El día 6 de Julio de 1976, tuvo lugar en Salta la Masacre de Palomitas, ocurrida cuando un grupo de presos y presas políticos fueron sacados durante un apagón intencional en el Penal de Villa Las Rosas, trasladados en forma violenta y posteriormente asesinados a mansalva a un costado de la Ruta Nº 34, en un paraje conocido como Palomitas (Departamento General Guemes), a más 30 de km. de la capital salteña. La Masacre de Palomitas es en uno de los hechos más aberrantes producidos por la dictadura militar. En la masacre fueron asesinados Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Ouetes Saravia, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger, y Alberto Simón Zavarnsky.


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Otro represor anda suelto por ahí

Los hechos

El 6 de julio de 1976 en horas de la mañana el director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, recibió una citación del entonces jefe de la Guarnición militar Salta, Coronel Carlos Alberto Mulhall. En despacho del militar, Mulhall le informó que esa tarde se iba a proceder a un simple traslado, sin proporcionarle los nombres ni el número de los presos.

Fue así como a las 19.45 de ese día se presentó ante Pérez el capitán Espeche portando una orden escrita y la lista de los detenidos.

Enseguida se ordena no registrar en los libros de la cárcel la salida de los presos. También se ordena retirar de los lugares de acceso a todo el personal subalterno, permitiéndose que sólo los guardiacárceles afectados a los muros permanezcan en sus puestos.

El único documento escrito que se conserva es la orden de Mulhall, que obra en el expediente judicial iniciado en Salta. Las órdenes verbales fueron corroboradas por la testigo Juana Emilia Martínez de Gómez, celadora del penal, y el oficial del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta, Juan Carlos Alzugaray.

El grupo del Ejército estuvo compuesto íntegramente por oficiales, sin insignias ni distintivos. Todos se nombran entre sí a través de sus nombres de guerra. Antes de la llegada de los oficiales se apagan todas las luces del penal excepto las del lugar donde estaban los presos a trasladar. Hasta allí llega un grupo de guardiacárceles que entrega los once (11) presos a los militares que esperaban afuera, a oscuras, con linternas en sus manos. De acuerdo con las órdenes las personas desalojadas del penal debían sólo llevar lo puesto.

23/12/10 - La Justicia salteña condenó a prisión perpetua a los represores de la "Masacre de Palomitas"

Los principales responsables de la "Masacre de Palomitas" fueron condenados a reclusión perpetua por el juez federal Carlos Olivera Pastor.

La abogada querellante Tania Kiriaco dijo a Télam que la notificación de la condena a las partes llegó anoche, "tras una tarea de ocho años que cierra con esta condena histórica de tres cadenas perpetuas, en base a mucho trabajo y esfuerzo".

La condena fue dictada por Olivera Pastor, que es un secretario de la justicia federal de Jujuy, que actúa como juez ad hoc, mientras que el fiscal de la causa es Ricardo Batule, también de Jujuy.

El proceso judicial se concretó de manera escrita, y la condena recayó sobre el ex coronel Carlos Alberto Mulhall, que estaba a cargo del Ejército en Salta al momento del hecho; el ex teniente coronel Miguel Raúl Gentil, que fue jefe de la Policía salteña; y el capitán Hugo César Espeche.

Kiriaco, querellante en esta causa reabierta en 2002, junto a David Leiva, señaló que "fuimos notificados de la sentencia en el juicio de la causa de Palomitas I, con cadena perpetua para los represores Mulhall, Espeche y Gentil".

"Hoy están siendo notificados los condenados y van a ser sometidos a estudios médicos para saber si la prisión será en un establecimiento carcelario común o domiciliaria", aclaró la abogada.

Mientras esto ocurría en Villa las Rosas, aproximadamente a las 20 horas de ese 6 de julio en la altura entre Güemes y Salta, entre Cobos y el cruce, se encontraba apostada una patrulla que realizaba controles vehiculares. Al ser detenidos un Torino conducido por Héctor Mendilaharzu y una camioneta F-100 a cargo de Martín Julio González, quien viajaba con un hermano, los miembros del grupo los sacan de los vehículos diciéndoles que son del ERP y que necesitaban los coches para un operativo de rescate, procediendo a amordazarlos y a maniatarlos, obligándolos a permanecer dentro de un monte por espacio de dos horas.

Al día siguiente, 7 de julio, los vehículos fueron devueltos cerca del paraje denominado Palomitas, sobre la ruta 34, a 25 kilómetros de Güemes. Todos presentaban marcas de balas y los asientos manchados de sangre. En uno de ellos inclusive se encuentran restos de masa encefálica y parte de una falange. La camioneta es devuelta totalmente quemada. Ninguno de los vehículos presentaba señales de colisiones. En el lugar donde estaba la camioneta quedaron numerosas manchas de sangre y cápsulas de bala servidas.

Toda la documentación de la comisaría de Güemes desapareció con anterioridad al 8 de julio. Por otra parte se habló de un feroz enfrentamiento porque elementos guerrilleros emboscaron a la patrulla que conducía a los presos pero no se constató que ningún miembro del ejército haya sido lastimado, ni tampoco se pudo comprobar daños en los vehículos militares.

Los certificados de defunción realizados en Salta están firmados por un doctor Quintín Orué, un médico que nunca pudo ser identificado. Varias de las víctimas, en el momento de morir, se encontraban acostadas, y habían sido golpeadas. Los orificios de bala de los pocos cadáveres encontrados demuestran que los disparos fueron efectuados de abajo hacia arriba."

Días antes el Director del Penal de Salta, Brulio Pérez en una vista que les hizo, a las detenidas políticas les dijo que los militares venían "quinteando". Al preguntarle qué significaba eso, dijo textualmente: "Uno, dos, tres, cuatro, cinco...al paredón...". (Testimonio de Graciela Lopez, sobreviviente a la Masacre de Palomitas)

Los asesinados fueron Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Ouetes Saravia, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger, y Alberto Simón Zavarnsky.

A Raquel Celia Leonard de Avila le sustrajeron el bebe de sus brazos, y le fue entregado a su hermana Nora, que también se encontraba en la prisión.

Meses después los detenidos que quedaban en el Penal Villa Las Rosas fueron trasladados a distintas unidades, y las mujeres a la Cárcel de Villa Devoto.

Fuente: www.pparg.org


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El laberinto de Palomitas

Por Carlos Humberto Saravia*

Hablar de Palomitas involucra transitar por un laberinto cuya preservación obedece a múltiples factores. El hermetismo autoimpuesto por los militares y permitido por nuestro Estado de Derecho aún cuando negaron las garantías del juicio a sus víctimas del Terrorismo de Estado; el complejo de familiares de las víctimas que bregan por la verdad pero se resisten a reivindicar el derrotero revolucionario de los asesinados; una justicia federal conservadora que inclina el fiel de su balanza según los oleajes políticos y el progresivo desinterés de una ciudadanía a la que nunca se le explicó en detalle las causales del exterminio en general ni el móvil de la masacre en particular.

Para la navidad de 1975, los militares tenían diseñado el plan de exterminio y bajo su mando operativo a las fuerzas policiales provinciales. A diferencia de las anteriores dictaduras, ya habían decidido que no blanquearían a los detenidos políticos y que los mismos serían ejecutados en la clandestinidad y luego sepultados en fosas comunes, arrojados al mar, quemados o dinamitados. También, contemplaron la represalia para con los atentados terroristas de ultraizquierda. Tal vez en estos espasmos violentos mostraron su cara más feroz, y Salta los padecería en el invierno próximo cuando a habían tomado la suma del poder público.

En el marco de hostilidades programadas desde la clandestinidad por Montoneros, el 2 de Julio explotó una bomba en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal provocando 18 Muertos y 66 heridos. Una concepción militarista de la política los llevaba a conmover a las fuerzas armadas con atentados para quebrar el silencio informativo de los medios adictos al régimen. La reacción de las juntas se diversificaría y, mientras se reformó de inmediato el Código Penal instaurando la pena de muerte por fusilamiento –que nunca se animaron a aplicar-, los comandos nocturnos que “desaparecían” a sus víctimas responderían, esta vez, casi con idénticos términos.

 
Emisión programa radial
Atrapados en libertad, AM 530, La Voz de las Madres, 17 de diciembre de 2011.

En siete días se registraron 95 muertos en todo el país. Entre el 1 al 4 de Julio abatieron en cuatro procedimientos a siete personas en Córdoba y Tucumán. El 2 aparecía el cadáver del radical Angel Gerardo Pissarello en la ciudad de Santiago del Estero. El 4, el Grupo de Tareas 3.3.2 que actuaba bajo las órdenes de Emilio Eduardo Massera asesinaría en la Parroquia de San Patricio de Buenos Aires a tres curas palotinos y dos seminaristas. Las paredes del lugar fueron pintadas con leyendas que dejaban en claro que se trataba de una venganza por el ataque a la Policía Federal.

Entre la noche del 5 y la madrugada del 6, en el paraje “Palomitas” fueron acribillados Pablo Eliseo Outes, José Victor Povolo, Leonardo Benjamín Avila y su esposa Raquel Celia Leonard de Avila, María del Carmen Alonso de Fernández, Rodolfo Pedro Usinger con su esposa María Amarú Luque y Roberto Luis Oglietti. Evangelina Botta de Nicolay y Georgina Graciela Droz habrían sido dinamitadas dentro de un automóvil. Los genocidas también asesinaron al abogado jujeño José “Dumbo” Turk Llapur.

El mensaje se dirigía no solamente a “Montoneros” sino a todas las expresiones guerrilleras. Aún cuando algunas víctimas plantean el azar como criterio de selección –el “quinteo”- lo cierto es que la inteligencia militar eligió cuidadosamente las víctimas. Ubaldo Bujovich Villa y Juan Carlos Jones Tamayo eran oficiales que visitaban asiduamente a los presos políticos en el penal de Villa Las Rosas y elevaban informes al Teniente Coronel Osvaldo Mario Baudini y al capitán Rodolfo Aguilar Zapata, quienes mandaban en el Batallón de Inteligencia 143, con base en Salta.

Los estudios de inteligencia los caracterizaban como integrantes de agrupamientos ilegales y les adjudicaban participación en operaciones militares. También habían resultado peligrosos para el gobierno peronista isabelino que los persiguió y encarceló un año antes del fusilamiento. Los legajos que terminarían condenándolos, en no pocas oportunidades se confeccionaron con intervención de fundamentalistas, paranoicos y hasta extorsionadores como el ex jefe de la delegación salteña de la Policía Federal, Ernesto Federico Livy.

Sabransky, Usinger, Luque y Droz militaban en Montoneros. El primero era médico y fue detenido el 17 de Febrero de 1975 [1]. Junto a Héctor Guillermo Soria y Néstor Sergio Medina estaba acusado de planificar atentados contra el Interventor Alejandro Mosquera, el interventor del PJ Oscar Valdéz y el Intendente de Salta Juan Carlos Márquez Sosa.

El ingeniero electrónico Rodolfo Pedro Usinger cayó preso el 5 de Marzo del mismo año y la versión oficial le adjudicó el intento de secuestro de Luis María Patrón Costas, ex capitán de Inteligencia del Ejército e hijo del conservador Robustiano Patrón Costas. Con él cayeron Graciela Matilde López de Medina y Raúl del Valle Pérez Hansen.

La policía y el ejército los vinculaba con Georgina Droz que había sido cesanteada el 24 de diciembre de 1974 de la Universidad Nacional de Salta. En los primeros días de Abril esta docente fue detenida en Tucumán, con el dirigente nacional montonero Roberto Rufino Pirles en un depósito con ametralladoras, pistolas calibre 11.25, carabinas automáticas y revólveres. Estuvo presa primero en la Policía Federal en donde fue torturada[2], luego en el Buen Pastor y finalmente en Villa Las Rosas.

María Amarú Luque fue detenida en el Hotel Provincial junto a Alicia Fernández Lowel, esposa del diputado nacional Guillermo Arrué, a quien buscaron en Corrientes. Días antes habían atentado contra el Ingenio Ledesma y durante la huida asesinaron al comisario Hugo Salomón Guerra y al oficial principal Herminio Francisco Alvarez en un enfrentamiento en el paraje jujeño “El Quemado”. Las torturas a las que fueron sometidas determinarían la muerte de Ramón Antonio Díaz y René Esteban Locascio que caerían el 19 de Abril bajo las balas de la policía en una vivienda de Villa San Lorenzo. Esa mañana, la represalia había cobrado las vidas de José Alfredo Mattioli, los hermanos Estopiñan y Ricardo Tapia, todos militantes del Frente Revolucionario Peronista que no habían participado del ataque en Ledesma.

Oglietti, Botta de Nicolay, José Povolo, Alonso de Fernández, Avila y Leonard estaban enrolados en el ERP y padecerían el cautiverio desde fines de Junio. Se les atribuía desde el reparto de panfletos hasta el atentado contra Mosquera, la colocación de una bomba contra un vehículo policial y la tenencia de una pistola calibre 45 y 10.000 proyectiles de FAL.

Botta era psicóloga y se había llegado a la provincia desde Santa Fe. Con el tiempo la vincularían con una casa de la calle Juan Martín Leguizamón nº 2.026 comprada por Norma Soledad Spaltro con fondos del ERP y en la que la Policía Federal encontró en 1991 un arsenal subterráneo. Los medios periodísticos informaban sin mayor rigor investigativo que era “comisario político de Montoneros”. Su esposo Francisco Antonio Nicolay había sido adiestrado militarmente en Cuba y estuvo prófugo hasta que el 1 de Junio fue secuestrado en una reunión del PRT realizada en Ledesma (Jujuy). Los militares se ensañarían aplicándole cuatro sesiones diarias de tortura que incluían picana eléctrica en los genitales, golpes por todo el cuerpo, arrancamiento del cuero cabelludo y amenazas a sus hijos.

La venganza también devoró a Roberto Oglietti, que integraba el Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales y vivía en una residencia estudiantil con Eduardo Tagliaferro. Menos de un mes antes había designado como defensor al radical Angel Pissarello.

Povolo, era comerciante independiente, tenía 28 años y a pesar de su militancia erpia estaba sindicado como comandante militar e instructor de tiro en “Montoneros”. Alonso era arquitecta y concentraba el odio militar por ser sobrina del desaparecido ex gobernador Miguel Ragone y su amistad con Mario Roberto Santucho.

Avila contaba con 36 años y era vendedor. La inteligencia del ejército le imputaba traslado de información y armamento a Manchalá durante el ataque guerrillero ejecutado el 29 de Mayo de 1.975. Su esposa Celia Leonard era maestra.

María Elena Mateo y el abogado Jorge Turk Llapur habían participado de charlas y reuniones del PRT y ella era amiga de los hermanos Arabel, asesinados en Ranelagh la semana anterior al golpe. Se habían casado el 15 de Noviembre de 1974. El viernes 28 de Mayo del ´76 personal uniformado le dejó una citación a “Dumbo” en su estudio jurídico por lo que se presentó a la Policía de la Provincia de Jujuy y quedó detenido. El 1 de junio de 1976 fue trasladado al Servicio Penitenciario, día en el que también ingresó Dominga Alvarez de Scurta. Ambos figuran como supuestamente liberados el 10.

Pablo Eliseo Outes sería el último que ingresaría a Villa Las Rosas tras un corto exilio en Venezuela. De regreso, el 2 de Noviembre de 1975 se presentó detenido ante la Policía Federal a las 2,30 de la madrugada en compañía de Ricardo Lona. En 1962 había repudiado la visita de Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. Había alcanzado una banca de diputado por el radicalismo y luego emigró al FRP. Vinculado al robo de una tonelada de explosivos de la empresa Minetti a mediados de los sesenta, fue detenido antes de la intervención federal de Salta de 1974 acusado de planear un atentado contra el Ministro de Educación Ivanissevich, copar la guarnición militar y organizar un rescate de los detenidos. Días antes había recibido en el aeropuerto “El Aybal” los restos de Hugo Aníbal Puggioni (FRP), asesinado en septiembre en Buenos Aires por la “Triple A”.

Los once fueron dispuestos para un traslado a la ciudad de Córdoba por orden de Luciano Benjamín Menéndez, que fue ejecutada por Carlos Alberto Mulhall y contó con el conocimiento e intervención del Tte. Cnel. Miguel Raúl Gentil, de los Mayores Joaquín Cornejo Alemán, Héctor Ríos Ereñú y Juan Carlos Grande y del Capitán Hugo César Espeche, a cargo de la logística.

El operativo contaría con la participación de la policía provincial que apoyó la acción del robo de los vehículos que luego aparecieron incendiados y balaceados en la escena. También tendrían la colaboración de personal penitenciario a cargo de Braulio Pérez que obscurecería el penal y permitiría el despliegue de militares sin insignias que los cargaron en un camión.

Al llegar al paraje Palomitas los reclusos fueron obligados a descender del camión en que viajaban. Puestos en hilera frente a los alambrados de una finca que da a la ruta fueron ejecutados. El cadáver de Avila muestra un disparo en el mentón y tres en la nuca. A Outes le dispararon con una Itaka en el pecho a menos de un metro y medio de distancia, lo que impidió que las municiones se desperdigaran. La saña los animó a vaciar los cargadores de sus armas sobre el cuerpo de todas las víctimas. Otro intentó fugarse, pero las balas fueron más veloces. Georgina Droz y Evangelina Botta habrían sido separadas del resto y luego dinamitadas en el interior del Torino secuestrado al contador Héctor Mendilaharzu.

Los militares iniciarían de inmediato la torpe secuencia distorsiva que comprendió el reparto de cadáveres en Pampa Vieja y Tucumán, el robo de otro auto en General Güemes y la limpieza del lugar. Los policías recogerían en una bolsa de arpillera más de 200 cápsulas servidas de 9mm y FAL que permanecería en la comisaría por varios días.

Improvisarían pasadas las 22, cuando un comando de tres personas con armas cortas le robó el taxi a Antulio Blanquez para luego simular otro enfrentamiento en la localidad de Pampa Vieja (Jujuy). Los cuerpos del matrimonio Usinger, de Oglietti y Dominga Alvarez de Scurta finalmente serían hallados en Yala. Los restos del matrimonio Avila y Sabransky fueron colocados dentro de los automóviles y los de Outes, Povolo y María del Carmen Alonso aparecieron en la Provincia de Tucumán, fraguándose un enfrentamiento en el paraje Ticucho.

La respuesta desmesurada del ejército tendría continuidad inusitada. La noche del 12 de Julio el estampido de armas de fuego despertó a los vecinos de Metán. Alrededor de las cuatro, en el centro de la plaza principal se halló el cadáver del ex diputado y profesor Luis Eduardo Risso Patrón, con los ojos vendados y 47 impactos de bala. Repitiendo el modus operandi, cuatro personas desconocidas asaltaron momentos después a dos automovilistas en la ruta 9 apoderándose de sus vehículos.


Tapa Página/12, 18 de febrero de 2008,   [ ver nota ]

Espeche violaba la prisión domiciliaria 09/04/08

La información militar daba cuenta que militaba en el ERP y que el 30 de diciembre de 1974 había reunido en su finca a todas las organizaciones subversivas del país para ocupar Famaillá, Lules y Acheral, distraer a las fuerzas de seguridad del Ejército y desguarnecer el Regimiento de Infantería 19, el Departamento Central de Policía y la Cárcel Penitenciaria. Se especulaba con que buscaban la liberación de detenidos pertenecientes al ERP, FAR y Montoneros y el ajusticiamiento de altos oficiales del ejército que fueran vistos en los procedimientos antisubversivos. Ninguno de estos datos pudieron corroborarse.

Los cuerpos fueron entregados en operativos desplegados en los cementerios locales que les negaron a los familiares la posibilidad de acercarse y certificar la identidad de los cadáveres. En estos episodios bastardos sobresalía Ricardo Benjamín Isidro De la Vega, uno de los oficiales que en 1.971 había recibido entrenamiento en contrainsurgencia en la “Escuela de las Américas”, ubicada en Panamá para adoctrinar a los oficiales latinoamericanos, pero financiada por los Estados Unidos.

El 29 de Julio de 1976, sintomáticamente, fueron confirmados en sus cargos Ricardo Lona, Vicente Massafra y José Javier Cornejo. Quizás un premio por la colaboración prestada en los ámbitos judiciales respecto de crímenes aberrantes.

Las masacres se reproducirían en otros lugares. El 20 de agosto de 1.976 un grupo militar ejecutaría en Pilar (Bs.As.) a 30 presos que se encontraban alojados en la Superintendencia de la Policía Federal. Cerca de las 4 de la mañana procedieron a maniatarlos y vendarles los ojos para luego dispararles en la cabeza. Luego los amontonarían y los dinamitarían esparciendo sus restos en un radio de aproximadamente cien metros.

El 17 de octubre de 1976, siete detenidos fueron trasladados de la ochava de San Lorenzo y Dorrego hasta un conetón de 20 metros existente en Los Surgentes, en la provincia de Córdoba. Fueron bajados de los vehículos militares y luego fusilados. Los verdugos dejaron desperdigadas las cápsulas servidas que luego se llevarían algunos niños de recuerdo. Los cadáveres fueron transportados al Hospital San Roque y luego se enterraron en una fosa común en el cementerio de San Vicente de la capital.

El 13 de diciembre de ese año se aplicó nuevamente la “Ley de Fuga” y en tránsito desde la ciudad de Resistencia hasta Formosa, en “Margarita Belén” sobre la Ruta 11, fueron asesinados veintidós jóvenes que en su mayoría militaban en Montoneros y se encontraban detenidos en la cárcel chaqueña de Villa Libertad. Llevaban meses de aislamiento y algunos de ellos habían participado el 5 de Octubre de 1975 en el ataque al Regimiento 29 de Formosa.

Estos antecedentes permiten afirmar que la justicia federal no ha logrado reconstruir el mapa represivo en la provincia, restringiendo el reproche sobre la virtualidad del dominio que tenían cada uno de los jefes militares. No se detectaron a los ejecutores materiales ni se atravesó el blindaje militar hasta comprometer a los oficiales de inteligencia. Precisamente ellos, que sistematizaron la persecución ideológica; estudiaron el derrotero de los militantes revolucionarios y escarbaron en la intimidad de la sociedad toda; planificaron cada secuestro o asesinato e intervinieron en la extracción de información mediante la tortura; no se encuentran imputados en esta causa ni fueron responsabilizados por otros crímenes aberrantes.

[1] Según El Tribuno del 31 de Julio de 2.003 Sabransky militaba en el PRT. La información era errónea aunque parte de fuentes policiales.
[2] Según el testimonio e Graciela López de Medina le habían dado tanto a la picana que traía su cabello electrizado y no podía caminar (Juicio de la Verdad).

*Carlos Humberto Saravia es dirigente de la UCR de Salta.

Fuente: www.noticias.iruya.com


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Carta de Graciela López desde México, sobreviviente de la masacre

[2006] Hola Compañeros y Compañeras.

Quiero compartir con ustedes el volver a sentir el vacío que la tragedia ha dejado en nuestras vidas: la Masacre de Palomitas con nuestras ex compañeras de prisión en Salta.

Treinta años, sí 30, ese es el tiempo que ha transcurrido desde aquella noche de invierno en que sacaron a nuestras compañeras del pabellón donde yo estaba con ellas.

Esa imagen recortada que conservo, donde primero escuchamos el pisar fuerte de abotinados, luego el ruido metálico de cadenas o esposas y las voces duras que gritaron uno a uno el nombre de nuestras compañeras, y ellas, en medio del silencio que anticipaba la tragedia, salieron preguntando a dónde iban.

Así, con lo que llevaban puesto dentro del pabellón, sin más abrigo para protegerse del frío exterior desaparecieron ante nuestras miradas impotentes y nuestras preguntas, que quedaron sin respuesta ¿Adónde las llevan? ¿Por qué se las llevan? ¿Cuándo regresan?

Traslado…traslado…traslado fue lo que escuchamos al día siguiente.

Todas, absolutamente todas, sabíamos lo que eso quería decir: MUERTE.

Días antes Braulio Pérez, entonces director de la cárcel, acompañado de su hijo y otros carceleros, en una de sus habituales visitas a nuestro pabellón nos había dicho mientras sonreía cínicamente -los militares vienen quinteando-y qué quiere decir eso? le preguntamos, y respondió con otra sonrisa -uno, dos, tres, cuatro, cinco… al paredón…

Ese paredón fue el de Palomitas: allí las cinco compañeras, Georgina Droz, Evangelina Botta, Chiche Ragone, Amaru Luque de Usinger, Celia Leonard de Avila junto con siete compañeros Alberto Zabranski, Rodolfo Usinger, Leonardo Avila, Pablo Outes, Jose Povolo, Roberto Oglietti. Lo supimos de inmediato.

Al día siguiente lo confirmamos.

Había dentro del penal algunos empleados sensibles, gente que aún no se había deshumanizado y que no querían avalar el crimen. Ellos rompieron el silencio. Conocimos detalles, de cómo los sacaron, de cómo los obligaron a salir del vehículo para simular un intento de fuga, de cómo fueron cayendo uno a uno entre ráfagas de ametralladoras que rompían el silencio de la noche.

Hasta me describieron cómo mi querida amiga y compañera Georgina cayó sobre un alambrado…allí quedó hasta que desaparecieron su cuerpo para nunca entregarlo a su familia. ¿Dónde quedaron tus huesos Georgi? Porque tu corazón sigue latiendo con el nuestro. Y así latirán por siempre esos 12 corazones en nosotros que tuvimos el privilegio de compartir los últimos meses y días de sus vidas. Y también latirán en sus hijos y en los hijos de los hijos. No latirán para atizar la hoguera de la venganza sino para buscar justicia y para perpetuar los ideales que ellos encarnaban.

Si ellos estuvieran hoy aquí, si no hubieran sido torturados y asesinados, si no hubiera 30000 desaparecidos, miles de exiliados, de hijos huérfanos y de padres huérfanos de sus hijos, de hermanos, compañeros y amigos huérfanos, ¿cómo sería nuestra patria? No lo sé exactamente, sería diferente claro, pero sería mejor de eso no tengo dudas, no sólo porque todos y cada uno de ellos habría ayudado a construirla sino porque si ellos estuvieran hoy aquí no habría genocidas y torturadores que perseguir, no habría asesinos encubiertos compartiendo espacios de estudio y de trabajo, no habría hijos educados por padres asesinos o cómplices de asesinos, entonces, no tengo dudas de que nuestra sociedad sería mejor.

Gracias compañeras por conservar la memoria, gracias por recordar el nombre de los que no están, gracias por seguir en pie.

Un abrazo fuerte, con todo el cariño que ha crecido en el dolor de estos 30 años y con la alegría de no habernos convertido en ellos.

Graciela López
sobreviviente
México.
www.ppparg.org


Luciano Benjamín Menéndez tuvo que huir bajo una lluvia de huevos

(25/02/05) El represor del Tercer Cuerpo de Ejército se negó a declarar en Salta en la causa por la masacre de Palomitas. Lo escracharon.

Luciano Benjamín Menéndez cumple prisión domiciliaria.

"¡Traidores, viva la Patria!", gritaron desde el interior del automóvil donde se refugiaba Luciano Benjamín Menéndez. En la calle, un grupo de familiares de víctimas de la represión abucheaba al represor. El vehículo se retiró bajo una lluvia de huevos. El escrache ocurrió ayer, en la puerta del Juzgado Federal de Salta, donde el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército fue citado a declarar por la masacre de Palomitas. Era la primera vez que Menéndez debía dar explicaciones por este hecho y se negó a declarar.
Al igual que en otras oportunidades, desconoció la justicia civil y sostuvo que sólo aceptará ser juzgado por un tribunal militar. Tal desconocimiento no impidió a su abogado defensor, Miguel Escudero, solicitar al juez para su cliente el beneficio de la prisión domiciliaria. El represor, mayor de 70 años, cumple en la actualidad arresto bajo ese régimen, por otra investigación por cuatro desapariciones.

 

Por eso ayer lo trasladaron a Salta en calidad de detenido y con custodia policial.
Menéndez está implicado en la masacre de Palomitas por su posición en la cadena de mandos, dado que la Guarnición del Ejército Salta, que ejecutó los crímenes, dependía del III Cuerpo de Ejército donde él mandaba.
Los asesinatos ocurrieron en julio de 1976, cuando la dictadura fusiló a 12 presos políticos detenidos en Salta. Ocho de los doce asesinados tenían causa judicial. Habían caído en prisión antes del golpe militar y estaban alojados en el pabellón E del penal de Villa Las Rosas, una construcción relativamente nueva que alojaba solamente a presos políticos. Con la llegada al poder de la dictadura, sus condiciones de detención cambiaron drásticamente, ya que Menéndez dispuso que aquellos presos políticos a los que calificaba de subversivos debían estar aislados e incomunicados.
La noche del 6 de julio una patota del Ejército los sacó de la cárcel y los subió a un camión para llevarlos a la localidad de Palomitas, donde fueron fusilados. La versión oficial dijo que hubo un intento de fuga.
En la investigación judicial, a cargo del juez Miguel Medina, hay constancias de que la orden de traslado de los presos vino de "la superioridad" del jefe de la Guarnición Salta, el coronel Carlos Alberto Muhall.
Muhall está procesado en relación con este hecho, como así también quien retiró a los prisioneros del penal y los entregó a la comitiva que los llevaría a Palomitas, el capitán retirado Hugo Espeche.
Menéndez fue jefe del Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979. En la década del ’80 estuvo a punto de ser juzgado en más de 700 acusaciones de homicidio calificado, tormentos seguidos de muerte, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad y robo de menores. El indulto de Carlos Menem en 1989 permitió su sobreseimiento.
Tuvieron que pasar más de doce años para que la causa de Palomitas pudiera ser reabierta, luego de que el juez Medina y la Cámara de Apelaciones de Salta declararan la inconstitucionalidad de la Obediencia Debida y el Punto Final. Aún así, todavía no hay una resolución de fondo, ya que la Corte Suprema debe expedirse sobre el tema.

Fuente: Página/12, 25/02/05


Pecado y penitencia

A 12 AÑOS DEL FUSILAMIENTO DE PABLO OUTES

Por Eduardo Tagliaferro

En julio del ‘76 el frío era más cruel que en otros inviernos, por ese motivo la voz del director de la cárcel diciéndole a Pablo Outes que se abrigara, no resultó sospechosa. "Va a tener frío, no olvide su gorra", fueron las únicas palabras que se le escucharon decir a Braulio Pérez, un ex sargento del Ejército que dirigía el Servicio Penitenciario en la provincia de Salta. Pablo era un calvo hecho y derecho que se había afeitado la cabeza, en uno de los tantos intentos para que el pelo volviera a crecer con la fuerza de antaño. El viejo, como le decían a Pablo, era un veterano en el oficio de preso político. En 1962 siendo militante de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), fue uno de los manifestantes que repudiaron la visita de Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. El final de la protesta estaba cantado. Mientras Pablo iba en "galera", el cortesano del imperio pedía refugio en la alcoba de Magdalena Nelson de Blaquier, una aristócrata diez años mayor que el duque.

Los largos años de resistencia peronista fueron la causa de que Pablo rompiera con el radicalismo. Luego de un par de arrestos, adhirió al Frente Revolucionario Peronista que lideraba otro comprovinciano suyo, Armando Jaime. Pablo Outes provenía de una familia tradicional, dentro de la tradicional sociedad salteña. La militancia política lo atraía con un magnetismo al que no podía ni quería resistirse. Magnetismo que lo llevó, la mayoría de las veces, a vestirse con el traje de la oposición. Lo que en la historia de los 60 y 70 es casi lo mismo que decir de los perseguidos.

Cuando el embrujado poder del peronismo sin Perón llevó a su viuda, Isabel, a la cima del gobierno, Pablo ya estaba decididamente luchando por el antiimperialismo y por el socialismo. Lo detuvieron luego de que Isabelita decretara el estado de sitio a fines de 1974 y pudo salir del país utilizando el derecho de asilo previsto en el artículo 23 de la Constitución. Venezuela era un país muy lejano para un hombre que vibraba con los vinos salteños, su familia y la lucha política. En 1975 su calva se paseaba nuevamente por Valderrama y su sombra era seguida de cerca por los parapoliciales de Joaquín Gil, aquel hombre fuerte de la policía salteña precursor de la Triple A. Acorralado, y con la certeza de que si lo detenían nuevamente su futuro sería un asesinato lento y feroz, se presentó ante el juez federal Ricardo Lona. Ese juez, que en esa época recibió gran cantidad de denuncias por torturas, desapariciones y fusilamientos, se desempeña hoy como camarista de la justicia federal salteña, merced a la complicidad del poder político local.

Ricardo Lona, envió a Pablo otra vez a la cárcel, concretamente al pabellón E del penal de Villa Las Rosas. El pabellón era una construcción relativamente nueva y sólo alojaba a los presos políticos. Luego del golpe militar las condiciones de detención cambiaron drásticamente. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, había dispuesto que aquellos presos políticos, a los que calificaba de subversivos, debían estar aislados e incomunicados.

La noche del 6 de julio del ‘76, antes de las 21, hora en que se apagaban las luces de las celdas, una patota del Ejército comandada por un teniente de apellido Espeche, entró a cumplir una orden del comandante de la guarnición Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall. La comitiva militar marchaba acompañada por el hijo del director del penal, el oficial penitenciario Juan Carlos Alzugaray –un ex oficial de inteligencia de la Policía Federal que, más por miedo que por otra cosa, renunció a la fuerza y se alistó como carcelero–, el oficial jefe de guardia, Eduardo Carrizo y el alcaide responsable del penal, apellidado Soberón. La patota estaba formada por oficiales superiores, que no llevaban sus insignias identificatorias. De a una fueron abriendo las puertas de seis celdas. A Pablo Outes, que todavía se encontraba vestido, le dieron tiempo para tomar su gorra; al resto los sacaron desnudos y en algunos casos hasta descalzos. Todos iban resignados, salvo Rodolfo Usinger, un ingeniero rosarino que comenzó a gritarles "asesinos hijos de puta". Usinger fue uno de los pocos que intuyó el final de ese operativo. A principios del ‘76 una comunicación de la organización Montoneros había alertado sobre un posible "operativo mantel blanco", en el que los militares comenzarían a ejecutar prisioneros políticos. Usinger quizá recordó ese mensaje y por ese motivo opuso toda su resistencia. Roberto Oglietti, José Povolo, Leonardo Avila, Rodolfo Usinger, Alberto Sabransky y Pablo Outes fueron llevados a las celdas de la planta baja.

El penal quedó a oscuras y el barrio lindero a la cárcel también. Como el silencio inundó todos los rincones, el ruido de los motores del camión militar se escuchó nítidamente. Los seis detenidos del pabellón E, fueron subiendo en fila india al camión que estaba estacionado en el campo de deportes. Antes habían subido María del Carmen Alonso, Celia de Avila, Georgina Droz y Amarú Luque de Usinger. Los responsables del operativo los seguían en otro vehículo, entre ellos el hijo del director del penal, que se sumó a la comisión militar. Cuando llegaron a un cruce de la ruta a Tucumán, en la localidad de Palomitas, al sur de la ciudad de General Güemes, todos los trasladados fueron fusilados. La explicación oficial fue la habitual: hubo un intento de fuga. El hijo del director del penal había comenzado a transitar un camino sinuoso, que lo llevaría a consagrarse de verdugo y que tuvo en este fusilamiento la piedra que definitivamente lo llevaría al abismo. La matanza fue tan traumática para él que luego del fusilamiento de Palomitas no hacía otra cosa que repetir los detalles del operativo. Un grupo de tareas lo secuestró y no se supo más de él. En el pecado estuvo su penitencia, diría el antiguo cura de su pueblo. Penitencia que el responsable de esa matanza, el general Luciano Benjamín Menéndez, todavía no cumplió.

Fuente: Pagina/12, 06/06/2000


El asesinato de 11 salteños

La masacre de Palomitas

Considerada una de las provincias más tranquilas del país durante el período de la dictadura militar inaugurada por el general Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976, Salta fue escenario, sin embargo, de hechos luctuosos: secuestros nocturnos, detenidos sin causa y una policía impía cuyos agentes actuaban en la más absoluta de las impunidades, fueron moneda corriente durante los primeros años del proceso aquí. Pero el más aberrante de los sucesos de muerte que recuerde la historia de este territorio, se escribió a partir de las primeras horas del seis de junio del tenebroso año del golpe de estado: el coronel Alfredo Mulhall, comandante de la guarnición local, ordenó el traslado de once ciudadanos que se hallaban prisioneros en el penal de Villa las Rosas.

Ninguno de ellos había cometido otro delito que el pensar de manera opuesta a los plagiarios del poder democrático. Todos fueron acribillados a balazos -poco después- en la localidad de Palomitas, ubicada entre las ciudades de General Güemes y Metán.

La dramática historia de los últimos momentos de estos cinco mujeres y seis hombres, comenzó a escribirse en el despacho de Mulhall, quien había sido -meses antes- el primer interventor militar del "nuevo orden".

Rubio, muy flaco, de rasgos angulosos, peinado a la brillantina y de ojos verdes de mirada fría como el hielo, el oficial de caballería acostumbraba a golpear rítmicamente sus botas con una fusta. Pero esa mañana, los azotes a su calzado se hicieron más violentos que nunca. Pocos momentos antes, había redactado una orden, que le fue entregada al director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, quien ejerció en el cargo hasta que fue destituido por el gobierno democrático de Roberto Romero.

Pérez, abrió la misiva, que resultó ser una citación. En ella, el comandante de la guarnición le reclamaba presentarse de inmediato en sus oficinas, cosa que cumplió con rapidez.

Mulhall le informó que se haría un traslado de prisioneros y que este iba a estar a cargo de personal militar.

A las 19.45 de ese día, un comando encabezado por un oficial con rango de capitán de apellido Espeche, se presentó en el penal. Ninguno llevaba identificaciones visibles de grado ni distintivos de naturaleza alguna.

Espeche le entregó una lista con los nombres de los detenidos que iban a ser trasladados.
Pérez, presuroso, se aprestó a cumplir e intentó establecer un diálogo con los comandos. Pero su amabilidad fue cortada en seco al ordenársele que se realizara un dispositivo de seguridad especial: todo el personal de guardiacárceles debería ser retirado de los pasillos por donde se efectuaría la operación. Sólo deberían quedar los indispensables.

Las órdenes fueron corroboradas posteriormente por la celadora Juana Emilia de Gómez y el oficial del Servicio Penitenciario, Juan Carlos Alzugaray, testigos involuntarios de los acontecimientos.

Los militares encargados de la operación, se comunicaban entre si a través de "nombres de guerra". Jamás deslizaron apellidos o rangos -cual es la metodología militar- en sus breves contactos verbales.

"Deben apagarse todas las luces del recinto, menos las del lugar donde están los detenidos", ordenó el jefe del operativo. "Sólo podrán quedar en sus puestos habituales los custodios de muro", añadió.

Pérez cumplió a la perfección: Villa Las Rosas quedó en penumbras y sólo un grupo de guardicárceles munidos de linternas, fue concentrado en una habitación contigua al despacho del director de la institución. Caminando entre las sombras, retiraron de sus celdas a los once infortunados, a los que se les ordenó llevarse sólo lo puesto, detalle que los debe haber advertido del destino que les esperaba.
Las seis mujeres, que se encontraban con otras 19, fueron llamadas una a una: "Celia Leonard de Avila, Amaru Luque de Usinger, Georgina Droz, Evangelina Botta, María del Carmen Alonso de Fernández..."

Celia Leonard, había dado a luz en la cárcel y sostenía en sus brazos a su bebé. Suspiró, besó por última vez a su hijita y se la entregó a su hermana Nora, otra de las detenidas que no figuraba en la lista fatídica.

La misma operación se realizó inmediatamente después en el sector masculino. "Benjamín Avila, Roberto Oglietti, José Povolo, Rodolfo Usinger, Alberto Sabransky...!

A más de 30 kilómetros del lugar donde se desarrollaban estos acontecimientos, en la ruta provincial 34, entre Güemes y Salta, dos conductores fueron interceptados por una supuesta patrulla de caminos. Uno de ellos, el contador Héctor Mendilaharzu, iba al mando de un Torino. El otro, Martín Julio González, que viajaba en compañía de un hermano, lo hacía en una camioneta Ford F-100.

Sin sospechar nada extraño, ambos ciudadanos detuvieron su marcha, dispuestos a someterse a un control más, que se habían hecho habituales en las rutas argentinas desde el mismo momento en que Videla tomó por asalto el poder. Quizás suspiraron y se prepararon para entregar sus relojes y algo de dinero a los controladores, una suerte de peaje que también se había transformado en usual por los caminos del país. Sin embargo, fueron sorprendidos: los uniformados rodearon rápidamente los automotores, los encañonaron con sus armas automáticas y los conminaron a bajarse. Rápidamente, fueron atados, amordazados y trasladados a unos pajonales, donde fueron abandonados no sin antes darles una completa, sorprendente y acabada información del por qué de la acción: se identificaron como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y les explicaron que precisaban las unidades para protagonizar un rescate de compañeros.

Al día siguiente, los automóviles fueron hallados en el paraje Palomitas, sobre la ruta 34, a 25 kilómetros de Guemes: estaban marcados por fuego cruzado y sus asientos presentaban manchas de sangre. Incluso, en uno de ellos se hallaron restos de masa encefálica y parte de una falange.

En el lugar donde estaba la camioneta, habían muchas manchas de sangre y cápsulas de balas servidas.

Un informe militar, se refirió al hecho como un "enfrentamiento con fuerzas subversivas".
Investigaciones posteriores, determinaron que ninguno de los efectivos castrenses que hipotéticamente fueron protagonistas del "combate", recibieron daño alguno ni que los vehículos que utilizaron para el "traslado" fueron alcanzados por impactos de bala. Tampoco recibieron heridas los autodeclarados y verborrágicos miembros del ERP, que desaparecieron para siempre.

Los cadáveres de las víctimas, fueron apareciendo poco a poco en diferentes lugares a raíz de denuncias de testigos que presenciaron extraños enterramientos de cuerpos humanos traídos en bolsas en cementerios de Salta, Jujuy y Tucumán.
Dos de los cuerpos no aparecieron jamás: los de Georgina Graciela Droz y Evangelina Botta de Nicolai.

Las investigaciones que siguieron más tarde, determinaron que los cuerpos hallados habían sido golpeados salvajemente y que todos presentaban impactos de bala hechos de abajo hacia arriba.

Los certificados de defunción de algunos de ellos, como el caso de Celia Leonard de Avila -que fue identificada en el documento errónamente como Nora, que es el nombre de su hermana y que también se hallaba detenida al momento de iniciarse el "traslado"- fueron expedidos por el misterioso médico Quintín Orué.
Sin embargo, los registros profesionales de la República Argentina no constataron la existencia de ningún médico lamado de esa manera.

Integrantes de la familia Leonard, se entrevistaron con el mencionado Orué a objeto de la corrección del error en el certificado. El misterioso galeno actuó con presteza: rompió el que poseían los deudos y de inmediato confeccionó otro y se retiró de su presencia. Jamás volvieron a tenerse noticias de él.

Más tarde, los Leonard, advirtieron que el certificado de defunción se hallaba incompleto y en su desesperación entrevistaron al director del Registro Civil de ese entonces, quien trató de "arreglar" los errores comunicándose con las autoridades de la guarnición local. Pero le taparon la boca de inmediato: "Se trata de un secreto militar", le respondieron desde el ámbito castrense.

El acta fue guardada en un sobre lacrado junto al asiento hecho en registros.
Años más tarde, durante el juicio a los genocidas, el ex interventor militar de Salta, Carlos Alberto Mulhall, impune de todos sus delitos a raíz de la Ley de Punto Final, no mostró ningún signo de arrepentimiento ante los jueces. Y no sólo eso: destacó que bajo su mando sus subalternos se desempeñaron de "manera brillante y eficaz", aseverando de sentirse "orgulloso y sin arrepentimiento alguno".

Fuente: www.pparg.org


Salta: La masacre de Palomitas, la historia del horror

Celia Leonard de Avila, Georgina Droz, Evangelina Botta, María del Carmen Alonso, María Amaru Luque de Usinger, Benjamín Avila, Roberto Oglietti, Pablo Outes, José Povolo, Robetto Savransky y Rodolfo Usinger fueron asesinados el 6 de julio de 1976 en el paraje de Palomitas. Eran presos políticos que estaban detenidos en el penal de Villa Las Rosas de donde fueron sacados con el pretexto de que serían trasladados a Córdoba. Los responsables de la masacre: Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Mulhall, Juan Carlos Grande, Miguel Raúl Gentil, Joaquín Guil y Ricardo Lona. El juez Ricardo Lona trabajó en pos de la impunidad de los asesinos.

Por Miguel Brizuela

La aplicación de la "ley de fuga" so pretexto de "traslados" de presos políticos tenía como destino la muerte. Del penal de Villa las Rosas los sacaron de noche, en la más absoluta oscuridad, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La Masacre de Palomitas ocurrió el 6 de julio de 1976 y tiene características similares a otras masacres ocurridas en nuestro país como la de Trelew o la de Margarita Belén. Por entonces gobernaba Salta el capitán Héctor Gadea y la zona militar número 3 dentro de la cual estaba Salta se encontraba bajo el mando del comandante del Cuerpo de Ejército III, general Luciano Benjamín Menéndez.

Se sacaron 11 presos políticos de la cárcel de Villa las Rosas, cinco mujeres y seis hombres. La aplicación de la "ley de fuga" so pretexto de "traslados" de presos políticos tenía como destino la muerte. Del penal de Villa las Rosas los sacaron de noche, en la más absoluta oscuridad, en medio de un fuerte operativo de seguridad de las fuerzas conjuntas (ejército, policías y otras) para asesinarlos en el Paraje Palomitas, en la ruta 34. También fueron asesinados allí cinco presos políticos procedentes de la cárcel de Jujuy (tres mujeres y dos hombres).

La denuncia penal formulada por familiares el 14 de marzo de 2002 ante la Fiscalía Penal de Salta consigna:

"Los prisioneros fueron baleados. Los cuerpos recibieron numerosos impactos de balas provenientes de distintas armas. La cantidad de disparos y la utilización de diferentes armas tuvo por objeto fraguar un enfrentamiento. Por eso mismo los cuerpos de Savransky y del matrimonio Avila habrían sido colocados dentro de los automóviles en la cercanía del paraje Palomitas; los de Outes, Povolo y María del Carmen Alonso dejados en la Provincia de Tucumán, fingiendo un enfrentamiento en Ticucho, como así también se aparentó un enfrentamiento en Pampa Vieja, Jujuy, en la que los cadáveres del matrimonio Usinger y de Oglietti fueron dejados".

Las víctimas de la Masacre

Los presos políticos masacrados en Palomitas fueron sacados del penal de Villa Las Rosas, encapuchados y esposados, para un presunto traslado. Ellos son:

Celia Raquel Leonard de Avila: maestra salteña, de 34 años, madre de 4 hijos (en ese momento estaba alimentando a su hijita de 4 meses).

Georgina Droz: de 35 años, santafesina, licenciada en Ciencias de la Educación y Profesora de la Universidad Nacional de Salta.

Evangelina Botta de Nicolai: 30 años, psicóloga santafesina.

María del Carmen Alonso: 39 años, salteña, arquitecta, con dos hijos, sobrina del gobernador desaparecido Miguel Ragone.

María Amaru Luque de Usinger: 26 años, psicóloga.

Benjamin Leolnardo Avila: 39 años, 4 hijos, casado con Celia Leonard.

Roberto Oglietti: 21 años, estudiante de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta e inscrito en la carrera de Historia.

Pablo Outes 49 años, ex legislador salteño, 3 hijos.

José Povolo 28 años, comerciante salteño.

Roberto Savransky: 32 años, tucumano, médico, dos hijos.

Rodolfo Usinger: 27 años, ingeniero, casado en el Penal de Villa Las Rosas con Amaru Luque.

Se entregaron los cajones cerrados del matrimonio Avila y de María del Carmen Alonso. En el caso de los primeros, éstos fueron exhumados legalmente y se comprobó el terror petrificado en sus cuerpos al encontrar balas del ejército, lo que confirma la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes.
En Yala, Provincia de Jujuy, se encontraron los cadáveres del matrimonio Usinger, de Oglietti y de Dominga Alvarez, la única presa política sacada del Penal de Jujuy cuyo cuerpo apareció.

Los responsables

Los famiiliares de los detenidos-desaparecidos y la Red por la Defensa de los Derechos Humanos de Salta señalan entre los responsables de la Masacre de Palomitas al General de División Luciano Benjamín Menéndez, comandante del II Cuerpo del Ejército; General Antonio Domingo Bussi, jefe de la subzona 32 (Salta, Tucumán y Jujuy); ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall y teniente coronel Juan Carlos Grande, oficial de operaciones del Destacamento de Exploración de Caballería blindada 141; ex jefe de la Policía de Salta, coronel Miguel Raúl Gentil, ex subjefe de la Policía de Salta, coronel Mendíaz, y ex juez Federal Ricardo Lona.

También aparecen involucrados en la Masacre de Palomitas los policías de la Provincia Joaquín Guil, Alzugaray, Gutiérrez, Puppi, Páez, Murúa, Sánchez, Toranzo, Trovatto y Perelló, el comisario de la Policía Federal de Salta Federico Livy, el jefe de la Policía de Jujuy, mayor Luis Donato Arenas, y el jefe de la Policía de Tucumán, teniente coronel Antonio Arrechea

Fuente: www.lafogata.org


Un sorprendente testimonio

Por Juan Antonio Abarzúa y Adrián Quiroga Navamuel, El Tribuno, Salta, 31 de Agosto del 2003

Simeón Véliz tiene 74 años, fue un agente policial durante toda su vida. Jubilado hace más de dos décadas, está lúcido y en su memoria guarda un hecho para él -y para la historia- inolvidable: lo ocurrido la noche del seis de julio de 1976, a 17 kilómetros de su destino de entonces, la comisaría de General Güemes: la Masacre de Palomitas, en la que 11 presos políticos fueron acribillados a balazos por sicarios de la sangrienta dictadura militar que oscureció la Argentina durante siete aciagos años.

Véliz, señala el sitio, ahora diferente, donde ocurrió el desastre Está jubilado, tiene 74 años y estuvo en el lugar de la masacre a pocas horas del hecho, en la ruta nacional 34. "Había pozos con sangre, orejas, dientes, pelos y miles de cápsulas de F.A.L. que levantábamos de la calle a puñados".

Luego de casi tres décadas de investigaciones, Véliz, que paradójicamente sirvió durante 9 años de su carrera en el ya desaparecido destacamento de Palomitas, donde, en un calabozo, nació su hijo Jesús Vélix, ahora comisario y anotado con "x" "por un error del Registro Civil" que nunca arreglé", tomó una decisión: dar a conocer detalles de cosas que se mantenían en secreto y de las que jamás nadie había hablado: del contubernio y la conspiración montadas entre los militares de entonces y elementos del cuadro jerárquico de la policía de la provincia, antes y después del tan macabro como triste suceso.

Y dio nombres que podrían resultar claves, por su evidentemente participación en la matanza: el entonces comisario de General Güemes, Oscar Correa y del inspector mayor (este cargo ya no existe en el escalafón) Héctor Trobatto, ambos retirados y residentes en cómodas viviendas de la capital y San Luis, respectivamente.

Los acontecimientos

La Masacre de Palomitas, comenzó a ejecutarse la mañana del seis de junio de 1.976, aunque su gestación, es evidente, había empezado mucho antes. Ese día, por la mañana, el comandante de la guarnición local, Carlos Alberto Mulhall, citó a su despacho al director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez y le comunicó que habría un traslado de presos políticos. A las 19.45, en el establecimiento carcelario, se presentó el entonces -ahora mayor retirado, millonario y propietario de una agencia de seguridad en la Patagonia- César Espeche, para retirarlos.

Y dio dos órdenes: "esto no se anota en los registros", la primera. La segunda, fue más más compleja y tenebrosa aún: apagar todas las luces y retirar a los guardiacárceles de los pasillos a objeto de que la operación resultara lo más secreta posible; no permitir que los detenidos llevaran consigo dentaduras postizas, lentes de contacto ni ropa de abrigo, pese a que hacía mucho frío.

Una de las víctimas, Raquel Leonard de Avila, debió dejar a su bebé, de pocos meses y que estaba con ella en el recinto puesto que todavía lo amamantaba. Pocas horas después de aquello, las 11 personas que integraban la fatídica lista elaborada por los militares golpistas, caían acribilladas a balazos en la ruta nacional 34, 17 kilómetros al Sur de General Güemes, en el paraje conocido como Palomitas.

Las vivencias de Véliz

"Nosotros no teníamos idea de lo que estaba ocurriendo ni lo que había sucedido con los detenidos que habían secuestrado desde Villa Las Rosas. Pero esa misma tarde, como durante varias semanas anteriores, las autoridades de la comisaría estaban nerviosas.

Nuestro jefe, Oscar Correa, había recibido la visita de un inspector mayor que había venido de Salta, Héctor Trobatto, con el que se encerraba permanentemente en su oficina. Cuando salían, Correa se mostraba más nervioso aún, no así Trobatto, que tenía todo el aspecto de esos oficiales de película: delgado, atlético, muy serio, con bigotes y una mirada característica de los que tienen poder y saben mandar".

"Me acuerdo muy bien de él porque es de por aquí cerca, de Betania, y había estado varias veces, durante los días previos a la masacre, en Güemes. El mismo nos había dicho que la zona estaba llena de guerrilleros, que andaban robando autos. Por ello mismo y en virtud de esas informaciones, es que todas las noches nos tenían haciendo guardia en el "cruce" para "encontrar a los extremistas".

"Esa noche, Trobatto le dio, con un movimiento de cabeza, una orden a Correa, quien nos convocó y nos envió en un móvil a cumplir una misión, pero sin decirnos cuál. Tres de nosotros -el agente Ricardo Arquiza, que ahora anda "levantando tómbola"; José "Vaso" Michel y yo- nos fuimos en un vehículo azul, que manejaba el oficial Raúl Huari.

Cuando llegamos, nos dimos cuenta que estábamos en el paraje Las Pichanas, cerca de Palomitas. "Bájense -nos dijo Huari- ustedes se van a quedar de custodia hasta mañana. Que nadie se acerque ni se detenga a mirar.

Se van a quedar aquí, allá y acá", nos señaló, dándonos puestos separados treinta metros uno de otro. "No se junten ni se acerquen para conversar", advirtió imperativamente y se fue. Y allí, con un frío tremendo, estuvimos toda la noche. En el lugar, había dos vehículos, una camioneta que ardía y un Ford Fairlaine" (las investigaciones dicen que era un Torino, que como la pick up, habían sido robados por militares a la altura de Cobos, haciéndose pasar por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo).

"La camioneta ardía pero igual no se veía nada porque la ruta no era como ahora, sino mucho más angosta y rodeada de monte. Los árboles se tocaban copa a copa y la oscuridad era total".

Veliz, al relatar los acontecimientos, no tiene dudas ni lagunas. Y al respecto, siguió: Cuando empezó a amanecer, nos dimos con un espectáculo espantoso: en el lugar habían restos humanos: pelos, dientes, orejas...era algo terrible. Michel, me llamó: "vení a ver esto".

Cerca del auto, habían más restos humanos, mucha sangre y masa encefálica. Era un reguero. Todo indicaba que alguien había tratado de huir por el monte, pero no había logrado su intento. Más tarde hallamos rastros, todos de botas militares.

Y en el asfalto habían miles de cápsulas de FAL (Fusil de Asalto Ligero); tantas que las agarrabamos a puñados. Y más aún, en tres lugares distintos, había pozos con sangre. Nos miramos y coincidimos.

"Aquí mataron a varios", dijo "Vaso" y concluyó en que todos habían sido arrumbados, uno sobre otro, en tres grupos diferentes, donde deben haberlos rematado, a juzgar por los pozos con sangre, que eran impresionantes. La escena era más que dramática y nunca la he podido olvidar".

Atando cabos

"Cuando regresé a la comisaría, luego de aquella jornada, ellos me contaron que Trobatto y Correa se habían reunido días antes varias veces con personas desconocidas, la última, 24 horas antes del crimen. En realidad, yo sabía eso porque también había visto movimientos sospechosos pero los había atribuido a eso que decían que andaban los extremistas robando autos.

Es más, con el tiempo me he dado cuenta que hay cosas que se encadenan al hecho: no mucho antes de los sucesos que le costaron la vida a esas personas, un oficial que falleció hace cinco años, don Francisco Arapa, hizo un procedimiento que habría merecido las felicitaciones de cualquier superior, pero que a él le costó castigos y persecuciones.

Resulta que este hombre, advertido de eso de los "extremistas", recibió de un gaucho, la información de que en la hostería del rio Juramento (la ex posada del Autómovil Club, ahora abandonada), estaba bebiendo un grupo de personas armadas, con uniformes militares pero sin insignias identificatorias.

"Arapa, que era un tipo muy astuto, en absoluto sigilo se fue al lugar, rodeó la zona y atrapó a estos tipos, que efectivamente andaban armados. Los maniató y los trajo detenidos a la comisaría. El creía que había hecho lo correcto y que después de aquello, poco menos que lo iban a condecorar.

Pero, al contrario, cuando Correa vio a los presos, inmediatamente los hizo desatar, los saludó militarmente y tras dialogar en privado y amigablemente, los liberó. No los vimos nunca más, pero recuerdo que Correa le pegó una buena "puteada" a Arapa y le dijo "¡Cómo le vas a hacer esto a los colegas!".-(ServiPren)

Fuente: www.servipren.com.ar


A treinta años de la Masacre de Palomitas

Por Daniel Escotorin, 6 de julio de 2006

(ACTA) Fueron 12, en realidad fueron muchos más, pero ese día, esa noche, en el penal de Villa Las Rosas de la ciudad de Salta, les tocó a 12 compañeras y compañeros. Hoy los recordamos y homenajeamos.Estaban detenidos desde mediados del año 1975, cuando la provincia estaba intervenida y en manos de una legión de funcionarios venidos de la provincia de Córdoba, todos expertos conspiradores para derrocar gobernadores democráticos. Todos participantes del "navarrazo", el golpe policial que había derrocado a Obregón Cano y su vicegobernador Atilio López (dirigente de la UTA), quien posteriormente cayera bajo las balas asesinas de la Triple A. Ahora estaban en Salta, depurando la provincia de cualquier atisbo de protesta, de participación, de organización popular. Y se encontraron con que había mucho de todo eso. Durante la gestión del gobernador Miguel Ragone el pueblo salteño participaba, estaba movilizado y organizado defendiendo al "doctor del pueblo".

Pero los tiempos habían cambiado violentamente, casi una perogrullada en esos días de vértigo político donde además, la vida era moneda de cambio cotidiana frente al compromiso militante por un proyecto de cambio, de liberación; tiempos violentos. En ese 1975 cayeron en operativos policiales de envergadura porque eran peligrosos, decían. Pasó ese año y llegó 1976 lleno de presagios oscuros, tenebrosos. Pronto, aun antes de la definitiva Noche y Niebla, cayeron más compañeros y compañeras.

El 11 de marzo de 1976 es secuestrado y nunca vuelto a aparecer el Dr. Miguel Ragone, el único gobernador detenido desaparecido. En la cárcel se enteraron con preocupación y consternación. Una de sus sobrinas estaba detenida allí. Y llegó el 24 de marzo, que cayó sobre ellos y sobre todo el país y ya nada será igual: las requisas, el aislamiento, el control de las visitas, los castigos y las intimidaciones, todo se extrema. Presagios.

La noche del 6 del julio todo estaba planificado, todo era previsible: el apagón repentino en el penal, la formación de los presos, el paso de lista. Los funcionarios penitenciarios, policiales y militares presentes allí estaban nerviosos, pero lo disimulan entre las penumbras que habitan por sobre los haces de linternas y reflectores. "Un paso al frente y dejen sus pertenencias", les dijeron porque iban a trasladarlos a otra cárcel. Entre las pertenencias que deja Celia Leonard de Avila están sus hijos, que quedan a cuidado de su hermana, Nora.

Después vendrán las burdas, increíbles explicaciones: durante el traslado a la altura de la localidad de Palomitas, a 5 km. de General Güemes, un comando guerrillero intenta rescatar a los presos, resultado: los 12 presos abatidos, ningún supuesto guerrillero herido ni muerto, ningún miembro de las fuerzas represoras herido o muerto, todos increíblemente ilesos, sus vehículos intactos. Nadie respondería a preguntas que a su vez nadie podía formular. No obstante se cree que en el operativo murieron otros cuatro más que hoy continúan desaparecidos y que fueron sacados también de una cárcel de Jujuy.

Ellos son: Benjamín Ávila, Celia Leonard, Evangelina Botta, José Povolo, Ricardo Savransky, Pablo Outes, Georgina Droz, María Amaru Luque, Rodolfo Usinger, Roberto Oglietti, María del Carmen Alonso, sobrina de Ragone, y Jorge Turk.

Sus asesinos continúan aun hoy recorriendo los tribunales y algunos están detenidos.

El acto

Hoy al mediodía partió una caravana de autos desde la ciudad de Salta hasta el Paraje Palomitas, sobre la Ruta 34. Viajaron trabajadores de la Central, representantes de organismos de Derechos Humanos y de otras organizaciones sociales y partidarias. Hoy se cumplieron 30 años de la Masacre de Palomitas.

A las 13, se llevó a cabo un emotivo acto homenaje en el mismo lugar donde se produjo la masacre, allí donde se erige un monolito con sus nombres. Ya de regreso, en Salta capital, otro acto en el Parque San Martín, frente al mural que recuerda a las víctimas, más salteños se sumaron a esta jornada por la memoria.

Fuente: www.agenciacta.org.ar


La Masacre de Palomitas, 6 de julio 1976: Delitos de lesa humanidad. A 31 años de impunidad

Mara Puntano - Abogada DDHH, 06/07/07

El 6 de julio de 1976 el comunicado del Coronel Carlos Alberto Mulhall (Jefe del Destacamento Salta del Ejercito Argentino, dirigida al Juez Federal de Salta Ricardo Lona, informaba que "En cumplimiento de ordenes recibida por la Superioridad en la fecha se procederá al traslado hacia la ciudad de Córdoba de Evangelina Meneses Botta de Linares, Georgina Graciela Droz, José Víctor Povolo, Rodolfo Pedro Usinger, Norberto Luis Oglietti, Alberto Simón Savansky, Celia Leonard de Avila, Benjamín Leonardo Avila y María Amaru Luque. Quienes se encuentran también detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Oportunamente se le hará conocer el lugar donde permanecerán alojados".
La Masacre de Palomitas en Salta

Las once personas se encontraban detenidos en la Cárcel de Villa Las Rosas de la ciudad de Salta a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación en virtud de la Ley 20.840 que establecía penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones.

La patrulla militar a cargo del Capitán Hugo César Espeche Garzón retiró los presos del penal de Villa las Rosas para su traslado. Se los llevó hasta la salida de la ciudad de Salta, precisamente en el Portezuelo, en donde fueron entregados a otra patrulla militar y policial , entre los que estaban los militares Mayor Juan Carlos Grande y el Teniente coronel Miguel Gentil, para efectuar el supuesto traslado.

Al día siguiente , el mismo Mulhall, dio cuenta "que el día 5 de ese mes, en ocasión en que una comisión del ejército trasladaba a presos subversivos hacia la ciudad de Córdoba, fue interceptada y atacada por delincuentes, resultando muertos Alberto Simón Savranky, Leonardo Benjamín Avila y Raquel Celia Leonard de Avila, lográndose fugar José Víctor Povolo, María del Carmen Alonso de Fernández, Pablo Eliseo Outes, Evangelina Botta de Linares o Nicolay, Rodolfo Pedro Usinger, Georgina Graciela Droz, Roberto Luis Oglietti y María Amaru Luque." Pero en otro informe del mismo militar relataba :" en el enfrentamiento armado resultaron muertos Alberto Simón Savransky, Leonardo Benjamín Avila, Raquel Celia Leonard de Avila, Rodolfo Pedro Usinger, María Amaru Luque de Usinger, Roberto Luis Oglietti, Pablo Eliseo Outes, José Víctor Povolo, María del Carmen Alonso de Fernández, Jorge Ernesto Turk Llapur, mientras que se encontraban prófugos, Evangelina Botta de Linares o Nicolay y Georgina Graciela Droz."

Sin embargo , del supuesto enfrentamiento sólo se constató la muerte a quemarropa de nueve presos políticos en el Paraje Palomitas sobre la Ruta Nacional 34 a 25 km de la localidad de Gral. Guemes en la provincia de Salta..Ni un efectivo militar o policial lesionado ni tampoco sus vehículos.

Lo cierto es que los jóvenes cuerpos de los presos políticos estudiantes y trabajadores presentaban en sus cuerpos impactos de balas y vestigios de haber sido golpeados : La psicóloga Amaru Luque de Husinger, la arquitecta María del Carmen Alonso de Fernández (sobrina del también desaparecido gobernador salteño Dr. Miguel Ragone junto a su esposo Rodolfo Usinger, el joven matrimonio de Celia Leonard y Benjamín Avila que acababan de recibir a su bebé en cautiverio, Pablo Eliseo Outes , padre de tres hijos pequeños , los estudiantes Roberto Luis Oglietti, José Póvolo y Alberto Sabransky. Mientras que los cuerpos de la psicóloga Evangelina Botta de Nicolay y la docente universitaria Georgina Droz jamás fueron encontrados .Ambas habían denunciado las torturas y vejámenes de que habían sido objeto al ser apresadas.

La masacre de Palomitas forma parte del horroroso mapa del genocidio perpetrado en la República Argentina desde la estructura estatal .Estructura de poder cívico militar que en muchos lugares, como es el caso de la provincia de Salta permanece intacta y los asesinos impunes.

Fuente: www.copenoa.com.ar


Justicia y masacre

Por José Pablo Feinmann

Es casi un automatismo perverso de la sociedad argentina. Toda vez que -desde la Justicia– se avanza sobre los responsables de los crímenes de la dictadura militar, reaparecen, por algo, por alguien, por el modo que sea, los nombres de Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, la ex conducción de Montoneros. El mecanismo es tan tosco, tan torpe que ya llega a la ofensa. Se cree, en última instancia, que somos todos idiotas (o infinitamente idiotizables) y podemos seguir siendo manipulados por esa teoría de los "dos demonios" que abre el "Nunca Más", en su prólogo, con la siguiente frase: "Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como desde la extrema izquierda". La interpretación es muy efectiva porque declara la inocencia de "la Argentina", y de "los argentinos", quienes fueron "convulsionados" por algo que, parece, les ocurrió y con lo que nada tenían que ver: "un terror". Uno solo, el mismo, con la mera diferencia de la procedencia ideológica. Entre esos dos extremos, azorada, esencialmente inocente, la convulsionada sociedad argentina se encontraba prisionera. Un par de líneas después el "Prólogo" aclara algo: "A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos". Este texto es útil porque niega algo que asomaba en el primero: el concepto de "guerra" o -aún más– el de "guerra civil". Está claro –aunque volveremos sobre esto– que si los delictivos "terroristas de la extrema izquierda" fueron atacados por un Ejército Nacional que tenía "el poderío y la impunidad del Estado absoluto" aquí lo que hubo fue una masacre (miles de seres humanos asesinados) y no una guerra. De modo que si bien el "Nunca Más" (su Prólogo) comienza equivocándose gravemente con el tema de los dos extremos y el único terror ("un terror") permite luego enfocar más rigurosamente la cuestión al introducir los conceptos de "Estado", "impunidad", "poderío" y señalar –algo central en esta cuestión– la desaforada cantidad de víctimas: "miles de seres asesinados". No fue una guerra. No fue una "guerra civil". Fue una masacre instrumentada desde el Estado y que cubrió a toda la sociedad argentina ubicada del centro a la izquierda.

Sin embargo, los obstinados protectores de la versión que postula a un Ejército excesivo en la represión pero enfrentado a un aparato guerrillero temible, desenfundan el tema de la "guerra", del "enfrentamiento" o de "los otros demonios" no bien la Justicia va en busca de los perpetradores de la masacre. ¿Es casual que "reaparezca" Firmenich cuando se han derogado las leyes que protegían a los masacradores? No lo es. Se nos está diciendo: "Aquí están ‘los otros’. Que la sociedad no los olvide. Si se condena a ‘unos’ hay que condenar a ‘los otros’ porque, lo que aquí ocurrió, fue una guerra entre dos bandos extremos". De modo que no bien leemos en los diarios la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida reaparecen la máscara siempre sonriente de Firmenich o las caras de los otros dos jefes del "demonio" montonero, Perdía, Vaca Narvaja. Bien, seamos claros: este es un perverso mecanismo ideológico destinado a alivianar las culpas de los masacradores señalando las de los jefes de un sector de los masacrados. Ya no les queda más que aceptar que se enjuicie a los responsables de la masacre argentina. Ha sido, esa masacre, de modo ilevantable, incluida universalmente entre las grandes masacres del siglo XX, les guste o no a los abogados y comunicólogos al servicio de la teoría de la "guerra civil" que, desde luego, sólo podía ser "sucia" y al ser "sucia" no podía sino ser excesiva. Con lo cual, según vemos, la teoría de la "guerra" apunta a exculpar por completo a los masacradores. A sacarlos de donde están: de la historia de las grandes masacres del siglo XX. Y a colocarlos donde desean: hombres que lucharon en una guerra civil contra un adversario temible y que, si acaso se excedieron en sus métodos, lo hicieron, en última instancia, para salvar al país en una guerra que "ellos no habían buscado". Así, no vamos a perder el tiempo en discutir si el inefable Pepe Firmenich fue un servicio o un agente de la CIA y envió a la muerte a los milicianos de las delirantes contraofensivas del ‘79 y el ‘80. Se trata de otra cosa.

Aquí hay un solo demonio. No hubo una guerra. Hubo, con la excusa de reprimir a un aparato de guerrilla urbana en franco desbande, un plan de alto rigor y de implacable metodología que consistió en asesinar o desaparecer (modalidad del asesinato que resta –ante el mundo– como distintiva de la Junta argentina, al punto que "desaparecido" se dice sencilla y directa y estremecedoramente en español o, más exactamente, en "argentino" en los idiomas extranjeros) a todos aquellos que se oponían o podían oponerse al sistema económico, social y político que la Junta -acompañada por sus numerosos cómplices civiles– vino a instaurar. Frente al Ejército argentino no hubo otro ejército. Frente al Estado no hubo otro Estado. Guerra civil fue la de Estados Unidos en el siglo XIX: el Norte manufacturero contra el Sur de la esclavitud y el monocultivo. O la española: los fascistas y los republicanos. O las nuestras del siglo XIX: Facundo Quiroga ocupaba provincias enteras, tomaba poblaciones; el federalismo de la Confederación Urquicista (que se enfrenta al Buenos Aires de Mitre) gobernaba en Paraná y tenía sus aliados en todo el interior mediterráneo. Mitre luchaba desde Buenos Aires. Eso es una "guerra civil". No una masacre en la cual de un lado mueren cientos y miles de personas y del otro casi ninguna. Pero el accionar solitario, sin bases, torpe y soberbio del ERP y los Montoneros entregaba –por medio de algunas acciones a lo sumo espectaculares– el "clima" que el poder masacrador requería para justificar la masacre. Y la masacre se produjo. Pilar Calveiro, que escribe sobre ella con la serenidad y el rigor con que Primo Levi escribe sobre Auschwitz, puntualiza: "Entre 1976 y 1982 funcionaron en Argentina 340 campos de concentración-exterminio, distribuidos en todo el territorio nacional (...) Se estima que por ellos pasaron entre 15 y 20 mil personas, de las cuales el 90 por ciento fueron asesinadas" (Poder y desaparición, Editorial Colihue). ¿Alcanza con llevar a la primera plana de los diarios la carota sonriente del Pepe Firmenich para tapar esto? ¿Quiénes eran esas 20 mil personas? Los militares argentinos lo dijeron. Lo confesaron abiertamente. En mayo de 1977 lo declara Ibérico Saint Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después (...) a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanezcan indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos". El 4 de diciembre de 1976, Lambruschini, almirante, señala la presencia de la subversión en "la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folclore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión". El 9 de mayo del ‘78 (¡a días del Mundial del gauchito!) Luciano Benjamín Menéndez, general, declara: "La guerrilla, como todos sabemos, no sólo actúa en el campo militar sino que se infiltra y destruye y corrompe distintas áreas del quehacer comunitario". Luego, las enumera. Y Jaime Smart (ministro de Justicia de Saint Jean y ministro de la policía de Ramón Camps) lanza una paranoica proclama contra la subversión ideológica que incluye hasta a los "profesores de todos los niveles de la enseñanza" (La Nación, 12 de diciembre de 1976). Sólo desde esta desaforada ampliación del espectro represivo se entienden las cifras de la masacre. Subversivos terminaron siendo todos. El principio persecutorio (esto lo analizó Theodor Adorno en uno de sus escritos sobre Auschwitz) es "insaciable". Ni siquiera están a salvo quienes pertenecen al grupo perseguidor. El obstinado doctor Smart (en esas declaraciones de diciembrede 1976) se jactaba de haber "reequipado a la policía bonaerense": había invertido más de 1.500 millones de pesos en los últimos ocho meses, con lo cual, decía, "se aumentó el plantel de la dependencia en 30.000 hombres". Saquen de los diarios la foto del estólido Pepe Firmenich. Este país necesita saber cosas más importantes. Lo que se requiere saber: cómo y cuándo y (sobre todo) por qué serán finalmente juzgados los responsables de la masacre desaparecedora.

Fuente: Página/12, 23/08/03




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