La antesala del infierno

Por Diego Martínez

La Justicia tucumana procesó a 17 represores, encabezados por Videla y Mario Benjamín Menéndez, por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en 1975 en el marco del Operativo Independencia, donde se pusieron en marcha los métodos que se generalizaron a todo el país tras el golpe de 1976


DICTARON EL PROCESAMIENTO DE 17 REPRESORES POR SUS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Operativo Justicia por el Operativo Independencia

Por Diego Martínez

La lista de procesados la encabezan Jorge Rafael Videla y Mario Benjamín Menéndez. El juez federal Daniel Bejas los responsabilizó por crímenes contra 269 víctimas, que “configurarían el marco del delito de genocidio tipificado en el Derecho Penal internacional”.

Los centenares de secuestros, tormentos y asesinatos cometidos por fuerzas militares y de seguridad en 1975 en el marco del denominado Operativo Independencia en Tucumán fueron “delitos comunes” perpetrados “en el contexto de un ataque sistemático contra la población civil de quienes detentaban de facto el poder del Estado”. La afirmación que permite tipificarlos como crímenes de lesa humanidad y juzgarlos 37 años después pertenece al juez federal Daniel Bejas, que por delitos contra 269 víctimas procesó a 17 represores, dictó once faltas de mérito y dos sobreseimientos. El juez sostuvo que los crímenes “configurarían el marco del delito de genocidio tipificado en el derecho penal internacional” y rechazó el pedido del Ministerio Público para que se cite a indagatoria a la ex presidenta María Estela Martínez, al considerar que la masacre que que encabezó el general Adel Vilas en Tucumán “no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto”. Bejas también destacó que la violencia sexual en aquel contexto “no fue producto de desviaciones particulares, sino que fue ejercida en forma sistemática” y procesó a varios militares como partícipes necesarios. El fiscal federal Pablo Camuña consideró “muy positivo” que el juez “admitió la hipótesis acusatoria de que el Operativo Independencia fue la primera implementación desde el Estado para la persecución y el exterminio de opositores políticos” aunque se manifestó sorprendido por la cantidad de faltas de mérito, que apelará ante la Cámara Federal de Tucumán.

El Operativo Independencia comenzó formalmente el 5 de febrero de 1975 con el decreto secreto de Isabel Perón que ordenó “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en Tucumán. Durante los catorce meses anteriores al golpe de Estado y con la excusa de combatir a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP, 195 personas fueron desaparecidas y 68 asesinadas, en tanto más de 1500 pasaron como secuestradas por La Escuelita, de Famaillá, según admitió el propio Vilas, que murió impune. “Los sectores principalmente perseguidos y lesionados fueron los vinculados con la industria azucarera, la actividad rural, la dirigencia sindical y la defensa de los derechos de titularidad de los sectores más desprotegidos”, sostuvo el juez en su resolución de casi 500 fojas. Definió al operativo como “punto de inflexión en la estrategia de las fracciones de clase dominante orientada a la reconfiguración del sistema hegemónico nacional”. Destacó que el plan represivo se había iniciado en la dictadura de Onganía, pero marcó un quiebre de metodología en 1975: hasta entonces, detenciones y puesta a disposición de la Justicia de “personas sospechadas de actividad subversiva”; a partir de Vilas “se suma la condición ‘clandestina’, sustentándose (la represión) en el secuestro, la tortura, violación y desaparición u homicidio” de supuestos “subversivos” o “la disposición absoluta sobre personas secuestradas”.


Antonio Domingo Bussi, Adel Vilas, el prófugo Héctor Mario Schwab y Mario Benjamín Menéndez, represores del Operativo Independencia.

En el procesamiento se incluyen por el momento los casos de 269 víctimas, que le permiten al juez dar por probado “un ataque sistemático desde el Estado contra una parte sustancial del grupo nacional argentino (obreros, jornaleros, sindicalistas y grupos de personas involucrados con la lucha social con y sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como ‘enemigos’ del plan económico y político que definía la ‘nueva argentinidad’”. Con citas del sociólogo Daniel Feierstein, el juez explica que el objetivo no fue eliminar a quienes integraban determinadas fuerzas políticas sino “transformar a la sociedad toda, aniquilando a quienes encarnaban un modo de construcción de identidad social y eliminando –material y simbólicamente– la posibilidad de pensarse socialmente de otro modo”.

Excluido Luciano Menéndez, con agenda saturada por superposición de juicios, la lista de procesados la encabezan Jorge Rafael Videla, que en 1975 asumió como jefe del Ejército, y Mario Benjamín Menéndez, que a siete años de asumir como gobernador militar en Malvinas comandó el primer centro clandestino del país. Los otros militares procesados son Carlos César Delia Larocca, Jorge Omar Lazarte, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López y Enrique José Del Pino, que ya fue condenado por sus andanzas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Otro condenado de la lista es Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex mano derecha de Antonio Domingo Bussi. Bejas procesó al ex comisario de la Policía Federal Miguel Angel Moreno y a los policías provinciales Ricardo Héctor Sánchez, Luis Armando De Cándido, Ramón César Jodar, José Luis Del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas y –sin prisión preventiva– a José Ernesto Cuestas. El listado de faltas de mérito incluye al ex carapintada Jorge D’Amico y al coronel retirado José María Menéndez, primo del ex gobernador de Malvinas. Bejas enumera los nombres de quienes murieron a tiempo y de seis imputados con paradero desconocido: Héctor Mario Schwab (prófugo de vieja data), Juan Carlos Jones Tamayo, José Roberto Abba, Néstor Rubén Castelli, Angel Orlando Castellini y Roberto José Rúveda. Otro grupo de imputados, como el general Ernesto Alais, no pudieron ser indagados por problemas físicos y/o mentales.

Un párrafo aparte merece el caso de María Estela Martínez, cuya indagatoria pidieron los fiscales Camuña y Patricio Rovira. El juez sostiene que la imputación es “débil y confusa” y minimiza el rol de la viuda de Perón. “Desde 1974 las Fuerzas Armadas y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional a fin de consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años ’60 contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir ‘el enemigo subversivo marxista’”, explicó. “Dicho plan represivo dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultraderecha directamente vinculados con el accionar del ministro José López Rega”, afirmó. Bejas también refutó la hipótesis de la “guerra interna, subversiva o revolucionaria”. “Dicho concepto exige la existencia de fuerzas armadas oficiales y disidentes, o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre un aparte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, citó un protocolo adicional al Convenio de Ginebra. Y de haber sido una guerra, agregó, “las Fuerzas Armadas debieron haberse circunscripto a lo establecido por los Convenios de Ginebra que regulan los conflictos armados” y que la Argentina ratificó en 1956. El juez destacó los “delitos sexuales en perjuicio de mujeres y hombres detenidos clandestinas/os” como un delito autónomo de las torturas y recomendó a los fiscales investigar el rol de los funcionarios judiciales que hicieron oídos sordos ante el terrorismo de Estado versión 1975.


EL OPERATIVO INDEPENDENCIA QUE LOS MILITARES DESPLEGARON EN TUCUMAN

Banco de pruebas de la represión

Adel Vilas, Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Mario Benjamín Menéndez, en Tucumán, durante el Operativo Independencia.
Imagen: Gentileza La Gaceta

Empezó en febrero de 1975. Fue implementado a partir de un decreto firmado por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” en territorio tucumano.

Por Adriana Meyer

Algunos historiadores sostienen que el Operativo Independencia fue el inicio del tercer genocidio, luego del tramo local de la conquista de América y de la conquista del desierto que implicaron criminales golpes contra los aborígenes. En tanto, para la Justicia fue concretamente un “banco de pruebas” represivo. El 5 de febrero de 1975 el Poder Ejecutivo, mediante un decreto del gobierno de María Estela Martínez de Perón, dispuso la intervención del Ejército en la lucha contra la guerrilla en Tucumán con el objetivo de “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a los efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” que actuaban en esa provincia. La Conadep determinó que durante la etapa del Operativo Independencia se produjeron 114 desapariciones.

Cuando el gobierno de la viuda de Perón dispuso esa medida habían cobrado resonancia los procedimientos armados del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en zonas rurales tucumanas, en especial en áreas de bosques, y en localidades al sur de la capital provincial. Eran ataques a instalaciones militares, bloqueos de rutas e incluso copamientos de pueblos, y de este modo la guerrilla había conseguido el dominio de determinados espacios. El Ejército, en conjunto con la Fuerza Aérea, tenía en la mira a la compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP, que buscaba crear un foco revolucionario en el monte tucumano. El general Adel Vilas, que estuvo a cargo del Operativo Independencia, enunció que se trataba de una “guerra eminentemente cultural” contra ideas y valores de universitarios, profesionales, religiosos, científicos, artistas e intelectuales de San Miguel de Tucumán, porque según este represor la guerrilla en el monte era sólo la manifestación armada del proceso subversivo, y no la más importante. La metodología del operativo incluyó secuestros por parte de represores vestidos de civil, el cautiverio clandestino de los detenidos que en su mayoría eran alojados en lo que fue el primer centro clandestino llamado la Escuelita de Faimallá, además de la tortura, la eliminación y ocultamiento de los cuerpos y la negación oficial de estas prácticas.

Durante 1975 y a principios de 1976 hubo enfrentamientos en las localidades de Santa Lucía, Potrero de las Tablas, El Cadillal, y el sorpresivo ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, que fueron protagonizados por la Brigada de Infantería 5 del general Vilas. La justificación del accionar represivo que dieron los militares fue precisamente invocar ese decreto del PEN 261/1975 con el cual aplicaron en la provincia más pequeña su llamada guerra contrarrevolucionaria, que los franceses primero y los norteamericanos después les habían enseñado: localizaban los campamentos de adiestramiento de los guerrilleros y los capturaban, o bien los abatían en el lugar. Los genocidas Vilas y Domingo Antonio Bussi, que lo reemplazó, diezmaron a los combatientes del ERP.

El ex gobernador en Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, revistió con el grado de coronel en la Brigada de Infantería de Monte V y participó del Operativo Independencia. Hace dos meses, cuando fue detenido en el marco de esta causa (ver nota central), dijo sobre aquellos días: “Para ser dictadura faltaba, era una dictablanda, hay gobiernos electos como el de Hitler que era una dictadura con exterminio y campos de concentración, mientras que acá no hubo campos de concentración, sino lugares de reunión de detenidos”.

El periodista Marcos Taire explica que “la gran represión en Tucumán comenzó en febrero del ’75 con el Operativo Independencia, que tuvo la complicidad de toda la conducción política de ese momento. Don Amado Juri (entonces gobernador) aplaudió el accionar del general Vilas y lo condecoró el día que se fue. Carlos María Torres, intendente de Tucumán, era íntimo amigo de Vilas, lo visitaba en Faimallá, y bautizó una plaza con el nombre del capitán (Humberto) Viola, que fue muerto por el ERP”.

Claramente el gobierno constitucional había dado luz verde para que las fuerzas represoras cargaran contra todo aquel que implicara un freno a sus intenciones. Pero, ¿quiénes eran los subversivos a ser aniquilados? Todos aquellos que no estuvieran alineados en el proyecto ultraliberal o se opusieran a las ideas de aquella oligarquía. De hecho, el ex dirigente del PRT-ERP Luis Mattini explica que “está fehacientemente demostrado que el sustento ideológico de los militares argentinos fue la fusión del más oscuro catolicismo del pensamiento nacional con el integrismo católico francés y la tesis de la guerra antisubversiva, plasmados en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. A partir de 1975 las Fuerzas Armadas Argentinas actuaron según el modelo establecido por los instructores franceses en la llamada Batalla de Argel. (Reynaldo) Bignone lo declaró sin ambages cuando dijo que actuaron con el reglamento en la mano, y que el Operativo Independencia fue una copia del plan de la Batalla de Argelia”.

Con el acompañamiento de todo el arco político, el decreto legitimaría el accionar represivo que comenzó a poner en funcionamiento la maquinaria del genocidio. El gobierno nacional legitimaba de esta manera la acción que había iniciado la Alianza Anticomunista Argentina, legalizando el comportamiento delincuencial de los militares genocidas.

El Operativo Independencia todavía tiene quien lo reivindique. Se trata de un grupo de ex soldados denominado “rodillas negras”, que en septiembre de 2008 se permitieron desfilar en Orán por los festejos del aniversario 214 de esa población. En aquella oportunidad, autoridades salteñas aseguraron que se “colaron” detrás de los veteranos de Malvinas.

29/12/12 Página|12