan de partidas presupuestarias
extraordinarias aunque sin participación democrática alguna; todo lo cual
revelaría a las claras la extrema desigualdad, falsedad y superchería de nuestra
Autonomía Universitaria.
En conclusión, a diferencia de los Investigadores del CONICET que prestan
servicios a terceros privados bajo el eufemismo de asesorías o consultorías, los
docentes-investigadores subsidiados por el FONCYT-Agencia no están obligados a
solicitar autorización alguna al Directorio del CONICET. Por ende, nada debería
obstar para que un docente-investigador incentivado procure un subsidio de un
organismo extra-estatal o extranjero. Pero lo alarmante y fuera de toda
razonable política pública, es que el propio estado, y más aún una misma unidad
de gobierno o ministerio, destine recursos extraordinarios y fondos procedentes
de la deuda externa, duplicando en sus propias filas organismos financieros en
materia de becas, subsidios, bonificaciones, contratos y personal de planta; y
alentando en ellas la existencia de una doble obligación o deber de naturaleza
primaria (ver Estévez y Marini, 2004). En otras palabras, se presume que un
docente-investigador incentivado y subsidiado, es decir que pertenece a una
Universidad Nacional y al CONICET (pero que cobra en un solo lugar) y al que el
FONCYT-Agencia le ha otorgado simultáneamente un subsidio de investigación, debe
contar forzosamente con al menos el equivalente a dos (2) proyectos de
investigación, que se superponen: uno para la universidad a la que pertenece,
que puede ser el mismo proyecto presentado al CONICET, y otro proyecto
supletorio pero distinto para el FONCYT-Agencia, donde ambos por ser simultáneos
vendrían a atentar contra la dedicación exclusiva debida a cada uno de ellos.
Pero hecha la ley, hecha la trampa, pues la mayoría de los beneficiados por el
FONCYT-Agencia funde o fusiona ambos proyectos en uno sólo, malversando de ese
modo dichas dedicaciones. O lo que es peor, opera algo equivalente a lo
producido con la Ley de Gresham, pues el trabajo para el FONCYT-Agencia, como
está mucho mejor remunerado que el del CONICET o que el de la Universidad, pasa
a tener una consideración privilegiada; y por el contrario, al proyecto del
CONICET o al de la Universidad se lo posterga en su calidad y prelación como si
se tratase de un rezago. Al duplicar la remuneración por un solo proyecto, más
allá de todas las justificaciones ocasionales o las trampas en las rendiciones
de cuentas puntuales, lo que es grave y crucial --sostiene Joaquín E. Meabe en
otra comunicación personal-- es la clara desigualdad ante la ley que consagra el
privilegio a favor de los beneficiarios de la Agencia. “Doble retribución por un
solo trabajo no solo es inmoral también es ilegal porque viola todas y cada una
de las reglas relativas a las remuneraciones y a los deberes que respecto de las
prestaciones tienen a su cargo los que deben hacer efectivos los emolumentos por
el trabajo”. La segunda remuneración, la del FONCYT-Agencia, insiste Meabe, ni
siquiera se puede encuadrar como donación porque el estado lo tiene prohibido
respecto de sus dependientes en ocasión del trabajo en relación de dependencia y
servicio (ver Ley de Empleo Público y Ley de Contabilidad).
Como consecuencia de esta inmoral maquinación burocrático-académica, aquellos
Investigadores del CONICET o de las Universidades que no reciben subsidios de la
Agencia, al generarse en sí mismos la sensación de que su trabajo está siendo
subestimado en su valor simbólico así como subvaluado en la retribución material
del mismo, los que pueden y tienen algún contacto se dejan seducir con el
patrocinio material de la Agencia. De resultas de ello, ahora el CONICET, en
competencia con la Agencia, y violando también el principio de unicidad
funcional, abrió su propia línea de subsidios, aunque por cierto mucho más
modesta.
Concluimos entonces con la existencia entre dichos mecenazgos de una desigualdad
obscena, pues mientras un docente-investigador, pertenezca o no al CONICET, que
no ha sido subsidiado por la Agencia trabaja un sólo proyecto de investigación
por únicamente un salario, que es el de su universidad o el del CONICET; el
docente-investigador incentivado y subsidiado, pertenezca o no al CONICET,
cuenta con el mismo salario, de la Universidad o del CONICET, mas el ingreso
correspondiente al de la irregular asignación del subsidio, el que nunca es
menor al salario de tres años de trabajo en la universidad.
Para mayor claridad, una de las premisas básicas que la Unión Europea (OCDE) ha
introducido en sus recomendaciones de buenas prácticas para la transparencia
presupuestaria es el concepto de transparencia en la asignación y rendición de
las cuentas públicas. El sistema descrito precedentemente sólo contribuye a la
opacidad en el manejo del gasto público por las implicancias que tienen las
superposiciones que se duplican y multiplican. Sin lugar a dudas la asignación
de recursos públicos en los organismos de investigación debe ajustarse
imperiosamente a las buenas prácticas mencionadas.
Capítulo V
Corrupción institucionalizada de las autoridades pertenecientes a emblemáticos
organismos públicos mediante los subsidios distribuidos por la Agencia
El doble deber y la múltiple subordinación de los docentes-investigadores de las
universidades nacionales, analizada anteriormente, nos permite visualizar una
compleja red de organismos estatales y para-estatales sometidos a una corrupción
institucionalizada, funcionaria o legal (ver Kaufmann y Vicente, 2005). En
efecto, a instancias del Banco Mundial y del Consenso de Washington una media
docena de instituciones legales (AGENCIA, CONICET, CONEAU, SPU, Secretarías de
CyT de Universidades, CECTE, INADI, INTA) concluyeron tejiendo un inmenso
hexágono compuesto por verdaderos nudos gordianos y por flujos venales de ida y
vuelta (subsidios, incentivos, ascensos, categorizaciones, acreditaciones,
confidencialidades, asesorías, consultorías, observatorios, transferencias
tecnológicas, etc.). Este contaminado hexágono, al condicionar las libertades
académicas y tercerizar las universidades, ha concluido por corromper a las
autoridades universitarias, y por devaluar tanto la autonomía de las mismas,
como el sistema de equilibrio de poderes (frenos y contrapesos) que debe existir
en el seno de los organismos académicos colegiados, así como por tergiversar la
estrategia para desarrollar la ciencia argentina, por faltar a la transparencia
de las estadísticas y los portales electrónicos públicos, por fomentar el
servilismo moral e intelectual, y por afectar la excelencia de la formación
universitaria y de la producción científica.
AGENCIA-FONCYT
50 de sus Coordinadores percibieron subsidios de la Agencia
8 percibieron $3.662.000 promedio de $457.750 c/u.
=====================
CONICET:
3 del Directorio (Girbal, Siñeriz y Rapela) percibieron subsidios de la Agencia.
60 miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET percibieron subsidios de seis
dígitos de la Agencia, de los cuales 7 percibieron $2.846.105, promedio de
$406.586
A 200 Investigadores de Carrera se les autorizó asesorías y consultorías
violatorias de la dedicación exclusiva.
======================
CONEAU :
2 miembros de su Directorio (Villanueva y Krotsch) percibieron de la Agencia
$275.354, a un promedio de $138.000 c/u.
=======================
Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales.
En seis (6) universidades (Tucumán, Córdoba, Rosario, Sur, MdP, UBA), sus
Secretarios de CyT (Campi, León, Colantonio, Aquilano, Bottasso, Agamennoni,
Manzini), percibieron subsidios de la Agencia. Estos funcionarios tienen la
responsabilidad de controlar la rendición de cuentas de los colegas que
percibieron subsidios.
=========================
CECTE:
4 de sus directivos (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa) percibieron
subsidios de la Agencia. La Dra. González Cappa recibió 3 subsidios de 6 dígitos
c/u. =========================
INADI:
Una de sus directivas, Marta Mercedes Maffia recibió un subsidio de $210.000.
=========================
INTA:
Uno de sus directivos, Rubén Bottini recibió en 2002 y 2004 subsidios por
$482.969.
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Por ende, autoridades de siete (7) organismos de CyT, de Educación, de Justicia
y DDHH, de Agricultura, y de las Universidades percibieron subsidios de la
Agencia y del Ministro de Ciencia y Técnica.:
1) Coordinadores del FONCYT-Agencia
2) Directores del CONICET
3) miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET
4) Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales
5) integrantes del Directorio del CECTE
6) Directores de la CONEAU
7) Directora del INADI
8) Director del INTA
Negligencia de los Ministros del Área (Barañao y Filmus)
El actual Ministro Dr. Lino Barañao debe auditar la gestión de los organismos
bajo su órbita y desarticular las redes mafiosas; y debe decretar la nulidad de
todo aquello que atente contra las Leyes de Actos Discriminatorios, de Ética de
la Función Pública, y de Libre Acceso a la Información Pública.
La negligencia del Ministro de Ciencia y Técnica y ex Presidente de la Agencia
puede constituir delito, y ser fruto de una conspiración para discrecionalizar
los fondos públicos y los recursos humanos en provecho de una camarilla facciosa
que habría alcanzado también a las Universidades Nacionales y al Ministerio de
Educación, específicamente a organismos tales como la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU, cuyos directivos también fueron beneficiados por la
Agencia.
Falta de transparencia de las estadísticas y de los portales electrónicos
públicos.
La falta de transparencia en las pantallas electrónicas de estos organismos fue
montada por la burocracia ministerial con el objetivo de impedir a los
Investigadores y Docentes-Investigadores el conocimiento de las Leyes Nacionales
de Actos Discriminatorios N° 23.592, de Ética de la Función Pública Nº 25.188, y
de Libre Acceso a la Información Pública. Para ello el FONCYT-Agencia, en la
sección titulada Biblioteca de Documentos; el CONICET y la CONEAU, en sus
secciones tituladas Normativa, y la SPU en su sección titulada Legislación,
ocultaron la exhibición de dichas Leyes y garantías.
También el FONCYT-Agencia enmascara los listados de los beneficiarios de
subsidios de la década comprendida entre 1997, año de su iniciación, y el 2007,
que alcanzaron la suma de 645 millones procedentes de créditos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). En lugar de informar la nómina de los
beneficiados en forma alfabética, cronológica y por disciplina, la burocracia
científica se las ingenia para revelarla oculta en los Informes de cada
convocatoria, lo que vuelve su lectura e interpretación muy ardua y escabrosa.
Todas las cifras divulgadas por la Agencia fueron dibujadas con el solapado afán
de simular una supuesta equidad distributiva. Para esa tarea de inflar el número
de beneficiarios como si fuera moneda falsa incorporaron entre los Proyectos
computados los viáticos otorgados para jornadas, congresos y mesas redondas, los
subsidios para revistas, y otra serie de bagatelas, de forma tal de ocultar la
oligopolización de los subsidios en beneficio de una minoría incestuosa de
eternos favoritos.
Tergiversación de las estrategias para desarrollar la ciencia argentina
A propósito de las estrategias para desarrollar la ciencia argentina, nos
preguntamos ¿cuál ha sido el motivo para que en la distribución de los subsidios
del FONCYT-Agencia o ANPCYT se menospreciaran los Centros e Institutos de
Investigación universitarios o extra-universitarios y por el contrario se
privilegiara un listado selectivo y concentrado de Investigadores en forma
individual o grupal?
Si bien esta estrategia selectiva fue iniciada en la segunda presidencia de
Menem por el Secretario de la SECYT Juan Carlos Del Bello, la misma fue
acentuada con posterioridad, y en especial durante el período K por la gestión
Barañao, quien ha considerado que su responsabilidad es la de “contribuir a
crear empleo” y no la de desarrollar la comunidad científica. Sin duda, ahora se
explicaría, para boicotear el desarrollo de una comunidad científica, se precisa
la alianza con lo más retrógrado del arco científico, como ha sido el caso en el
CONICET. Pero insistimos ¿A que razones se debe la adopción de esta estrategia
individualizante? ¿Acaso son las instituciones científicas menos confiables que
ciertos y determinados investigadores individuales seleccionados por el Poder
Ejecutivo? O, por ventura, ¿son las instituciones de la ciencia más vulnerables
a las presiones políticas que los investigadores individuales?
Finalmente, ¿es preferible consolidar y potenciar las instituciones académicas o
por el contrario, es aconsejable hacerlo con los investigadores en forma
individual? ¿Cuál de las dos estrategias es más susceptible de caer en la
corrupción, la simulación, la hipocresía, la genuflexión, el oportunismo, la
indiferencia moral y la autocensura o miedo a expresarse libremente; o cual de
las dos se presta más al favoritismo, el acomodo y el patronazgo? Más aún ¿Cuál
de las dos estrategias propicia mas el desarrollo de las oportunidades y la
creatividad y la originalidad científicas, cuál impide la “inflación curricular
artificial” derivada del axioma de publicar o perecer, cuál evita la fuga de
cerebros, y cuál alienta mas las libertades académicas, el espíritu de
colaboración y la autonomía de las universidades e instituciones científicas?
