Imprimir este documento

EL ENTORNO

La trama íntima del aparato duhaldista y sus punteros
(TEXTO COMPLETO)

Daniel Otero

Capítulo Tres.
Las Instituciones: Subordinación y valor


Los magos, los acrobatas, los clown/ mueven los hilos
con habilidad (..)/ Oye hijo: las cosas están de éste modo/
una radio en mi cuarto me lo dice todo/ tenés sábados,
hembras y televisores/ tenés días para amar
aún sin los pantalones/ No preguntes más...
Instituciones, Charly García
- ¿Usted me da un millón de dólares
-preguntó el detenido Steck- si le digo algo?
El juez se quedó duro. Miró para atrás.
Cruzó miradas y cambió gestos con quienes lo acompañaban
en su despacho. Apenas lo pensó.
Macchi me clavó la vista y me dijo:
- De acuerdo ..., le doy el millón de dólares.
De un diálogo en la instrucción del Caso Cabezas
Qué ves. Qué ves cuando me ves/
cuando la mentira es la verdad./
El bien y el mal definen por penal.
Qué ves, Divididos


La Legislatura
Los macaneos qu' en el Congreso/ largan los lauchas que morfan queso/ (..)
Banderas blancas de parlamento/ que hablan al hombre de poco vento/
de las miserias del arrabal/ cantos de trapos, roña, alegría/
que se termina cuando la orgía/ ya no da más.
Ropa tendida, Dante Linyera
El presupuesto del año 1996 de la Legislatura bonaerense fue de 157 millones de pesos. De los cuales 90 correspondieron a gastos de Diputados y los 67 restantes al Senado provincial |1|.
De los últimos seis años el 94 fue el que tuvo el presupuesto más alto: 184 millones. A partir de estas dos cifras se puede obtener un promedio del prespuesto legislativo. La cifra se clava en los 170 millones. Multiplicado, a su vez, por seis años, da un total de mil veinte millones de pesos.
Si el vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores resulta confiable como fuente, el manejo del presupuesto legislativo bonaerense es escandaloso. Los hechos:
Rafael Balito Romá no es una pieza menor en la estructura de poder duhaldista en la provincia. A lo largo de los dos períodos de gestión probablemente pasó más horas en el sillón de gobernador que el propio Duhalde. En ese punto coinciden diversas fuentes.
- El vicegobernador Romá, con quien tengo una excelente relación, se ocupa de la parte ejecutiva mientras yo viajo (por la provincia), reconocía Duhalde en el primer año al frente de la gobernación |2|.
Esa confianza fue ratificada a lo largo de los años. Durante los primeros días de 1997 Romá fue encomendado por el gobernador para hacerse cargo de su Plan Trienal de gobierno. No era una tarea menor: se intentará plasmar allí definiciones políticas esenciales que le sirvan a Duhalde como carta de presentación de su pensamiento en su condición de precandidato justicialista a la Presidencia de la Nación; objetivo que ha duplicado la responsabilidad de Romá en el diseño de este Trienal |3|.
La confianza en Romá se funda en dos hechos: sus demostraciones de lealtad y la falta de una estructura que le permita el vuelo propio. Ese punto, precisamente, lo diferencia de su colega de la Cámara de Diputados, Osvaldo Pelado Mércuri.
Balito llegó a los 42 a la vicegobernación. Pero en La Plata estaba desde 1988. En la gestión de Cafiero había ocupado el sillón de ministro de Acción Social. La actividad política, en la década del setenta, la inició en su Ramallo natal. Pero su llegada al poder no le hizo olvidarse de su pueblo. Los 9 millones del presupuesto anual de su municipio se elevó, a través de un subsidio del Senado provicial, a 12 millones |4|.
Los que lo conocen dicen que tiene un carácter temperamental. Lo definen, además, como efusivo y poseedor de un agudo sentido del humor. También se le reconoce una inclinación por la vida sana y el deporte.
Prueba de ello es el gimnasio que hizo construir en el cuarto piso del Senado |5|. En un depósito que había pertenecido al área de Mantenimiento hizo instalar una cinta electrónica sinfin -Vitamaster Premier Series-, con relojes de medición de tiempo y velocidad, indicadores de ritmo cardíaco y consumo de calorías. El ámbito fue previamente empapelado, alfombrado y pintado, con predominio del color gris petróleo. Además de la Vitamaster, instaló un televisor color de 20', un teléfono, una heladera portatil y un espejo de 1,50 metros de alto por 2 metros de ancho.
El Día de los Inocentes, en 1996, cayó un sábado. En su Quinta de San Vicente -Don Tomás-, la casa de gobierno alternativa, Duhalde lo destinó para reunirse con miembros de su gabinete. Romá adelantó el regreso a La Plata. Tenía que hacer declaraciones a la prensa |6|. Y tuvieron la envergadura de una operación. Relajado y sonriente, vestido con un jean y una chomba lila, Balito pateó el tablero:
- En la Legislatura, sinceramente, debemos admitir que el 30 o 40 por ciento del presupuesto está destinado a su funcionamiento específico. Y el resto es financiamiento encubierto de la actividad política...
Semejante revelación no podría haberse efectuado sin un guiño del jefe. La operación, que lo incluía como responsable del manejo de los fondos del Senado, tenía a Mércuri como principal destinatario. En realidad, fue apenas un mensaje íntimo. El presupuesto legislativo del año siguiente no presentó cambios significativos.
De acuerdo a los números de Romá, con el 35 por ciento de su presupuesto se financia la actividad legislativa. Por lo tanto, el 65 por ciento restante fue desviado a otros fines. Según el presidente del Senado, esos fines fueron sostener la actividad partidaria.
Si se le ponen cifras a los porcentajes del vicegobernador el resultado es escandaloso. Sobre un total promedio de 1.020 millones de pesos en los últimos 6 años, la actividad legislativa insumió 357 millones de pesos.
Esos 663 millones de pesos de saldo restante, según las cuentas del presidente del Senado, no se perdieron. Con ellos se financió el merchandasing de la actividad partidaria: pasacalles, afiches, actos, solicitadas y colectivos ...
Palabra de vicegobernador y presidente del Senado.
Notas:
1. El Día, en base a cifras y fuentes oficiales. Volver
2. La Nación, 18-10-92. Volver
3. El Día, 12-1-97. Volver
4. IBAP, Instituto Bonaerense de Análisis y Proyectos. Entrevista del autor. Volver
5. Archivo Periodístico, CD Rom, Parlamentario, 1992-1995. Volver
6. El Día, 29-12-96. Volver



Tríptico
Hay que ser duro con el que se porta mal.
Senador Aníbal Fernández
La segunda semana de octubre de 1996 fue agitada. La Legislatura bonaerense aprobó dos leyes arrasadoras. Apuntaron directamente a las autonomías municipales y a sus controles financieros. La tercer pata de ese tándem -disminución en el número de concejales- no llegó a presentarse. Pero la idea no fue herida de muerte.
El escándalo suscitado por la iniciativa, y por la metodología de aprobación, mutiló su aplicabilidad. Pero pusieron de manifiesto una intención. Revelaron la identidad de la presa. E hicieron saber hasta dónde llegarían las estrategias de captura.
El contexto:

La tierra es roja. El contraste con la vegetación impacta. Verde, rojo y azul. Selva, tierra y cielo. Es una geografía distinta a la pampeana. Allí un bonaerense juega de visitante. Se pierde el contacto con la rutina de todos los días. No hay reuniones de gabinete. No hay llamados de ministros. Ni operaciones ni consultas de la prensa. Es la selva misionera, un entorno paradisíaco.
A 80 de la ciudad de Posadas y a 4 kilómetros de la pequeña localidad de Leandro Alem -en medio de un paisaje ondulado-, se encuentra el Centro Vida Sana de Misiones. El pastor adventista Ricardo Tré se encarga de dirigirlo. A las 6, 30 del miércoles 9 de octubre de 1996 Duhalde inició la jornada con actividades físicas. Caminó por el parque cerca de una hora y media. Luego desayunó frutas y cereales. El café y el té, por sus componentes estimulantes, estaba excluído de la dieta.
El resto de la mañana lo dedicó a las consultas médicas. Se entrevistó con nutricionistas, cardiólogos y clínicos. Antes del almuerzo hizo una sesión de masajes y sauna. A las 12,30, en punto, se le sirvió un menú basado en ensaladas -abundantes en proteínas- y en sopas.
El gobernador había llegado al Centro el domingo anterior. Se quedó hasta el viernes siguiente. Estuvo acompañado por su secretario privado Abel Morán, y por el titular de la Casa de la Provincia, Juan Bautista Pampuro. Durante seis días Duhalde fue uno más de un grupo de doce empresarios y profesionales. Todos llegaron hasta esa tierra roja para recuperarse del estrés, para dejar de fumar o perder kilos.
A primera hora de la tarde de ese día, en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se reservaba un número de expediente para darle estado parlamentario a un proyecto de ley con media sanción, pero que aún no existía.
El proceso no sólo fue inédito, sino también improcedente.
A las 14, 30 el gobernador retomó las clases de gimnasia. Después hubo deportes. El Centro ofrecía varias opciones: padlle, natación y fútbol. Duhalde eligió meterse en un picadito. Se mostró en buen estado físico. Después hubo reláx. Hasta las 19 ocupó el sauna. Y a las 20 se le sirvió la cena. Esta vez fueron ensaladas en base a frutas cocidas.
El año se había iniciado con cifras preocupantes. Merecían la tranquilidad suficiente como para no actuar bajo tensiones molestas. Había que medir cada paso.
Los municipios de la provincia comenzaban a mostrar sus déficit. A febrero de ese año llegaban a los 600 millones de pesos, cerca del 10 por ciento del presupuesto provincial |7|. Otras fuentes arrojaron cifras aún mayores |8|. Oficialmente se reconocían los desequilibrios. Pero se los situaba, apenas, en los 150 millones de pesos. Sólo dos distritos que acababan de ser divididos -Morón y Gral. Sarmiento- cubrían esa cifra.
Los principales problemas financieros se presentaron inicialmente en dos comunas díscolas. Morón, del ex menemista Juan Carlos Rousselot, acumulaba un rojo 80 millones sobre un presupuesto de 133. Y Gral. Sarmiento, en manos de Luis Ortega -hermano de Palito-, tenía una deuda de 70 millones de pesos. Al ahogo financiero de esos municipios le sucedió la división política. Pero los problemas no terminaban allí. Apenas fueron el inicio.
En 1995 la Legislatura había aprobado dos leyes del Ejecutivo. Eran el soporte legal de la política provincial de ajuste. La Ley 11.582 reformó el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal |9|.
Con la modificación se estableció que la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto debían ajustarse a un estricto equilibrio fiscal. El pánico de los intendentes y funcionarios municipales era una directa consecuencia de la cláusula que los responsabilizaba patrimonialmente en caso de desequilibrios.Esa norma se completó con la Ley 11.756 -promulgada en diciembre de 1995-. Con ella se declaró el interés prioritario del Ejecutivo en sanear financieramente a las comunas bonaerenses. Entre otras medidas se impuso la reducción en las remuneraciones por antigüedad y garantizó la puesta en marcha de un plan de disponibilidad de los empleados |10|. Los trabajadores salieron de inmediato a rechazar estas medidas. Su presencia frente a la Legislatura produjo una de las primeras -y más fuertes- respuestas represivas a las protestas.
Junto a estas dos medidas el gobierno provincial autorizó a los municipios a emitir bonos de cancelación de deudas. Los proveedores -en su mayoría pequeños empresarios y comerciantes locales- deberían esperar entre 8 y 16 años para recibir el efectivo.
El Tequilazo había llegado a las calles del Conurbano. Los barrios del antiguo cordón industrial entraron así a la globalización: por la ventanilla de los acreedores.
- Estamos armando un sistema para crear un mercado secundario donde puedan ser negociados esos títulos, que además podrán usarse para pagar tasas municipales, anunció por esos días el ministro de Economía provincial, Jorge Lemes Renicov, ante las críticas de los proveedores que le negaban el mínimo valor a sus bonos de consolidación |11|.
Mientras para el funcionario las comunas sufrieron complicaciones económicas como sucedió también a nivel provincial y nacional, otras fuentes daban mayores precisiones del fenómeno. Las causas principales de estos desequilibrios fueron variadas: a la caída de la recaudación por el deterioro de la situación económica se le debía agregar una elevada tasa de evasión fiscal, que en el Conurbano alcanzó un promedio del 65 por ciento; el aumento de las plantas de personal por motivos de clientelismo político o como formas de subsidio al desempleo encubierto; y un factor fundamental se estableció en la mala administración, en los abultados contratos con los proveedores y prestadores de servicios, y en los manejos dilapidarios de los fondos públicos, en muchos casos rayanos con la corrupción |12|.
En setiembre de 1996 los intendentes salieron a reclamar aire. No podían cumplir con las metas impuestas desde La Plata. Y corrían el serio riesgo de terminar entre rejas. O pagando de su propio bolsillo los costos de la fiesta. Situación a la que no querían someterse.
Las cuentas flexibles:

La iniciativa la tomaron intendentes y ex intendentes del Conurbano. Sus preocupaciones fueron transmitidas personalmente al gobernador y al ministro de Gobierno, Rubén Citara, en varias reuniones:
- Si se aplica la legislación vigente voy a terminar preso, porque plata no tengo para pagar el déficit que heredé, le reconoció un jefe comunal al diario El Día |13|.
El reclamo inicial de los intendentes tenía un piso. Pretendían una flexibilización de los déficit de por lo menos el 10 por ciento de sus presupuestos comunales. Por primera vez, después de meses de reclamos, trascendía a los medios que el gobernador había admitido la posibilidad de estudiar la modificación de la legislación.
Se analizaron varios caminos. Los principales fueron tres: encontrar fuentes genuinas de financiamiento para las administraciones municipales -lo que fue rápidamente descartado-; consolidar deudas y utilizar nuevos bonos para cancelación de importes superiores a los 3.500 pesos y, la alternativa finalmente explotada, que apuntó a modificar la legislación vigente.
La legislatura tendría que proveer el aire financiero que reclamaban los intendentes. Lo que no podía resolver la ciencia económica iba cerrar con la fuerza de una operación política.
A cuatro semanas de trascender públicamente la voluntad de estudiar la flexibilización financiera, la intención tenía forma de ley. El verdadero objetivo se escondía debajo de un proyecto que, ingenuamente, entró por Comisión con un único artículo. Pero cuando llegó al recinto contaba con 16. Había llegado la hora de correr los velos.
La idea original de flexibilizar la ejecución presupuestaria de las comunas dió paso a una norma que arrasó con los controles financieros. Y puso en manos del gobernador, además, el destino de las comunas con problemas políticos y judiciales.
La flexibilización lograda era tan absoluta que había consagrado la impunidad por ley:
Se modificó el procedimiento de destitución y suspensión de los intendentes. Sólo podrían ser suspendidos en sus cargos cuando se dicte el auto de prisión preventiva firme -hasta ese momento bastaba la acusación fiscal-.
Las nuevas reglas podrían aplicarse en municipios con conflictos a la fecha de sanción de la ley.
Limitó el régimen de acefalía. Al intendente sólo podría reemplazarlo el primer concejal de su propio partido electo en el mismo comicio que el jefe comunal.
En caso que el primer concejal no pueda asumir, el gobierno provincial designaría un comisionado municipal que llamará a elecciones.
En situaciones en las que el intendente sólo haya sido suspendido y el primer concejal no lo pueda suceder, el comisionado provincial se haría cargo del ejecutivo por el tiempo que perdure la referida situación.
Reguló también la acefalía de los Concejos Deliberantes. El gobernador también podría designar un comisionado.
En el orden financiero, el proyecto quitó al Tribunal de Cuentas las facultades para regular las actividades económicas, financieras y patrimoniales de los municipios. Esas potestades las ejercería el gobierno bonaerense.
Se flexibilizó además la obligación de los jefes comunales de cerrar sus presupuestos sin déficit. El gobierno establecería el límite de los endeudamientos.
Al Tribunal de Cuentas se le estableció un plazo de 90 días para aprobar o desaprobar las cuentas de los municipios. Pasado ese lapso sin resolución del Tribunal se darían por aprobadas |14|.
Punteros en apuros:

La semana que la Legislatura aprobó el proyecto -con el voto de la mayoría justicialista- una extensa lista de intendentes y funcionarios comunales sintieron que la tierra se habría bajo sus pies.
Las denuncias de corrupción se extendían de despacho en despacho, y de comuna en comuna.
Si esas presentaciones judiciales continuaban su curso había quienes llegarían de modo abrupto al final de sus carreras políticas. Otros perderían sus escritorios. Y había quienes se quedarían sin bienes más preciados, como la libertad.
La legislatura debía tirarle una soga a los punteros locales en aprietos.
En gran medida la Legislatura se hizo cargo de aportar la asistencia sanitaria. Había que cerrar las heridas que provocaba la batalla interna en los distritos. Las peleas chiquitas entre punteros de la Liga Federal y la Liga Peronista Bonaerense -LIPEBO- requerían de un gran acuerdo político de caciques. Las peleas que se libraban por abajo debían contar con un marco de contención por arriba.
El caso testigo se situó en la localidad de San Miguel. Su intendente, el federal José Chicho De Luca, acumulaba denuncias por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. El denunciante, el concejal lipebista Manuel Hernández, tuvo que callarse la boca cuando salieron a la luz sus propios procesos por cohecho y estafa. Y en medio de la comedia, el oficialismo veía a la oposición aumentar sus chances de quedarse con la intendencia.
En Lanús los corruptos se confesaban frente a una cámara oculta. El secretario de Salud, Hugo Salice, le revelaba a los periodistas de Telenoche Investiga -disfrazados de empresarios de coima fácil- los manejos de la comuna administrada por el histórico Manuel Quindimil:
- (Manolo) recibe de la empresa recolectora de residuos Alvarez-Patiño un millón de dólares anuales.
El lipebista Quindimil sospechó que detrás de la operación estaba la mano de Reynaldo Pierri. El hermano del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, federal como él, intentó todas las opciones para quedarse con el principal sillón de la intendencia.
El federal Aníbal Fernández fue el encargado de fundamentar la flexibilización en la Cámara de Senadores. Su interés era personal. Había sido arrojado por la ventana de la intendencia de Quilmes con denuncias que nunca tuvieron un claro origen. Su sucesor, el lipebista Federico Scarabino movió sus fichas cuando Fernández se jugó por la reelección. En 1993 (Scarabino) habló con una amiga suya, que por entonces era concejal del Frente Grande. A la semana, el Frepaso denunciaba a Fernández por un contrato irregular a un estudio de abogados a 15 mil dólares por mes |15|.
Esa misma semana una megacausa cumplía seis meses en un cajón de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Cuatro jueces en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Lomas de Zamora le habían transmitido una solicitud atendible: pretendían subdividir una investigación que alcanzaba a 3000 funcionarios municipales sospechados de enriquecimiento ilícito desde 1991.
El volumen de la tarea tenía una envergadura inabarcable para un solo juez. Se trata del mayor proceso de corrupción de todos los que permanecen en trámite en el país. Pero la mayor parte del proceso lo transcurrió parado.
El 15 de junio de 1995 los jueces Marcelo Soukop, Hugo van Schilt, Miguel Navascues y Silvia González iniciaron la causa de oficio. Para ello ni siquiera contaron con el apoyo de los fiscales. Entre los 3000 investigados se encontraban todos los intendentes, concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales y sus familiares de cinco distritos justicialistas: Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora.
Los jueces iniciaron la causa alertados por su sentido común: encontraron casos donde una persona con un sueldo de mil pesos habría comprado una casa de 300 mil. Junto a ello, el primer elemento que llamó la atención de los investigadores fue la falta de las declaraciones juradas patrimoniales. Este trámite es obligatorio para todo funcionario provincial, pero en la práctica nadie lo cumple |16|.
La operación:

Una filtración de prensa obligó a acelerar los tiempos |17|. El jueves 3 de octubre, en horas del mediodía, tres intendentes y dos legisladores se reunieron en un despacho reservado del Senado. José Díaz Bancalari -titular del Bloque de senadores del justicialismo-, y Osvaldo Mércuri -presidente de la Cámara de Diputados- aprobaron la operación. Raúl Othacehé -intendente de Merlo-, Julio Alak -intendente de la Plata- y Antonio Libonatti -intendente de San Martín- tocaron el cielo con la manos. El lobby comunal estaba a punto de obtener la anciada flexibilización administrativa.
Hasta ese momento se trataba de una operación reservada. El mismo jueves ingresa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado el proyecto ES 134 96-97. En su único artículo proponía la modificación del Art. 31 de la Ley Orgánica Municipal. La Comisión lo aprueba, pero eleva el proyecto a 16 artículos.
En el Senado la operación estuvo en manos de Aníbal Fernández. Su experiencia como intendente de Quilmes, donde los reclamos judiciales lo pusieron en fuga durante unas semanas, lo convertía en el mejor exponente de los temores de los jefes comunales en actividad.
El contador Fernández tenía aversión por el Tribunal de Cuentas, a quién aún le debe las rendiciones presupuestarias de los dos últimos años de gestión -nada menos que la mitad de su mandato-. En una situación similar se encontraba Julio Alak, intendente de La Plata -e integrante del mismo grupo político que Fernández-, que había sido multado por el Tribunal por irregularidades en sus propias rendiciones.
- La idea original era hacer una flexibilización bajo ciertos límites. El gobierno provincial estuvo al tanto de ésta iniciativa y dió su acuerdo. Era el tema menos conflictivo. Pero después los intendentes empezaron a trabajar la idea de recortar al Tribunal de Cuentas. A partir de allí se inicia una polémica entre los impulsores del proyecto. Estaban los que se inclinaban por mandar sólo la flexibilización de los presupuestos y tirar para adelante lo del Tribunal. Y en el fin de semana anterior a su tratamiento resuelven tirar todo junto porque sino el quilombo iba a durar más tiempo |18|.
La iniciativa borró en dos artículos las pocas atribuciones formales que aún conservaba el Tribunal. Y las que no eliminó ésta norma se lograrían atenuar por otros medios -como se verá más adelante-.
El inciso 6 del artículo 165 de la Ley Orgánica Municipal disponía que los municipios publiquen semestralmente en medios de prensa locales la situación de sus finanzas -en los hechos esto sólo se lleva a cabo de modo excepcional-. Se debían incluir, también, los servicios prestados, costos y recursos con los que se financiaron, en la forma que reglamente el Tribunal. Ni siquiera esa mínima tribución dejó en pié la iniciativa.
La linea conductiva de las reformas fue una automática transferencias de tribuciones. Del Tribunal al Ejecutivo bonaerense. El mejor ejemplo fue la reforma propuesta para el artículo 282 de la Ley Orgánica. La capacidad de reglamentar en todo lo concerniente a la actividad económica, financiera y patrimonial de las municipalidades y a sus rendiciones de cuentas, pasó a convertirse en una atribución del Ejecutivo |19|.
Esta descomunal concentración de poder se gestó de modo encubierto. La avidez ilimitada de sus impulsores, sin embargo, los colocó al borde del fracaso.
La noche del 10 de octubre, en los palcos del Senado, se apiñaban los punteros. Había secretarios, asesores e intendentes. Los celulares sonaban a destajo. Se sucedían las exposiciones de los senadores opositores. El contador Fernández tenía su banca llena de apuntes. Le contestaba a todos. En su fundamentación abundaron las citas históricas.
Se remontó a Martín Rodríguez y a su ley de anulación de lo cabildos, de 1821. Salpicó su prosa con párrafos de Dardo Rocha, en una forma de homenajear al fundador de la ciudad que lo escuchaba. En una muestra de pluralismo democrático pasó también por Ideler Tonelli y Oscar Alende. Desde uno de los palcos, su sucesor en la intendencia de Quilmes, Federico Scarabino, escuchó atentamente las palabras de ese momento histórico para la provincia y sus municipios:
- Aquí se trata de una lucha denodada para explicar la necesidad de atacar a la corrupción -dijo Fernández-, y de que se exprese el pueblo... |20|
Notas:
7. Clarín. 8-2-96. Volver
8. "Las deudas de las comunas bonaerenses están entre los 500 y 800 millones de dólares". El Cronista. 5-3-96. Volver
9. "No se autorizarán gastos sin la previa fijación de sus recursos". Art. Nº 31, Ley Orgánica Municipal. Edición de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, 1991. Volver
10. Diario Hoy, La Plata. 10-3-96. Volver
11. Idem 8 Volver
12. Idem 7 Volver
13. El Día, 3-9-96. Volver
14. El Día. 10-10-97. Volver
15. Ernesto Semán, Página/12. 10-10-96. Volver
16. A mediados de 1997, la Suprema Corte aún no se había expedido sobre la solicitud de los jueces. Volver
17. El semanario El Parlamento, de La Plata, anticipó la operación en su edición Nº 91. 7-10-96. Volver
18. Entrevista del autor con un periodista especializado en temas legislativos provinciales. Volver
19. El texto original de la Ley Orgánica señalaba: "El Tribunal de Cuentas reglamentará las disposiciones de ésta ley en todo lo concerniente a la actividad económica, financiera y patrimonial de las municipalidades y a sus rendiciones de cuentas". La reforma propuso apenas una modificación: donde se lee Tribunal de Cuentas debe leerse Poder Ejecutivo. Volver
20. Versión taquigráfica de la sesión. Volver



El Tribunal de Cuentas
Menos el sueldo, nos sacan todo.
Director del Tribunal |21|
El órgano en el que delegó la Constitución provincial las funciones de contralor financiero es el Tribunal de Cuentas. Su función específica es: examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el o los funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos. También está facultado a inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos |22|.
En la realidad, esas atribuciones -antes y después de las modificaciones aprobadas el 10 de octubre de 1996- se diluyeron entre la confusión burocrática y las especulaciones políticas.
Para el Tribunal no fue sencilla la tarea de husmear en las cuentas públicas. No abundó la colaboración. En muchos casos, incluso, nunca le llegaron las rendiciones que debía aprobar.
En los ejercicios de 1991 a 1995 hubo 22 municipios que jamás presentaron sus rendiciones, y 141 lo hicieron de modo tardío. Situaciones similares se presentaron con organismos descentralizados y de la administración central. La Dirección General de Cultura y Educación -al menos a diciembre de 1996- no había completado su rendición del año 1994, y el ministerio de Salud debía la rendición de 1993 |23|.
Las modificaciones a la Ley Orgánica significaron un intento de blanqueo. La estrategia fue sencilla: se le puso plazo al órgano de contralor para expedirse y, además, a esa modificación se le atribuyó retroactividad. De este modo quedarían aprobados gastos municipales por 11 mil millones de pesos. Pero al agregarse las cuentas provinciales -administración central y reparticiones autárquicas- la masa a blanquear llegaba a los 20 mil millones de pesos.
Pero la actitud del Tribunal de Cuentas recorrió un camino, cuanto menos, sinuoso. En el 95 y en el 96 falló mucho incluso en contra de intendencias justicialistas. De esto modo, y de alguna manera, colaboró con el ajuste. En la medida en que empezaron a saltar temas más complejos se lo quiso limitar en sus funciones |24|.
De acuerdo a las necesidades políticas de los punteros el Tribunal fue capaz de modificar sus propios dictámenes: el intendente de San Pedro, Julio Pangaro, tenía los ojos de una Comisión Investigadora -integrada por concejales oficialistas y opositores- sobre su administración. El principal elemento de sospecha era una presentación del Tribunal. Consideraba una falta grave que Pangaro no conteste sus pedidos de informes. Entre otras irregularidades el intendente era investigado por los aumentos de sueldo -dispuestos por decreto- con que benefició a los miembros de su gabinete. Ese plus lo recibieron por dedicación exclusiva. Además, Pangaro había dispuesto gastos por un millón de pesos sin autorización del Concejo Deliberante.
Las sospechas financieras sobre la cuentas de Pangaro amenazaban con dejarlo fuera del cargo. El intendente respondió políticamente: organizó una marcha en su favor frente al Palacio municipal. Con 200 adictos obtuvo el primer punto de apoyo. El otro se lo brindó el gobernador: lo puso al tanto de la situación. Le expuso los riegos y pidió ayuda. Si estallaba el escándalo la intendencia podría cambiar de manos.
A las pocas horas del encuentro Duhalde-Pangaro el Tribunal de Cuentas modificó su dictamen. La falta de respuestas a sus pedidos de informes perdió gravedad. Sin explicaciones el órgano de contralor provincial consideró que la actitud de Pangaro no reviste la mayor importancia |25|. La Comisión Investigadora, de este modo, perdió uno de sus principales elementos de presión.
Las modificaciones al Tribunal de Cuentas y a la Ley Orgánica de la Municipalidades fueron una apuesta de máxima. Pero lo que se obtuvo, de mínima, alcanzó para flexibilizar las cuentas comunales y limitar aún más los controles financieros. La operación, si bien estuvo protagonizada por legisladores e intendentes, en todo momento tuvo el acuerdo del Ejecutivo:
- Nada puede salir sin un acuerdo, sobre todo como es la estructura de gobierno en la provincia. Es unitaria. Nadie hace nada que pueda irritar al gobernador. El tiene el manejo del poder. La prueba más clara es que el 90 por ciento de las leyes aprobadas fueron iniciativas de la gobernación |26|.
El Ejecutivo hizo el guiño pero no estaba dispuesto a poner la cara por el proyecto. El gobernador, al momento de la sanción, se fue al extremo noreste argentino, en el límite con Brasil. Y cuando regresó a La Plata las negociaciones se establecieron sobre hechos consumados.
El Tribunal salió a defender sus restos. Para ello utilizó, con cuentagotas, su mejor arma: las irregularidades detectadas en la rendiciones de cuentas de los municipios.
Eduardo Grinberg, presidente del Tribunal, es un radical de San Isidro. Ejerció el cargo desde febrero de 1987. Allí llegó nombrado por el entonces gobernador Alejandro Armendariz. En 1989 sorteó dos intentos para limitar sus atribuciones. En ese momento, la iniciativa fue vetada por el gobernador Antonio Cafiero.
El primer paso que dió para sortear el nuevo avance fue una carta de siete carillas enviada a Duhalde: esta reforma plantea un conflicto de poderes, porque elimina facultades que son originarias y que emanan de la propia Constitución. (..) En caso de aprobarse concurriremos a la Suprema Corte de Justicia para que dirima la cuestión |27|. Como se verá más adelante, el recurso de la Corte jamás podría convertirse en una amenaza de riesgo para alguien con tantos amigos en su seno.
El segundo paso en la estrategia del Tribunal fue hacer públicas una serie de irregularidades contables en un municipio especial: Lomas de Zamora.
La operación tuvo la delicadeza y precisión de un cirujano. Con simultaneidad a las conversaciones formales e informales con funcionarios del Ejecutivo, el Tribunal dió a conocer una serie de cifras escandalosas: el Concejo Deliberante de Lomas gastó 1.600.000 pesos en la reparación y mantenimiento de 10 autos, y otro millón en fotocopias en un solo año |28|.
El mensaje enviado al gobernador tenía dos claras lecturas. Hizo saber que contaba con información judicialmente comprometedora para numerosos punteros de su staff íntimo, lo cual podría convertirse en una piedra en el camino de quien tiene a la Casa Rosada en su horizonte. Pero también, esa misma información podría ser útil para justificar la reducción en el número de concejales, tal como propuso el Ejecutivo provincial.
La posibilidad de mantener una cumbre entre Duhalde y Grinberg, a fines de 1996, era una fruta madura.
El encuentro fue en la gobernación. Grinberg concurrió acompañado por las autoridades del Tribunal. Duhalde asistido por su ministro de Gobierno, Rubén Citara. Pocillos de café y copas de agua mineral de por medio, el acuerdo no tardó en llegar. El busto de Eva Perón, ubicado detrás de la cabecera del gobernador, fue testigo de las coincidencias.
De la cumbre, ambas partes, se retiraron con el anuncio del veto total a las modificaciones. Cuando el tema perdió intensidad política se conocieron los términos del reparto: los municipios iban a cerrar sus cuentas con el ansiado criterio de flexibilidad:
- Se va a estudiar quien la merece -dijo Grinberg- y quien no la merece...
De este modo, se introdujo la posibilidad de manejar discrecionalmente las cuentas de los municipios. El criterio neutro de la revisión administrativa fue reemplazado por un análisis político sujeto a negociación.
Y el Tribunal conservó una atribución ansiada. A cambio de aceptar la transferencia al Ejecutivo de la capacidad de regular lo concerniente a la actividad económica, patrimonial y económica de los municipios -art. 282-, conservó la facultad de nombrar funcionarios en las delegaciones del organismo en el interior de la provincia y nombrar personal a cargo. Para algunos funcionarios fue un buen negocio:
- Nombrar personal implica un nada despreciable aparato político... |29|
A sesenta kilómetros de la ciudad de La Plata, en el partido de La Matanza, los concejales tienen mucho trabajo. Sobretodo si se dedican a analizar los expedientes y proyectos que envía el Ejecutivo. No es una tarea fácil. Es solitaria y requiere paciencia:
- Ahora el Ejecutivo está mandando los pedidos de informes del año '88, solicitados por concejales que terminaron su mandato hace cuatro años...
En los municipios abundan los sobreprecios. Pero no es fácil probarlo. Y cuando se tienen las pruebas es más complejo aún que los organismos de control se hagan cargo de la denuncia. Se pueden pagar equipos de filmación a 42 mil pesos, aunque el precio de mercado no supere lo 4 mil |30|. Es más complicado aún encontrar a un funcionario que explique la necesidad de un equipo de filmación profesional en una municipalidad.
El hombre, después de cuatro años de mandato, dijo que ya no tiene a quién tocarle el timbre:
Yo fuí a hacer una denuncia. Era mi primer año como concejal. Fuí con los papeles en la mano. Me acompañaba un diputado, que era a la vez amigo personal del integrante del Tribunal que fuimos a ver.
Nos recibió en la Torre, en la ciudad de La Plata. Nos metieron en un despacho lleno de papeles. Daba idea de viejo, de abandonado.
Fue una charla distendida. Amigable. Y sobre todo en confianza. En un momento este hombre nos dice:
- Mirá, en la época de Armendariz nosotros éramos poco menos que mendigos. Y ahora cobramos nueve mil dólares por mes. Yo con estos no me tiro..., si quieren les podemos llegar a pegar un tirón de orejas...
Me lo dijo en la cara. No se iba a arriesgar a perder los nueve mil dólares por mes.
- Mucho gusto. Buenas tardes, le dije.
Le dí la mano, pegué media vuelta y me fuí. Nunca más volví al Tribunal de Cuentas.
¿Qué iba a hacer? De ahí me fuí a la Justicia. Hace tres años de ésto. Todavía estoy esperando que me citen para ratificar la denuncia... |31|
Notas:
21. Reconocimiento de un director del Tribunal de Cuentas. El párrafo completo señala: "'Salvo el sueldo, nos sacan todo', comentó uno de los directores del Tribunal, que admitió sin embargo que su salario superaba los 2.000 pesos, y el de Eduardo Grinberg, Presidente del Tribunal, 'podría llegar a los 10 mil pesos, con los gastos, etcetera... aunque eso no lo puedo confirmar". El Parlamento. 26-12-96. Volver
22. Artículo 159 de la Constitución provincial. Volver
23. Estadística del Tribunal de Cuentas. La Nación, 19-10-96. El Día, 16-11-96. Volver
24. IBAP, Instituto Bonaerense de Análisis y Proyectos. Entrevista del autor. Volver
25. Diario Hoy, 22-8-96. Volver
26. Entrevista del autor con un periodista especializado en temas legislativos provinciales. Volver
27. El Día, 16-11-96. Volver
28. Estos casos forman parte de otro capítulo de ésta investigación. Volver
29. Idem 21 Volver
30. Orden de compra Nº 677/1993 para la adquisición de una video cámara Camcorder S-VHS portátil con cargador, fuente y batería: $ 13.930.- Orden Nº 1.045/1993 para la adquisición de accesorios para videograbadoras y fotografías, cabeza de cámara, lente, micrófono, trípode: $ 27.788.- Volver
31. Concejal de La Matanza. Entrevista del autor. Volver



Jueces, letrados y peritos
El Gobierno necesita que la Justicia lo acompañe
desde el punto de vista ideológico. Los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, deben actuar en forma coordinada.
Eduardo Duhalde
Lo que dice el gobernador es cierto.
James Cheek |32|
- ¿Existen las recomendaciones?, preguntó el periodista.
- Yo las llamaría presentaciones -respondió el ministro de Justicia-. El candidato normalmente viene presentado por alguien, en su mayoría jueces. También hay presentaciones de políticos.
- ¿El amiguismo no marca una incompatibilidad?
- No se ha dado el amiguismo en el Poder Judicial - estimó Barra-. Sí lo que los norteamericanos llaman ¨patronazgo¨, la presentación. Lo importante es que, una vez designado, el que presentó al juez se olvide de esa amistad. Y el juez también.
- En una encuesta el 86 % de los encuestados sostiene que ¨los jueces no investigan a los corruptos¨.¿Por qué será?
- La gente está mal informada. Si usted hace consumir esos temas la gente va a responder así.
- ¿El periodismo es nazi?
- No, no, no. Yo le estoy poniendo un ejemplo. En la Alemania nazi, los jueces dictaban sentencia según los intereses de la raza y del Fürer. Aquí eso no sucede. Entonces, no es que el periodismo sea nazi. Es que muchas veces tenemos la reacción primitiva de querer salir a colgar gente |33|.
El ministro de Justicia de la Nación, Rodolfo Barra, debió ceder su despacho cuando trascendieron sus pecados de juventud: él mismo había simpatizado con las ideas nazis.
El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se diferencia con el de la Nación por una circunstancia ajena a sí mismo: no tiene sobre su estructura los ojos de la opinión pública nacional. Sus escándalos y sus bajezas apenas trascienden.
Es un poder de códigos reservados.
Cuenta con integrantes que han simpatizado con ideologías autoritarias. Tiene fiscales nombrados por hermanos senadores. Hay jueces señalados de asesorar a la policía en la eliminación de la prueba -el cadáver-, luego de una sesión de tortura. Hay secretarios de juzgados que ponen el precio del sobreseimiento. Magistrados que doblan patentes de sus autos y otros que se conforman con usar el celular que le facilita la gobernación. Hay funcionarios del Ejecutivo que presentaron -con su firma- su propio pliego de postulación como juez de la Corte.
Y hay otros que pertenecieron, simultáneamente, al Poder Ejecutivo y al Judicial.
Pero por sobre todo hay jueces y fiscales que callan. Y padrinos que valoran ese silencio.
Un juez:

El albañil Andrés Nuñez tenía 32 años cuando conoció la picana. La punta metálica cargada de electricidad recorrió su cuerpo en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Era la madrugada del 28 de setiembre de 1990.
Los oficiales estaban apurados en cerrar un caso menor. Debían esclarecer el robo de una bicicleta. Y tenían la esperanza que con ese tratamiento Nuñez aceptara rápidamente el papel de ladrón ofrecido por los investigadores. Pero se les fue la mano.
Hasta media mañana el cadáver del albañil se encontraba tirado donde hoy funciona la Guardia y la Oficina de Radio |34| de la Brigada. Allí lo encontró Amilcar Vara, juez en lo Correccional y Criminal de La Plata.
El elemento más característico de su personalidad es el pesado anillo de sello que lleva en su mano derecha.
Su participación fue esencial para encubrir el crimen:
- Vara nos dijo que si el cuerpo del occiso no aparecía -relató uno de los policías que presenció los hechos-, no existiría tampoco el delito de homicidio.
De inmediato el personal de la Brigada puso manos a la obra. Cinco años después, los restos de Nuñez fueron hallados en un campo de la localidad de Gral. Belgrano, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Habían sido quemados. Y luego enterrados junto a un tanque australiano.
La relación de Amilcar Vara con miembros de la Policía bonaerense se remontaba a su época de abogado. Operaron en equipo: hay muchos abogados que trabajan con la policía. Las comisarías le dan los casos. Desde accidentes de tránsito a situaciones más graves. Cae un detenido y le dicen que tiene que poner a tal abogado porque sino no sale más. Esto sucede en casi todas las comisarías. Vara era uno de estos abogados, aunque no es el único |35|.
Cuando es nombrado juez, durante la gestión radical, Amilcar Vara se ocupó del trabajo desde el otro lado del mostrador. El mismo se encargó de derivar causas penales a oficiales bonaerenses responsables del trabajo sucio: extorsiones a cambio de evitar una inminente detención |36|. Además, su investidura le permitió proteger a sus socios. Y poner el precio:
- Arregló todo y a partir de ese momento tuvimos que empezar a juntar plata para Vara, señaló el testigo.
Miguel Bru era un estudiante de periodismo. Dos meses antes de su desaparición su domicilio fue allanado -de modo ilegal- por personal de la Comisaría Nº 9 de La Plata. Los uniformados no estaban dispuestos a tolerar que un simple estudiante los denuncie, tal como hizo, ante un juez no controlado. Lo siguieron durante varios días. A cualquier costo pretendían incriminarlo en algún delito. Ante la imposibilidad decidieron chuparlo.
Los testimonios existentes sitúan el lugar de la operación en la Ruta 11. Testigos que aseguran haber presenciado los hechos relataron cómo fue su muerte. El hecho irrefutable es que se aplicó la misma estrategia que tres años antes se había aplicado con los restos de Nuñez: se hizo desaparecer el cadáver de modo de eliminar la prueba.
El segundo punto en común entre ambos casos es que los dos ocurrieron durante el turno judicial del juez penal Amilcar Vara.
En 1994 el magistrado acumulaba pedidos de jury de enjuiciamiento -equivalente a un juicio político- por su actuación en las dos causas. Lo solicitó una variada gama de legisladores, del oficialismo y de la oposición: los diputados Roberto Etchenique y Julio Carreto, del MODIN Azul y Blanco; por Jorge Drkos, en esos días diputado del Partido Intransigente; por el senador radical Héctor Bertoncello, y por la Comisión para el Esclarecimiento de Presuntos Delitos, integrada por el Director provincial de Derechos Humanos, Juan Escatolini, el diputado justicialista Alfredo Antanucci y el radical Juan Lema.
El pedido de jury también incluyó al fiscal Octavio Sequeiros: en las instrucciones no encontró ninguna irregularidad que merezca su queja.
- Hacía la vista gorda, es lo menos que se dijo de su actitud.
La irregularidades que encontraron en la actuación de Vara fueron cuantiosas: evitó tomar declaraciones que podrían comprometer a los acusados, dispuso un cambio de carátula que posibilitó la excarcelación de 18 policías, y finalmente cerró las causas. Vara no tuvo límites para defender a sus socios. Llegó a decir que Miguel Brú nunca había muerto. Para sostener esa tesis hizo fabricar la prueba: recurrió al jefe de la Brigada de La Plata para que hiciera aparecer en su juzgado una misiva donde una presunta vecina había visto a Bru con vida. Dicha esquela fue redactada y confeccionada aquí (en la Brigada) |37|.
El pedido de enjuiciamiento no prosperó. Vara se desentendió de las causas. Y los miembros de la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores provincial, a los pocos días, recibieron un pliego enviado por el Ejecutivo: lo propuso para ascender a camarista.
La causa Nuñez cambió de manos. El juez Ricardo Szelagowsky le dió crédito a un testigo propuesto por la Dra. Elba Tèmpera -abogada de la familia de la víctima-:
- Antes de que se fuera Vara yo tenía la prueba de donde estaba el cadáver de Nunez. Esa prueba la tuve que aguantar seis meses. Yo tenía al testigo de donde estaba el cadáver. Pero si lo presentaba no iba a aparecer nunca. Hablé con el Procurador de la Corte |38|.No sabía qué hacer. Habíamos planeado incluso buscarlo como un NN y después derivarlo a otro juez.
Los restos de Nuñez aparecieron en un campo de Gral. Belgrano. Al segundo día de búsqueda llegó al lugar una persona muy bien vestida. Dijo que era abogado. Quería saber qué ocurría en el lugar:
- No saben -preguntó- que éste es un campo del comisario Mario Rodríguez...
El instructor mostró la orden de allanamiento. Y nunca más se supo de ese abogado.
Tampoco pudo adjudicarse la propiedad del campo a Rodríguez, oriundo de Gral. Belgrano. En cambio, no quedaron dudas del vínculo entre el comisario y el puestero del campo: Néstor Gerez Duhalde, sobrino de Mario Rodríguez y, a su vez, primo de uno de los oficiales señalado de eliminar la prueba del homicidio:
- Hola, dijo la voz de una mujer mayor.
- Buenas tardes. Mire, le hablo de Buenos Aires. Estamos haciendo una investigación periodística, y buscamos a una familia de Gral. Belgrano de apellido Gerez Duhalde. ¿Usted los conoce?
- No somos nosotros. Es mi cuñado.
- ¿Y usted no tendría el teléfono?
- Si, 2862.
- ¿Le puedo hacer otra consulta?
- Si. - ¿No sabe usted si son familiares del comisario Mario Rodríguez?
- Si, la señora es parienta...
- Muy bien, muchas gracias.
- Hola.
- Si, buenas tardes. Mire le hablo de Buenos Aires y quisiera hablar con el señor Gerez Duhalde.
- Si -respondió la voz de una mujer de mediana edad, y preguntó-: ¿quién le quiere hablar?
- Estamos realizando una investigación periodística y...
- ... no, acá no existe, dijo y cortó.
En abril de 1995 el obstáculo que entorpecía la llegada del juez Vara a la Cámara Penal era la información que poseía la doctora Témpera. Apenas lo pensó. Una vez más quiso echar mano a su mejor recurso: eliminar la prueba.
La escena fue en el patio de la Comisaría 5ª de La Plata. Vara y un grupo de bonaerenses comían un asado. Entre los oficiales y suboficiales había imputados de someter a torturas a sus detenidos. El juez estaba cómodo y era uno más entre ellos. Pero su investidura le permitía dar órdenes
- Quiero que me la boleteen -ordenó el juez a sus compañeros de mesa, y agregó-: a ver quién pone los huevos sobre la mesa y de una vez matan a esa mujer...
La orden no llegó a cumplirse.
- A mi no me mataron porque hubo un bocón que habló -reconoció la Dra. Témpera a ésta investigación-. Si el policía que estaba en el almuerzo no lo cuenta, hoy tal vez yo no estaría con vida... |39|
Después de tantos avatares el juez Vara solicitó una licencia. Como tal, conservó la investidura y el sueldo. Para evitar el jury de enjuiciamiento inició los trámites de jubilación bajo un juicio de insania, aún sin resolución |40|. La causa Nuñez llegó a su fin. El sumario fue cerrado a la espera de la acusación del fiscal. Cuando la Cámara lo determine se deberá iniciar el juicio oral.
A las 11,27 hs. del 14 de febrero de 1997 el comisario Pedro Klodzick ingresó a la sede de la Comisión Investigadora de la Aduana, en la Cámara de Diputados de la Nación. Por primera vez se lo veía públicamente sin su uniforme de Jefe de la Policía bonarense. Vestía un traje gris y parecía desarmado. Cuatro horas y quince minutos después Klodzyck volvió a la vida civil. Acababa de pronunciar una confesión. Tal vez no había tomado conciencia de sus dichos:
- El crimen de Nuñez era un secreto a voces que se había quedado en una dependencia. Todos sabíamos un poco en secreto que en un interrogatorio realizado en la Brigada de La Plata había quedado una persona muerta, que era este Nuñez, pero no sabíamos nada más. No apareciendo el cuerpo... |41|
Una noche de setiembre de 1990 la Brigada de La Plata recibió una denuncia de rutina. Había sido robada una bicicleta en el barrio. Alguien dijo que la tenía un albañil de la zona. A los pocos minutos detienen a un menor y le sacan el domicilio del futuro culpable. Van a su casa y lo chupan. Lo llevan a la Brigada y le dan máquina. Se les muere.
Esa bicicleta hoy está en poder de su hermano. Es uno de los recuerdos que Andrés Nuñez dejó a sus familiares. El era el dueño de la bicicleta.
El abogado del gobernador:

- Se atribuye lo que le pasó a este pobre chico (José Luis) Cabezas a una cuestión política. Pero nosotros creemos que ha sido víctima de una venganza por una extorsión que él estaba haciendo, reveló Orlando Caporal, apoderado legal de Eduardo Duhalde durante la audiencia de conciliación en el juicio por calumnias e injurias contra el autor del libro El Otro.
Al oír esa afirmación, el periodista Hernán López Echague se levantó para retirarse de la sala del juzgado de Lomas de Zamora, donde se realizaba el trámite. Caporal ironizó:
- ¿No me va a saludar?, preguntó el abogado del gobernador y extendió su mano.
- No tengo interés, contestó el periodista al rechazar el simulacro de saludo.
- Hay que tener paciencia.
- La paciencia tiene sus límites.
- Ya vamos a ver..., amenazó el apoderado |42|.
La escena fue protagonizada por un hombre acostumbrado a oficiar de contralor del gobernador para que todo se lleve a pie de orden.
El abogado Orlando Caporal había llegado a la gobernación, una década atrás, de la mano de Antonio Cafiero. Pero quedó en el cargo -subsecretario de Trabajo- tras la retirada de su ex jefe. De su paso por esa dependencia tienen recuerdos los trabajadores rurales -como se verá más adelante- y los docentes del Suteba:
A mediados de 1993 estalló un escándalo por espionaje escolar y social a cargo de la Policía provincial. En los distritos de Quilmes, Avellaneda y Florencio Varela -por lo menos-, se denunciaron casos de circulares enviadas a las escuelas para que informen sobre actividades políticas de los maestros.
El gremio docente, en ese entonces, agregó su experiencia: no sería la primera vez que en la provincia de Buenos Aires se utiliza esta metodología, pues el subsecretario de Trabajo, doctor Caporal, intentó solicitar a los directores de escuelas listados de los docentes que llevaron a cabo, el 21 de mayo pasado, una medida de fuerza dispuesta por el Suteba |43|.
Caporal mostró sus aptitudes multifuncionales.
De la subsecretaría de Trabajo pasó a la Secretaría General de la Gobernación. Pero a ese cargo no le brindó dedicación exclusiva. Parte de su tiempo tuvo que compartirlo con la titularidad del Instituto Provincial de Medio Ambiente. Si bien puede ser cuestionable, desde el punto de vista administrativo, que se haya desempeñado simultáneamente en dos cargos públicos, en este caso es un detalle menor. En verdad, Caporal no estaba en condiciones de ocupar ninguno.
Desde la Secretaría General tuvo, como una de sus misiones centrales, gestionar entre inversores estadounidenses la venta de la empresa provincial de electricidad ESEBA, de Obras Sanitarias y del Astillero Río Santiago.
El Instituto de Medio Ambiente le otorgaba una función estratégica: otorgar los certificados de aptitud ambiental a las empresas para su radicación en la provincia. Como titular del organismo, Caporal acordó con los dueños de esas empresas el contenido de la Ley de Radicación Industrial, tras una serie de encuentros realizados en la sede de IDEA.
En la Secretaría General concentró una buena porción de la capacidad operativa de la provincia. Esa dependencia controla y supervisa los asuntos legislativos, los pasos administrativos de los actos de gobierno, lo que firma el gobernador, y tiene a cargo las relaciones internacionales y con la Iglesia. De esta cartera depende la Dirección de Personal -300 mil empleados-, el Cinturón Ecológico -CEAMSE-, el Mercado Central, la Zona Franca La Plata, y una serie de obras encaradas en la ciudad de La Plata.
El plebiscito que convalidó la reelección inmediata del gobernador y vice, también estuvo en manos de Caporal. Según reconoció la impresión de boletas, horas extras para empleados y custodios, traslado de urnas y pago de correo, le costó a la provincia 6 millones de pesos |44|. Según otras fuentes, el trabajo que requirió modificar los votos de varios constituyentes del MODIN para incluir la cláusula reeleccionaria tuvo un costo aún mayor.
La ventana del despacho de Duhalde da al patio interno de la gobernación. Desde allí se ve la arboleda de la calle 51. Es también el ingreso de los autos que estacionan en el interior de la sede de gobierno. El 23 de noviembre de 1993 el Secretario General de la Gobernación y Horacio Daniel Piombo, presidente de la Sala Segunda de la Cámara III de Apelación en lo Criminal y Correccional de La Plata, recorrieron juntos ese camino.
El Salón Rojo antecede al despacho privado del gobernador. Ese día lo ocupó el vice. Es un ambiente donde los colores de la decoración predominantes son el verde agua y crema. Junto a la estufa hay varios sillones y una amplia mesa bordeau, que resalta por su colorido frente al resto de la sala.
Caporal y Piombo aguardaban ser atendidos por Romá en esa sala. Los dos vestían trajes de verano. El del secretario de la gobernación era claro, y el del juez gris oscuro, con un solo tajo en la espalda del saco. Mientras aguardaban ser atendidos, la conversación giró en torno a la principal preocupación que atormentaba a Caporal en esos días:
- Mirá cómo me persiguen..., este es un proceso kafkiano, se quejó ante el juez.
En 1967 Caporal era secretario del Juzgado Penal Nº 1, en la localidad de Azul. Y perdió su trabajo por incumplimiento de los deberes de funcionario público: fue exonerado.
Tres años después volvería a tropezar con la misma piedra. El episodio también ocurrió en Azul, donde se lo inhabilitó para ejercer la profesión de abogado. El titular del Juzgado Nº 2, Alberto Pujou, encontró méritos suficientes para procesarlo bajo el cargo de vaciamiento de empresa. La firma damnificada -De la Vega Hnos.-, aún opera en la localidad de Olavarría con estaciones de servicio, actividades inmobiliarias y transporte de cargas.
Junto a Caporal fue imputado Juan Carlos Pratte. El hombre resolvió evitarse la detención policial y fugó al Brasil. El futuro apoderado legal del gobernador, en cambio, no pudo impedir la requisitoria de la Policía bonaerense.
En diciembre de 1993 Caporal seguía perseguido por su pasado. Estaba apesadumbrado y molesto. La Corte Suprema acababa de desestimarle una recusación
. De ese modo, además, le comunicaba que debía abandonar la actividad pública. Sus antecedentes lo comprendían en la Ley 10.430: no podrá ingresar en al Administración Pública el que hubiere sido exonerado de alguno de los tres poderes del Estado.
El juez Piombo le brindó su asesoramiento:
- Los primero que tenés que hacer es conseguirte un abogado que no sea muy conocido -le dijo-. Un pichiruchi...
Antes de terminar la conversación, el Secretario General le entregó al juez una carpeta con los antecedentes y documentación del caso:
- Me voy a ocupar del tema, le prometiò al Secretario y, seguidamente, ingresaron al despacho del gobernador, en la oportunidad atendido por el vice -a su vez presidente del Senado- |45|.
La reunión, en definitiva, fue una cumbre con representantes de los tres poderes del Estado provincial, donde los límites estuvieron impuestos por la distancia que separó su ubicación en los sillones del despacho del gobernador.
A pesar de estar impedido judicialmente para desempeñar cargos públicos, Caporal se mantuvo al frente de la Secretaria General de la Gobernación hasta los primeros meses de 1996.
Cuando se alejó del cargo pasó a atender los asuntos legales del gobernador. Se convirtió en su apoderado en las causas originadas tras la publicación del libro El Otro -que incluía también sus antecedentes penales-. La estrategia para despegar del contenido periodístico de la investigación se orientó en dos direcciones: el judicial y el mediático.
Para limpiar su imagen, acompañado por su familia, el gobernador se presentó en el programa de TV Hora Clave. Se apeló de modo directo a la sensibilidad de la teleaudiencia: la cámara fijó durante largos minutos el llanto de los Duhalde.
Para limpiar su honor, en cambio, se inició una estrategia legal que derivó en dos causas. Por calumnias e injurias presentó una querella en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Allí Caporal desestimó la mayor parte de los elementos de prueba presentados por el periodista y en los que basó su investigación. Cuatro cajas con testimonios documentales y grabados y un listado de 45 testigos. El apoderado intuyó que sería más nocivo el remedio que la enfermedad. La salud de la imagen publica de su cliente no toleraría el tratamiento.
Simultáneamente a esa causa, ante el fiscal de la Cámara Penal de La Plata, Héctor Vogliolo, Duhalde pidió ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito:
- Se me asignan hechos que prima facie revestirían el carácter de delitos -dice el escrito presentado por Duhalde-, circunstancia ésta que empaña y perjudica gravosamente mi persona en su reputación, buen nombre y honor, tanto desde la óptica privada como pública. (..) Solicito que se practiquen todas las medidas necesarias tendientes a la investigación de los ilícitos que se me atribuyen.
La primera medida procesal que se tomó fue llevar a declarar a López Echague a la ciudad de La Plata, por la fuerza. La segunda, poner en manos del titular del Juzgado Penal Nº 13, Emir Caputo Tártara, la prosecución de la causa.
Este juez es conocido en la ciudad de La Plata por tres circunstancias. Una de ellas, justamente, es tener entre manos la causa del gobernador. La segunda es una directa derivación del origen de sus herramientas de trabajo: habría utilizado un auto con chofer y un teléfono celular asignados a la Gobernación |46|.
La tercera y última circunstancia de su popularidad se deriva de su acceso al cargo. Su nombramiento responde a la voluntad de Juan Carlos Hitters, ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense desde 1994 y señalado como padrino de varios jueces del fuero penal platense.
Hitters es el primer hombre que pudo introducir Duhalde en el máximo organismo de la Justicia provincial. Y llegó a la cima del Poder Judicial desde las cumbres del Poder Ejecutivo. Su propio pliego de postulación como juez de la Corte debió contar al menos con el visado de la subsecretaría de Justicia bonaerense, a su cargo.
Con una gran dosis de intuición profesional, Caporal siempre confió en esta causa.
Un Juzgado de Faltas:

Las investigaciones periodísticas del ciclo Edición Plus no eran el fuerte de la programación de Telefé para captar televidentes. Pero sus 10 puntos promedio de rating tampoco lo convertían en un producto desestimable.
Durante su existencia se pusieron en el aire investigaciones sobre -entre otros temas- el asesinato de Poli Armentano, el director técnico de la Selección Nacional de fútbol, Daniel Passarella, la inmigración ilegal, el pastor Giménez, los accidentes de tránsito, y los criminales de guerra nazi en Argentina.Cuando los productores y las cámaras pusieron un pié en La Matanza el ciclo inició inexorablemente su cuenta regresiva.
Ese distrito es el feudo de un hombre con el poder suficiente como para influir sobre la programación de la TV argentina.
Desprenderse de una jueza de Faltas de su distrito, sin embargo, le llevó a ese hombre poderoso más tiempo y más operaciones que las imaginadas en los últimos meses de 1994. Tal es así que, como no pudo con ella, le disolvió el Tribunal.
La investigación de Edición Plus prevista originariamente para ser emitida el jueves 29 de setiembre de 1994 sufrió dos postergaciones. Cuatro días después de la fecha prevista para la emisión, el 2 de octubre, se realizaría el plebiscito bonaerense que otorgó la cláusula de reelección inmediata de gobernador y vice.
A las dos semanas, el 13 de octubre, la audiencia de Edición Plus recién pudo ver el capítulo Corrupción en La Matanza. Según diversas fuentes, el producto final tuvo manifiestas diferencias con el tape original.
El avance del ciclo emitido durante las tandas promocionales evitó la ambigüedad:
Es algo cotidiano en La Matanza. La consigna parece ser una sola: callarse y robar. Revelamos los oscuros manejos respecto a los cobros a los comerciantes a cambio de seguridad y a la venta de cocaína. Corrupción en el distrito más importante del país. Otro documento de Edición Plus |47|.
De inmediato sonaron los teléfonos de los directivos de la emisora. Los abogados de Telefé revisan a éstas horas los contenidos de uno de los capítulos de Edición Plus -escribió un columnista de La Nación-. En este caso centrado sobre la tormenta política que se cierne sobre el partido de La Matanza. El capítulo fue demorado por segunda semana consecutiva. Observadores habituales de los juegos del poder subrayan que los avances promocionales de la investigación causaron perturbación en el ánimo del diputado Alberto Pierri. El representante de La Matanza en el Congreso, dicen las fuentes confiables, levantó de inmediato el teléfono para hablar con los ejecutivos de la emisora.
La investigación puesta en pantalla reveló parte de los manejos de la corrupción local: venta barrial de cocaína, extorsiones a comercios ilegales, aprietes a periodistas y malversación en el manejo de los fondos municipales.
Fuentes que aportaron su testimonio a la producción del ciclo aseguraron posteriormente que la versión definitiva fue lavada. Hay quienes afirman que incluso el mismo Alberto Pierri habría visto el programa luego de haber salido al aire la promoción y antes de la salida al aire |48|.
La edición original centraba la reponsabilidad de los hechos denunciados en la máxima figura política de La Matanza: Alberto Pierri. La versión emitida reservó para la policía el rol central de malos de la película. Nada de ello, sin embargo, modificó la escandalosa sucesión de corruptelas que mostró la investigación.
El programa se inició con los primeros planos de los conductores del ciclo, Lara Montalván y Franco Salomone, que bocetaron el contenido de la investigación:
- En el programa de hoy descubrimos que existe un centro de corrupción y tráfico de drogas a 15 minutos de la Capital, que funciona gracias a que muchos políticos y funcionarios policiales hacen la vista gorda. Se trata de La Matanza, el municipio más poblado del país.
- Estos graves delitos son moneda corriente en esta zona del Gran Buenos Aires. Tenemos tres testigos que describen la complicidad de funcionarios policiales y políticos en este oasis de corrupción. Nuestros informantes temen por su vida. Por eso aparecen con la cara cubierta. Aceptamos sus condiciones porque los hechos que denuncian son realmente terribles.
A la mañana siguiente el gobernador bonaerense participó de las deliberaciones del Consejo partidario del Justicialismo, en Parque Norte. El no estaba entre los que otorgaron los 10 puntos del rating de Edición Plus. Dijo que se enteró por los diarios del contenido del programa. Con visibles muestras de mal humor enfrentó a la prensa que quería su impresión sobre los hechos que en el se describían:
- Todos los días hay operativos antidroga. Por otra parte -agregó-, no creo que los comerciantes de La Matanza se quejen por los hechos de corrupción. Nos reunimos dos veces por mes con las cámaras empresariales |49| y no han surgido este tipo de reclamos. Pero cuando hay una denuncia hay que investigarla..., aseguró Duhalde |50|.
Un tape del programa fue a dar al fuero Criminal y Correccional de Morón. Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal Nº 2 prometió seguir el proceso hasta las últimas consecuencias:
- Se está trabajando a full. La causa no tiene un día de demora. Se reciben todas las declaraciones testimoniales que hay que recibir y hasta se están haciendo tareas de inteligencia, anunció su señoría |51|.
El 7 de marzo del 94 la jueza de Faltas de La Matanza Liliana Simone tomaba una audiencia en su juzgado. Recibió un llamado por su teléfono interno y atendió. Del otro lado de la línea el secretario del intendente le dijo que el contador Héctor Cozzi quería hablar con ella. Era la primera vez en su gestión que el jefe comunal le dirigía la palabra. Después de los saludos de rigor y los rodeos previos, el hombre fue al punto:
- Quién mierda se cree que es usted para negarme las Actas de Infracción...
- Señor, no me presione -respondió la jueza-. Yo me ajusto a derecho, como lo he hecho siempre.
- Yo al derecho me lo paso por las bolas... Ya vas a ver lo te va a pasar. |52|
Dos años después las palabras de Cozzi adquirieron el valor de una promesa cumplida.
Liliana Simone llegó al Juzgado de Faltas Nº 1 de La Matanza en octubre de 1987. Había sido nombrada por el intendente anterior, Federico Russo -ortodoxo de la primera hora--. El hombre y mucha de su gente cayó en desgracia luego del ascenso del pierrismo en La Matanza.
Los Juzgados de Faltas son la más cercana instancia judicial en los municipios. Trabajan sobre la base de las Actas de Infracción y se centran sobre tres áreas fundamentales: tránsito, comercio e industria. Fueron concebidos para intervenir en situaciones locales, no siempre menores: excesos de velocidad, falta de habilitación y actividades industriales o comerciales en zonas no permitidas.
Pero su rol de órgano primario de justicia fue modificado. Se los convirtió en entes recaudadores. Por derecha y por izquierda.
- Que alguien se lleva algo y que no está viviendo precisamente de su sueldo no me cabe la menor duda -estimó la jueza Simone-. No puede haber inspectores con sueldos de $ 500 que andan en Peugeot 505 cero kilómetro, y vestidos con ropa de marca.
El testimonio de la jueza en el capítulo Corrupción en La Matanza de Edición Plus convalidó en gran medida las revelaciones periodísticas de la investigación. Su aparición en la TV, inexorablemente, la convertiría en una desocupada.
Durante su gestión denunció las variadas formas de la corrupción en su distrito. La más común de las denuncias fueron la derivadas de los aprietes al comercio. Se trata del clásico vamo y vamo. El comerciante paga una cifra menor que la correspondiente por una habilitación legal. Y el inspector recauda para un pozo común:
- Yo molesto. Pido investigaciones, operativos, careos, que nunca se cumplen. En general en los careos se determina que existen acuerdos entre los infractores y los inspectores corruptos. Además, hay una gran cantidad de actas de infracción mal hechas intencionalmente para tener presionado al imputado.
En La Matanza se lo conoció como Crovara Gate. Fue otro de los escándalos denunciado por la jueza Simone. Crovara es una de las avenidas más importantes del distrito. La Municipalidad poseía un predio de diez cuadras sobre esa avenida. El destino previsto por ley era para espacios verdes públicos. Sin embargo, allí se construyeron locales comerciales. El Concejo Deliberante sancionó en noviembre de 1992 una ordenanza que obligaba al jefe comunal a demolerlos:
- Como el intendente Cozzi no intervenía, el concejal Aldo Contreras se presentó ante la Justicia y yo misma aporté datos, nombres y pedí el procesamiento del intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público |53|.
El pedido de la jueza no fue escuchado. Los locales continuaron en pié. Algunos incluso sin habilitación. Entre verdulerías, remiseras y gomerías, el Crovara Gate brindó también un local para el funcionamiento de la Unidad Básica del barrio.
El miércoles 5 de febrero de 1997 el intendente Cozzi pudo, finalmente, entregarle el trofeo a su jefe: con el voto de los 16 concejales justicialistas se aprobó su decreto de disolución de los Tribunales de Faltas de La Matanza.
Durante dos horas las barras -opositoras y oficialistas- le pusieron el toque popular a la sesión. Cobardes y corruptos, gritaban unos. Y los otros contestaban con las estrofas de la Marcha Peronista. A nadie le importó escuchar las fundamentaciones de la ordenanza que se iba a tratar. Llegó al recinto con la aprobación asegurada de antemano.
Ricardo Rolleri, presidente del bloque de concejales justicialistas, tuvo a su cargo la defensa de la iniciativa del Ejecutivo. Para disolver los tres juzgados de Faltas y anular la ordenanza que les dió creación basó sus argumentos en la gestión de la jueza Simone: gasta mucho y recauda poco, sentenció.
El mismo Rolleri había participado, en 1984, de la sesión que creó los juzgados a través de la Ordenanza 7.762. El hombre tuvo argumentos para aprobar los tribunales y, trece años después, para fundamentar su disolución.
Tuvo también la influencia necesaria para colocar a su hermano, Eduardo Rolleri, al frente de uno de los juzgados. Pero cuando liquidó su fuente de trabajó no le soltó la mano. El ex juez pasó a cumplir tareas en el Ejecutivo municipal. Y tras la sesión fijó su posición ante la prensa:
- Le doy mi total apoyo al intendente Cozzi.
De acuerdo al Código de Faltas Municipales los jueces gozan de estabilidad en sus funciones. Si bien son nombrados por el intendente con acuerdo del Concejo Deliberante, su destitución sólo puede producirse luego de un jury de enjuiciamiento. Y a esa instancia se llegaría en caso que el juez manifieste desorden en su conducta, ineptitud y comisión de delitos que afecten a su nombre y honor.
Al fracasar los intentos administrativos para despedir a Simone se promovió una operación política. En la única oportunidad que el intendente tuvo un encuentro con los concejales de la oposición el tema fue la jueza que alteraba su vida. Cozzi les pidió el voto para promoverle el jury:
- Bueno, muchachos, vamos a mejorar las relaciones -ofertó el intendente-. Así van a poder solucionar los problemas políticos que tienen ustedes.. |54|.
Ante el fracaso de la operación el jefe comunal pateó el tablero. Después de tres años con la mira puesta en la jueza, y sin resultados, se optó por apuntarle al juzgado. Y si no hay tribunal, tampoco hay magistrado.
La causa derivada a la justicia federal para investigar el contenido de las denuncias de la investigación de Edición Plus, como se verá, no puso nervioso a ningún sospechado.
- El día que en este juzgado alguien se ponga a juntar los cables se va a producir un cortocircuito descomunal..., señaló una fuente con acceso directo al Juzgado Federal Nº 2 de Morón.
Jorge Rodríguez inició su carrera judicial en una Defensoría Oficial nombrado por el radicalismo. Quienes lo impulsaron en el cargo tuvieron que vencer las resistencias iniciales del futuro juez federal:
- No, doctor, no sirvo para una Defensoría. Yo estoy para fiscal..., respondió tras el ofrecimiento en la década pasada.
Finalmente aflojó. De la Defensoría fue ascendido a juez de Primera Instancia. Como titular del juzgado Penal Nº 5 de Morón, Rodríguez se hizo cargo de causas con alto voltaje político:
- Y allí empezaron los problemas -reconoció una fuente que influyó en su carrera judicial-. La imagen de este hombre, desde ese momento, se me cayó estrepitosamente. No parecía un tipo que pudiera terminar así...
Una de las primeras causas significativas que tramitó Rodríguez terminó en el sobreseimiento del intendente Juan Carlos Rousselot. El jefe comunal estaba acusado de administración fraudulenta. Sobre él pesaban 14 demandas. Incluso había sido removido de su cargo, en 1989, tras un juicio político impulsado desde el Concejo Deliberante.
Rousselot entendió que su pasado entre los 12 apóstoles menemistas era el origen de sus problemas con la Justicia bonaerense. Su pase a la Liga Federal le permitió, incluso, regresar a la intendencia. Y la Corte Suprema, por otro lado, le liquidó un par de cuentas sueltas que le adeudaba a la Justicia Federal. Fue absuelto |55|.
La causa que sacó a Rodríguez de los juzgados de primera instancia fue una denuncia de Alberto Pierri, su padrino. En mayo de 1993 el diputado nacional presentó cargos contra la empresa Edenor, a raíz de un corte de electricidad en cuatro barrios de La Matanza. A los 10 días la empresa tenía un fallo en su contra y Rodríguez el pase a la justicia federal.
En su nuevo cargo, quienes conocen su metodología de trabajo, le asignan una inclinación para el uso de los agentes encubiertos y una predisposición notable para avalar operativos impulsados por un grupo selecto de comisarios. Muchos de estos movimientos, incluso, respondieron a intereses de la interna policial. Otros testimonios le añaden un perfil casi patético a su gestión:
- Actúa para figurar en los diarios. Hace de cowboy. Según los policías que lo acompañan, Rodríguez va a los procedimientos portando armas. Se le cagan de risa...
En noviembre de 1994, a las tres semanas de la emisión de la investigación de Edición Plus, el juez Jorge Rodríguez recibió a un periodista de la revista La Maga. La causa derivada del programa tuvo la colaboración de la Dirección Judicial de la provincia de Buenos Aires:
- El objetivo es que el proceso -afirmó Rodriguez-, sea ascéptico, bien transparente y cristalino...
Para que no queden dudas del impulso de la instrucción, el juez agregó:
- Vamos a investigar todo. Absolutamente todo. No podremos tener ningún inconveniente, porque si llegamos a tener algún tipo de traba, que no quede ninguna duda de que la vamos a destrabar...
Frente a otros interlocutores, sin embargo, Rodríguez no mostró la misma voluntad arrolladora de investigar:
- Yo fui a verlo al juez por pedido de un senador que había aportado elementos a la investigación. A mi Rodríguez me dijo que tenía muy pocos fundamentos y que el programa -Edición Plus- no estaba bien hecho. La realidad es que no se investigó nada... |56|
Rodríguez no procesó a nadie y no comprobó la comisión de ningún delito. A pesar de que las cámaras de Edición Plus filmaron operaciones de venta de cocaína y personajes que reconocían que se dedicaban a su comercialización. Tampoco consideró oportuno tomarle declaración a su colega, la jueza Simone, dispuesta a acercarle pruebas.
La Matanza quedó sin Tribunales de Faltas. Las actuaciones pasaron a convertirse en una atribución del asesor letrado del municipio. Para ello se creó una nueva e inédita dependencia no contemplada en la ley Orgánica Municipal: la Dirección de Faltas.
Las palabras de Franco Salomone, como cierre de la investigación de Edición Plus, se convirtieron en un premonitorio anticipo de los tiempos que vendrían:
Llegamos al fin de nuestro programa. La semana que viene investigamos el fenómeno de los curas sanadores. Y además averiguamos si es que en realidad existen personas capaces de curar a otras con la oración, la fé y la esperanza...
Siete días después el ciclo fue levantado de modo definitivo.
La Corte:

Cuando Duhalde llegó a la gobernación no pudo elevar el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia. La heredó con nueve integrantes. Y ninguno era del palo. Se vió obligado a mantener una permanente relación negociadora. Si bien a lo largo de sus dos gestiones incorporó hombres de su tropa a la máxima instancia de la Justicia provincial, lo que no tenia resuelto por arriba, lo aseguró por abajo: el Conurbano bonaerense tramita la mayor parte de los procesos judiciales de la provincia, y allí fue más sencillo -y necesario- el lento y silencioso proceso de ubicación de las fichas propias.
El mejor ejemplo de la estrategia de ocupación de cargos judiciales se produjo el 11 de setiembre de 1996. El plazo, sin embargo, había sido puesto por los convencionales constituyentes dos años atrás. El número de nombramientos aprobados esa agobiante jornada legislativa fue escandaloso. Casi tanto como el pasado del segundo hombre que el gobernador colocó en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Lo que ha ocurrido en la Justicia Federal de Capital Federal, que ha trascendido ampliamente, está ocurriendo de modo lento en la provincia. Y es un problema grave porque estamos hablando de 13 millones de habitantes. Yo he visto a senadores decir:
- Tengan cuidado con este que es mío. Ese juez es amigo mío.
Hay casos de magistrados que fueron visitados para exponerles críticas a su gestión y se atajaron diciendo:
- Yo soy hombre de Mércuri, a mi no me pueden venir a decir eso.
En la Comisión de Acuerdos presionan con el número. Podés demorar un voto cuatro semanas, como máximo. Pero después vienen y te dicen:
- Mirá, me llamaron. Tiene que salir...
A lo sumo te lo dirán amablemente, pero no hay ningún control de la oposición |57|.
La reforma constitucional de 1994 dispuso la creación del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la designación de jueces y fiscales del fuero provincial, a partir de 1997. El organismo tiene sede en la ciudad de La Plata. Lo conforman 18 miembros que duran cuatro años en el cargo. Está compuesto por el presidente de la Suprema Corte, un juez de Cámara, uno de primera Instancia, un fiscal, seis representantes del Poder Legislativo, cuatro del Ejecutivo y otros cuatro del Colegio de Abogados de la provincia.
La ley de creación del Consejo fue promulgada el 18 de noviembre de 1996. El gobernador hizo el anuncio al cortar la cinta de la sede del fuero Criminal y Correccional de La Matanza. Con el mismo ímpetu y ligereza de un discurso de tono inaugural, Duhalde habló de una Justicia que de 1991 a 1996 redujo su participación en el presupuesto bonaerense del 7,24% al 4,27%: |58|
- Si queremos tener una Justicia sana -dijo-, en la que todos podamos tener confianza, debemos sacarla del ámbito de la politiquería...
Ocho semanas atrás, la Comisión de Acuerdos del Senado se le había adelantado en la tarea al futuro Consejo: cubrió todos los cargos vacantes de jueces y funcionarios, incluso los de fueros o Tribunales que no existían al momento de dar el acuerdo. La elección de la fecha no fue arbitraria. La nueva Constitución había fijado el día a partir del cual el nuevo organismo debía hacerse cargo de las designaciones: 13 de setiembre de 1996.
La sesión del 11 de setiembre designó a 64 magistrados. Los pliegos de antecedentes habían sido analizados en los cuatro días previos. Pero eso no fue todo:
- Desde enero de 1996 han nombrado a 207 funcionarios judiciales en toda la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se incluye a Fiscales, Fiscales de Cámara, Defensores Oficiales, Asesores de Menores y Jueces de todos los fueros |59|.
En el Conurbano se tramita el 65 por ciento de las causas bonaerenses, tanto en los fueros civiles, laborales y comerciales. Son los departamentos Judiciales más importantes de la provincia.
- Hay legisladores que son dueños de Departamentos Judiciales. Nada puede salir sin su visto bueno. Hay que ir a verlos para un nombramiento o un ascenso. Para aceitar y que no se frustre, señaló un reconocido penalista |60|. Y les puso nombre y apellido a los influyentes:
- En San Isidro es Alberto Piotti; en La Matanza el diputado Alberto Pierri, el senador Horacio Román y el intendente de Merlo, Raúl Otahece; en Morón también Pierri y Román; en San Martín el intendente de Tres de Febrero y ex dirigente de la UOM, Hugo Curto; en Lomas de Zamora el senador Reynado Pierri -hermano del diputado-, el diputado Osvaldo Mércuri y el senador Carlos Martínez; en Quilmes el diputado Angel Abasto y el senador y ex intendente Aníbal Fernández; y en La Plata las influencias más notorias son de Piotti, el intendente Julio Alak, el integrante de la Corte, Juan Hitters y el senador Martínez. La influencia de Piotti y Pierri llega también a nueve juzgados federales del Conurbano |61|.
El presidente de la Comisión de Acuerdos es el senador Carlos Martínez. El hombre pertenece a la Liga Federal. Mantiene una sociedad política con el intendente platense, Julio Alak -casado a su vez con una fiscal provincial-. El senador inició su militancia en el barrio de Los Hornos. Entre los compañeros de su actividad política se encontró José Auge, uno de los señalados -sobre todo por el gobernador- de participar del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas:
- Auge es un buen muchacho -reconoció Martinez-. Es un afiliado y militante del peronismo. Es trabajador, cuando tiene trabajo.. |62|.
El hombre, en la sesión del 11 de setiembre, logró un nombramiento especial. Mereció un festejo familiar. Julián Martínez, su hermano, recibió el acuerdo como Fiscal. Fue un buen inicio en la carrera judicial. Para la cual de poco le sirvió su experiencia laboral anterior: empleado administrativo de la Dirección de Bellas Artes bonaerense.
La situación del Poder Judicial de la provincia continúa siendo crítica desde hace muchos años, y ello se debe al incesante crecimiento de necesidades propias del servicio que no son atendidas ni cubiertas adecuadamente con los recursos presupuestarios requeridos para el normal funcionamiento de la administración de Justicia, fue el centro de un cuestionamiento del Suprema Corte presentado a los otros dos poderes. El problema de la Justicia, suscribieron sus integrantes, era la falta de fondos en su presupuesto: 334 millones de pesos en 1996.
Entre los firmantes del reclamo estaba el ex juez federal de Mar del Plata Eduardo Pettigiani. El más novato de los miembros de la Corte accedió al cargo con el impulso del gobernador, y el rechazo unánime de la oposición.
No hay quien explique la llegada de Pettigiani, en 1991, a la secretaría de Seguridad provincial en pleno proceso de reequipamiento. Mucho más complejo es determinar porqué se pagó el costo político de su nombrarmiento como juez de la Corte. Su pasado:
Muchos de los protagonistas de la violencia política que vivió la Argentina en la últimas tres décadas estuvieron, de algún modo, relacionados con Tacuara: grupo de choque ultraderechista con actividad en la década del sesenta, con ramificaciones en las décadas siguientes.
Un importante número de sus integrantes provenía del ámbito universitario. Allí se organizaron los sindicatos al estilo de la España franquista.
El único de estos grupos que llegó a tener cierta relevancia provino de la Facultad de Derecho de la UBA. El Sindicato Universitario de Derecho -SUD- se convirtió en una agrupación reconocida oficialmente por las autoridades universitarias, y durante un par de años funcionó en un local en el ala norte de la Facultad. (...) El SUD, con unos 60 militantes y un centenar de afiliados, fue uno de los pilares de la Concentración Nacional Universitaria -CNU-, creada como organismo coordinador de la derecha peronista en las universidades a principios de los años 70 |63|. Entre los jóvenes abogados surgidos del SUD se encontraba Eduardo Pettigiani.
Juan Martín Cristo Ciga Correa a mediados de los setenta era un veterano de Tacuara. Una década después, para su fortuna, el destino lo cruzaría con Pettigiani.
La nueva oportunidad de entrar en acción se presentó con el golpe militar en marzo de 1976: Los veteranos de Tacuara y de la Triple A fueron asimilados a las fuerzas represivas de la dictadura. Reaparece, entonces, en los grupos de tareas que secuestran, torturan y asesinan. Ciga Correa, alias mayor Mariano Santa María, fue asignado por el Ejército a misiones en el exterior, como instructor contrarevolucionario en Centroamérica. |64|
En mayo de 1984 Ciga Correa recaló en Mar del Plata. Por circular con un automóvil que no le pertenecía y por el cual había una orden de captura fue detenido por la policía. La causa recayó en el juzgado de un viejo compañero.
En marzo de 1985 el entonces juez federal Eduardo Pettigiani lo sobreseyó en los cargos de portación de arma de guerra y documentos falsos. El magistrado deshechó el pedido del fiscal de aplicarle la prisión preventiva. El argumento que utilizó el entonces juez federal para fundamentar su sobreseimiento fue de forma: faltaba la firma de los testigos en el acta del secuestro del cuerpo del delito |65|.
El semanario El Periodista, en 1986, publicó una fotografía de Pettigiani como partícipe de una inusual ceremonia en la Iglesia Santo Domingo, de la ciudad de Buenos Aires. Con la vestimenta típica de los admiradores de Hitler lo mostró junto a un buen número de iguales en pleno saludo nazi: la mano derecha en alto y con un grito a voz de cuello.
Cíclicamente, década tras década, el viejo compañero de Pettigiani se convirtió en noticia. Y siempre el hecho en cuestión giró alrededor de la violencia.
El 30 de setiembre de 1974 una carga de trotyl colocada en la caja de cambios de un Fiat 1600 mató a sus dos ocupantes. El hecho ocurrió en Malabia 3352, de Capital Federal. El atentado terminó con la vida del general Carlos Prats -comandante en Jefe del Ejército chileno durante la presidencia de Salvador Allende-, y de su esposa, Sofía Cuthbert. El caso Prats es parte de una trilogía de atentados simultáneos: en Nueva York fue asesinado el ex embajador chileno Orlando Letellier, y en Roma el ex vicepresidente Bernardo Leigthon. Todos los hechos fueron esclarecidos, exc

 CAPITULO DOS      |     CAPITULO CUATRO

VOLVER A PRESENTACION

VOLVER A CUADERNOS DEL PENSAMIENTO

Todos los libros están en Librería Santa Fe