Usos y abusos del 82%

Por Arturo H. Trinelli *

La discusión en torno al 82% del salario mínimo, vital y móvil no es nueva en la Argentina. Para situar su debate en perspectiva, conviene hacer un breve repaso por el pasado del sistema previsional argentino a lo largo de su historia y así analizar con mejores argumentos su actualidad.

Historia

El sistema de jubilaciones y pensiones en la Argentina es uno de los más antiguos del continente. Con limitaciones, registra antecedentes desde 1904 (Sistema Previsional Argentino: crisis, reforma y crisis de la reforma, CEPAL, 2004). Más cerca en el tiempo, en 1958, durante el gobierno de Frondizi, a través de la ley 14.499 se resuelve asignar el 82% para las jubilaciones, pero su sanción sin un adecuado estudio sobre los costos promovió una serie de desbarajustes financieros que resultaron ser los fundamentos de la reforma que el gobierno de facto de Onganía encaró en 1967, incluyendo, entre sus medidas más importantes, aumentar la edad jubilatoria y las contribuciones, limitando ese 82%. Como señala el sociólogo Aldo Insuani, “en el nuevo sistema implementado por el gobierno militar (…) la fórmula de determinación del haber jubilatorio no guardaba relación con los aportes efectuados, introduciendo un factor de riesgo que terminó generando tensiones crecientes en el terreno del financiamiento primero y en el jurídico después, para acabar ocasionando una feroz caída en el valor de las prestaciones” (La política social en perspectiva, Udesa, 2006).

Entre 1973 y 1983 se eliminan las contribuciones patronales y en 1984 el presidente Alfonsín las restituye, pero se acentúa la crisis de financiamiento. Mediante el decreto 2196 de 1986 declara el quiebre del sistema previsional. Este elemento sirvió para que el gobierno de Menem impulsara una reforma integral del sistema previsional argentino, introduciendo junto al sistema público de reparto otro de capitalización individual administrado por entes privados. Si bien la justificación de esta medida era las dificultades de financiamiento que planteaba el sistema público y la mala administración pública que hasta entonces se hacía de los haberes jubilatorios (dentro de un paradigma general donde todo lo estatal era sinónimo de ineficiencia), en realidad se trató de un intento por alentar desde el Estado la formación de un mercado local de capitales impidiendo a los nuevos trabajadores ingresar en el sistema de reparto y ocultando las debilidades del sistema, como el escaso control gubernamental sobre los costos administrativos y la proporción cada vez mayor de títulos públicos en la cartera de inversiones de las AFJP. En su momento, éstas cobraron 12 mil millones de dólares de comisiones, casi 50 mil millones de pesos, con un nivel de cobertura que había caído por debajo del 40 por ciento (mientras que en la actualidad alcanza al 90 por ciento de los pasivos). Así, el Estado dejaba en manos privadas una responsabilidad indeclinable, como lo es la de garantizar un ingreso digno a los trabajadores jubilados y pensionados.

El gobierno de la Alianza en el año 2000 recorta un 13 por ciento el haber de las jubilaciones y en el 2001, ya con Cavallo como ministro de Economía, se rebaja el aporte al sistema de capitalización, lo que en los hechos significaba un 6 por ciento de aumento real del sueldo a quien se pasara del régimen público al privado para la compra a sabiendas de bonos en default y el fomento al incremento de afiliados al sistema de capitalización, para continuar con el negocio especulativo de las AFJP.

La historia reciente es más alentadora, luego de años en donde las decisiones en materia previsional hicieron colapsar al sistema: de los fondos de Anses, entre mayo de 2003 a la actualidad hubo 18 aumentos, en un plan que incluyó a más de dos millones y medio de jubilados que antes estaban excluidos e incrementó el haber mínimo en un 497 por ciento. El haber medio pasó de 342 pesos a 1157 en siete años. En octubre de 2008 la Ley 26.417, rechazada en su momento por muchos sectores que hoy promueven el 82% móvil, estableció la movilidad automática de los haberes previsionales en función de la evolución del salario y la recaudación del sistema previsional, lo que permitió en lo que va del año un aumento de las jubilaciones en un 26.49 por ciento. A la eliminación del negocio de las AFJP le siguió la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en diciembre de 2008 mediante el decreto 26.425, compuesto en un 56 por ciento del ingreso de los trabajadores activos y un 44 por ciento compuesto por los impuestos que pagan todos los argentinos, entre ellos el IVA.

Sustentabilidad, el debate

Como vemos, en materia previsional los logros conseguidos desde el 2003 son contundentes. Sin ellos sería impensado estar discutiendo en la actualidad el aumento del 82%, pero en una historia previsional tan larga como la Argentina, es evidente que han sido más los años donde los haberes jubilatorios fueron siempre la variable de ajuste que aquellos en donde se les empezó a compensar a los pasivos tanto tiempo de enormes injusticias. Es entonces en este contexto donde hay que situar el debate por el 82% móvil que se ha votado recientemente en la Cámara de Diputados y que ahora deberá debatir el Senado.

Al respecto, el previsionalista Sergio Bobrosky ha calificado al proyecto de ley sancionado como un “mamarracho” por no tener ninguna sustentabilidad económica (Página 12, 31 de agosto). Aquí, pues, radica su principal limitación, donde pese a que en sus debates preliminares fue fuente de polémica entre sus impulsores, a la hora de la votación encontró unidos al llamado Grupo A con el Peronismo Disidente, el PRO y el radicalismo, más allá que desde algunos sectores de centroizquierda se aliente la diferenciación ideológica con los principales dirigentes de esos espacios.

Es que más allá de estar de acuerdo con el deseo de aumentar a los jubilados, cosa que seguramente comparten todos los partidos (incluso los que integran aquellos que cuando fueron gobierno los recortaron) en el proyecto no se incluyeron claros argumentos que establezcan la forma de financiarlo. Los enunciados que refieren al financiamiento son difusos, en especial aquellos vinculados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El FGS administrado por Anses tiene una cartera compuesta por diversos tipos de activos, entre ellos, títulos públicos, acciones de empresas, tenencias de plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos, cédulas hipotecarias y créditos otorgados al sector productivo. Se trata de un fondo anticíclico que entre otras cosas contempla el envejecimiento poblacional. Las últimas estimaciones del Indec al respecto hablan de un crecimiento en la tasa de natalidad prevista para el quinquenio 2010-2015 de apenas un 9.1 por ciento, muy diferente a los porcentajes de hace décadas, donde trepaban a casi un 20 por ciento. Así, la baja tasa de natalidad combinada con el aumento en la esperanza de vida y los altos índices de informalidad laboral aún vigentes modificará indefectiblemente la relación activos/pasivos, que pasará de 1 mayor por cada 6 en edad laboral a 1 cada 3.3. Sin dudas, esto implica que cada vez habrá una fuerza laboral proporcionalmente más chica para financiar a la clase pasiva.

A este planteo hay que sumarle los juicios por la recomposición de haberes jubilatorios. Se argumenta con frecuencia que el Gobierno los deja acumular, cuando en verdad dos terceras partes de las 300.000 causas son penosas herencias de décadas anteriores, aún no solucionadas. Las administraciones pasadas decidieron no hacerse cargo de su ineptitud para manejar los haberes jubilatorios y las causas hoy vigentes y con espera de sentencia implicarían unos 14 mil millones de pesos adicionales a los 27 mil que resultarían de la aplicación del 82%, lo cual totalizaría para Anses una erogación definitiva de 41 mil millones de pesos.

Tampoco han faltado las voces que en estos días han criticado la labor de Anses por ocuparse de funciones que no le corresponden, asegurando que la amplia cobertura de asignaciones que brinda ha desatendido y desviado recursos que se podrían utilizar para afrontar este incremento. En este sentido, uno de los primeros debates que debería darse en torno a la discusión por el 82% debería involucrar a la noción misma de Seguridad Social. El artículo I del Código Iberoamericano de la Seguridad Social, aprobado por la V Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno llevada a cabo en Bariloche en 1995, la reconoce como “un derecho inalienable del ser humano”, concebido como “garantía para la obtención del bienestar de la población, y como factor de integración permanente, estabilidad y desarrollo armónico de la sociedad”. Así entendida, las declaraciones de dirigentes opositores sobre lo “injusto” que resulta que los jubilados financien a los niños (por la Asignación Universal por Hijo) revela un desconocimiento total de lo que supone una política integral de Seguridad Social, que no involucra solamente a los haberes de los pasivos sino que incluye también una serie de prestaciones que acompañan a las personas en todas las etapas de su vida, desde el nacimiento hasta el retiro. De manera que utilizar como argumento para defender la iniciativa del 82% una supuesta desviación de recursos a otras funciones con “la plata de los jubilados”, supone ignorar la pesada deuda social heredada desde el 2003 y, más específicamente, es relativizar una medida como la AUH, cuyo efecto a nivel económico, sanitario y educativo ha sido ampliamente reconocido, con la difusión de numerosa cantidad de estudios que coinciden en el gran impacto que ha tenido su implementación disminuyendo los índices de pobreza y alcanzando a 3.684.000 niños en todo el país.

El debate sobre el 82% debería incluirse entonces dentro de uno más general, que contemple entre otras cosas cómo mejorar la relación activos/pasivos con propuestas factibles y sustentables a mediano y largo plazo. Nuestra historia demuestra que en materia previsional siempre las soluciones de cada gobierno fueron apenas parches que, a poco de andar, demostraron su inviabilidad. Por lo tanto, tal como está planteado hoy, sin las adecuadas propuestas de financiamiento necesarias para afrontar el aumento, la iniciativa actual parece más una maniobra política de la oposición con el único objetivo de correr por izquierda a un gobierno que, aún con limitaciones, ha mejorado sensiblemente la situación de un sector de la población históricamente castigado. A la vez, revela la sintonía encubierta de sus impulsores, que se exhiben distintos entre sí pero que parecen estar unidos en una alianza movilizada exclusivamente por oposición al kirchnerismo. Utilizar simplemente como argumento que “la plata está” es minimizar el problema financiero y le quita seriedad al debate. La discusión por los haberes jubilatorios, justa y necesaria, requiere de otro tipo de iniciativas, sin improvisaciones ni demagogia, recordando con responsabilidad la situación heredada para evaluar logros, corregir rumbos y planificar prudentemente alternativas a futuro.

* Politólogo UBA-CLICeT
 

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