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 Hacia
una violencia legítima
Por Ezequiel Ivanis*
Durante siglos el ser humano se ha preguntado ¿por qué miles, millones de
personas, aceptan vivir bajo el mando de otra persona? Una de las respuestas más
lúcidas podemos encontrarla en Max Weber y aplicarla a nuestra actualidad: las
democracias contemporáneas se legitiman por un criterio racional-legal.
Lo que hoy nos queremos preguntar es cómo los gobiernos operativizan esa
legitimidad, es decir, como mantienen lo mágico, lo sublime de la dominación,
detrás de un velo construido por y para la política. Si aceptamos que la
legitimidad fundante de las democracias actuales es la legitimidad
legal-racional, queremos saber, con qué dispositivos de legitimidad cuenta un
gobierno para sostenerse en democracia.
Podemos aventurarnos y decir que a partir de la experiencia de los gobiernos
democráticos en el siglo XX y XXI, se encuentran tres fuentes: la violencia, el
apoyo popular y la red institucional.
Por violencia de gobierno como forma de legitimidad entendemos que es la noción
de un gobierno democrático que recurre a ella como primera medida, aún antes de
la pregunta y el cuestionamiento, antes de la mediación. La violencia está en el
protocolo, en la ley, en las palabras, en el sentido común del gobierno que
acciona mecanismos violentos pero legítimos ante manifestaciones, demandas,
vulnerabilidades o sectores determinados de la sociedad.
La segunda fuente de legitimidad es el apoyo popular. Con apoyo popular nos
referimos a la sinergia producida por la unión informal o formal de movimientos
sociales, organizaciones políticas de base y ciudadanía en general que se
moviliza detrás de un proyecto compartido y posible.
Por último, la red institucional es la articulación de apoyos logrados en la
cima de la pirámide socioeconómica. Los actores que conforman esa red
institucional se traducen en medios de comunicación hegemónicos, lobistas, poder
judicial, poder financiero internacional, líderes de partidos políticos
tradicionales, empresas transnacionales que ocupan posiciones estratégicas en la
producción y servicios, líderes políticos sin base social, establishment, y
creadores de sentido común, entre otros.
Los anteriores son tipos puros, que se dosifican, que adquieren relevancia en
algún momento y desaparecen en otros, pero que, sin embargo, es posible
identificarlos en todos los gobiernos democráticos de Occidente y, por supuesto,
en el caso argentino.
Podemos comenzar con la vuelta a la democracia. Con sutileza y paciencia, Raúl
Alfonsín supo ir desprendiéndose de la violencia enraizada en el modo de
gobierno y en base a un fuerte apoyo popular sortear tres grandes enemigos: las
proto-corporaciones, la presión militar y el nuevo escenario de demandas
sociales y políticas que se abría luego de un largo periodo de violencia y
exclusión.
La presidencia de Menem se basó fundamentalmente en la construcción de una red
institucional que durante en el periodo 1989–1993 mantuvo un gran apoyo popular.
La curva de decrecimiento de ese apoyo popular fue reemplazada por un armazón
sólido y voluminoso de apoyo mediático, patronal y de las grandes empresas
(financieras y trasnacionales). Hacia el fin del mandato se pudo observar el
quiebre definitivo del apoyo popular y cierto agotamiento de esa red
institucional, particularmente del capital financiero y de las empresas
trasnacionales que ocupaban posiciones estratégicas en el mercado argentino.
Este agotamiento no fue causado por un viraje en la forma y contenido de la
política de Carlos Menem sino, simplemente, por el agotamiento de un modelo de
extracción de ganancias siderales que comienza a encontrar su fin involuntario
hacia 1997.
El gobierno de De la Rúa se asentó en una promesa de red institucional y el
despliegue de violencia, que tuvo su clímax en diciembre de 2001. Lo mismo
ocurrió con Duhalde, su mantenimiento se logró merced a un despliegue enorme y
visible de violencia de gobierno sumado a un mejor armado de la red
institucional, mucho más local y tradicionalista que durante el delarruismo.
La llegada de Néstor Kirchner en 2003 con poco más del 22% marcó un claro
desafío: ¿cómo gobernar sin apoyo popular, sin violencia manifiesta y con una
red institucional que se relacionaba más con Menem (que había renunciado al
ballotage) que con el santacruceño? El primer intento, sumamente exitoso, fue
construir gobernabilidad en base al armado de una red institucional que se dio a
conocer como transversabilidad. Kirchner supo ir despojándose del armado
heredado basado en la violencia manifiesta del gobierno y realizar una red
política que articule sobre la base de la red institucional al apoyo popular, de
esta forma en lugar de reprimir los “piquetes”, Néstor Kirchner optó por una
estrategia conciliatoria y de cooptación de los referente de los movimientos
sociales en la calle. Pero como el apoyo popular tiene una curva de ascendencia
progresiva y lenta su mayor adhesión se dio posteriormente al propio gobierno de
Néstor Kirchner. Solo para ilustrar lo dicho podemos decir que la mayor
concentración popular en torno a Néstor Kirchner ocurrió el día de su muerte y
no durante su gobierno.
El gobierno de Néstor Kirchner estuvo apoyado, fundamentalmente, por una red
institucional gobernada por actores como la CGT, los medios masivos de
comunicación, los gobiernos de la región, la banca internacional y los CEO de
las principales empresas nacionales en manos privadas extranjeras. Situación que
fue modificándose y desarticulándose hacia el final de su mandato cuando el
apoyo popular comenzó a tomar mayor protagonismo.
La llegada de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 concentró el goce de la
legitimidad popular heredada. El armado de la red institucional, basada en una
débil y conveniente alianza entre la alta burguesía argentina (Fiat, Acindar,
Techint) y la alta política (cúpula de la CGT y radicalismo), heredada de Néstor
Kirchner fue rápidamente desquebrajándose. La pérdida de aliados políticos,
económicos y culturales no fue debidamente reemplazada. El reemplazo de Moyano
por Caló, de Clarín por satélites comunicaciones (678, TV pública, comunicación
popular) y de la alta burguesía argentina por el impulso del Estado como
principal actor económico llevó al debilitamiento de la red institucional al
punto que para lograr el mismo cometido se institucionalizó todo ese apoyo
popular que iba creciendo desde 2003 en una organización política particular: La
Cámpora.
Ese apoyo popular fue, en la segunda presidencia de Cristina Fernández de
Kirchner, el elemento basal sobre el cual se impulsaron políticas públicas
transformadoras de las reglas de juego y de esa red institucional que iba
desangrándose. Así las políticas públicas fueron directamente a chocar contra
los interés de los principales actores de la red institucional que formaron
parte del kirchnerismo (Clarín, el “campo”, capitales españoles en YPF y
Aerolíneas Argentinas, etc). La magnitud de esos cambios en las reglas de juego,
si bien revolvió el tablero político e institucional, no encontró obstáculos en
la ciudadanía, ya que era el principal apoyo popular de Cristina.
La inmensidad del apoyo popular obnubiló lo que ocurría en la alta política.
Como dice Karl Marx en “18 Brumario de Luis Bonaparte”, entre las orgias
nocturnas se iba diseñando el golpe de Estado. La soledad política y el éxodo de
la alta política cercaron el futuro de Cristina Fernández de Kirchner. Se puede
gobernar con una sola fuente de legitimidad, por supuesto. Lo que no puede
hacerse es ganar una elección. Y eso pasó en 2015. Una sola variable, apoyo
popular, le valió a Daniel Scioli, candidato indirecto de Cristina Fernández de
Kirchner, una casi presidencia. Pero no fue suficiente. El nuevo armado
institucional de Mauricio Macri reflejado en la alianza Cambiemos, logró
imponerse junto a una promesa oculta de violencia legítima y un apoyo popular
negativo.
La llegada de Macri al gobierno nos muestra un gobierno apoyado por una
excelente articulación de la red institucional que recoge heridos y odios del
proceso anterior pero suma otros actores. Así, la red institucional se compone
del “campo” y las Fuerzas Armadas, en representación de los sectores económicos
y simbólicos históricamente dominantes, de Clarín, La Nación y las “divas”
televisivas que manejan la comunicación y la imagen presidencial, y de la alta
política nucleada en torno a la cúpula radical de extracción alvearista, Sergio
Massa, Elisa Carrió y cierta diáspora del kirchnerismo ansioso y poco
convencido.
Como contraparte, Macri carece de apoyo popular. Más allá de haber ganado una
elección, la alianza Cambiemos cuenta con un apoyo popular negativo, es decir,
un apoyo proveniente del desencantamiento y hastío por el gobierno anterior, que
difícilmente pueda re-encantarse con el proyecto de Cambiemos. Solo basta
comparar el tradicional paseo por Avenida de Mayo que realiza el presidente ante
el inicio de las sesiones legislativas cada primero de marzo. Macri es un
político anti-movilización que cumple con su promesa de no hacer política porque
está corrompida. No existe, en el macrismo, la posibilidad de constituir un
sujeto histórico, de empoderar a sectores sociales para que se articulen en
defensa de un “algo” que representa la alianza Cambiemos. Los sectores detrás
del macrismo se unen en el odio al pasado reciente, en el desprecio por la
política. Su apoyo popular es individual, sin colores, sin amores.
Entonces, la alianza Cambiemos se legitima sobre una red institucional que ya
comienza a mostrar traiciones y fracturas, y que difícilmente pueda ser
reemplazada por un apoyo popular masivo y consistente.
Esa red institucional de Cambiemos es producto de una orgia napoleónica, por
tanto, es excitación del momento, es un fuego que se consume rápido. Hay un
desangre de la red institucional que se refleja en las traiciones, abandonos,
demoras y desligues de los sectores tradicionales, concentrados y hegemónicos a
los que Macri apostó y que le permitieron ganar su elección. La devolución de
favores no se demoró. Rápidamente devaluó alrededor de un 60%, ganancia
extraordinaria para los grandes sectores agro-exportadores que no respondieron
con la celeridad que desde el macrismo se esperaba, primera traición. La segunda
fue la de los grandes capitales internacionales que auguraban una lluvia de
inversiones si el país se transformaba en “creíble”, escenario donde el macrismo
irrumpió con gran eficacia. Pagó deuda, pagó a fondos buitre, pagó comisiones,
intereses, abogados. Pagó y regaló todo. Y las inversiones aún están en duda.
Prat Gay resolvió esa traición aumentando la deuda externa 33 mil millones de
dólares en solo seis meses. La tercera traición está en proceso, y abarca al
universo mediático. El macrismo derogó la Ley de Medios, devolviendo el trono al
multimedio Clarín. El apoyo mediático aún vigente de Clarín y La Nación, ante
noticias que no pueden ocultarse, comienza a ser mucho más “neutral” y desde
lejos. No es casual que Mirtha Legrand y otros personajes frívolos de los medios
comiencen a decir que se “sienten traicionados por Macri porque le creyeron y no
está cumpliendo”. La cuarta traición de la red institucional se encuentra en la
red política. Radicales y personajes de la política se distancian, y en muchos
casos rompen, con el macrismo. Muchos radicales que apoyaron la alianza
Cambiemos ya se muestran víctimas de un engaño y están a la espera de una estoca
final para huir del barco. Sergio Massa asumirá su rol opositor activo, cuando
la pasividad deje de rendirle frutos de manera gratuita. Y Elisa Carrió se
sumará a otra alianza política cuando aparezca un mejor postor. La última
traición es la de la alta burguesía argentina (si es que existe esa categoría en
nuestro país). Es una traición que sucede dentro de una elite sin nacionalidad
ni amores. Los Rocca, los Bulgheroni, los Rattazzi, se consideran a sí mismos
como los exponentes de la tradición burguesa industrial, y no aceptan al clan
Macri, por considerarlos “la tanada” arribista que aumentó su fortuna a costa
del Estado nacional en los 80.
Tantas traiciones, tantas heridas en la red institucional, terminará por
destruirla. Y ante la ausencia de un apoyo popular real y movilizador solo resta
una forma de legitimidad: la violencia.
En relación a la violencia de gobierno, Cambiemos apareció en escena con un
lenguaje limpio, moral, neutro. Tan solo un lenguaje. Su práctica política
violenta es el cinismo, la violencia sublime, silenciosa, imposible de
responder, imposible de denunciar. Las contradicciones entre discurso y realidad
son palpables y duelen a los sectores populares. Pero ese cinismo es
difícilmente combatible, ¿cómo se la denuncia a Awada en “patas” en su casa
cuando el presidente nos dice que todos debemos hacer un esfuerzo para ahorrar
gas? Esas muestras de cinismo no son una política pública, por lo tanto, no
admiten una huelga, una manifestación, un debate, sino tan solo la desesperanza
de no poder hacer nada. La defensa que nos queda ante esa política violenta del
gobierno es una triste burla tinellesca, tan efímera y superficial como un
mensaje de hastío en las redes sociales.
Este es el segundo semestre tan prometido. Un semestre de desarticulación
institucional, de inactividad popular y de resguardo en la violencia.
No es casual la anulación del Decreto Nº 436 de 1984, dictado por Raúl Alfonsín,
que establecía una serie de normas entre las cuales se destacan la imposibilidad
de que las Fuerzas Armadas dispongan libremente de nombramientos y cambios en el
destino del personal superior. La alianza Cambiemos, con su derogación, vuelve a
otorgar a las Fuerzas Armadas no solo atribuciones para decidir ascensos,
traslados y premios, sino también su carácter corporativo, anulando el control
civil y político sobre tales decisiones.
Tampoco es casual el poder simbólico demostrado en el desfile por los festejos
del Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Que el desfile se haya
asentado sobre pilares tradicionalistas (Ejército y sector agropecuario) es solo
un dato menor. Desfilaron entre el millar de militares Aldo Rico y Emilio Nani,
quien hace unos años declaró que “los derechos humanos en nuestro país siempre
estuvieron en manos de terroristas”.
Menos casual es la presencia del presidente en la Cena de Camaradería de las
Fuerzas Armadas y su mensaje. Macri estableció que “Fijamos tres líneas: caminar
hacia una Argentina con pobreza cero, enfrentar y derrotar al narcotráfico y
unir a los argentinos. En todas ellas necesitaba de las Fuerzas Armadas”. Que
Macri desconozca la legislación vigente (que imposibilita a las Fuerzas Armadas
involucrarse en el tema narcotráfico ya que es un tema de seguridad interior) no
es lo preocupante, sino su invitación, a las Fuerzas Armadas como pilar
constitutivo, al indicarles que cumplen “un rol preponderante en esta nueva
etapa”.
Tampoco es casual que desde la llegada de Cambiemos al gobierno se les haya
otorgado a 50 presos por delitos de lesa humanidad prisión domiciliaria por
temas de edad o de salud.
Mucho menos casual es la resolución que dispone el uso de la base de datos de
ANSeS desde la Secretaría de Comunicación Política, es decir, se produce una
violación de los derechos a los datos personales (habeas data) para permitir al
gobierno acceder a información fehaciente sobre todas las personas en pos de
desarrollar una estrategia comunicacional.
Son hechos que evidencian la recurrencia de la alianza Cambiemos a la violencia
en momentos de resquebrajamiento de su red institucional y su escasa
movilización social. La violencia, su legitimación, será un camino posible para
Macri, y él, sin duda, la usará. Por lo tanto como bien dijo Prat Gay “ya hemos
hecho el trabajo sucio”, solo resta mantenerlo. Por un lado hambre, pobreza y
desempleo, enfrente: balas, escudos y represión.
Este es un escenario posible, pero no el peor. Todos los aliados que han sido
ampliamente beneficiados por el macrismo han, o están en camino, a la traición;
resta saber qué hará otro actor privilegiado por Cambiemos: las Fuerzas Armadas.
Es posible que se envalentonen, que el empoderamiento que Macri está haciendo de
ellas les haga creer que tienen un aval social para su accionar y que, como dijo
Étienne de La Boétie, nos olvidemos de nuestra libertad y ganemos nuestra
servidumbre.
* Docente e investigador universitario- Grupo Atenea (Centro de Estudios para el
Desarrollo Nacional)
13/08/16
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