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Operación
Desgaste y la “deuda odiosa”
Por Arturo Trinelli*
Hace meses asistimos a una crisis que tuvo, hasta ahora, diversos protagonistas:
el debate sobre la autonomía del Banco Central y la polémica sobre sus
funcionarios, el Fondo del Bicentenario y los dos nuevos decretos anunciados
recientemente que lo reemplazan y, en especial, el enorme protagonismo que la
Justicia ha tenido sobre las decisiones políticas en los últimos tiempos. Como
ocurre habitualmente, la preocupación por las formas termina siendo más
importante que indagar sobre los contenidos o los alcances de las medidas: la
discusión se vuelve estéril y convierte a la política en un escenario donde
predominan las acusaciones y las denuncias. Sin embargo, estos episodios tienen
un denominador común: la deuda externa argentina.
Se podrían identificar dos tipos de oposición al pago de la deuda externa con
reservas del Banco Central, ambas exacerbadas como consecuencia de su nueva
representación parlamentaria: uno corresponde al núcleo duro del establishment
junto con los beneficiarios de la renta agraria, que históricamente han impedido
el desarrollo de políticas productivas para el país. Su concepción del Estado,
muy propia de los ’90, remite a cuestionar todo lo que sea administración
pública de recursos. De esta manera, asociando lo estatal a lo corrupto,
ineficiente y burocrático, se vincula al pago de la deuda con reservas con un
supuesto intento del Gobierno por “hacer caja” y “apropiarse del dinero de todos
los argentinos”. En términos biolcatianos, la idea que subyace es que el Estado
es un “predador insaciable”. Algunos de sus exponentes, curiosamente hoy los más
fervientes críticos del pago de deuda con reservas, fueron incluso procesados
por la causa del Megacanje, entre ellos Daniel Marx, ex secretario de finanzas
de la Alianza.
Por otro lado, la oposición denominada de centroizquierda se opone a los
decretos con la idea de impulsar una auditoria que reconozca la parte ilegítima
de la deuda. Por eso, antes de cualquier intento por pagarla, se propone la
convocatoria a una comisión de expertos, que encare este estudio y de cuyos
resultados se evalúen a posteriori los pasos a seguir. Así, se invoca el caso de
Ecuador, que efectivamente avanzó en un proceso de debate sobre su deuda externa
y que produjo una significativa quita en el monto final por sus bonos.
Ambas posturas parecerían acordar en el propósito de desgastar al gobierno y
atentar contra lo que ha sido hasta hoy uno de los principales ejes de su
gestión: mantener altos índices de gasto público. El problema radica en que,
como consecuencia de la crisis internacional que hizo que la economía creciera
muy poco, hoy el Gobierno no dispone de los pesos necesarios para comprarle al
Central sus reservas. Lo que se busca entonces pagando los vencimientos de este
año con ellas, equivaldría en la práctica a disponer de los dólares sin tener
que poner los pesos, donde el Tesoro le daría al Banco Central un bono a pagar
en el 2019. Pero la oposición a la iniciativa obligaría al Gobierno a conseguir
los dólares necesarios para comprar esos dólares del Central, derivando en
ajuste y atentando contra los principales lineamientos que han marcado hasta
ahora el modelo económico kirchnerista: recuperación del empleo, baja en los
índices de pobreza y aliento al consumo para apuntalar el mercado interno. Con
lo cual vemos que detrás de toda excusa económica que se sostenga, el fin de la
oposición es claramente político, pues se sabe que acordar con esta medida le
posibilitaría al Gobierno continuar con los actuales niveles de gasto público,
no mermar su principal capital político y reacomodar sus opciones electorales de
cara al año que viene.
La oposición por izquierda y el caso ecuatoriano
Sin embargo, conviene detenerse en este reclamo de parte de la oposición de
centroizquierda, que resucitó un debate respecto de la (i)legalidad o (i)legitimidad
de la deuda y lo que sería un saludable estudio en profundidad sobre sus
orígenes, como hizo Ecuador, con el propósito de identificar responsables y
desmitificar culturalmente la idea de que sin los mercados internacionales no se
puede vivir, para de una vez impulsar de manera sostenida en el tiempo un modelo
que aliente el desarrollo potenciando los recursos propios. En la Argentina este
debate no es nuevo, cabe recordar que la famosa causa Olmos tiene un fallo firme
del juez Jorge Ballesteros, aunque sus expedientes continúen estancados. El
concepto jurídico con el que se lo conoce es “deuda odiosa” y por ejemplo fue
utilizado por el gobierno de George Bush para suspender la deuda en Irak
contraída por Saddam Hussein.
En Ecuador, en el 2009 el Presidente Rafael Correa presentó a sus acreedores una
propuesta para renegociar bonos de su deuda externa con una fuerte quita del
valor nominal: 70%. Se trataba de los bonos 2012 y 2030, por los cuales, según
expuso en su momento la Ministra de Finanzas, María Viteri, se hacía una
propuesta “justa y soberana” reconociendo 30 centavos por cada dólar de deuda.
Luego de la auditoria había diferentes posturas: los más extremos pretendían
repudiar la deuda en su totalidad y no pagarla, ni siquiera al FMI y otros
organismos. Otros, más moderados, sugirieron renegociarla para pagar en mejores
términos y eso fue lo que finalmente decidió hacer el Presidente Correa,
sabiendo que el no pago de la deuda le ocasionaría al país mucho más embargos y
juicios que pagar la parte considerada legítima. Esto demuestra que una
auditoria no necesariamente debe suponer el no pago de la deuda como pretende
hacer ver la centroizquierda que, insistimos, parece estar persiguiendo el
objetivo político de desgastar al gobierno. El caso ecuatoriano refleja a las
claras que se puede avanzar en un proceso de estudio profundo de la deuda
externa, para lo cual se necesita voluntad política, y por otro lado continuar
con el plan de desendeudamiento que se está impulsando. En ambos casos, el
ecuatoriano y el argentino, los porcentajes que se redujeron como consecuencia
de las reestructuraciones han sido similares y la relación deuda/PBI se redujo
significativamente. No olvidemos que, al momento de auditarla, la deuda de
Ecuador era de u$s 10.045 millones, aproximadamente un 20% del PBI, mientras que
en Argentina en el 2001 la deuda llegaba a 150% de su PBI.
Un segundo elemento de la propuesta de la centroizquierda es utilizar las
reservas para el pago de gastos sociales, infraestructura, etc. Pero en la
medida en que todos estos gastos deben realizarse en pesos, el gobierno debería
entonces cambiar las reservas en dólares por pesos en el Banco Central para
hacer frente a los costos en salarios, materiales y recursos, con lo cual las
divisas ingresarían nuevamente al Banco Central. Así, el Estado argentino
estaría obligado a tomar préstamos en el mercado de capitales a tasas de
aproximadamente el 15% y se desaprovecharían las reservas depositadas en el
exterior, que actualmente le deparan al país un interés muchísimo menor. Por lo
tanto, como ya se dijo, lo que estos decretos buscan en cancelar los
vencimientos con divisas que al país le proporcionan escasas ganancias y liberar
pesos, para utilizarlos en gastos internos.
En consecuencia, de todo esto se desprende que parte de la centroizquierda,
denunciando una supuesta entrega del kirchnerismo al capital extranjero, lo que
en verdad consigue es hacer causa común con los sectores más concentrados de la
economía, error político que ya cometió al hacer el ridículo de acompañar los
reclamos de las patronales rurales, colocándose en las antípodas de quienes
hacen de la redistribución de la riqueza y la intervención estatal una constante
proclama.
La deuda como reclamo regional
Tal vez, de ahora en más lo que se imponga sea enfocar la problemática de la
deuda desde una perspectiva regional. Si los países de Latinoamérica continúan
fortaleciendo sus lazos de integración, probablemente puedan concluir que la
deuda en todos los casos ha acentuado la dependencia a la especulación de los
mercados y los organismos internacionales de crédito. La Argentina, al igual que
otros países, ha intentado en todo este tiempo continuar por la senda del
desendeudamiento que parece ser un enfoque común en todos los países de la
región.
Ejemplo de ello ha sido Bolivia, que desde la asunción de Evo Morales en 2005 ha
conseguido reducir su deuda un 23% sin interrumpir el pago. Aún así, la deuda
externa actual de Bolivia equivale a casi una cuarta parte del PBI, aunque mucho
menos que el sesenta por ciento que representaba hace cinco años. También
Venezuela ha implementado medidas concretas para el desendeudamiento, cancelando
en abril de 2007 su deuda con el Banco Mundial y el FMI, cosa que significó un
gran respiro para la economía nacional. Finalmente Brasil, principal economía de
la región y referente como modelo a seguir para muchos, en 2005 canceló también
la totalidad de su deuda con el FMI, de 15.500 millones de dólares, adelantando
vencimientos que iban hasta el 2007. La decisión en ese momento fue calificada
de “histórica” por el gobierno del Presidente Lula y el pago, curiosamente, se
hizo con reservas del Banco Central, igual que en el caso argentino. Esta
decisión permitió a Brasil evitar monitoreos de sus cuentas fiscales y acordar a
futuro un nuevo vínculo con el FMI, sin condicionamientos ni recetas que
incidieran tan negativamente en su economía como en otras épocas.
Probablemente entonces haya llegado el momento de impulsar dentro de los
espacios de poder en Latinoamérica tribunales regionales que estudien todos los
procesos de endeudamiento que han sufrido los países, donde se imponga reforzar
el poder internacional para decidir en conjunto de manera de, a partir de la
unidad latinoamericana, poder expresar una voluntad común para hacer frente a
los grandes acreedores internacionales que viven de hacerle juicios a los
estados. Eso para la centroizquierda debería suponer incluir una propuesta
superadora que estimule el necesario estudio sobre la ilegitimidad de la deuda,
aunque se trate de un proceso complejo pues el Estado argentino ya la reconoció
cuando impulsó sus planes de reestructuración. De todas maneras, su principal
desafío deberá ser, sin dudas, evitar hacer causa común con los sectores que
históricamente combatió.
* Licenciado en Ciencia Política (UBA)
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