Scioli y su Leviatán

Por Conrado Yasenza*

Daniel Scioli, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires desde hace más de seis años, decretó el sábado 5 de Abril pasado la Emergencia de Seguridad por el término de 12 meses con el objetivo de “aplicar todo el peso del Estado sobre los delincuentes”, y comunicó que para ello reincorporará al servicio a 15.000 retirados pertenecientes a la fuerza provincial y del Servicio Penitenciario, además de convocar a personal privado de seguridad para coordinar acciones con la policía (todos sabemos que las agencias privadas de seguridad son negocios montados por ex-comisarios retirados o expulsados de las fuerzas). Allí la doctrina Granados, actual Ministro de Seguridad, quien encarna la continuación por los mismos medios de la política de connivencia y administración del delito desde el aparato burocrático policial que el Gobernador delegó, anteriormente, en el ex Ministro de Seguridad y Justicia provincial, el Alcalde Mayor Ricardo Casal. Pero esta conexión tiene su raíz en una matriz de autoformación represiva y autoritaria de la policía provincial que se remonta a los años de la dictadura cívico militar y la policía de Ramón Camps, y que ya en democracia se prolongó en el “meter bala a todos los delincuentes” decretado por el ex - Gobernador de la provincia, Carlos Ruckauf, quien fuera Ministro del Interior durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, cargo desde el cual firmó los decretos de “exterminio de la guerrilla” antes de que se produjera el golpe militar de 1976.

Es importante destacar que este anuncio se realizó en un clima de fogoneo mediático del miedo que alcanzó su mayor grado de irresponsabilidad profesional con la cobertura del delito de homicidio agravado por alevosía (el asesinato del joven rosarino de 18 años, David Moreira, a manos de una turba en banda enfurecida) y los intentos de ejecución civil de jóvenes que robaron un reloj, en un caso, y una cartera, en otro, es decir, delitos contra la propiedad privada. Quien escribe estas líneas no desconoce los hechos de inseguridad, robo y arrebato que se producen realmente. Pero cree que los modos de resolver esos hechos no pueden ser canalizados a través del odio y el uso de la violencia, sino a través de un sistema judicial, del debido proceso, que es una garantía constitucional. Si la discusión pasa por la ineficiencia del sistema jurídico, la sociedad, a través de sus representantes, deberá darse una discusión sobre la reforma del Código Penal. Ahora bien, tampoco podemos avalar como sociedad que es lo mismo robar que no robar. Pero esta concepción debe abarcar todas las formas de delito.

Pero también es importante marcar que Scioli hizo su presentación del plan de emergencia un día sábado, es decir, tapa segura de los diarios del domingo, y en un contexto de campaña política con miras a las elecciones presidenciales del 2015. En ese sentido, la carrera hacia la presidencia la viene ganando el “renovador” Sergio Massa, quien haciendo gala de un discurso de demagogia punitiva, marca la agenda política y mediática sin la responsabilidad y el desgaste de gobernar. Con un ojo puesto en esa ventaja que el frentista de derecha le lleva al Gobernador de la provincia (podríamos decir un liberal-moderado, o un exponente de la derecha moderada, por ahora), y con el otro puesto en el clima social en el que impera el pánico multiplicado desde los medios concentrados de comunicación, es que Scioli decidió otorgar y nutrir de más poder a una institución burocratizada que se autogobierna y autocontrola. Es decir, nada queda de la reforma llevada a cabo por el ex Ministro de Seguridad, Carlos Arslanián, quien decidió asumir el control político de las fuerzas para diseñar un sistema de seguridad público acorde con políticas de seguridad social, y que a su vez desarmó las castas de privilegio que creaban desigualdades hacia el interior de la institución, eliminando los cuadros paralelos de oficiales y suboficiales. Esta reforma encontró su fin en el enfrentamiento político que Ruckauf emprendió contra Arslanián.

El decreto de Emergencia de Seguridad emitido por Scioli tiene varias falencias, o por lo menos, puntos discutibles. Entre ellos, la inversión de 600 millones de pesos, que forman parte de las utilidades del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para la compra de chalecos antibala, armamento, municiones y móviles policiales ( mil móviles equipados, 30.000 chalecos antibalas y 10.000 armas con sus municiones) El dato llamativo es que hasta hace una semana asistimos a un conflicto gremial docente debido a la negativa del Gobernador a acordar un aumento salarial del orden del 30 por ciento, aludiendo que la provincia no contaba con los recursos necesarios. Pero una vez decretada la emergencia de seguridad, se disponen de 600 millones de pesos para efectuar las compras descritas y sin median licitación pública alguna, es decir, se usa ese monto de dinero con total discrecionalidad.

Pero además, se refuerza y se le otorga aún más poder a una institución altamente sospechada de connivencia con el delito, y de probada administración del circuito delictivo, que no se ha reformado, que se autogobierna, y que exhibe una demostrada inclinación a la utilización de jóvenes pobres para la comisión de delitos como también a la ejecución (gatillo fácil) de esos jóvenes cuando se niegan a trabajar para la policía. Imposible dejar pasar por alto que es la misma policía que mediante la extorsión, el abandono de sus funciones y la instigación a cometer saqueos, obtuvo un aumento en sus haberes en diciembre de 2013.

Otro de los anuncios que merece ser discutido es el de la creación de ocho alcaidías para “descomprimir la situación de las comisarías” que siguen alojando detenidos, en su mayoría jóvenes pobres, sin condena y a pesar de las denuncias que se han hecho en contra de esa situación. Un minucioso trabajo estadístico realizado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del Fiscal Abel Córdoba, arrojó datos que demuestran la gravedad del caso: tres de cada cuatro personas detenidas bajo la órbita de la justicia federal no tiene una condena firme. Cito parte del informe: “En total, la cifra asciende a 10.043 detenidos, ya que además el SPF se encarga de alojar a los procesados en las diferentes jurisdicciones: la federal, nacional y provinciales. La Justicia Federal registró la peor cifra. De los 3376 presos, sólo el 27% tuvo una sentencia definitiva.” Los jóvenes y las mujeres resultaron ser los sectores más vulnerables. El anuncio de la construcción de alcaidías y unidades para 3000 presos se sustenta, al entendimiento de quien escribe, en una decisión política del Gobernador orientada a que haya más detenidos. Datos duros: “La provincia de Buenos Aires tiene la mitad de los presos del país, unos 33.000, muy por encima del promedio nacional. La provincia tiene 235 presos cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 147 del promedio del país”

Un dato que, paradojalmente, Sicoli podría haber usado a su favor es que el delito en la provincia ha disminuido. Según la propia estadística criminal elaborada por la Dirección de Prevención del delito de la Provincia de Buenos Aires, indica que el homicidio doloso descendió de 2008 al 2012 un 21 por ciento. En 2008 hubo 1500 y en 2012, 1196.

Con relación a las excarcelaciones, allí el gobernador se sumergió en un berenjenal de interferencias de jurisdicciones y posibles pedidos de inconstitucionalidad. Cito un párrafo de la nota publicada por Raúl Kollman, en Página 12 del día domingo 6 de Abril pasado: “Scioli anunció esfuerzos para bloquear las excarcelaciones. El primer obstáculo es que se podrán dictar después de una audiencia oral y pública, con restricciones para reincidentes y los que hayan usado armas. Según dicen desde el Poder Judicial, el Ejecutivo puede conseguir esa restricción mediante una ley de la Legislatura, ya que las excarcelaciones están normadas por el Código de Procedimientos que es provincial. Aún así, habrá pedidos de inconstitucionalidad y mucha polémica en la Justicia. En cambio otras propuestas lanzadas ayer (NdR: por el sábado), como una ley poniendo penas no excarcelables y de cumplimiento efectivo por tenencia o portación de armas de fuego sin autorización equiparando calibres de armas civiles con armas de guerra, requiere de una ley nacional. Lo mismo ocurre con la referencia al Régimen Penal Juvenil que proponen impulsar, aunque justamente la provincia de Buenos Aires tiene un régimen en esa materia.”

Una más de las medidas anunciadas como parte del paquete que contiene la decretada Emergencia de Seguridad, es la que prohíbe que dos personas viajen en una moto. Esta medida entra en la llamada modalidad de “motochorros” y convierte en sospechoso virtual a todo el que viaje en moto con un acompañante. La medida detalla que se dispondrán restricciones horarias y zonas de circulación “sin acompañantes en las motos y el uso obligatorio del chaleco reflectante y casco con patente para acompañantes” que puedan movilizarse en los lugares habilitados. Una normatización jurídico-política de los circuitos o territorios de circulación por los cuales pueden desplazarse ciertas personas y otras no. Podríamos imaginarnos una suerte de micropolítica de las fronteras en donde el Estado es transformador y capturador de los territorios de desplazamiento, como un modo de gobernabilidad a través del control del territorio.

Pero sin entrar demasiado en las profundidades de las exploraciones filosóficas realizadas por Deleuze, Guattari y Foucault, esta medida decretada por el Gobernador Scioli, choca de frente con la realidad de miles de habitantes que usan ese medio de locomoción para ir a sus trabajos o para llevar y traer a sus hijos a la escuela.

Para finalizar, de la exclusión (sólo un párrafo final en su discurso) o de la inclusión a través de más y mejor educación o de más y mejor justicia, nada y poco. Scioli tampoco condenó con firmeza, los casos en donde la sociedad civil asesinó, o lo intentó, a personas sospechadas, sin proceso, investigación o juicio alguno, de delincuentes. David Moreira, el joven asesinado en Rosario, no contaba con antecedentes penales, tenía trabajo en blanco y estaba desarmado. Hay algo claro: La barbarie desatada en estos días, donde civiles en manada asesinaron, o lo intentaron en casos similares, a otros (la patria es el otro resuena con la contundencia de un bombo averiado desde la propia entraña) ha marcado la agenda política, azuzada desde los medios masivos de comunicación, en una dirección que, para este cronista, resulta preocupante porque convalida, de alguna manera, el asesinato selectivo y a manos de civiles, lo que coloca a la sociedad ante un grave deterioro social. Se han roto diques culturales de contención a la barbarie - como ya ocurrió en las manifestaciones caceroleras - que nos confrontan con un clima de degradación social e individual. Matar a golpes y patadas a un delincuente, a un presunto sospechoso, no es justicia, ni linchamiento, ni mano propia; es un delito grave y calificado. Si esto es lo que propone un sector de nuestra sociedad, incluidos políticos y medios de comunicación, estamos ante un clima regresivo que nos emparenta con la vigencia del terrorismo de Estado y con un clima social pre-medieval.

*Periodista. Director de la Revista La Tecl@ Eñe http://lateclaene.wix.com/la-tecla-ene


Fuente: Agencia Paco Urondo
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/mas-informacion/14270-scioli-y-su-leviatan.html