Efectos simbólicos y desafíos de la ley de medios

Por Arturo Trinelli*

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún no entró en vigencia porque la Justicia la ha suspendido provisoriamente, a partir de dos nuevas medidas cautelares en las provincias de Salta y Mendoza. De esta manera, a pesar de haber sido sancionada por mayoría en el Congreso Nacional, y ser resultado de un amplio consenso y audiencias públicas con gran participación de sectores directa o indirectamente vinculados a la comunicación, sus nuevas e innovadoras disposiciones aún no logran reemplazar a las vigentes, incluidas en la vieja ley de radiodifusión de la dictadura. Sin embargo, la discusión que antecedió a la sanción de la ley ha sido importante por los efectos simbólicos que ha producido, independientes a su implementación: instalar la problemática sobre el rol de los medios y sus influencias en la denominada “opinión pública”, debates que hasta ahora parecían sólo circunscriptos a ámbitos académicos, pero que la nueva ley instaló como tema de preocupación general.

No obstante, erróneamente la discusión sobre el papel de los medios de comunicación en la Argentina suele reducirse a una disputa exclusiva entre el Gobierno y el Grupo Clarín, cuyos intereses quedan notablemente afectados a partir de la nueva norma. En verdad el presente es un debate que excede por completo esta disputa y que durante años pareció estar silenciado en el país, donde daba la sensación que la información provista por los medios masivos era incuestionable y desprovista de cualquier intencionalidad ajena al mero propósito de difundir noticias.

El primero de los efectos simbólicos que recorren la discusión sobre los medios gracias a la nueva ley es la de entender a la información como mercancía. Así, comenzó a ser evidente para la mayoría que la función esencial de los medios masivos de comunicación se define por la manipulación informativa orientada hacia el control de la “opinión pública”, pero sus objetivos no son sociales ni desinteresados como describe la mitología de la “objetividad periodística”. En realidad, las famosas banderas “éticas” del periodismo- imparcialidad, objetividad, libertad de expresión- se presentan muchas veces como mitos encubridores del multimillonario negocio mediático que la prensa moviliza a diario. De esta manera, el proceso de distribución de la información no está motivado por la necesidad de “informar” sino por la necesidad capitalista de vender noticias. Dentro de esta lógica, las mismas se presentan como un producto, como una mercancía a ser vendida en el mercado mediático. Para ello, los medios, al igual que cualquier empresa capitalista, generan necesidades masivas de consumo en la sociedad, y trazan estrategias informativas destinadas a favorecer su crecimiento empresarial y posicionarse para competir con éxito en ese mercado mediático.

Por supuesto que las corporaciones afectadas por la ley tienen el objetivo de evitar las cláusulas que afectan sus negocios y toman represalias contra quienes las promueven, con una parte importante de la oposición política haciendo causa común con esos intereses. Sumada a la campaña anti K de Clarín, el grupo en el que son socios De Narváez, Vila y Manzano despidió recientemente a trabajadores de las radios LT8 y LT3 de Rosario, lo cual provocó un paro de ambas emisoras y un acto frente al diario “La Capital”. El Secretario General del sindicato de prensa rosarino, Edgardo Carmona, explicó que la dura reacción del Grupo era consecuencia del apoyo del gremio a la ley de medios. Pero al mismo tiempo, esas represalias de las corporaciones, demostrando que sus intereses no son los de las audiencias, también han promovido la proliferación de nuevos medios de opinión como redes sociales, blogs, foros, donde se buscan formas de expresión alternativas. Así, un nuevo efecto simbólico que ha promovido la ley es no solamente asumir de manera crítica la información, sino alentar la participación a través de nuevos espacios que promuevan corrientes de opinión distintas.

Otro elemento simbólico instalado a partir de la nueva legislación, y ligado al anterior, tiene que ver con reconocer que el gobierno de un país no es exclusiva responsabilidad de la dirigencia política. Se ha comprendido que las decisiones sobre el rumbo político y económico deben ser consensuadas con otros grupos de poder que, a diferencia de los políticos, no están sometidos a ningún juicio popular y subsisten a los gobiernos de turno. Esos grupos económicos muchas veces se expresan a través de los medios que son de su propiedad, y pugnan por hacer valer sus intereses. Por lo tanto, un elemento que enriquece el debate político es esta evaluación respecto de los objetivos políticos y económicos de los medios, que no necesariamente son los de la mayoría. Pese a su responsabilidad, por acción u omisión, en etapas no democráticas y crisis económicas, nunca fueron incluidos en ningún “que se vayan todos” ni tampoco son sometidos a elecciones. Sin embargo, como bien señalan Marcelo García y Luis López (Buenos Aires Económico, 17 de marzo), los grandes medios de comunicación utilizan sus productos periodísticos como garantes de sus emprendimientos extraperiodísticos, asociados muchas veces a la imposición de sus propios intereses bajo el lema del “periodismo independiente”.

Está claro que la libertad de prensa es un logro de la democracia que ya tiene años de trayectoria. Quienes hacen periodismo hoy en la Argentina cuentan con el respaldo de poder publicar sin restricciones, más allá de que desde algunos sectores se aliente el fantasma del peligro a la libertad de expresión. La manera irresponsable con la que en reiteradas oportunidades se promueven informaciones distorsionadas buscan crear imaginarios sociales que confluyan a la desestabilización y al desánimo: el caso más emblemático, quizás, sea el de la sensación de inseguridad, muchas veces más dramática que la inseguridad misma. El “vale todo” que esa histeria colectiva genera conduce a absurdos como la criminalización de la pobreza, entre otras consecuencias derivadas del manejo imprudente de la información.

Nuevos desafíos

Ante estos efectos simbólicos de la nueva ley, independientes de su puesta en práctica, ¿cuáles son los nuevos desafíos que se presentan? En primer lugar, preguntarse qué grado de incidencia tienen los agentes de socialización de un país. ¿Son los medios monopólicos más importantes que el Estado en esta función? Los medios de comunicación promueven tendencias, costumbres, gustos. Sin dudas que en los 90 lo que se pretendió fue iniciar una creciente sustitución del Estado en la función de la reproducción ideológica. Así, el capital ya no sólo fue asumiendo la reproducción del propio capital, sino también la reproducción ideológica y social. Esta transformación es clave pues es la que promueve la penetración de grandes capitales en los mercados de comunicación y cultura. En esta creación de subjetividades y de modos de interpelar al mundo, los medios de comunicación forman parte fundamental en la construcción de los imaginarios culturales de las personas, con lo cual su injerencia en la vida social no es ingenua. Son máquinas de producción de sentido, de generar condiciones de representación de la realidad.

Otro desafío de la ley de medios debería ser construir figuras mediáticas que puedan competir por audiencias masivas y al mismo tiempo generar nuevos paradigmas sociales. En la década pasada el Estado estimuló un sistema comunicacional altamente concentrado, en el que los principales grupos de medios habían conseguido alcanzar sucesivas modificaciones regulatorias acordes a sus intereses. La prensa era quién tenía el monopolio de formular las preguntas y encontrar las respuestas. Es posible que con la nueva ley se democraticen las estructuras de comunicación que expresen una genuina preocupación por defender una comunicación amplia y participativa, que no quede limitada solamente a quienes tengan recursos económicos y la disputa por la cultura y el lenguaje sea representativa de todos los sectores de la sociedad.

Si queremos profundizar nuestra democracia no deberíamos tener miedo a la diversidad de opiniones. La “realidad” es una construcción colectiva que hacemos entre todos. Y todos, desde nuestro mayor o menor lugar de incidencia, podemos interpretar y difundir otras lecturas, que son fundamentales si queremos construir una Argentina con conciencia crítica y proyección a futuro.

Es de esperar entonces que la Justicia permita la puesta en funcionamiento de la ley, cuyos efectos simbólicos, afortunadamente, no están sometidos a medidas cautelares.

*Licenciado en Ciencia Política (UBA)
 

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