Examen de las principales
pistas en la novela negra de las ciencias y las humanidades
criollas
Eduardo Saguier
(Reproducción con autorización
del autor)
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la corrupción de la ciencia
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Historiador, economista
e investigador independiente del CONICET de extenso currículum,
Eduardo Saguier es autor, entre otras obras, de la monumental Genealogía de la
tragedia argentina (1600-1900).
La Nomenklatura
Académica en la Cultura Argentina (era M-K). Examen de las principales
pistas en la novela negra de las ciencias y las humanidades
criollas.
[Se reproducen los primeros cinco capítulos, el libro completo
en formato doc comprimido (168K) puede descargarse desde el
enlace superior]
Organización de
la obra
Capítulo I Introducción. El miedo
enquistado en la intelectualidad argentina
Capítulo II Privatización mercantilista
de la investigación, transferencias tecnológicas y plagio del
Bayh-Dole Act
Capítulo III Planificación autoritaria
del Observatorio Nacional de CyT u ONCTIP (Ministerio de CyT)
Capítulo IV Doble obligación, múltiple
subordinación y combinación de donaciones y sobresueldos en
la educación superior argentina.
Capítulo V Corrupción institucionalizada
de las autoridades pertenecientes a emblemáticos organismos
públicos mediante los subsidios distribuidos por la FONCYT-Agencia
(Ministerio de CyT)
Capítulo VI Repetición concentrada de los subsidios otorgados
por la Agencia y su obscena desigualdad
Capítulo VII Complicidad con el peculado de Coordinadores de
la FONCYT-Agencia
Capítulo VIII Favoritismo clientelístico fraguado en el Fondo
Tecnológico Argentino (FONTAR), dependiente de la Agencia
Capítulo IX Encubrimiento del peculado por el Comité de Ética
en Ciencia y Tecnología (CECTE), dependiente del Ministerio
de CyT
Capítulo X Connivencia con el negociado por parte de las autoridades
del propio CONICET, dependiente del Ministerio de CyT
Capítulo XI Autorizaciones abusivas de asesorías por el Directorio
del CONICET
Capítulo XII Colaboración con la defraudación por parte de los
Secretarios de CyT de las Universidades Nacionales
Capítulo XIII Participación en el pillaje y el fraude electoral
de los Consejeros Universitarios
Capítulo XIV Conclusiones
Bibliografía
Apéndices
Apéndice I Denuncia de un geólogo al Presidente del CONICET
Dr. Charreau
Apéndice II Ciencia y escándalo en Argentina (IX-2002)
Apéndice III Concentración (duplicación, triplicación y cuadruplicación)
de los subsidios de la FONCYT-Agencia (era M-K)
Apéndice IV Subsidios de la Agencia otorgados a los Coordinadores
de la Agencia
Apéndice V Mensaje del Presidente del ANPCYT Dr. José Lino Barañao
(XII-2006)
Apéndice VI La mafia de la ingeniería química en Argentina (2002)
Apéndice VII Subsidios y préstamos de la FONTAR-Agencia (ANPCYT)
otorgados a empresas privadas (1998-2001)
Apéndice VIII Subsidios de la Agencia asignados a autoridades
del CONICET
Apéndice IX Asesorías aprobadas por el Directorio del CONICET
1997/1999
Apéndice X Subsidios asignados a los Secretarios de CyT de las
Universidades Nacionales
La Nomenklatura Académica
en la Cultura Argentina (era M-K). Examen de las principales
pistas en la novela negra de las ciencias y las humanidades
criollas.
Capítulo I
Introducción. El miedo enquistado en la intelectualidad argentina
¿A que razones históricas
(culturales, políticas, sociológicas y psicológicas) obedece
el profundo miedo enquistado en la opinión pública intelectual
argentina?, ¿a qué obedece la autocensura, conformidad o resistencia
a opinar críticamente sobre cuestiones que hacen a la democratización
de la ciencia, el arte y la cultura?, ¿por qué motivos numerosos
y consagrados intelectuales vienen callando la dominación autoritaria
y facciosa que prevalece en las estructuras de los organismos
de cultura argentinos?, ¿por qué motivo los institutos de investigación
de las Universidades Nacionales (e.g.: el Instituto Gino Germani)
no encararon este drama, y por el contrario en algunas de sus
investigaciones (e.g.: Naishtat y Toer, 2005), las preguntas
formuladas en las encuestas practicadas se redujeron a problemáticas
e hipótesis de muy relativa relevancia (la representatividad
formal)?
Difícil es contestar estos interrogantes y aproximar un diagnóstico
y una evaluación del origen de este trauma, dada la escasez
de pruebas, testigos, investigaciones y estadísticas confiables
a las que se pueda recurrir (la mayor parte de los expedientes
de estos casos no están al alcance de una investigación pues
están clasificados como confidenciales). Incluso, internacionalmente,
los trabajos al respecto --aparte de los clásicos como los de
Gouldner (1980), Collins (1979) y Ringer (1969)-- se focalizan
exclusivamente en la clase profesional (Martin, 1991; y Schmidt,
2000). Sin embargo, pese a esta exigüidad, es nuestra obligación
intentar ensayar una respuesta que indague en la indiferencia
y las patologías de la ciencia y la cultura argentina y en la
negligente omisión de sus actores, que arroje algo de luz en
la crisis que padecemos.
Tradicionalmente, la ciencia política ha probado que el miedo,
en sus diferentes intensidades, es un ingrediente propio de
los regímenes fascistas y dictatoriales, donde las primeras
víctimas son los intelectuales independientes; y que por el
contrario, en los regímenes democráticos, dicho miedo se va
extinguiendo a medida que la permisividad, la tolerancia y las
libertades democráticas se consolidan. No obstante, la actualidad
presente en los medios culturales argentinos permite verificar
una realidad de signo adverso, pues aunque las instituciones
democráticas se han restaurado, el modelo neoliberal fue derrotado,
y las Leyes del Perdón (Obediencia Debida y Punto Final) fueron
derogadas, el miedo al poder persiste entre los intelectuales,
artistas y científicos, de las ciencias duras y blandas, jóvenes
y viejos, y a una escala y gravedad cada vez más crecientes.
Una explicación de estas dolorosas supervivencias sería que
frente al inconcluso intento de restauración democrática (1983),
a la parcial derrota experimentada por el neoliberalismo (2001),
y al lento mecanismo judicial restaurado (2005), al no haberse
erradicado de cuajo dicha triple herencia –que ha quedado plasmada
en actores colaboracionistas de esas épocas y en prácticas,
legislaciones, regulaciones, reglamentaciones y jurisprudencias
antidemocráticas aún vigentes-- no se habría podido afianzar
la participación y la confianza mutua de la comunidad intelectual.
Pero otra explicación, de una entidad aún más compleja y profunda,
es la que han dado recientemente, poniendo énfasis en diferentes
aspectos, los filósofos Claudia Hilb, Héctor Schmucler, Ricardo
Panzetta, Tomás Abraham y León Rozitchner. Estas explicaciones
fueron a propósito del reportaje publicado al ex guerrillero
Héctor Jouve, (quien relata las ejecuciones producidas en Salta
en 1963 de un par de combatientes aparentemente “quebrados”
y la fugaz y supuestamente “interesada” presencia en el campamento
guerrillero del intelectual de Pasado y Presente Pancho Aricó),
y a la lacerante carta-confesión y las densas y sabias réplicas
hechas a los escritores Jinkis, Ritvo y Grüner por el filósofo
Oscar del Barco. Hilb centra su explicación en las nociones
de revolución e igualdad, Panzetta al relato de Jouve, Schmucler
a los asesinatos de Rottblatt y Gronwald, Abraham al arrepentimiento
de Del Barco, y Rozitchner a la inexplicable demora de más de
veinte años en producir dicho arrepentimiento. Al decir de Rozitchner,
por no haber querido “…dar nombres y darles rostros y vida a
los fantasmas que engendramos en los otros, dejábamos de mostrar
los [fantasmas] que el terror pasado prolongaba en la actualidad
política, aunque siguieran trabajando silenciosos en nosotros”
(Rozitchner, 2006).
Por esa precisa razón, es que Del Barco en su carta-confesión
le urge al laureado poeta Juan Gelman para que ahora hable claro,
de manera tal de poner transparencia al pasado. La misma petición
de transparencia retrospectiva podría también extenderla Del
Barco a los restantes miembros del Comité Editorial de Pasado
y Presente, en especial a aquellos que operaron una década más
tarde con la nueva serie, de abril-junio de 1973 (Feldman, Nun,
Aricó, Portantiero, Torre, Tula, etc.), y a los autores de su
principal, anónimo artículo idealizador del peronismo titulado
“La ´Larga Marcha´ al Socialismo en la Argentina” (1). Esta
necesidad de transparencia obedece a que otra década después
de aquella última aventura revolucionaria (1973-74), que terminó
en un genocidio, y luego de su retorno del exilio, algunos de
esos protagonistas aparecieron nuevamente militando en política
pero con otro signo partidario radicalmente adverso (UCR) y
en funciones de poder, como fue el caso del núcleo intelectual
armado por el empresario de medios Meyer Goodbar y conocido
como Grupo Esmeralda (2). La sospecha de la existencia de un
aventurerismo y oportunismo entrista, disfrazado de una permanente
búsqueda de anclaje o cable a tierra político partidario, combinado
con vínculos financieros ocultos y clandestinos, enquistados
en la intelectualidad argentina, tal como en su momento lo sugirieron
muy elípticamente Castañeda (1993), Burgos (2004) y Kohan (2004)
no puede escapar entonces a nadie que no peque de inocencia
(3).
Una democracia inconclusa sería entonces aquella que preserva
escrupulosamente las formalidades y el protocolo, pero donde
la transparencia y la sustancia autocrítica, deliberativa, meritocrática,
competitiva y exogámica del ejercicio democrático está crudamente
ausente, por la falta de voluntad política y académica para
revisar el pasado y oxigenar las instituciones culturales presentes,
las que no por casualidad se perpetúan en condiciones herméticas,
desjerarquizadas, fragmentadas y patológicamente contaminadas.
Su nociva trama se derrama en distintas hebras y nudos a los
niveles laterales correspondientes a las profesiones liberales,
y a las escalas inferiores de las instituciones educativas,
al extremo de que el poder político boicotea la formación de
Telecentros Comunitarios (4); y, por el contrario, intentó privatizar
la investigación pública con las denominadas transferencias
tecnológicas y pretendió embarcar al país en el mercantil y
anti-pedagógico Proyecto de Nicholas Negroponte (5). Por todo
ello, no basta con modificar sólo la Ley de Educación Superior;
sino que es preciso producir una democratización profunda de
todas las instituciones de la cultura, incluidas las referidas
a los medios de comunicación masiva.
Es decir, una comunidad donde los intelectuales no son físicamente
perseguidos por sus opiniones, y donde no existe censura, cárcel
ni patíbulo por el “pecado” de disentir; pero donde sin embargo
el miedo a “descolocarse” o “desubicarse” con quienes detentan
el poder --peligrando el puesto de trabajo o malogrando privilegios
económicos, como incentivos, becas, premios, subsidios, subvenciones
y asesorías o consultorías-- está culturalmente enquistado y
psicológicamente internalizado. En otras palabras, una comunidad
donde rige una violencia simbólica ilegítima, tácita y/o latente,
que está destinada ex profeso a domesticar y disciplinar las
mentes, las conciencias y las vocaciones, subordinando a los
intelectuales al status de cortesanos del poder, impone un silencio
a dos puntas; que amedrenta a los jóvenes con bloquearles sus
pretensiones de ascenso académico, y a la vieja guardia intelectual
que persista en su independencia con sabotearle una jubilación
digna. Este enquistamiento e internalización no les permitiría
ensayar la voluntad de confesar o discrepar, ni proponer cambios,
ni denunciar anomalías o corrupciones, ni prestar solidaridad
alguna para con los que a juzgar por su independencia de criterio
son segregados, anatematizados y/o moralmente acosados. Aunque
les muerda el dolor del vacío, la indefensión y la pérdida de
su autoestima, estos últimos se encontrarían ante la patética
situación en la que “nunca podrían esperar una mano, una ayuda
ni un favor”.
Este inhumano y desolador cuadro, que se ceba en aquellos a
quienes el sistema estigmatiza como chivos expiatorios, y que
por el contrario premia y asciende a sus aduladores y esbirros,
intimida a la comunidad intelectual, la expulsa a una deserción
y un ostracismo que aumenta la brecha con los países centrales,
o la incita a refugiarse en patologías o pautas de conducta
violatorias de los códigos académicos, legales y morales. Entre
esas patologías o moral de frontera rigen la intriga, el chisme,
el secretismo, la extorsión y el chantaje; y el buscar seguridad
y protección en trenzas, roscas y camarillas, que le permitan
sobrevivir y compartir los eventuales botines de guerra bajo
los eufemismos de incentivos, premios, becas, subsidios y asesorías
o consultorías, así como lo parapeten cual si fueran casamatas
o búnquers, contra la indiferencia, la discriminación, la postergación
y la represalia. Y entre los botines de guerra se encuentra
también la apropiación privada de descubrimientos que fueron
financiados por organismos públicos (ver Apéndice I). Toda la
libido intelectual estaría entonces focalizada en “hacerse amigo
del juez”, en reforzar y consolidar identidades de tipo clánico,
y en concertar vínculos insanos como el compadrazgo, el tráfico
de influencias y la coalición en camarillas o logias, con las
que poder disputar con éxito las diferentes instancias de poder
académico, científico y cultural (elecciones de claustro, integración
de comisiones y comités editoriales, constitución de jurados
y referatos, organización de congresos, coloquios, simposios
y mesas redondas, etc.).
Sin embargo, para el Prof. Joaquín E. Meabe, en una comunicación
personal, la trampa de las ciencias y las humanidades en la
Argentina no radicaría esencialmente en la corrupción y el peculado
sino en la adaptación y el servilismo moral e intelectual. En
efecto, en el enmudecimiento y autocensura cómplice, y en la
trama de las relaciones de poder cortesanas y oportunistas,
y no en los méritos intelectuales propios, ni en las rupturas
epistemológicas o metodológicas alcanzadas en sus investigaciones
y ponencias, estaría cifrada toda la esperanza de inmunidad,
reconocimiento, cooptación y promoción académica.
Esta búsqueda perversa de un nicho ilegítimo y de un puesto
en la lista de espera para ingresar a una corrupción instalada
o institucionalizada lo induciría a su vez a incurrir en diversos
procesos y mecanismos cínicos y ficticios de verdadero gangsterismo
intelectual y moral (encubrimiento, fraude, simulación, adulteración,
plagio, etc.), y en una constante propensión a rehuir la polémica
o el debate franco, donde la originalidad, la creatividad y
la fractura con lo establecido estarían obstinadamente ausentes.
En la lista de espera para incorporarse a la corrupción institucionalizada
nos encontraríamos con: a) los que aspiran a becas indebidas;
b) los que esperan categorizaciones, ascensos y autorizaciones
impropias; c) los que revistan en las grillas de ñoquis académicos
en las universidades y en el CONICET; d) los que forman las
comisiones asesoras del Ministerio de CyT; e) las editoriales
que usan las universidades como mercado cautivo de basura encuadernada;
y f) los periodistas científicos que ejercitan su complicidad
en los grandes medios.
A los fines de esta investigación, en principio nos hemos propuesto
reunir una larga serie de denuncias formuladas públicamente
en la última década (1997-2007), acompañadas por diez (10) apéndices,
rescatados muchos de ellos de los foros electrónicos, donde
se analizan como en una novela negra la trama de nudos y flujos
y las más severas y extremas patologías, propias casi de una
crónica policial, que se desplegaron en los organismos del ámbito
científico-educativo al amparo de la impunidad brindada por
una corrupción institucionalizada (legal o funcionaria conocida
recientemente como fruto de una captura del estado lograda por
asociaciones ilícitas que persiguen objetivos de grupo o facción),
tales como la Agencia Nacional para la Promoción Científico
y Tecnológica (ANPCYT), el Directorio del CONICET, las Secretarías
de CyT de las Universidades Nacionales, los Consejos Directivos
de las Universidades Nacionales, el Comité de Ética en Ciencia
y Tecnología (CECTE), el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
y el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (ONCTIP).
Concatenar el material pertinente ha llevado un esfuerzo considerable
pues el mismo corresponde a etapas distintas de una prolongada
litis que arranca del Pacto de Olivos (1994) y culmina con el
ocaso del Kirchnerismo (2009), en la que se padeció también
de agresiones y persecuciones de toda laya. El orden del material
de denuncias expuesto en diversos capítulos sigue al de los
organismos denunciados comenzando con la Agencia, siguiendo
con el CONICET y culminando con las Universidades Nacionales.
En efecto, para comenzar tratamos el miedo enquistado en la
intelectualidad argentina, en segundo lugar la privatización
mercantilista de la investigación, las transferencias tecnológicas
y el plagio del Bayh-Dole Act; a continuación la planificación
autoritaria del Observatorio Nacional de CyT; en cuarto término
la doble obligación, la múltiple subordinación y la combinación
de donaciones y sobresueldos en la educación superior; en quinto
lugar la corrupción institucionalizada de las autoridades pertenecientes
a emblemáticos organismos públicos mediante los subsidios distribuidos
por el Fondo Nacional Científico y Tecnológico (de ahora en
mas FONCYT-Agencia); más luego la repetición concentrada (duplicación,
triplicación y cuadruplicación) de los subsidios de la misma
FONCYT-Agencia y su obscena desigualdad; en séptimo término
la complicidad con el peculado de los Coordinadores del FONCYT-Agencia;
a continuación el favoritismo clientelistico fraguado en el
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), dependiente de la Agencia;
en noveno lugar el encubrimiento del peculado por parte del
Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE), dependiente
del Ministerio de CyT; en décimo término la connivencia con
el negociado por parte de las autoridades del propio CONICET;
más luego las autorizaciones abusivas de asesorías y consultorías
por el Directorio del CONICET; en duodécimo lugar la colaboración
con la defraudación por parte de los Secretarios de CyT de las
Universidades Nacionales; y para terminar la participación en
el pillaje y el fraude electoral de los Consejeros Universitarios.
Como corolario final la obra cierra con una breve conclusión.
Notas
(1) La idealización del Peronismo hecha por Pasado y Presente
en 1973 la explicitó Burgos en una docena de páginas (Burgos,
2004, 208-217). Pero en dicha crítica Burgos no se detuvo a
estudiar el siguiente párrafo: “Estos son, a nuestro entender,
los rasgos que definen la originalidad del movimiento peronista.
De un movimiento que, con el triunfo electoral del 11 de marzo
[1973] dio los primeros pasos hacia una nueva etapa de su historia.
Ese día, el peronismo actuó como síntesis política del conjunto
de clases que se opusieron, desde 1966, al proyecto monopolista,
cuantificó en las urnas todo el odio acumulado por el pueblo
frente al imperialismo y sus aliados internos. El pronunciamiento
masivo que significó el voto, puso también al descubierto el
error de quienes, desde una izquierda que salía de la crisis
del reformismo y que había logrado una primera inserción en
el movimiento de masas, propugnaron el voto en blanco, alentando
una vana ilusión de pureza programática”. (Debo el ejemplar
de este inhallable número de Pasado y Presente a la generosidad
de Martín Sivak, hijo de mi malogrado amigo Jorge Sivak)
(2) Juan Carlos Portantiero , Juan Carlos Torre, Emilio De Ipola,
Hugo Rappaport, Pablo Giussani, Pedro Parturesni y Sergio Bufano
(Rodríguez, 2005).
(3) ver Burgos, 2004, 91 y 107.
(4): Delgadillo, Gómez, y Stoll, 2000;
(5) En el proyecto se encontraban implicados los intelectuales
argentinos Alejandro Piscitelli y Adrían Paenza, así como un
departamento de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA dirigido
por el Dr. Hugo Scolnik. Para la réplica al proyecto de Negroponte
ver Villanueva Mansilla, 2006.
Capítulo II
Privatización mercantilista de la investigación, transferencias
tecnológicas y plagio del Bayh-Dole Act
Entre las funciones de control simbólico y jurídico en los ámbitos
científico-educativos se destacan como claves las denominadas
transferencias tecnológicas. Estas funciones no son nuevas en
Argentina por cuanto remontan sus orígenes a la época colonial,
cuando las transferencias tecnológicas practicadas en la industria
minera fueron importadas desde España, y en la era decimonónica
cuando las industrias frigoríficas y ferroviarias fueron transferidas
desde Inglaterra y Francia.
Pero la reciente y moderna noción de transferencia tecnológica,
como etapa crucial en la tendencia hacia la corporativización
de las universidades, y como eufemismo fraudulento para ocultar
la cesión de la investigación pública a los intereses privados,
se inició en Estados Unidos en 1980 como forma de superar al
Japón en la carrera tecnológica, y tuvo su origen conceptual
en la aprobación por el Congreso Norteamericano de algunas enmiendas
a la Ley de Patentes, conocidas como el Acta o Ley de Bayh-Dole
(Public Law 96-517, patrocinada por los Senadores Birch Bayh
y Robert Dole en 1980), y como el Acta de Transferencia Tecnológica
Federal de 1986 (PL 99-502). [1] Esta noción legal de transferencia
tecnológica, o de concesionamiento monopólico de patentes y
royalties, se operacionalizó en Estados Unidos a través de las
universidades y fue aparentemente exitosa tanto en materia de
producción de patentes universitarias, como en cuanto al aumento
del producto bruto y el empleo de mano de obra calificada. [
2]
Pero en Argentina, donde dicha Acta recién se la terminó de
plagiar o mimetizar en 1995 (Ley de Educación Superior No. 24521
y el Decreto 1331/95), su traducción en Leyes y Decretos tendió
aún mas que en USA a privatizar la investigación pública y a
sujetarla a una estratificación geopolítica del conocimiento,
acentuando así la brecha científica que separa las metrópolis
imperiales con los llamados países en desarrollo, e imposible
de cubrir sólo con una red global de educación a distancia (Global
DistEdNet), tal como hipócritamente lo perora el Banco Mundial.
Esta estratificación opera no solo mediante los Portales electrónicos
y las Bases de Datos, los cuales se hallan cada vez más arancelados
en manos de grandes conglomerados privados multinacionales,
y por ende cada vez más reservados y secretos para el acceso
de las instituciones y universidades de los países periféricos,
sino también mediante las autorestricciones impuestas por el
Consenso de Washington, tales como aconteció con las investigaciones
misilísticas y satelitales desarrolladas en Falda del Carmen,
Córdoba (Cóndor II). [ 3]
Las contrataciones de transferencia tecnológica hechas a imitación
de esta Ley Norteamericana se originaron en Argentina en la
Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, Ley
23.877 de 1990, proyectada por el Diputado Nacional Jorge Rodríguez
(La Pampa), aunque redactada por el físico Conrado González,
y en la Ley de Educación Superior de 1995, cuyas cláusulas pertinentes
habrían tenido su verdadero origen en la Bayh-Dole Act (1980).
[ 4] Esta Ley 23.877 y sus Decretos son muy semejante a la Ley
Básica de Ciencia y Tecnología de Colombia, así como a los Programas
de Apoyo a la Competitividad Industrial y a la Calidad y Productividad
en Brasil. [ 5] Estas Leyes y Decretos, promulgadas en Argentina,
debieron además, como aconteció en Estados Unidos, presuponer
una radical descodificación de antiguas concepciones acerca
del conocimiento, la investigación y la educación superior,
y de sus relaciones con el poder político y la industria, que
nunca fueron públicamente debatidas. [6]
Todo conocimiento --ya sea descubrimiento, invención o interpretación--
debe de acuerdo con esta Ley superar la tradicional concepción
de la propiedad intelectual, que en las universidades consistía
en compartir la propiedad de las mismas en forma común o colegiada
y abierta. Por el contrario, a partir de estas Leyes y Decretos
dichos conocimientos innovadores deben devenir propiedad individual
y secreta, susceptibles de ser registrados, patentados y comercializados,
es decir capaces de ser comprados y vendidos y por ende concesionados
al mejor postor privado. Y la sede de toda educación superior,
debe dejar de ser una "torre de marfil", de reflexión pública
e independiente, y debe constituirse en una suerte de corporación
capitalista moderna o privada-mercantil. [ 7] Pero para poner
en funcionamiento dicha Ley de Fomento y Transferencia Tecnológica,
se necesitaba reglamentarla mediante un Decreto del PEN. La
inescrupulosidad y urgencia de quienes reglamentaron dicha Ley,
mediante el Decreto no.508 del 26 de marzo de 1992, llegó a
estimular la corrupción y las prácticas perversas otorgando
incentivos promocionales a personas jurídicas procesadas y condenadas
por delitos dolosos así como a personas físicas exoneradas de
la Administración Pública. Estas circunstancias-- que si bien
son reconocidas en los considerandos del nuevo Decreto de 1995--
no son en ella debidamente detalladas y documentadas, ni siquiera
en apéndices.
Por ello, cuando en 1995 se concretan las perspectivas de lograr
un préstamo del BID y del Banco Mundial para las universidades,
el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se vio precisado a elaborar
un nuevo Decreto, el no. 1331/95, modificatorio de dicha Ley
23.877, y a colocar en las áreas respectivas al nuevo personal
gerenciador capaz de llevarlas a cabo a toda marcha y sin escrúpulos.
En este aparente nuevo Decreto higienizador, los lobbystas aprovecharon
para codificar su verdadero caballo de Troya, consistente en
una institución plagiada del Bayh-Dole Act de 1980, que establece
en su art.1o, inc.a, que "...podrán ser beneficiarios de los
incentivos promocionales las mismas Universidades Nacionales".
A su vez, este furtivo y subrepticio inciso se amparaba taimadamente
en el articulado de una Ley aprobada meses antes, el art.59,
inc. e) de la Ley 24.521 de Educación Superior, que incentivaba
a las mismas Universidades Nacionales para que constituyan "...personas
jurídicas de derecho público o privado", o participen en dichas
personas jurídicas "...no requiriéndose adoptar una forma jurídica
diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877".
Las sucesivas reglamentaciones de dicha Ley 24.521, en 1992
y 1995, y el Programa para la Reforma de la Educación Superior
(PRES), que fuera cofinanciado por el Banco Mundial, pusieron
a las Universidades Nacionales a merced de una red de funcionarios
aventureros interesados en bastardearlas y lucrar con las mismas.
En otras palabras, el estado nacional, que crónicamente se había
desinteresado de la suerte de las Universidades Nacionales,
limitándose a fundarlas como fruto de negociaciones políticas
y a dejarlas libradas a la buena de Dios, súbitamente cuando
se encontró con los fondos del Banco Mundial (U$S 160 millones)
se entró a interesar por ellas, para lo cual ideó este último
Decreto reglamentario, que vino a acicatear o extorsionar a
las Universidades Nacionales para que se corrompieran, o mas
bien se prostituyeran, con la cuasi certeza de que por ser autónomas
y autárquicas estarían más cubiertas de la persecución de la
justicia (ver el caso de la Universidad Nacional del Litoral
en el Apéndice II).
No obstante este preciso Decreto, también se dictaron otros
decretos y específicas ordenanzas para incentivar la adopción
de la transferencia tecnológica, que dieron nacimiento --a posteriori
del Pacto de Olivos (1994)-- a nuevas instituciones, tal como
el Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior
(FOMEC). Este último Programa dejó de funcionar y fue reemplazado
en la práctica –a juicio de Toscano (2004)- por el Fondo para
la Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT) y el Fondo
Tecnológico Argentino (FONTAR), ambos dependientes de la Agencia
Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT);
y por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), esta última sustitutiva de la Comisión de Acreditación
de Posgrados (CAP), con cuyos respectivos Comités de Pares pudieron
luego incurrir sin sobresalto alguno en reiteradas irregularidades
de todo calibre. [ 8]
Más aún, instituciones como la transferencia tecnológica del
Bayh-Dole Act, las practicas de la confidencialidad en las funciones
evaluadoras, la evaluación externa y la acreditación por la
CONEAU de instituciones y programas académicos arancelados,
la planificación autoritaria del Observatorio Nacional de CyT;
y otras como el voucher y la escuela charter (que en Argentina
no alcanzaron a concretarse, y que fueron utilizadas y criticadas
en el país del Norte), son manipuladas en países como los nuestros
de una manera soez, y habrían venido a legalizar la privatización
o captura de espacios públicos –los que debieran ser indelegables
e intransferibles-- tales como las Universidades Nacionales,
sometiéndolas ahora al dictado despótico del poder económico,
corporativo y financiero.
Las políticas de filantropía o mecenazgo corporativo y las estrategias
fiscales que promueven el mecenazgo privado en las instituciones
científicas, incluidas las universidades, mediante subsidios,
donaciones y créditos impositivos tendría mucho que ver con
la apropiación privada del mundo académico por parte del poder
corporativo y financiero, lo cual vendría a agudizar aún mas
la estratificación geopolítica de la investigación científica.
[ 9] Estas actividades filantrópicas y crediticias, para beneficio
de una supuesta transferencia tecnológica, habrían devenido
así en prácticas que fueron desinformadoras de la opinión pública,
corruptoras de las actividades legislativas y administrativas,
entre ellas de una nutrida minoría de la planta de Investigadores
del CONICET, y discriminatorias para con aquellos Investigadores
que amén de la investigación ejercen complementariamente la
docencia en establecimientos públicos.
Todo esto ha derivado en un cuadro de especulación cultural
y científica, que al privatizar la investigación pública mediante
contratos, transferencias y peajes, y sembrar las universidades
y la comunidad científica con un ambiente de lucro y de un “sálvese
quien pueda” ha acentuado el clima de desolación y estrago moral
y espiritual existentes.
Notas
[ 1] ver Noble, 1984 ; Minsky, 2000 ; y Foray y Kazancigil,
1999.
[ 2] Para una estimación de los efectos cuantitativos positivos
de la Bayh-Dole Act en USA, ver Mowery, Nelson y Sampat, 2000
;
[ 3] ver Barcelona y Villalonga, 1992 ; Santoro, 1998 ; y Madani,
2000.
[ 4] El art. 5º. de la Ley 23.877 autoriza a las instituciones
oficiales de investigación y desarrollo (eufemismo con el cual
buscaron disfrazar la identificación de las Universidades Nacionales)
que adhieran a dicha misma Ley a "...establecer y/o contratar
unidades de vinculación [entes no estatales constituidos para
la identificación, selección y formulación de proyectos de investigación
y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica]
con la finalidad de que dispongan de una estructura jurídica
que les permita una relación más ágil y contractual con el sector
productivo de bienes y/o servicios".
[ 5] ver Vessuri, 1997, 153.
[ 6] Para una estimación de los efectos cualitativos negativos
de la Bayh-Dole Act en Estados Unidos, ver Soley, 1995 ; White
y Hauck, 2000 ; y Foray y Kazancigil, 1999.
[ 7] ver Minsky, 2000.
[ 8] En ese preciso sentido, la CONEAU dictó en 1998 la Ordenanza
002, por la cual en su artículo 4º. se establece que en sus
Informes anuales las instituciones universitarias que buscan
ser acreditadas deberán prioritariamente indicar si la institución
dió inicio o no a las estrategias de producción y transferencia.
[ 9] Sobre la apropiación del mundo académico por parte del
poder corporativo, ver Soley, 1995 ; y White y Hauck, 2000.
Fuente: Pol-Cien-III-2003)
Capítulo III
Planificación autoritaria del Observatorio Nacional de CyT u
ONCTIP (Ministerio de CyT)
En materia de autocensura informativa, el crédito mayor lo lleva
el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, perteneciente a la órbita del Ministerio de Ciencia
y Técnica, el cual se ha caracterizado por omitir toda referencia
a la corrupción y la falta de transparencia desplegada en la
educación superior y en los organismos de ciencia. Dicho Observatorio,
creado en febrero de 2004, formalizó su incorporación en la
red global como miembro afiliado del Observatorio Científico
Tecnológico de la Unión Europea.
El objetivo de estos Observatorios es el de recopilar información-base
para ser catalogada, compilada, analizada y convertida en indicadores
para que sean empleados en diferentes análisis y mecanismos
de toma de decisiones. Sin embargo, en el caso argentino, esta
toma de decisiones pareciera asimilarse más a una planificación
autoritaria de un comisariato político que a una planificación
democrática, si nos hemos de atener a las declaraciones y a
los mecanismos de acumulación informativa y de designación de
las autoridades del ramo. En efecto, esta incorporación supone
una cesión gratuita de nuestra información científico-tecnológica,
que sumado a nuestro enfeudamiento de los recursos energéticos
y comunicacionales al reino de España hace de nuestro país una
de las naciones más vulnerables del planeta.
Más aún, el entonces Secretario de Ciencia y Técnica Ing. Tulio
Abel del Bono manifestó el 17 de abril de 2004 en Página 12,
en un objetado reportaje que figuró en la portada de la SECYT
en Internet, que el propósito de su gestión es el de "integrar
el sistema científico con objetivos, estrategias, acciones y
prioridades comunes". Las dudas que despertó este emprendimiento
oficial y estas declaraciones son numerosas y fundadas, tal
como se manifestó en el mensaje electrónico titulado Autoritarismo
en la Ciencia Argentina (Del Bono-2004). En principio, entendemos
que dejar librada la planificación del sistema científico-tecnológico
de un país profundamente dependiente a merced del comportamiento
de meros indicadores cuantitativos, cuando menos merece el calificativo
de ingenua y también el de profundamente sospechosa.
Los sistemas científico-tecnológicos de los países avanzados,
por estar dotados de altos grados de transparencia en los procedimientos,
participación democrática y competitividad y excelencia científica,
su performance puede ser exitosamente medida por indicadores
cuantitativos. Pero en aquellos otros países de la periferia,
donde en sus sistemas de ciencia y técnica prevalecen todo tipo
de patologías, intentar medir su performance mediante dichos
indicadores cuantitativos llevaría directamente al fracaso más
rotundo, debido a la carencia de fiabilidad, credibilidad y
confiabilidad de dichas estadísticas. En este tipo de sistemas,
gangrenado por una creciente corrupción académica, se impone
una cirugía mayor que instaure definitivamente estructuras institucionales
y estándares de conducta equivalentes con los que nos rigieran
en nuestros orígenes como república independiente y democrática
y con los vigentes en los países centrales.
En segundo lugar, las designaciones de los responsables de aquellos
emprendimientos que cuentan con financiación internacional (FOMEC,
Transferencias Tecnológicas, etc.) suelen recaer siempre en
los mismos personajes, aún con distintos gobiernos, tal como
si fueran los soldados del repertorio de la ópera Aída, siempre
rodeados de una nube impenetrable, situación que se expuso en
2004 en un extenso artículo que publicara electrónicamente el
Archivo Analítico de Políticas Educativas, de la Arizona State
University (v.XII, n.6). Así, en este caso la Coordinación del
Equipo Técnico al frente de la sede nacional de dicho Observatorio
recayó en el Dr. Mario Albornoz, el mismo que otrora trabajara
en UBACYT, en tiempos del Rector Delich; luego dirigiera el
Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología,
de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); y fuera durante
el menemato fuertemente financiado por la gestión del Secretario
de Ciencia y Técnica Lic. Juan Carlos del Bello a través de
la denominada Agencia. Para comenzar, se ignora el mecanismo
empleado para su designación pues nadie fue consultado al respecto.
Tampoco se conoce el método empleado para el nombramiento de
los demás integrantes del Equipo Técnico (a saber: Guillermo
Anlló, Rebeca Guber, Lucas Luchilo, Manuel Marí, Diego Ratto,
y Leonardo Vaccarezza).
Las dudas recaídas sobre el Dr. Albornoz, Director de REDES-Centro
de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior,
perteneciente al Programa del CYTED (Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo), obedecen a su pasado desempeño académico y a
que nunca arriesgó en su larga carrera en instituciones vinculadas
con la ciencia y la tecnología una sola palabra acerca de la
corrupción en los medios científico-académicos y tampoco manifestó
su opinión respecto a las comprometedoras declaraciones publicadas
en Página 12 por el Secretario Tulio Del Bono.
En la lista de discusión electrónica Pol-Cien, en un mensaje
intitulado ¿Perdieron la fe?, se decía el 5 de julio de 2000,
con relación a dicho Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia
y la Tecnología, que la "... información referida a los fondos
recibidos [de manos de la Agencia Nacional para la Producción
Científico-Tecnológica durante la gestión Del Bello] tampoco
alcanzan para disipar las dudas recaídas sobre la gestión del
Dr. Albornoz. Los datos cuantitativos por él brindados no citan
fuente alguna, se reducen a porcentajes de una cifra total aún
desconocida, correspondiente exclusivamente al año 1999, y esconden
las magnitudes absolutas de los guarismos brindados y no publicados
en su sitio web y que la SECYT, no brinda desagregada por institutos
y/o universidades beneficiadas".
Tampoco la información prestada por la página web del Instituto
dirigido por el Dr. Albornoz "..ilustra acerca de los mecanismos
de reclutamiento del personal docente o investigador ignorándose
hasta el presente si en dicha Universidad [de Quilmes], presidida
por el Rector [Julio] Villar, y en dicho Instituto dirigido
por el Dr. Albornoz, se contempla la publicidad de las vacantes
y los concursos públicos por oposición y antecedentes. Por ejemplo,
se ignora cuál ha sido el concurso ganado en dicha Universidad
por el ex Secretario Juan Carlos Del Bello [quien figura en
la nómina del Instituto dirigido por Albornoz]. Esta fiel observancia
de los concursos, tan caros al mundo académico argentino, no
era ni es supervisada por la Secretaría de Políticas Universitarias,
ex Secretaría de Educación Superior, del Ministerio de Educación.
Además, el hecho de que en el reclutamiento del personal investigador
del Instituto que en el pasado dirigiera el Dr. Albornoz "...prevalezca
la naturaleza político-partidaria por sobre la excelencia científica
y por consiguiente la exclusión de quienes no pertenezcan a
la secta o facción de marras esta corroborado por la propia
currícula dada a luz en la Web, donde al menos en una decena
(10) de casos se destaca notoriamente su afiliación a organismos
estatales o para-estatales (Asesores de Gabinete y Consultores
de Bancos, Ministerios y organismos internacionales)".
Y en cuanto a la naturaleza de las líneas de investigaciones
promovidas en dicho Instituto "...una pormenorizada lectura
de dicha currícula revela que existe un marcado sesgo en pos
de los indicadores cuantitativos en ciencia y tecnología, que
es como decir la contaduría de la ciencia, esa extraña simbiosis
de teología y hermetismo, que coincidentemente es la temática
que mas cultiva el Dr. Albornoz, consignada en su propia curricula".
Finalmente, nunca se conocieron los verdaderos motivos de las
desavenencias entre el Rector Villar y el Prof. Albornoz, que
derivaron en la separación de este último de la UNQ. Pero todo
pareciera indicar que el incidente no obedeció a razones de
principios o teorías científicas sino a meras diferencias presupuestarias.
Por último, el Dr. Albornoz logró montar tienda en el CYTED,
asiento desde el cual logró programar su inconsulto y antidemocrático
desembarco en la SECYT, actual Ministerio de Ciencia y Técnica.
En conclusión, lo que se impone es impedir que la dirigencia
política se convierta en un comisariato partidario que se inmiscuya
en la tarea de fijar metas y objetivos, dictándole a los científicos
la pertinencia de lo que deben o no deben investigar, como ocurrió
con las declaraciones del Ministro de CyT Lino Barañao al referirse
despectivamente a las ciencias sociales asimilándolas a la teología,
y engañando la buena fe presidencial haciéndole firmar un decreto
por el cual se le exige al CONICET la entrega de su base de
datos de científicos. Se decía en un mensaje del 30 de Noviembre
de 1999, publicado en Pol-Cien, y titulado Rémoras o Supervivencias,
que lo que nuestra sociedad está exigiendo a la elite política
es que "...imponga en los ámbitos científico-académicos claras
pautas de transparencia, honestidad, democracia y publicidad
de sus actos de gobierno, de manera tal que el aparato científico-tecnológico
funcione como un verdadero sistema, sin cortocircuitos, encapsulamientos
ni enclaustramientos que afecten su necesario clima de libertad
y de diálogo, su movilidad interna y su productividad final,
y que contribuya a la disminución de la creciente brecha cualitativa
que nos separa de los centros científicos mundiales".
Por todo ello entendemos que en la cuestión del Observatorio
Científico y en la selección de sus integrantes se impone una
urgente revisión y una necesaria y respetuosa consulta democrática
dirigida a todas las instituciones científicas especializadas
en Ciencias de la Educación, Sociología de la Ciencia, Antropología
Cultural y Psicología y Filosofía de la Ciencia, y en general
a todo el público investigador del país y del CONICET.
Capítulo IV
Doble obligación, múltiple subordinación y combinación de donaciones
y sobresueldos en la educación superior argentina
Habíamos visto que como resultado de la importación de una legislación
norteamericana (Bayh-Dole Act) se había programado en Argentina
y gran parte de América Latina una privatización mercantilista
de la docencia y la investigación así como la proliferación
de autoritarios Observatorios planificadores de CyT. Ahora estudiaremos
de que forma gran parte del cuerpo docente regular de nuestras
universidades nacionales (que ejerce control sobre las cátedras
concursadas), y de sus autoridades (miembros de Juntas Departamentales,
Consejos Directivos y Consejos Superiores), fueron sometidas
a una doble obligación o deber y a una múltiple dependencia
o subordinación, que ha atentado gravemente contra la existencia
de una comunidad científica y de una cultura universitaria participativa.
Este agravio es particularmente grave, pues para que este tipo
de comunidad y cultura pueda prosperar se necesita --al decir
de Joaquín E. Meabe-- objetivos y solidaridad en el agregado
humano, donde cada miembro pueda encontrar reciprocidad y buen
trato además de interés por parte del resto y donde se requiera
trabajo común y compartido así como respeto mutuo.
En principio, los docentes universitarios están obligados a
una doble subordinación, una de ellas de naturaleza primaria,
la que los nutre de sus principales ingresos, y la otra de orden
secundario, la que los provee de ingresos menores y retribuciones
simbólicas. Primariamente, los docentes dependen de las Universidades
que los han designado, donde han hecho carrera docente, donde
algunos pocos han logrado ser legalizados con concursos de oposición
y antecedentes, y donde se les abona un salario que puede ser
de dedicación exclusiva, media o simple, más un plus por antigüedad.
Se supone que los docentes-investigadores, en especial aquellos
que cuentan con dedicación exclusiva, amén de la docencia deben
producir conocimiento original y diseñar para ello proyectos
de investigación.
Pero todo lo cultural que exceda de la mera docencia ha requerido
siempre del mecenazgo o patrocinio estatal y/o privado. Dicho
mecenazgo se ha expresado históricamente de diversas formas,
ya sea mediante una nómina salarial, o mediante becas, premios,
subsidios, bonificaciones, incentivos, viáticos, etc. En ese
sentido, una minoría de docentes universitarios (alrededor de
cinco mil en todo el país) ha dependido primariamente del mecenazgo
estatal asignado en forma de salarios, a través del Consejo
Nacional de Investigaciones Científico y Técnicas (CONICET)
--pretendidamente fundada por Bernardo Houssay a imagen y semejanza
del CNRS de Francia-- donde han hecho carrera primero como Becarios,
y la mayoría como Investigadores de Carrera, prestando Informes
anuales o bianuales del devenir de sus respectivos proyectos
de investigación, hasta ascender algunos de ellos las cinco
(5) categorías del organismo, donde también perciben un plus
por antigüedad. Su fundación vino a superponerse con la investigación
que se llevaba a cabo en los Institutos universitarios. Sin
embargo, su propósito inicial, establecido en su Estatuto, luego
desvirtuado a la muerte de Houssay (1971), era el de fomentar
la investigación en las universidades y no el de patrocinarla
con institutos propios. Más aún, violando la debida dedicación
exclusiva, dichos Investigadores de Carrera cuentan desde hace
una década con el privilegio que el Directorio del CONICET les
autorice trabajos rentados para terceros, denominados asesorías
o consultorías; así como también cuentan con la aberración rentística
que significa la libre opción del cobro salarial, ya sea en
la Universidad o en el CONICET (siguiendo la fuente de ingresos
más rentable), lo que violenta los postulados de las buenas
prácticas presupuestarias.
Asimismo, una ultra-minoría de dichos docentes universitarios
muchos de ellos Investigadores del CONICET (1511 profesores)
ha dependido también primariamente del mecenazgo estatal asignado
en forma de subsidios, a través del FONCYT, organismo dependiente
de la Agencia Nacional de Promoción Científico y Tecnológica
o ANPCYT (Ministerio de Ciencia y Técnica), todo lo cual ha
producido una incompatible y dolosa superposición de funciones
con el CONICET, pues debió instrumentarse sólo para aquellos
Investigadores que no pertenecieran a esta última institución.
Esta Agencia, pretendidamente fundada a imagen y semejanza del
National Endowment for the Humanities (NEH), les distribuye
desde 1997 una suerte de donación, disfrazada como subsidio
de investigación, que no tributa impuestos a las ganancias ni
hace aportes previsionales, y que para una más que ultra-minoría
de los mismos (385 profesores) se repite periódicamente en dos,
en tres y hasta en cuatro oportunidades, sumando montos individuales
próximos al millón de pesos. Más aún, si se computaran los Listados
de los beneficiarios correspondientes a las primeras Convocatorias
de los años 1997-1999 (inhallables en el portal de la Agencia),
muy probablemente nos encontraríamos con docentes-investigadores
que han repetido a lo largo de la década hasta cinco (5) veces
la participación en el botín.
Pero el mecenazgo o filantropía de la Agencia también fue bastardeado
por sus propios funcionarios y directivos. Un centenar y medio
de subsidiados desnaturalizaron el subsidio al convertirlo en
un botín o saqueo de las arcas públicas, pues dichos subsidios
recayeron en los propios funcionario de este organismo (los
Coordinadores), que resultaron así autoevaluados. Amén de la
ventaja material, pertenecer a esta ultra-minoría de patrocinados
cómplices del saqueo también posee ventajas simbólicas, pues
muchos de ellos son automáticamente ascendidos en el CONICET
y designados para integrar Comisiones evaluadoras de sus propios
colegas. Lamentablemente, en lugar de patrocinar con dichos
subsidios instituciones culturales (bibliotecas, laboratorios,
centros de cómputos), se patrocinan docentes-investigadores
de la planta del CONICET e incentivados por la SPU, todo lo
cual ha generado el cuadro de duplicaciones y multiplicidades
dolosas aquí descrito, y del cual se abunda en el capítulo próximo
en el rubro “Tergiversación de las estrategias para desarrollar
la ciencia argentina”.
Pero por otro lado, los docentes universitarios de todo el país
padecen una subordinación secundaria, pues desde 1993 dependen
del mecenazgo de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)
del Ministerio de Educación, que les bonifica y categoriza los
denominados Incentivos (sobresueldos en negro) en una escala
de tres categorías, sólo a aquellos docentes que presentan proyectos
de investigación y que por ello pasan a ser denominados docentes-investigadores.
A su vez, apretando el cerco del privilegio, los docentes-investigadores
incentivados que fueron categorizados con la máxima jerarquía
(un millar y medio) pertenecen por lo general a aquella ultra-minoría
que integra el CONICET y que es subsidiada por la Agencia.
Finalmente, los docentes universitarios también dependen, en
una subordinación secundaria, del mecenazgo simbólico encarnado
por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), pues desde 1996 certifica o avala los programas arancelados
de maestría y doctorado, la que si bien posee sólo una relación
institucional conlleva también indirectamente derivaciones personales.
Por lo tanto, en esta múltiple subordinación primaria y secundaria
de intereses dispersos en mecenazgos burocráticos incompatibles
y superpuestos --cuatro (4) de ellos estrechamente atados al
poder político del estado-- se encuentra el secreto de la corrupción
institucionalizada, las redes de interés y beneficio personal,
la desigualdad ante la ley, el miedo generalizado, la hereje
necesidad material, la cobardía moral e intelectual y por consiguiente
la inexistencia en nuestras Universidades Nacionales de una
comunidad científica. Corrupción, desigualdad, miedo, necesidad
y cobardía de las que no se ha podido desprender desde la aciaga
Noche de los Bastones Largos (29 de Julio de 1966), que se acentuó
a partir de la Fiesta Menemista (1990-99) y que ha alcanzado
su clímax en la Fiesta Kirchnerista (2003-09).
Debido precisamente a esta múltiple subordinación o dependencia,
que es producto de la sumatoria de una triple subordinación
primaria (Universidad, CONICET y FONCYT-Agencia), mas otra doble
subordinación secundaria (CONEAU y SPU), estos docentes y los
integrantes de estos órganos colegiados difícilmente cuentan
con el suficiente respeto, generosidad, tolerancia y libertad
(de pensamiento, de cátedra y de expresión), en materia científica,
política y universitaria. Por ende, esta triste realidad de
egoísmos y malsanas competencias es la principal razón por la
cual sus respectivas Universidades carecen de una comunidad
científica y de la pregonada autonomía, supuestamente garantizada
desde 1994 por el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución
Nacional (CN).
Valga la redundancia, las universidades nacionales no son autónomas
ni cuentan con una comunidad científica, porque sus autoridades,
desde sus Rectores, Decanos y Jefes de Departamento, hasta sus
Consejeros Departamentales, Directivos y Superiores, que pertenecen
a su vez al CONICET, y que se benefician de los subsidios de
la Agencia, de las acreditaciones otorgados por la CONEAU y
de los incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias
(SPU), están presos o rehenes como en un cerrojo blindado de
un mecenazgo multiplicadamente superpuesto, que necesariamente
debe afectar la excelencia científica de su trabajo, y que seguramente
debe también alimentar en sus filas el servilismo moral e intelectual.
En efecto, el CONICET, el FONCYT-Agencia, la SPU y la CONEAU
son estructuras del poder del Estado Nacional, dónde desde su
Presidente hasta su mismo Jefe de Despacho, pasando por toda
su línea gerencial, son designados por el Poder Ejecutivo Nacional
(PEN) o por concursos amañados desde el PEN. En el CONICET,
los únicos cuatro (4) cargos que son electivos o representativos,
los de los Coordinadores de las cuatro (4) Grandes Áreas de
Conocimiento en que está fragmentado el organismo, que a su
vez son miembros de su Directorio, lo son sobre la base de una
legislación restrictiva y limitacionista (Decreto 1661/96) y
de actos eleccionarios simulados que adolecen de un ausentismo
estructural y masivo. Dicha legislación no contempla la representación
de minorías ni los frenos y contrapesos que garanticen en el
seno del Directorio, y por ende, al interior de las Comisiones
Asesoras, un elemental control de legitimidad (decencia, honestidad,
capacidad, seriedad, etc.), y la independencia del órgano calificador
promotor de los ascensos y/o de su congelación. Tampoco respeta
la unidad del mundo científico pues para acceder a la condición
de candidato a miembro del Directorio fragmenta la representación
(voto pasivo), es decir la posibilidad de ser elegido, en requisitos
generacionales y regionales, expresados en condiciones de status
(sólo dos escalafones jerárquicos) y de localización geográfica
(ocho regiones); y para ejercer la condición de elector (voto
activo) divide el padrón y por consiguiente a los Investigadores
en cuatro (4) áreas distintas del conocimiento, totalmente incomunicadas
y aisladas entre sí, como si fueran compartimentos estancos,
lo cual alimenta una centrifugadora especialización disciplinar.
Por consiguiente, las autoridades de los órganos colegiados
de nuestras Universidades Nacionales, desde su normalización
en 1985, y más explícitamente aún, desde la última Reforma Constitucional
de 1994, y desde la vigencia del Decreto No. 1661/96 (que estructura
el régimen electoral del CONICET), han venido violando conscientemente
la autonomía universitaria, al cohonestar con su muda presencia
el antidemocrático y fraudulento mecenazgo de los organismos
científico-educativos (CONICET, FONCYT-Agencia, Secretaría de
Políticas Universitarias y CONEAU). Salvo la UBA y la Universidad
del Comahue, todas las Universidades Nacionales legitimaron
la CONEAU. Asimismo, esta voluntaria sumisión a un mecenazgo
violatorio de derechos y garantías constitucionales corroboraría
que la doble obligación y la múltiple subordinación de nuestros
docentes-investigadores y de los directivos universitarios ha
venido también sembrando una codicia generalizada y una estructura
y procesos corrompidos, atentando por ende contra la existencia
de una comunidad científica.
Contradictoriamente, muchas de estas autoridades universitarias
y de estos titulares de cátedras regulares han aceptado --con
la excusa de ser una carga pública-- integrar las instancias
evaluadoras del CONICET, de la FONCYT-Agencia, y de la CONEAU,
como ser las Comisiones Asesoras del primero (renovadas por
mitades anualmente), y hasta su propia Junta de Calificaciones,
en la cual se han visto promovidos en la Carrera de Investigador
y beneficiado a su vez con toda suerte de prebendas, tales como
subsidios, viáticos, premios y asesorías o consultorías.
Por si todo ello fuera poco, al salario universitario o al alternativo
sueldo del CONICET, al subsidio del FONCYT-Agencia, a los incentivos
de los docentes-investigadores otorgados por la SPU, y a las
asesorías y consultorías autorizadas por el Directorio del CONICET
debemos agregar que con motivo de los bajos salarios cobrados,
en especial aquellos que carecen de antigüedad, muchos se han
visto inducidos a engancharse en las universidades privadas
o en las nuevas universidades de los conurbanos y del interior
de las provincias, donde los cuerpos docentes disfrutan de salarios
muy superiores a los de las universidades más antiguas, pues
gozan de partidas presupuestarias extraordinarias aunque sin
participación democrática alguna; todo lo cual revelaría a las
claras la extrema desigualdad, falsedad y superchería de nuestra
Autonomía Universitaria.
En conclusión, a diferencia de los Investigadores del CONICET
que prestan servicios a terceros privados bajo el eufemismo
de asesorías o consultorías, los docentes-investigadores subsidiados
por el FONCYT-Agencia no están obligados a solicitar autorización
alguna al Directorio del CONICET. Por ende, nada debería obstar
para que un docente-investigador incentivado procure un subsidio
de un organismo extra-estatal o extranjero. Pero lo alarmante
y fuera de toda razonable política pública, es que el propio
estado, y más aún una misma unidad de gobierno o ministerio,
destine recursos extraordinarios y fondos procedentes de la
deuda externa, duplicando en sus propias filas organismos financieros
en materia de becas, subsidios, bonificaciones, contratos y
personal de planta; y alentando en ellas la existencia de una
doble obligación o deber de naturaleza primaria (ver Estévez
y Marini, 2004). En otras palabras, se presume que un docente-investigador
incentivado y subsidiado, es decir que pertenece a una Universidad
Nacional y al CONICET (pero que cobra en un solo lugar) y al
que el FONCYT-Agencia le ha otorgado simultáneamente un subsidio
de investigación, debe contar forzosamente con al menos el equivalente
a dos (2) proyectos de investigación, que se superponen: uno
para la universidad a la que pertenece, que puede ser el mismo
proyecto presentado al CONICET, y otro proyecto supletorio pero
distinto para el FONCYT-Agencia, donde ambos por ser simultáneos
vendrían a atentar contra la dedicación exclusiva debida a cada
uno de ellos.
Pero hecha la ley, hecha la trampa, pues la mayoría de los beneficiados
por el FONCYT-Agencia funde o fusiona ambos proyectos en uno
sólo, malversando de ese modo dichas dedicaciones. O lo que
es peor, opera algo equivalente a lo producido con la Ley de
Gresham, pues el trabajo para el FONCYT-Agencia, como está mucho
mejor remunerado que el del CONICET o que el de la Universidad,
pasa a tener una consideración privilegiada; y por el contrario,
al proyecto del CONICET o al de la Universidad se lo posterga
en su calidad y prelación como si se tratase de un rezago. Al
duplicar la remuneración por un solo proyecto, más allá de todas
las justificaciones ocasionales o las trampas en las rendiciones
de cuentas puntuales, lo que es grave y crucial --sostiene Joaquín
E. Meabe en otra comunicación personal-- es la clara desigualdad
ante la ley que consagra el privilegio a favor de los beneficiarios
de la Agencia. “Doble retribución por un solo trabajo no solo
es inmoral también es ilegal porque viola todas y cada una de
las reglas relativas a las remuneraciones y a los deberes que
respecto de las prestaciones tienen a su cargo los que deben
hacer efectivos los emolumentos por el trabajo”. La segunda
remuneración, la del FONCYT-Agencia, insiste Meabe, ni siquiera
se puede encuadrar como donación porque el estado lo tiene prohibido
respecto de sus dependientes en ocasión del trabajo en relación
de dependencia y servicio (ver Ley de Empleo Público y Ley de
Contabilidad).
Como consecuencia de esta inmoral maquinación burocrático-académica,
aquellos Investigadores del CONICET o de las Universidades que
no reciben subsidios de la Agencia, al generarse en sí mismos
la sensación de que su trabajo está siendo subestimado en su
valor simbólico así como subvaluado en la retribución material
del mismo, los que pueden y tienen algún contacto se dejan seducir
con el patrocinio material de la Agencia. De resultas de ello,
ahora el CONICET, en competencia con la Agencia, y violando
también el principio de unicidad funcional, abrió su propia
línea de subsidios, aunque por cierto mucho más modesta.
Concluimos entonces con la existencia entre dichos mecenazgos
de una desigualdad obscena, pues mientras un docente-investigador,
pertenezca o no al CONICET, que no ha sido subsidiado por la
Agencia trabaja un sólo proyecto de investigación por únicamente
un salario, que es el de su universidad o el del CONICET; el
docente-investigador incentivado y subsidiado, pertenezca o
no al CONICET, cuenta con el mismo salario, de la Universidad
o del CONICET, mas el ingreso correspondiente al de la irregular
asignación del subsidio, el que nunca es menor al salario de
tres años de trabajo en la universidad.
Para mayor claridad, una de las premisas básicas que la Unión
Europea (OCDE) ha introducido en sus recomendaciones de buenas
prácticas para la transparencia presupuestaria es el concepto
de transparencia en la asignación y rendición de las cuentas
públicas. El sistema descrito precedentemente sólo contribuye
a la opacidad en el manejo del gasto público por las implicancias
que tienen las superposiciones que se duplican y multiplican.
Sin lugar a dudas la asignación de recursos públicos en los
organismos de investigación debe ajustarse imperiosamente a
las buenas prácticas mencionadas.
Capítulo V
Corrupción institucionalizada de las autoridades pertenecientes
a emblemáticos organismos públicos mediante los subsidios distribuidos
por la Agencia
El doble deber y la múltiple subordinación de los docentes-investigadores
de las universidades nacionales, analizada anteriormente, nos
permite visualizar una compleja red de organismos estatales
y para-estatales sometidos a una corrupción institucionalizada,
funcionaria o legal (ver Kaufmann y Vicente, 2005). En efecto,
a instancias del Banco Mundial y del Consenso de Washington
una media docena de instituciones legales (AGENCIA, CONICET,
CONEAU, SPU, Secretarías de CyT de Universidades, CECTE, INADI,
INTA) concluyeron tejiendo un inmenso hexágono compuesto por
verdaderos nudos gordianos y por flujos venales de ida y vuelta
(subsidios, incentivos, ascensos, categorizaciones, acreditaciones,
confidencialidades, asesorías, consultorías, observatorios,
transferencias tecnológicas, etc.). Este contaminado hexágono,
al condicionar las libertades académicas y tercerizar las universidades,
ha concluido por corromper a las autoridades universitarias,
y por devaluar tanto la autonomía de las mismas, como el sistema
de equilibrio de poderes (frenos y contrapesos) que debe existir
en el seno de los organismos académicos colegiados, así como
por tergiversar la estrategia para desarrollar la ciencia argentina,
por faltar a la transparencia de las estadísticas y los portales
electrónicos públicos, por fomentar el servilismo moral e intelectual,
y por afectar la excelencia de la formación universitaria y
de la producción científica.
AGENCIA-FONCYT
50 de sus Coordinadores percibieron subsidios de la Agencia
8 percibieron $3.662.000 promedio de $457.750 c/u.
=====================
CONICET:
3 del Directorio (Girbal, Siñeriz y Rapela) percibieron subsidios
de la Agencia.
60 miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET percibieron
subsidios de seis dígitos de la Agencia, de los cuales 7 percibieron
$2.846.105, promedio de $406.586
A 200 Investigadores de Carrera se les autorizó asesorías y
consultorías violatorias de la dedicación exclusiva.
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CONEAU :
2 miembros de su Directorio (Villanueva y Krotsch) percibieron
de la Agencia $275.354, a un promedio de $138.000 c/u.
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Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales.
En seis (6) universidades (Tucumán, Córdoba, Rosario, Sur, MdP,
UBA), sus Secretarios de CyT (Campi, León, Colantonio, Aquilano,
Bottasso, Agamennoni, Manzini), percibieron subsidios de la
Agencia. Estos funcionarios tienen la responsabilidad de controlar
la rendición de cuentas de los colegas que percibieron subsidios.
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CECTE:
4 de sus directivos (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González
Cappa) percibieron subsidios de la Agencia. La Dra. González
Cappa recibió 3 subsidios de 6 dígitos c/u. =========================
INADI:
Una de sus directivas, Marta Mercedes Maffia recibió un subsidio
de $210.000.
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INTA:
Uno de sus directivos, Rubén Bottini recibió en 2002 y 2004
subsidios por $482.969.
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Por ende, autoridades de siete (7) organismos de CyT, de Educación,
de Justicia y DDHH, de Agricultura, y de las Universidades percibieron
subsidios de la Agencia y del Ministro de Ciencia y Técnica.:
1) Coordinadores del FONCYT-Agencia
2) Directores del CONICET
3) miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET
4) Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales
5) integrantes del Directorio del CECTE
6) Directores de la CONEAU
7) Directora del INADI
8) Director del INTA
Negligencia de los Ministros del Área (Barañao y Filmus)
El actual Ministro Dr. Lino Barañao debe auditar la gestión
de los organismos bajo su órbita y desarticular las redes mafiosas;
y debe decretar la nulidad de todo aquello que atente contra
las Leyes de Actos Discriminatorios, de Ética de la Función
Pública, y de Libre Acceso a la Información Pública.
La negligencia del Ministro de Ciencia y Técnica y ex Presidente
de la Agencia puede constituir delito, y ser fruto de una conspiración
para discrecionalizar los fondos públicos y los recursos humanos
en provecho de una camarilla facciosa que habría alcanzado también
a las Universidades Nacionales y al Ministerio de Educación,
específicamente a organismos tales como la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) y la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU, cuyos directivos también
fueron beneficiados por la Agencia.
Falta de transparencia de las estadísticas y de los portales
electrónicos públicos.
La falta de transparencia en las pantallas electrónicas de estos
organismos fue montada por la burocracia ministerial con el
objetivo de impedir a los Investigadores y Docentes-Investigadores
el conocimiento de las Leyes Nacionales de Actos Discriminatorios
N° 23.592, de Ética de la Función Pública Nº 25.188, y de Libre
Acceso a la Información Pública. Para ello el FONCYT-Agencia,
en la sección titulada Biblioteca de Documentos; el CONICET
y la CONEAU, en sus secciones tituladas Normativa, y la SPU
en su sección titulada Legislación, ocultaron la exhibición
de dichas Leyes y garantías.
También el FONCYT-Agencia enmascara los listados de los beneficiarios
de subsidios de la década comprendida entre 1997, año de su
iniciación, y el 2007, que alcanzaron la suma de 645 millones
procedentes de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). En lugar de informar la nómina de los beneficiados en
forma alfabética, cronológica y por disciplina, la burocracia
científica se las ingenia para revelarla oculta en los Informes
de cada convocatoria, lo que vuelve su lectura e interpretación
muy ardua y escabrosa. Todas las cifras divulgadas por la Agencia
fueron dibujadas con el solapado afán de simular una supuesta
equidad distributiva. Para esa tarea de inflar el número de
beneficiarios como si fuera moneda falsa incorporaron entre
los Proyectos computados los viáticos otorgados para jornadas,
congresos y mesas redondas, los subsidios para revistas, y otra
serie de bagatelas, de forma tal de ocultar la oligopolización
de los subsidios en beneficio de una minoría incestuosa de eternos
favoritos.
Tergiversación de las estrategias para desarrollar la ciencia
argentina
A propósito de las estrategias para desarrollar la ciencia argentina,
nos preguntamos ¿cuál ha sido el motivo para que en la distribución
de los subsidios del FONCYT-Agencia o ANPCYT se menospreciaran
los Centros e Institutos de Investigación universitarios o extra-universitarios
y por el contrario se privilegiara un listado selectivo y concentrado
de Investigadores en forma individual o grupal?
Si bien esta estrategia selectiva fue iniciada en la segunda
presidencia de Menem por el Secretario de la SECYT Juan Carlos
Del Bello, la misma fue acentuada con posterioridad, y en especial
durante el período K por la gestión Barañao, quien ha considerado
que su responsabilidad es la de “contribuir a crear empleo”
y no la de desarrollar la comunidad científica. Sin duda, ahora
se explicaría, para boicotear el desarrollo de una comunidad
científica, se precisa la alianza con lo más retrógrado del
arco científico, como ha sido el caso en el CONICET. Pero insistimos
¿A que razones se debe la adopción de esta estrategia individualizante?
¿Acaso son las instituciones científicas menos confiables que
ciertos y determinados investigadores individuales seleccionados
por el Poder Ejecutivo? O, por ventura, ¿son las instituciones
de la ciencia más vulnerables a las presiones políticas que
los investigadores individuales?
Finalmente, ¿es preferible consolidar y potenciar las instituciones
académicas o por el contrario, es aconsejable hacerlo con los
investigadores en forma individual? ¿Cuál de las dos estrategias
es más susceptible de caer en la corrupción, la simulación,
la hipocresía, la genuflexión, el oportunismo, la indiferencia
moral y la autocensura o miedo a expresarse libremente; o cual
de las dos se presta más al favoritismo, el acomodo y el patronazgo?
Más aún ¿Cuál de las dos estrategias propicia mas el desarrollo
de las oportunidades y la creatividad y la originalidad científicas,
cuál impide la “inflación curricular artificial” derivada del
axioma de publicar o perecer, cuál evita la fuga de cerebros,
y cuál alienta mas las libertades académicas, el espíritu de
colaboración y la autonomía de las universidades e instituciones
científicas?
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