Concentración de medios: una lucha latinoamericana

Por Arturo Trinelli *

El Gobierno Nacional acaba de enviar el proyecto de ley al Congreso para declarar la fabricación de papel de interés público. La prudente iniciativa oficial desmiente las especulaciones que la prensa opositora había hecho los días previos, aunque luego del anuncio continuó el derrotero de absurdas interpretaciones sobre la medida. Tanto Clarín y La Nación ocuparon hojas enteras alentando el fantasma del control gubernamental sobre la prensa independiente y elaboraron teorías en torno a la “verdadera intención” de la propuesta, que no sería otra que la intervención kirchnerista sobre la única empresa proveedora de papel para diarios del país.

Mucho se ha escrito sobre las irregularidades en la manera en que Clarín y La Nación se hicieron de las acciones de una empresa que manejaron con absoluta discreción durante años, situación que les permitió convertirse en los diarios de mayor alcance nacional, controlar la aparición de otros medios y disciplinar a la clase política para hacer valer sus intereses. La decisión del Gobierno Nacional de ir a fondo sobre este tema inaugura una nueva etapa en el país, donde saludablemente se discute el rol de los medios de comunicación en la sociedad, los intereses que persiguen, la manera en que informan y nuestro papel como sujetos con capacidad crítica para analizar esa información. Resulta fundamental a la hora de iniciar este replanteamiento que exista la posibilidad de consultar otros medios de prensa como expresión de visiones alternativas, de manera de tener no solo más elementos para sacar conclusiones sino también enriquecer el debate contrastando diferentes posturas.

Pero nuevamente se pretende reducir el cuestionamiento a los monopolios mediáticos como un conflicto entre un Gobierno y un grupo económico particular, cuando verdaderamente lo que está en juego es un proyecto de sociedad que está determinada por el uso y control del recurso informacional. Así, hoy deberíamos preguntarnos qué característica tendría esa sociedad ante una concentración de la propiedad de los medios de comunicación y de las industrias culturales en apenas unos cuantos conglomerados empresariales. Y ahí es donde se vuelve necesario un rol activo del Estado para reducir las asimetrías, de manera de evitar que los medios de comunicación concentrados tengan legitimidad exclusiva como agentes de socialización, capaces de hacer de la información una mercancía vendible a cualquier precio, incluso muchas veces contradiciendo las profecías autorreferenciales que enuncian sobre su actividad, siempre vinculada al compromiso con la verdad o con el público al que se dirigen. Parte de nuestra maduración como sociedad supone refutar lo que se nos presenta como “verdades objetivas” en la puja por el poder, del cual los medios forman parte.

Un problema regional

Sin embargo, esta concentración monopólica de la información no es un fenómeno exclusivamente argentino. Mastrini y Becerra, en su libro “Periodistas y Magnates. Estructura y concentración de la propiedad de las industrias culturales en América Latina” (Instituto Prensa y Sociedad, 2006), señalan que Televisa de México, O’Globo de Brasil y Clarín de Argentina constituyen, quizás, los ejemplos más emblemáticos de concentración de medios de comunicación que han atravesado muchos de nuestros países, y hacen un balance histórico donde reconstruyen dos dimensiones comunes presentes en estos procesos: una geográfica, consecuencia de la centralización de la producción, distribución y consumo cultural en grandes centros urbanos que provocaron la marginación de extensos territorios en cuanto al acceso a la televisión, la radio, la prensa escrita y los circuitos cinematográficos. La otra es de índole económica a partir de los años 90, cuando la internacionalización de los mercados prepara el terreno para la conformación de grupos de comunicación hegemónicos a escala regional.

Siendo entonces un fenómeno no exclusivo de un solo país, la preocupación de los organismos internacionales viene haciéndose sentir desde hace años. En efecto, en 1980 el Informe Macbride ya advertía el peligro de una industria de la comunicación dominada por un número relativamente pequeño de empresas que concentraban todos los aspectos de la producción y la distribución. Más recientemente, la OEA, en un informe anual de hace unos años, advirtió sobre “las continuas denuncias recibidas (…) en relación con prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social”, así como la preocupación de distintos sectores de la sociedad civil por lo que esto podía representar para garantizar el pluralismo político e informativo y la incompatibilidad de estas prácticas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática (OEA, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 2004, www.oas.org).

En lo que puede definirse como la profundización de un paradigma comunicacional autoritario, las empresas de medios fusionaron sus actividades para mantener una posición dominante en el mercado. Esta situación obliga a un replanteo respecto de lo que ha sido en nuestro país el negocio de la comunicación y su concentración en pocas manos. Resulta evidente entonces la importancia de las últimas iniciativas tomadas para fomentar el pluralismo y disminuir la concentración, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el fomento para discutir a nivel parlamentario un proyecto que asegure una comercialización del papel igualitaria para todos los diarios con una comisión bicameral encargada de controlar el nuevo marco regulatorio para garantizar la libertad de expresión.

Desafíos

Según lo expuesto, pues, son varios los desafíos que quedan por delante. En primer lugar, se hace necesario mantener una voluntad política sostenida, e independiente del gobierno de turno, tendiente a desconcentrar el manejo comunicacional por parte de grupos económicos con intereses particulares. Eso será posible si deja de verse al Estado como una “amenaza” y no como el regulador de las asimetrías propias del mercado, que imponen la lógica de la competencia comercial y del rédito económico por sobre la diversidad cultural y la libre expresión de opiniones alternativas. Años de retroceso y deslegitimación de lo público no hacen sencilla esta tarea, cuyo éxito estará garantizado en la medida en que exista un compromiso político de estimular el debate sobre lo que durante años se tomó como verdad incuestionable.

Por otro lado, y ligado a lo anterior, lejos de tratarse de una situación de inseguridad jurídica o atentado a la libertad de expresión, como se la ha querido presentar, es necesario entender este desafío como un fortalecimiento de las instituciones y un mejoramiento de la calidad democrática. La producción cultural actual, dentro de los parámetros con que viene desplegándose hasta ahora, no sólo es un fabuloso negocio monopolizado, sino que se ha transformado en una poderosa arma de control social capaz de imponer un discurso único, favorable obviamente a quienes tienen la capacidad para promocionarse como sus únicos y más legítimos intérpretes.

Finalmente, en tanto problema latinoamericano, se requiere de una profundización de las instituciones regionales para trabajar en conjunto y, tal vez, acordar marcos regulatorios comunes que promuevan la desconcentración de medios y fomenten la expresión de voces alternativas para alentar la diversidad cultural y garantizar la pluralidad política. El sistema de medios de comunicación concentrados en América Latina, con sus mecanismos de organización simbólica de las relaciones sociales, parece constreñir las posibilidades de participación ciudadana efectiva bajo una premisa que refleja el autoritarismo de la estructura monopólica. En términos del reciente comunicado conjunto de Clarín y La Nación, un acto fallido refleja su esencia: “controlar el papel es controlar la información”.

* Politólogo UBA