Identifican a otro hijo de desaparecidos: un joven platense de 27 años

Por Alejandra Dandan

Las Abuelas de Plaza de Mayo contarán hoy parte de su historia, la que las puso detrás de la búsqueda de sus padres reales cuando empezó a sospechar que tal vez era hijo de desaparecidos. Ese día mandó un mensaje por e-mail a la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo. Y dicen, los que estuvieron cerca, que desde entonces empezó a revisar sitios de Internet, archivos, fotos e imágenes buscando y encontrando algunos parecidos. Sus amigos lo alentaron en esa búsqueda que encontró un punto final hace una semana: ese día Sebastián recibió los resultados de los estudios de ADN que confirman su filiación como hijo de Gaspar Casado y Adriana Tasca, secuestrados a fines de 1977 y hoy desaparecidos.

Será la familia de Sebastián quien hablará esta tarde de la búsqueda que ellos iniciaron hace años, pero que él no conoció. Gaspar y Adriana eran sus padres. Adriana era muy flaca. La secuestraron en diciembre de 1977 en la ciudad de La Plata con cinco meses de embarazo. A Gaspar lo secuestraron entre el 10 y el 12 de diciembre de ese mismo año cuando ambos aparentemente habían perdido contacto. El estuvo secuestrado en la ESMA; a ella se la llevaron a "La Cacha", uno de los lugares que funcionaron como centro clandestino en los alrededores de La Plata.

Quienes estuvieron detrás de los pasos de Gaspar y de Adriana lograron saber con el paso del tiempo que ella pudo llevar adelante el embarazo durante el cautiverio. Por el testimonio de dos enfermeras se supo, además, que a comienzos del ’78 ella estaba con "mucha panza". El parto había sido previsto por los médicos para los últimos días de marzo o principios de abril; Sebastián nació el 27 de marzo.

De allí en adelante, su historia es la que él y quienes vienen acompañándolo en este proceso de reconstrucción intentarán ir descubriendo. Como sucedió con una parte de los hijos de desaparecidos, Sebastián no terminó con militares sino con una pareja relacionada con las fuerzas de seguridad. También en su caso, quedó anotado en el Registro Civil como hijo natural y biológico de padres que no eran los suyos. Sólo muchos años después supo que era adoptado, pero no comenzó con la búsqueda de sus padres biológicos inmediatamente. Eso demoró.

Cuando logró mandar su primer mensaje a la casa de Abuelas de Plaza de Mayo había pasado el tiempo y la vida. Murió la persona que hizo las veces de padre o apropiador. Y él se encontraba con gente de su edad, amigos y conocidos que lo habrían alentado en la búsqueda y en el camino. No sabía ni supo su nombre verdadero hasta hace poco. Tampoco, lógicamente, conocía el nombre de sus padres biológicos ni que existía una antigua causa judicial en la que denunciaban la apropiación. Cuando empezó con todas estas dudas, Sebastián tampoco sabía que sus padres habían pensado un nombre para él, querían llamarlo José.

Sebastián conoció parte de esa historia hace una semana, recién cuando la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad (Conadi) confirmó sus datos de filiación a partir de los resultados de un examen genético. Sebastián decidió someterse a los estudios el 23 de septiembre del año pasado convencido finalmente por los amigos. Estaba seguro de que se parecía a alguien, a una de todas las fotos que había visto. Pero no lo sabía. Quienes estuvieron cerca de él dicen que sólo decidió someterse a los estudios cuando intuyó que sus abuelos biológicos estaban vivos.

Y eso era así. Su abuela Angela de Tasca vive en Mar del Plata. Y su familia restituida será quien hoy acompañe a las Abuelas en la conferencia de prensa de las 15 en la sede de Virrey Cevallos 592.

Página/12, 14/02/06


Sebastián Casado, el nieto que Angela encontró después de 28 años

"Abraza fuerrrrrte, como el padre"

Angela Barili, abuela materna de Sebastián, le contó a Página/12 cómo fue el encuentro con su nieto. Sus padres, Gaspar y Adriana, desaparecieron en 1977 y él se buscó en Abuelas.

Por Alejandra Dandan

"¡Ché, loco!", le dijeron sus amigos uno de esos días en los que lo vieron una y otra vez pararse frente a la misma foto de Internet. "¡Ese tipo es tu viejo! ¡Mirá si no va a ser tu viejo, si sos igual!" Sebastián estaba con muchas dudas pero, como pocos, también con muchas certezas sobre su identidad. Le habían dicho que era adoptado y, aunque con ganas, sólo después de muchos años se animó a ir entrando a las páginas de las Abuelas de Plaza de Mayo en Internet para hacerse preguntas. Clickeó documentos, archivos o informes hasta que se encontró con una foto de Gaspar Casado, su verdadero padre, secuestrado a fines de 1977 y hoy desaparecido. Sebastián no sabía quién era pero lo intuyó. Las Abuelas ayer hicieron pública su historia y la búsqueda que terminó hace una semana con la confirmación genética de su identidad. Es la restitución número 82 de las Abuelas.

Sebastián empezó con el último tramo de la búsqueda hace poco más de un año. En enero de 2005 escribió una carta a las Abuelas para averiguar por una causa en la que se lo mencionaba como posible hijo de desaparecidos. Estaba con muchas dudas. Pero escribió. Allí comenzó un largo camino lleno de preguntas. Las Abuelas lo pusieron en contacto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el ámbito donde debía iniciar el legajo formal de la búsqueda y los exámenes genéticos. Pero eso era demasiado. Sebastián empezó a visitar la Conadi en marzo de 2005; fue una y otra vez, pero no se animaba a abrir formalmente su búsqueda.

Eso sucedió sólo en agosto de 2005, cuando llegó a sus manos la edición 47 del mensuario de las Abuelas. Como todos los meses, la revista publicaba la historia de vida de una de las Abuelas. Esta vez, le tocaba a Angela Barili de Tasca, una de los tres abuelos biológicos vivos de Sebastián, aunque él no lo sabía. Cuando leyó la nota, ató cabos, cruzó nombres, pensó y decidió presentarse a la Conadi. Su trámite se inició el 29 de septiembre del año pasado. Para entonces, Sebastián avanzaba casi seguro de que Angela era su abuela, pero además de que sus abuelos eran muy mayores como para esperar que él resolviera sus dudas.

Conadi terminó con los estudios el jueves 9 de febrero. Según los datos, sus genes incluyen en un 99,9 por ciento el grupo familiar Casado-Tasca. A la 1.30 de la mañana del día siguiente, Sebastián llegaba a la casa de departamentos de Mar del Plata donde aún vive su abuela Angela con su marido Bruno Tasca. Página/12 dialogó con ella sobre la búsqueda y la restitución de su nieto.

–¿Cuándo conoció la noticia?

–El jueves pasado. Mi hija Ana me llamó por teléfono y me dijo: "Mamá, prepará café". Cuando le pregunté por qué, me respondió que venía con alguien, era una abogada de Abuelas, íntima de mis dos hijas. Me pareció extraño, la verdad. Y en el hall, mi hija me preguntó:

–¿Qué es lo que más desearías en el mundo, mamá?

–Encontrar a mi nieto –le dije.

Ana no esperó:

–Mamá, lo encontramos –soltó. Angela enseguida habló por teléfono con su nieto o, mejor dicho, con su voz. Le sorprendió el tono, lo grave, el paso del tiempo, la edad. Pero claro, dijo después, "cómo no va a ser así si ya es un hombre, tiene 27 años y va para 28, los cumple el 27 de marzo". Sebastián le propuso un encuentro. Ella y su marido Bruno aceptaron verse en Buenos Aires, pero a todos les ganó la impaciencia y la emoción. Horas más tarde, después de dar el aviso, Sebastián estaba en Mar del Plata.

–Llegó a la 1.30 de la mañana, éramos un montón. Se abrazó con mi hija y cuando me abrazó a mí no me quedó ninguna duda, porque abraza de la misma forma que el padre: me dio uno de esos abrazos fuerrrrtes.

–¿Cómo supo que ustedes eran parte de su familia?

–Pasó que se enteró a los 22 años que era adoptado, se lo dijo la hermana. Ella también vino a Mar del Plata, también es adoptada, tiene dos años más; se hizo los análisis pero a ella no le dieron. Cuando estuvieron allá, me llamó aparte para decirme que ellos habían estado muy bien criados, que no me hiciera problemas.

–Una vez que supo de la adopción, ¿qué pasó?

–A mediados del 2005, Sebastián empezó a mirar por Internet la página de Abuelas, ahí se encontró con la foto de mi yerno y de mi hija. ¡El encontró la foto! Y todos los datos. Supo que había un bebé que debía nacer en tal fecha y se lo dijo a sus amigos: "Esta es mi familia", les dijo. ¿Usted lo puede creer? "Esta es mi familia", dijo como si supiera. Sabía que se parecía mucho al padre. Se lo decía a todos. Les preguntaba: "¿Yo me parezco a este muchacho?" "Sí", le decían. Y ahí empezó a investigar y se fue a hacer los estudios, los análisis por su propia voluntad y su propia iniciativa. Le demoraron cuatro meses.

–¿Cuando conoció los resultados estaba solo?

–No. Tiene una novia que lo ayudó muchísimo en la búsqueda, como los padres de la novia. Y allí, como en la historia figura que mi hija y mi yerno querían llamarlo José o Josefina, si era mujer, cuando le entregaron los análisis firmó como Sebastián José Casado. ¿No es una maravilla? Tuve mucha suerte, quisiera que a todas las abuelas les pasara lo mismo.

–¿Qué conoció de su vida?

–Ahora hay que darle tiempo. No le hice muchas preguntas porque no quería hacerlo. Sebastián toca el bandoneón, le gusta Piazzolla y le gusta Goyeneche.

La música parece una herencia de su familia materna; un bisabuelo con buenas manos para el piano, una tía ducha en ese mismo campo y una madre buena pero sólo con la guitarra y una flauta, a fuerza de la impiadosa insistencia de Angela. La madre de Sebastián estuvo poco tiempo en Mar del Plata, nació allí el 20 de abril de 1955, pero para el ’73 se había mudado a La Plata. Gaspar nació el 21 de noviembre de 1955 en Azul. Era el quinto de una familia de ocho hermanos, por eso todos lo llamaban "Quinto". También se fue a estudiar a La Plata, llegó un año después que Adriana. Los dos se habían anotado en Derecho, pero se conocieron en la Caja de Previsión Social para Abogados por un trabajo. Para esa época, habían empezado a militar con Montoneros. Los secuestraron entre el 10 y el 15 de diciembre de 1977, Adriana estaba con cinco meses de embarazo.

Poco antes, los dos habían pasado un breve período en Mar del Plata y Angela ya estaba aterrada.

–Ellos en ese momento nos habían dicho que ya no estaban en nada, pero evidentemente nos mintieron. A mí me desesperaba eso de que ella estuviera embarazada y en peligro. Realmente tenía miedo, porque uno antes de esto tenía otra manera de pensar. Yo he cambiado. No soy la misma que era antes.

–¿Cómo era?

–Yo no la comprendía a mi hija y eso ahora me duele. Yo le daba mucha importancia a tener arreglada la casa, a que ellas estuvieran bien arregladas; ella no; salía y volvía sin la campera que yo le había hecho, pero a todas las madres les pasaba lo mismo porque eran los chicos, eran de esa manera, querían un mundo mejor y eso les valió perder su vida. Pero yo nunca creí que hubiera habido tanta crueldad, yo pensaba que a mi nieto me lo iban a devolver, que me lo iban a dar cuando tuviera dos meses, tres meses, cuando dejara de tomar la teta.

Por los datos recogidos, se sabe que Sebastián habría nacido durante el cautiverio de su madre y entregado por un oficial de las Fuerzas Armadas a un matrimonio allegado. De la Conadep surgió que lo habían anotado como hijo propio, con una constancia de nacimiento firmada por una médica de la policía de la provincia, actualmente implicada en otras causas de apropiación.

–¿Qué supieron ustedes de las personas que lo criaron?

–Parece que la mujer es buena, él quiere mucho a su madre.

–Se dijo que él logró comenzar la búsqueda cuando murió quien actuó como padre.

–Cuando fallece el padre. Tengo entendido que murió a mediados del año pasado. Lo sé por otras personas, no lo puedo asegurar, no me lo dijo.

–¿Qué fue lo que sí le dijo?

–Yo le pregunté si había tenido abuelos. Y me dijo: "Sí, y los quise mucho y me quisieron mucho". Todos los años iban a veranear a Mar del Plata porque les encantaba y tiene un departamentito de un ambiente que era de los abuelos. Por eso creo que todavía no nos puede decir abuelos. Pero eso ahora no importa.

 Página/12, 15/02/06

El comunicado de Abuelas

Buenos Aires 14 de enero de 2006

Se encontró otro nieto
Comunicado de Prensa

Se llama Sebastián, y es hijo de Gaspar Onofre Casado y Adriana Leonor Tasca; con él suman 82 los nietos encontrados por nuestra Asociación.

El viernes 9 de febrero pasado Sebastián supo que era hijo de desaparecidos, que tiene la suerte de tener a tres de sus cuatro abuelos vivos, que pertenece a una familia enorme llena de tíos, primos y sobrinos que desde hace 28 años lo está buscando y que lo aman. Gaspar y Adriana continúan desaparecidos.

Los padres

Gaspar nació en Azul, el 21 de noviembre de 1955. Era el quinto de una familia de ocho hermanos (cinco varones y dos mujeres), por eso todos lo llamaban Quinto. Estudió derecho en la Universidad de La Plata entre 1974 y 1977, donde vivía con sus hermanos. En esos años empezó su militancia política. Trabajaba en la Caja de Previsión Social para Abogados, donde conoció a Adriana, que trabajaba también allí. Adriana también estudiaba derecho y era militante en la misma organización. Se enamoraron y formaron pareja e 1976.

Adriana nació el 20 de abril de 1955 en la ciudad de Mar del Plata. Era la menor de dos hermanas. En 1973 partió rumbo a La Plata para estudiar.

Quinto y Adriana vivieron un tiempo en Mar del Plata y volvieron a La Plata poco antes de su desaparición, entre el 10 y el 15 de diciembre de 1977.

Adriana tenía un embarazo de cinco meses. El nombre que habían elegido para su bebé era Josefina o José.

Adriana fue vista en La cacha y su embarazo evolucionaba normalmente. Quinto fue visto en la ESMA en la Navidad de 1977. Una compañera de cautiverio, que también era de Mar del Plata, pudo conversar con él en la ESMA: Quinto le preguntó si sabía algo de Adriana.

La desaparición

En el año 1976 Adriana estaba estudiando derecho en la UNLP junto a Gaspar. Ambos trabajaban en la Caja de Abogados y eran becarios de ésta en la Ciudad de La Plata. El 20 de diciembre de ese año deciden irse a Mar del Plata ya que poco tiempo antes un compañero de trabajo suyo había desaparecido. En los primeros días de julio de 1977 Adriana le cuenta a su familia que está embarazada. El 8 de octubre de 1977 es la última vez que la familia ve a Adriana, quien se traslada finalmente a La Plata. A partir de allí se comunica telefónicamente con sus padres, quienes sabían que permanecía en esa ciudad puesto que era vista por compañeros de la facultad y amigas personales. No sabían su domicilio exacto aunque, a través de unas amigas en común, la familia supo que vivía en una pensión. Aparentemente, los dueños de la pensión eran un matrimonio mayor. Muchas personas la vieron embarazada en esa época. El 5 de diciembre de 1977 se comunicó por última vez con su madre.

De acuerdo a declaraciones de Angela Victoria Barili de Tasca, su hija Adriana habría sido detenida entre el 10 y el 15 de diciembre de 1977 cerca de Flores, en Capital Federal por fuerzas conjuntas. En ese momento Adriana estaba embarazada de cinco meses.

Sebastián, a quien Adriana habría llamado José, nació a fines de marzo o principios de abril de 1978.

Una búsqueda compartida

La Abuela Ángela Barili de Tasca denunció que su hija había desaparecido embarazada de cinco meses a principios del ochenta. Ángela es una de las fundadoras de la filial Abuelas de Mar del Plata y es la primera Abuela de esta ciudad que recupera un nieto.

Ángela, la familia Casado y Abuelas vienen buscando al joven desde hace más de 28 años.

Sebastián habría nacido en el cautiverio de su madre y luego entregado por un oficial de la FFAA a un matrimonio allegado. Por testimonios de la CONADEP se supo que el joven fue inscripto como hijo propio por este matrimonio, con la constancia del nacimiento firmada por una médica de la policía de la provincia, actualmente implicada en otras causas de apropiación.

Por suerte, Sebastián tuvo dudas respecto de su identidad y en enero de 2005 escribió a Abuelas para averiguar sobre una causa en la que se lo mencionaba como posible hijo de desaparecidos. De Abuelas se lo derivó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) adonde se presentó en marzo del mismo año. Lleno de temores visitaba la Comisión con frecuencia pero no se animaba a abrir un legajo para iniciar su investigación. Un día recibió un mensuario de Abuelas en el que aparecía el relato de su Abuela Ángela y allí pensó que podía tener abuelas que lo estaban buscando. Fue entonces, el 29 de septiembre de 2005, que decidió abrir su legajo y posteriormente analizarse.

El jueves pasado, Sebastián recibió la noticia de que incluye en un 99.9 % en el grupo familiar Casado-Tasca, es decir que es hijo de "Quinto" y Adriana, y nieto de aquella abuela de quien leyó la historia en el mensuario. Ya se ha reunido con toda su familia que lo esperó durante tanto tiempo. Otro nieto recuperó su identidad, su verdad.

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Madres de Plaza de Mayo línea fundadora seguirá con las marchas

Tati Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo hoy que esa organización "seguirá de pie luchando para conocer qué pasó" con sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar, y ratificó la continuidad de las marchas "de la resistencia".

Almeida, así, se diferenció de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que el mes pasado anunció el cese de las marchas de la resistencia al considerar que "ya no está el enemigo en la Casa de Gobierno". Almeida ratificó que "todos los jueves" se realizarán las rondas en la Plaza de Mayo, e "incluso la marcha de la resistencia, que es el punto de discordia con Hebe de Bonafini".

"No consideramos que en la Casa de Gobierno está el enemigo", coincidió con Bonafini, porque "después de años de gobierno constitucional, Kirchner es el primero que está saldando en parte esa asignatura pendiente con respecto a nuestros hijos".

Con todo, Almeida remarcó que "no hay que confundirse. La resistencia la vamos a seguir porque lo principal para nosotros es que aún no sabemos la verdad, no sabemos qué pasó con nuestros hijos. No nos confundamos", insistió. Al ser consultada sobre los distintos puntos de vista con Bonafini, Almeida dijo "allá ella, allá su criterio, allá cómo analiza esta lucha que hace tantos años venimos llevando a cabo y que la vamos a seguir haciendo. Mientras Dios nos de fuerzas, no vamos a bajar los brazos", agregó.

"La posición de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora es seguir de pie, seguir luchando y seguir resistiendo", completó. Está tarde, en tanto, Abuelas de Plaza de Mayo realizará una conferencia de prensa para dar a conocer el encuentro y restitución de identidad del nieto número 82 del casi medio millar de niños apropiados durante el último gobierno militar. Si bien la entidad que preside Estela de Carloto anunció que recién difundirá hoy a las 15 los datos del joven restituido, fuentes judiciales informaron que se trataría del hijo de los desaparecidos Gaspar Casado y Adriana Tasca.

Fuente: DyN, 14/02/06

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Patti, en documentos desclasificados de EE UU

Las huellas del represor

La participación de Luis Abelardo Patti, diputado en suspenso, en el grupo de tareas que asesinó a Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi apareció en documentos desclasificados de los Estados Unidos.

El "abatimiento" sobre dos militantes montoneros "ostensiblemente secuestrados en Rosario" durante los últimos días del golpe militar "fue ordenado por las máximas autoridades" de la dictadura militar. Los textuales forman parte de un revelador documento oficial de la Embajada de los Estados Unidos, desclasificado para la causa contra el ex comisario Luis Patti por los fusilamientos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. El fiscal de San Nicolás Juan Murray, quien pidió la reapertura de la causa, acaba de sumar al expediente estos documentos que se hallaban en poder de la Cancillería. Ahora, su fiscalía aguarda un pronunciamiento de la Justicia federal que debe aceptar o rechazar la reapertura de una de las causas que impidió a Patti asumir en el Congreso.

El documento se encontró a fines del año pasado luego de una intensa búsqueda en los aún no sistematizados archivos clasificados de Cancillería. El fiscal Murray acaba de sumarlo ahora como prueba al expediente en el que, el año pasado, pidió la reapertura de la causa contra el ex comisario. El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo es quien debe aceptar o rechazar el requerimiento. Para hacerlo ahora tendrá a mano este nuevo documento, considerado por los querellantes como una pieza "fundamental" en el cúmulo de pruebas contra el ex comisario.

El documento en cuestión pertenece a la representación diplomática norteamericana en la Argentina. Es una carta enviada por ellos al Departamento de Estado y a otras embajadas de la región. Según su contenido, ambos militantes montoneros "fueron ostensiblemente secuestrados" en "Rosario" y precisa que "el abatimiento fue ordenado por las máximas autoridades" de la dictadura militar.

El largo informe detalla, incluso, lo que sucedió con la causa judicial luego de la ejecución de los dos militantes el 14 de mayo de 1983. Según fuentes judiciales, la carta "informa que había tres policías, uno de los cuales era Patti, y un médico detenidos, pero que en el seno del gobierno militar había presiones (sobre) los ministerios de Justicia y de Interior para que consiguieran la libertad de Patti y sus compañeros presos".

Luis Abelardo Patti estuvo efectivamente detenido por los secuestros y fusilamiento de los militantes sólo durante dos meses. Sucedió al comienzo de la causa a pedido del juez Juan Carlos Marchetti, el mismo que luego lo liberó con las mismas pruebas por "falta de mérito". Entre una y otra instancia, Marchetti habría sido objeto de todo tipo de presiones de la cúpula militar. Según los organismos que trabajan en la causa, pretendían que deje el expediente en manos de la justicia militar, en los hechos un reconocimiento de que el Ejército tenía una relación directa con los hechos.

El documento recién desclasificado echaría luz sobre ese aspecto, pero confirmaría además temas esenciales para la causa, como la demostración de que efectivamente existió el secuestro y que las muertes fueron ordenadas desde una instancia superior. "Para nosotros es una prueba contundente", explica a pedido de este diario la abogada y parte de la querella Nadia Schujman. El peso del documento no sólo sirve como prueba para la causa Cambiaso-Pereyra Rossi, sino como otro elemento de la información que circulaba en el marco del Plan Cóndor. "Esto demuestra que la burocracia fue dejando marcas por todos lados –sigue la abogada–, que lo que hay que hacer es aprender a buscar porque las huellas están."

En la carga de documentos que se han sumado al expediente en los últimos meses hay otras novedades. Entre ellas se encuentran una serie de informes de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, la ex Dipba, desclasificados para la causa. Los informes habrían sido elaborados tanto por el Ejército como por las fuerzas de seguridad federales y provinciales. En línea con los documentos desclasificados de la Embajada de los Estados Unidos, se los considera importantes porque probarían que durante los días previos al secuestro y fusilamiento, ambos militantes eran blanco de monitoreos, seguimientos y tareas de inteligencia.

Fuera de ello, ayer se supo que la Justicia de Campana se declaró incompetente para investigar la supuesta responsabilidad de Patti en el crimen de Gastón José Gonçalves, militante de la Juventud Peronista. Ahora, la Cámara Federal de Rosario deberá expedirse sobre el conflicto de competencia en esa causa entre la Justicia de Campana y el juzgado de Villafuerte Ruzo.

Página/12, 08/02/06

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Jardín de infantes, ex centro clandestino de detención

Dos testigos reconocieron el edificio donde hoy funciona el jardín maternal Rubén De Paula, en la localidad bonaerense de Azul, como el lugar donde estuvieron detenidos durante la dictadura militar.

Los testigos, que recorrieron el lugar durante una hora y media, recordaron claramente la antigua escalera de0 madera, el balcón y el patio exterior, que utilizaban para bañarse, pese a leves modificaciones edilicias realizadas al predio donde funcionó la ex estación provincial del ferrocarril.

El juez federal Juan José Comparato había ordenado una inspección ocular en el jardín maternal, que se concretó ayer, explicaron fuentes del caso. En el lugar, donde se encuentra la vieja estación del Ferrocarril Provincial, se cree que funcionaba un centro clandestino de detención, ya que en 1976 funcionaba allí la Planta Verificadora de Automotores a cargo del Ejército.

A partir de los testimonios de ex detenidos que declararon haber estado detenidos ilegalmente en la ex estación, el 22 de agosto de 2005 el juez federal dictó la prohibición de innovar sobre la edificación, lo que implica que el lugar no puede ser modificado ni alterado, ya que podría entorpecer la investigación. El reconocimiento se realizó en el marco de la causa que investiga la existencia de un circuito de centros clandestinos de detención en Azul, Tandil, Olavarría y Las Flores, a partir de una denuncia realizada por la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

La abogada Cecilia Lopez Uhalde, asesora letrada del organismo provincial calificó como "muy importante" el reconocimiento por parte de dos ex detenidos, "ya que da pie para continuar investigando la existencia de un circuito de centros clandestinos de detención en la región de Azul, Tandil, Olavarría y Las Flores". "Estamos cerca de que se cumplan treinta años del golpe de 1976 y este reconocimiento por parte de los testigos demuestra que el paso del tiempo no es un impedimento para encontrar Justicia", destacó por su parte la subsecretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho.

Fuente: Télam, 08/02/06

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ESMA

Por Eduardo "Tato" Pavlovsky

Hace tres meses fui invitado por familiares de desaparecidos para que sumara mi opinión sobre cuál podría ser el destino que se le diera a la parte del predio de la ESMA donde se torturaba a los detenidos.

Fui con Susy Evans y nos encontramos con un grupo de gente amiga, entre ellos estaban Víctor Hugo Morales y León Ferrari. La verdad es que conocía los horrores que se habían cometido, torturas de todo tipo y la preparación de los detenidos para los famosos vuelos de la muerte.

Cuando volví del exilio, almorzando con un médico amigo dueño de un laboratorio, me mostró al pasar a uno de sus empleados y me dijo: "Ves ese tipo, ése era uno de los médicos que anestesiaba a los prisioneros antes de tirarlos al Río de la Plata. El tipo hace dos años tuvo un brote psicótico y en su delirio empezó a ‘largar’ todo. En la Marina hubo que internarlo, medicarlo demasiado y quedó deteriorado. A mí me dio pena verlo tan mal y lo traje aquí para que laburara en el laboratorio. Tiene tres hijos y una familia bien constituida".

Fue muy fuerte mi impacto y de allí nació mi obra El Sr. Laforgue, que se estrenó en 1983 dirigida por Agustín Alezzo, donde trataba el tema de los vuelos de la muerte.

La verdad es que en el recorrido por el predio, y al visualizar concretamente los lugares de tortura, tuve una impresión excepcionalmente escalofriante. Una cosa es saber o tener la información y otra cosa es que una persona que había estado allí nos mostrara los espacios donde se torturaba, los detalles de los mecanismos para hacerlos entrar a lugares donde se los preparaba para los vuelos de la muerte. "Aquí estaba la monja francesa y al lado era una oficina." La tortura no perturbaba las otras funciones represivas y su orden burocrático. Todo se podía hacer al mismo tiempo. Quien describía los lugares minuciosamente era una "compañera" que había estado allí diez meses, lo que le permitió tener una visión completa de esta especie de Tren Fantasma de la Marina a pesar de estar vendada todo el tiempo.

Tardé 48 horas en reaccionar, porque las imágenes del horror no me dejaban pensar bien. A los pocos días les envié mi opinión donde les decía a los Familiares que ese lugar debía quedar así como Museo del Horror, pero que también pudiera recrearse un lugar de excelencia, donde un grupo de ciudadanos se dedicara a estudiar el tema de las "democracias participativas". Y que pensaba que había muerto mucha gente joven que hoy, en este momento de la militancia, seguramente apoyaría la idea de repensar la Democracia, sus Nuevas Formas y sus Nuevos Sentidos. Una nueva democracia donde el pueblo tuviera una participación más activa y capacidad de decisión en ciertos temas fundamentales. ¿De qué manera? ¿Cómo? Siempre escuché una voz de la derecha muy inteligente que decía: "¿Ustedes qué quieren, repartir la pobreza? Hay que traer inversiones para hacer crecer el país".

Finalmente esas inversiones y privatizaciones llegaban y los financistas tenían como siempre sus socios locales y el Producto Bruto Interno crecía y la desigualdad social aumentaba.

Nunca fue tan grande como hoy. Según dice Yabkovsky (presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud): "En la Argentina hay enfermedades de sencillo tratamiento que son las principales causantes de muerte en las poblaciones marginales, creando una enorme brecha de inequidad. Desnutrición, tuberculosis, Chagas, infecciones de alta mortalidad infantil son enfermedades sociales ligadas a la pobreza... 3 millones de argentinos pagan más de 500 dólares anuales para acceder a seguros privados. Unos 12 millones y 3 millones de jubilados tienen cobertura en la seguridad social que va de lo óptimo a lo pésimo. Pero 17 millones (pobres e indigentes) cuentan con 1500 hospitales y 6000 unidades sanitarias en los que el Estado invierte sólo el 2,5% del PBI. De los27.000 millones de pesos que se gastan en salud, la mitad lo pone la población de su bolsillo y el Estado asume la cuarta parte.

¿... no será que hay una evidente segmentación con servicios sanitarios para ricos y para pobres?...

En cuanto al tema de la Juventud y el Desempleo, según Maximiliano Montenegro * "el 27% de los adolescentes y jóvenes se encuentran desocupados. Entre los 18 y 20 años la exclusión laboral es más marcada: desempleo entre 35 y 40%; 550.000 chicos entre 14 y 18 años desertaron de la secundaria; entre los que tienen empleo 7 de cada 10 están en negro.

3,5 millones de jóvenes viven en hogares pobres; 1,3 millón son indigentes. La pobreza entre los adolescentes de 14 a 19 años ¡¡promedia el 55% y la indigencia, el 21%!!

Creo que muchos de los jóvenes que lucharon en el ’70 se involucrarían hoy de modo activo en estos temas. El tema de la justicia social por el que lucharon. ¿O será que ya hemos interiorizado como obvio y natural que hay una Argentina cada vez más rica y una cada vez más pobre? Y nosotros miramos por TV el juicio a Ibarra.

Tenemos que tomarlo como una verdadera revolución cultural, inventando nuevas formas participativas en una nueva democracia. Esta de hoy no resuelve el tema escabroso de la tremenda desigualdad social. No figura en su agenda de prioridades.

* Encuesta realizada por Artemio López. Página/12, día 29/12, sección Cash

Página/12, 31/01/06

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Fallo para que una joven recupere su identidad

"Mi nombre es Carmen Gallo"

La Justicia autorizó a una hija de desaparecidos a inscribirse con el apellido de sus padres biológicos y el nombre que eligió su madre al dar a luz en cautiverio. El permiso tardó seis años.

Carmen Gallo Sanz supo la verdad sobre su historia en 1999, pero recién puede recobrar su nombre.

Por Adriana Meyer

Si ya había sentido alivio cuando supo que no la habían abandonado sino que fue robada durante la dictadura, Carmen Gallo Sanz ahora completó la reconstitución de su identidad. La Justicia ordenó al Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires que la joven, hija de una pareja de desaparecidos uruguayos, sea inscripta con el apellido de sus padres biológicos y el nombre que le dio su madre al nacer, según informó la organización Abuelas de Plaza de Mayo. La joven nació el 27 de diciembre de 1977, mientras su madre, Aída Sanz Fernández, se encontraba detenida en el centro clandestino conocido como el Pozo de Banfield. El médico policial Jorge Antonio Bergés fue quien asistió el parto de Aída y falsificó el certificado de nacimiento indispensable para la sustitución de su identidad. Aunque Carmen supo la verdad en 1999, cuando conoció el resultado de su análisis de ADN, tuvo que esperar seis años para poder recobrar su nombre. Por este caso, Bergés y el ex comisario Miguel Etchecolatz fueron los primeros represores condenados por la supresión de identidad de una hija de desaparecidos.

Los uruguayos Aída Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro se conocieron en Buenos Aires, adonde llegaron en los primeros años ’70 perseguidos por la dictadura en ese país. Ella era enfermera y militaba en una agrupación de nivel local en Montevideo, él era jornalero en la cosecha de azúcar e integraba la Unión Azucareros de Artigas. Vivían en San Antonio de Padua a fines de diciembre de 1977, cuando fueron secuestrados por un comando conjunto de militares uruguayos y argentinos, y fueron interrogados en el Pozo de Quilmes y en el Pozo de Banfield junto a otros compatriotas. Algunos de ellos sobrevivieron y declararon en el juicio contra Bergés y Etchecolatz. "Te voy a pedir que cuentes que tuve una hija. No sé dónde está porque me la sacaron", le dijo Aída, en muy malas condiciones físicas, a Liliana Bermúdez cuando compartieron la celda en el Pozo de Banfield.

Durante ese proceso, en el que los dos represores fueron condenados a siete años de prisión, declararon otros testigos de esa nacionalidad, que viven en Canadá, e incluso la propia Carmen. "La historia es muy fuerte, sobre todo por lo que pasaron mis padres, pero tuve alivio y supe que no me habían abandonado", expresó la joven ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Su abuela Elsa también permanece desaparecida. Había venido a Buenos Aires para estar presente cuando ella naciera.

Su familia de crianza la conforma un matrimonio no vinculado a las Fuerzas Armadas, que la Justicia terminó desvinculando del caso por carecer de responsabilidad en la apropiación, si bien la adopción habría sido ilegal. La pareja nunca le ocultó que era adoptada y estuvo de acuerdo con la búsqueda que emprendió Carmen, a partir de la sospecha que surgía del hecho de que su partida de nacimiento estuviera firmada por Bergés. Y también la acompañaron a Uruguay para conocer a su familia biológica, quienes se alegraron muchísimo cuando en diciembre la abogada María Ester Alonso, de Abuelas, les envió por fax la resolución judicial. Carmen se había acercado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y en 1999 tuvo los resultados de las pruebas de ADN. La había acompañado Clara Petrakos, quien persiste en encontrar a su hermana, alguien que fue apropiada como Carmen. Clara pensaba que ella llevaba su sangre y por eso la convenció de hacerse el análisis.

Pese a la sentencia favorable por la sustitución de identidad y falsificación de documentos públicos, Carmen Gallo Sanz continuaba su vida con su documentación anterior. Fue necesario que durante 2005 intensificara en forma personal sus reclamos para ser inscripta como hija biológica de Aída Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro. Después de seis años de peticiones, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski e integrado por Ana Aparicio y Nelson Jarazo, ordenó al Registro de las Personas provincial que la joven fuera inscripta con suverdadero nombre y apellido. Así consiguió que el derecho a su identidad fuera contemplado y reconocido, tal como establecen numerosas convenciones de derechos humanos así como recientes fallos y resoluciones de la Justicia argentina.

"Las Abuelas (de Plaza de Mayo) esperamos que, después de años de lucha en la búsqueda de la verdad y la restitución de nuestros nietos apropiados, no vuelva a repetirse la situación de que una joven apropiada tenga que realizar diversas peticiones y que transcurran años hasta alcanzar la restitución de su identidad, cuando el Estado argentino está obligado a restablecerla rápidamente por la Convención Internacional de Derechos del Niño", señaló la entidad en su página web.

Con sus casi 30 años Carmen Gallo Sanz es estudiante y empleada. Prefiere el bajo perfil. Cuando declaró ante la Justicia pidió que no hubiera público y que no estuvieran presentes los dos represores que estaban siendo juzgados. Con la resolución en la mano, a fines del año pasado inició el trámite para dejar de llevar documentos falseados. Y espera tenerlos en sus manos, como culminación material de la reconstitución de su identidad.

Página/12, 21/01/06

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Informe especial sobre la evolución de las causas de los DDHH para el 2006

Más de 500 represores en el banquillo

Más de mil causas abiertas en todo el país, 502 acusados y 204 detenidos, así como la inminencia del comienzo de la etapa de juicio oral para varias de las causas constituyen el escenario para el 2006, a partir de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.

Excepto en casos de apropiación de menores, casi no hay condenas por desapariciones y homicidios.

Por Alejandra Dandan, Página/12

El pasado 29 de diciembre se cumplieron quince años del decreto 2741 que otorgó la libertad a los ex jefes de la Junta. Hoy la situación ha cambiado. La decisión del Congreso primero y el fallo de la Corte que a mediados de este año declaró la nulidad de las leyes de impunidad aceleraron procesos que con mucha dificultad llevaron adelante los organismos de derechos humanos en cada punto del país. En este momento, existen 503 personas denunciadas en el marco de alguna causa penal por crímenes de lesa humanidad; 204 están detenidas, 50 desde el fallo de la Corte. Excepto en los casos de apropiación de menores y algún caso aislado, no hay condenas firmes por desaparición forzada de personas y homicidios, un motivo de aliento para las excarcelaciones, diez de las cuales se otorgaron este año. Durante 2006 se iniciarían los primeros juicios orales, cinco de ellos previstos en el marco de las megacausas de Capital y provincia de Buenos Aires.

Los datos surgen de los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de organismos querellantes en el interior del país y de la Unidad de Asistencia a causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, de la Procuración General de la Nación a cargo de Félix Crous, desde donde acaba de concluir un relevamiento de cada una de las fiscalías del país. El cuadro contiene datos sobre causas en trámite, imputados, detenidos, prófugos, perspectivas de juicios orales durante el próximo año y necesidades de las fiscalías, en buena parte de los casos desbordadas por la tarea. Aunque con varias excepciones, los procesos contra los represores en el interior son los que poseen mayor grado de dificultad, en general trabados por el desempeño de los jueces. La reforma judicial del año 1992 que fue renovando lentamente los cuadros del Poder Judicial de la Capital Federal no tuvo el mismo impacto en las provincias, donde los juzgados en ocasiones continúan a cargo de la generación formada durante la dictadura.

Causas abiertas

Hasta hoy los registros señalan unas 1004 causas abiertas en todo el país. No todas son iguales ni siguen los mismos criterios de investigación y de colección de pruebas. Aunque muchos expedientes derivaron de causas penales impulsadas por "Juicios por la Verdad" o de las viejas causas de apropiación de menores, un gran universo derivó de la reapertura de las causas paralizadas en los ’80 y aún se halla centrado en torno a la antigua zonificación militar. Aún así crecen las reagrupaciones de causas en torno a centros clandestinos de detención como los expedientes que investigan los crímenes en Arsenales o Jefatura de Policía en la provincia de Tucumán. De acuerdo con ese criterio errante la Procuración ha elaborado el siguiente cuadro de causas abiertas:
Fuero criminal y correccional federal de Capital 52
Jurisdicción Bahía Blanca 1
Jurisdicción Cro. Rivadavia 9
Jurisdicción Córdoba 103
Jurisdicción Corrientes 3
Jurisdicción General Roca 1
Jurisdicción La Plata 49
Jurisdicción Mar del Plata 27
Jurisdicción Mendoza 63
Jurisdicción Paraná 5
Jurisdicción Posadas 1
Jurisdicción Resistencia 11
Jurisdicción Rosario 168
Jurisdicción Salta 66
Jurisdicción San Martín aunque son datos parciales. La fiscalía federal de Primera Instancia y los titulares de las fiscalías 1 y 2 de Morón fueron los únicos que no respondieron el informe 6
Jurisdicción Tucumán reagrupadas durante 2005 en 9 megacausas 410
Jurisdicción Sgo. del Estero 29
Total 1004

Los números más precisos reconocen un total de 503 personas denunciadas de una u otra forma en las causas penales en curso. La mayoría formó parte del Ejército.
Ejército 201
Fuerza Aérea 11
Marina 97
Policía Federal Argentina 35
Policías de todas las provincias 73
Servicio Penitenciario Federal 7
Servicio Penitenciario provincial 3
Prefectura Naval 2
Gendarmería 10
Personal Civil de Inteligencia 4
Civiles 19
Capellán 1
Sin identificar 40
Total 503

Poco más de 40 por ciento de ese universo está detenido y procesado. Son 204 personas, siete de ellos militares en actividad. El dato incluye a los dos últimos generales del Ejército detenidos por orden del juez federal de Azul Juan José Comparato, en el marco de la causa abierta por el secuestro y desaparición de Carlos Alberto Labolita de abril y mayo de 1976.
Detenidos 204
Excarcelados 10
Procesados bajo el viejo Código de Justicia Militar 4
Incapaces* 5
Falta de Mérito 35
Indagados sin situación procesal resuelta 3
Se solicitó indagatoria, (82 de la Esma) 117
Prófugos 43
Fallecidos 81
Sobreseídos 1
Total 503

* Los incapaces son Emilio Eduardo Massera; ex general de Brigada Julián Capanegra imputado en la causa 450 . 14.216/03 del I Cuerpo del Ejército; ex general Juan Bautista Sasiaiñ imputado en la causa 450; Plan Sistemático de Apropiación de Menores, en la causa por la desaparición en Córdoba del estudiante Darío Hunziker y excarcelado en el caso de Javier Vildoza; ex general de división José Antonio Vaquero imputado en el expediente del Plan Cóndor y la causa por los fusilamientos del ERP en agosto de 1974 y el ex general de división Rodolfo Wehner, jefe del área III subzona Capital Federal entre 76 y 77, jefe de subzona 22 desde 1980 e imputado en la causa 450-I Cuerpo.

Los datos muestran un significativo aumento de 82 nuevos detenidos respecto de diciembre de 2004. Los presos pasaron de 122 a 204 en diciembre de 2005. En contra de lo que pregonaban algunos sectores, no hubo capturas indiscriminadas ni masivas. Todos quedaron presos en el marco de causas cuidadosamente instruidas. Los procesamientos en primera instancia generalmente terminaron confirmados por las Cámaras aunque muchos fueron apelados y aun esperan una resolución en Casación donde se hallan frenadas como en un cuello de botella causas sobre las que se ha pedido el juicio oral o la elevación a plenario, de acuerdo al viejo código de procedimiento.

Los avances en las causas de 2005, en tanto, se toparon con un dato no menor: ninguno de los detenidos está condenado, excepto en los casos que fueron juzgados por apropiación de menores como el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz y el ex médico Jorge Antonio Bergés condenados a 7 años de prisión por sustitución de identidad. Ese punto es uno de los aspectos que preocupa a la Procuración y a los organismos querellantes en las causas en miras al próximo año. Existe un buen número de represores que está detenido desde hace años sin condena y, por lo tanto, en condiciones de obtener la excarcelación. Aunque en general los jueces federales han decidido la imposición de la prisión preventiva a imputados por delitos de lesa humanidad con una interpretación tradicional del Código Procesal Penal de Nación y en función de la gravedad de los delitos imputados, desde fines del año pasado se diez nueve excarcelaciones.

Excarcelaciones

Un caso paradigmático fue el del represor Juan Carlos Rolón, parte del grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada detenido sin condena desde agosto de 2001. A pesar de un fallo en contra del juez de primera instancia y de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el 22 de junio de 2005 la sala III de la Cámara de Casación dispuso su libertad con la interpretación del carácter "restrictivo" y "excepcional" de la prisión preventiva. El marino salió en libertad en el marco de la causa por la desaparición y apropiación de bienes de Conrado Gómez, Victorio Cerutti y Horacio Palma. Pero volvió a la cárcel un mes más tarde en el marco de otra causa porque el juez federal Sergio Torres ordenó su arresto junto a otras 17 personas por el crimen de Rodolfo Walsh. Hoy diez de los nuevos detenidos tienen procesamiento firme.

A fines del año pasado, tres militares quedaron excarcelados en la causa del centro clandestino San Lorenzo de Rosario y en octubre de este año la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones dispuso el cese de la prisión preventiva de los ocho imputados en la causa en la que se investiga el plan sistemático de apropiación de menores. En su mayoría llevaban más de cinco años en prisión. Entre los beneficiados se encuentran Jorge Videla, Cristino Nicolaides, Santiago Riveros, Antonio Vañek, Jorge "el Tigre" Acosta, Jorge Olivera Róvere, Héctor Febres, Rubén Franco y Benito Bignone. Aunque solo Bignone y Franco quedaron libres –el resto continúa en prisión por otras causas–, la delicada decisión de la Sala I abre un camino difícil de zanjar con las demoras pendientes. Y exige que comiencen a realizarse lo antes posible los juicios orales.

El informe anual del Cels incluyó un párrafo sobre la resolución de la Cámara, su legitimidad, el contexto y los debates pendientes. "Las decisiones judiciales reseñadas son respetuosas del principio constitucional de inocencia y de los tratados internacionales de derechos humanos, y continúan una tendencia positiva en materia de prisión preventiva que comenzó a trazarse hace algunos años en el marco de causas no relacionadas con el terrorismo de Estado". La exorbitante duración de los procesos penales en Argentina en los que la prisión preventiva es concebida como la condena, la desconfianza en la Justicia y los últimos veinte años de impunidad, son algunas de las razones para que estas decisiones resulten controvertidas, continúa el informe. "Para que el debate en torno al uso de la prisión preventiva sea zanjado, resulta imperioso que se lleven a cabo en forma inminente los juicios orales (o se alcance la etapa del Plenario en aquellas causas que tramitan bajo las reglas del Código de Procedimientos en Materia Penal) y se condene a los responsables."

Los fallos 2005

El dato más relevante de 2005 fue sin duda el fallo del 23 de junio de 2005 de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el marco de las desapariciones de Gertrudis Hlaczik, José Liborio Poblete y la apropiación de su hija por el que está acusado el represor Julio Héctor Simón (El Turco Julián) de El Olimpo. El fallo sentó jurisprudencia y continuó la línea declarativa del Congreso al momento en el que se pronunció en contra de las leyes. La decisión tuvo varios efectos, entre ellos generó un nuevo impulso en las causas en trámite en todo el país. No por casualidad, 50 de los 82 detenidos de 2005 se dieron después del fallo.

Otro caso emblemático de 2005 fue la suspensión de dos camaristas y la exoneración de la secretaria de una fiscalía por su intervención como fiscal ad hoc en la causa por la masacre de Margarita Belén. El 13 de octubre el Consejo de la Magistratura suspendió y acusó ante el jurado de enjuiciamiento a los jueces a Tomás Inda y María Fernández, parte de la Cámara de Apelaciones de Resistencia que el 22 de julio de 2003 liberó a los diez militares imputados por la masacre con una pronunciación a favor del hábeas corpus de la defensa. En el fallo también habían declarado de forma irregular la incompetencia del juez Carlos Skidelsky que recién este año pudo retomar la causa. El 28 de abril de 2005, Skidelsky ordenó otra vez la detención de los diez militares, procesados desde el 9 de diciembre. La decisión de la Magistratura, el inicio del jury de enjuiciamiento sobre los jueces y la decisión del procurador General de la Nación sobre la fiscal Ana María Torres –exonerada por su actuación en el expediente– tuvieron efectos correctivos en el interior del país donde las causas más trabadas comenzaron a moverse.

Megacausa Plan Cóndor

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, se presentó este año como querellante en adhesión al planteo presentado por el poeta Juan Gelman en la búsqueda de su nuera Claudia Irureta Goyena para la extradición de los represores uruguayos José Ricardo Arab Fernández y Juan Manuel Cordero Pacentini. En el marco de ese expediente, a principio de diciembre el juez Guillermo Montenegro corrió vistas a las partes para que se expidan sobre la elevación a plenario después del pedido que le hizo Sala I de la Cámara Federal a comienzos del último noviembre. La elevación incluirá a Albano Eduardo Harguindeguy de 77 años; Hugo Pascarelli de 75 años; Eduardo Samuel Delío de 74 años; Leopoldo Héctor Flores de 72 años; Ramón Genaro Díaz Bessone de 78 años; Eugenio Guañabens Perello de 78 años; Carlos Miguel María Landoni de 73 años; Carlos Horacio Tragant, argentino de 76 años; Santiago Omar Riveros de 80 años; Jorge Olivera Rovere de 78 años; Luciano Benjamín Menéndez de 77 años; Bernardo José Menéndez de 71 años; Antonio Domingo Bussi de 78 años; Jorge Rafael Videla; Antonio Vañek de 79 años; Juan Pablo Saá de 77 años; Cristino Nicolaides y Ernesto Arturo Alais de 74 años.

Megacausa ESMA y la identificación de los cuerpos de las Madres

De la causa central derivaron cinco cuerpos conexos que lograron importantes avances a lo largo de 2005. Se investiga la desaparición y los crímenes de las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet aún en el marco de los Juicios por la Verdad; la causa por la desaparición de Rodolfo Walsh; el plan sistemático por apropiación de menores y la causa 19.303/03 caratulada "Basterra, Víctor Melchor s/su denuncia" contra Juan "Jeringa" Barrionuevo, ex legislador de Tierra del Fuego. Sobre estas causas, el informe 2005 del CELS hizo varias menciones, entre ellas reservó un párrafo para el trabajo del EAAF sobre la identificación del cuerpo de las Madres y de la religiosa francesa Leonie Duquet. El viernes 8 de julio se hizo el anuncio del hallazgo de la identidad de los cuerpos de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de De Vincenti. El 29 de agosto se anunció la identificación de los restos de la religiosa Leonie Duquet y en septiembre los de Angela Auad, militante y esposa de un preso político. "Todas estas mujeres pertenecían al grupo de doce personas secuestradas y desaparecidas entre los días 8 y 10 de diciembre de 1977 que se reunían en torno de la iglesia de la Santa Cruz y trabajaban en la búsqueda de las víctimas de la represión", dice el informe. Las identificaciones de los cuerpos "son hechos que contradicen material, simbólica y éticamente el núcleo más perverso de la represión: la desaparición. Pero también contradicen el silenciamiento impuesto por las leyes y decretos de impunidad, pues sacan a la luz una verdad inobjetable". Las identificaciones de las Madres "son la primera evidencia científica completa del siniestro circuito por el que pasaron algunos detenidos desaparecidos, desde su secuestro hasta los llamados ‘vuelos de la muerte’". Y su importancia se acrecienta en pos del desarrollo de las causas judiciales.
- Scilingo. El 19 de abril de 2005 la Audiencia Nacional condenó al ex represor Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por delitos contra la humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se convirtió en el primer militar argentino juzgado en presencia en el extranjero y que cumplirá sentencia. La Justicia española consideró al ex represor como autor responsable del delito de lesa humanidad, por treinta muertes, una detención ilegal y torturas. La responsabilidad penal de Scilingo se sustentó fundamentalmente en sus propias declaraciones judiciales prestadas ante el juez de instrucción Baltasar Garzón a su llegada a España en 1997.

Una de las causas de la ESMA, donde Astiz está acusado, podría comenzar el juicio oral

Una de las principales expectativas del 2006 está puesta en el inicio de los juicios de condena sobre los imputados. Los organismos de derechos humanos, querellantes y familiares de las víctimas reclamaron en ese sentido del Estado nacional asistencia para las fiscalías, juzgados y tribunales, dado que en muchos casos se encuentran colapsados.
Los principales juicios en agenda son:
- Poblete. Tras la decisión de la Corte y de una resolución de la Cámara Nacional de Casación que el 8 de noviembre de 2005 confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sobre el expediente del represor Juan Antonio del Cerro (Colores) del caso Poblete, la causa se encuentra en condiciones de convertirse en la primera con fecha de juicio oral. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF) estaba trabajando sobre el próximo juicio oral contra Simón y Del Cerro pero sólo por la acusación de apropiación de Claudia Victoria, la hija de Poblete y Hlaczik. El último 22 de diciembre el juez federal Ariel Lijo elevó el expediente completo que sumará la acusación de privación ilegal de la libertad.
- Superintendencia de Seguridad Federal: El fiscal Federico Delgado presentó en septiembre de 2005 el pedido para elevar a juicio oral y público a los cuatro ex jefes policiales detenidos por la Masacre de Fátima, parte de la megacausa en la que se investigan los delitos en el ámbito del I Cuerpo del Ejército. La causa está en manos del juez federal Daniel Rafecas; el juicio podría realizarse en el segundo semestre de 2006. Los imputados son los comisarios retirados Carlos Marcote (fallecido el 3 de diciembre), Carlos Gallone, Juan Lapuyole y el principal Miguel Angel Timarchi acusados por el alojamiento clandestino de treinta personas en la superintendencia y del fusilamiento de los trasladados en la noche del 20 de agosto de 1976 a la altura del kilómetro 62 de la Ruta 8 sobre la localidad de Fátima.
- I Cuerpo del Ejército. En noviembre de 2005 Rafecas elevó para el juicio oral una parte de la megacausa en la que se investigan los crímenes cometidos en el ámbito del I Cuerpo del Ejército. El pedido alcanza a 6 represores de un total de 42 detenidos, entre ellos estuvo el ahora fallecido ex general Carlos Guillermo "Pajarito" Suárez Mason. Los que pasarán a juicio oral son Juan Antonio Del Cerro, Héctor Humberto Gamen, Pedro Durán Sáenz, Alberto Pedro Barda, César Comes e Hipólito Mariani. En su mayoría están acusados por torturas, salvo Barda al que se le imputan dos homicidios. La causa está en manos del TOF 5 y el juicio podría comenzar en el segundo semestre de 2006. Como en la megacausa ESMA, el expediente se reabrió por una decisión de la Cámara Federal luego de la declaración de nulidad legislativa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
- Esma. Otro caso en condiciones de pasar al juicio oral es una de las causas conexas contra Alfredo Astiz y otros nueve imputados por los crímenes cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, la megacausa en manos del fiscal Eduardo Raúl Taiano. Además de Astiz, los procesados en condiciones de pasar al juicio son Carlos Octavio Capdevilla, capitán médico y oficial operativo de la ESMA que controlaba la resistencia física de los torturados; Adolfo Miguel Donda Tigel, ex jefe del sector operativo de la ESMA y segundo jefe de Inteligencia, torturador y agregado naval en la embajada de argentina en Brasil durante el gobierno de Alfonsín y socio de los negocios de Yabrán. También, Héctor Antonio Febres, Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe de Operaciones del Estado Mayor General Naval; Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Raúl Enrique Scheller y el prefecto Juan Antonio Azic que se pegó un tiro tras la orden de arresto del juez español Baltasar Garzón en julio de 2003 y actualmente está internado en el geriátrico San Andrés de Lanús. Este año la megacausa tuvo importantes avances; a fin de octubre de 2005, el fiscal requirió la investigación de los hechos que damnificaron a más de 600 víctimas con un universo de 300 imputados posibles, 60 por ciento de los cuales están identificados con nombre y apellido. En una de las cinco principales causas conexas en la que se investiga la desaparición de Rodolfo Walsh el juez dispuso la detención y el llamado a indagatoria de doce imputados.
- Etchecolatz. La causa que investiga los delitos cometidos por el ex director de investigaciones de la policía de Ramón Camps en La Plata surgió de las presentaciones penales derivadas de los Juicios por la Verdad que no fueron juzgados en la causa Camps o amnistiadas por las leyes de impunidad. El último 22 de diciembre el fiscal platense Sergio Franco elevó el pedido de juicio oral contra el ex comisario quien sería juzgado el próximo semestre por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio calificado sobre diez víctimas. El expediente ahora está en manos del TOF 1 de La Plata. Etchecolatz es uno de los pocos represores con condena firme en dos causas. Fue condenado a 23 años de prisión en causa Camps de los ’80 y a 7 años por sustitución de identidad en un caso de apropiación de un menor junto al ex médico Jorge Antonio Bergés. El nuevo expediente mereció este año una resolución de la Cámara de Apelaciones de La Plata en la que igualó la situación de detención en centros clandestinos a la situación de tortura. La fiscalía estudia también la elevación a juicio del capellán Cristian von Wernick

Topología del terror

La situación en cada una de las once provincias donde hay procesos abiertos que tuvieron algún movimiento durante el año que terminó (2005) Qué ocurre en cada distrito.

Por Alejandra Dandan

Además de en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, el mapa de los procesos contra represores por violaciones a los derechos humanos se extiende en varias provincias argentinas. Los más resonantes están en Córdoba, Chaco, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero, pero no son los únicos. Los procesos contra los represores en el interior del país son los que poseen mayor grado de dificultad, en general trabados por el desempeño de los jueces. La reforma judicial del año 1992, que fue renovando lentamente los cuadros del Poder Judicial de la Capital Federal, no tuvo el mismo impacto en las provincias, donde los juzgados en ocasiones continúan a cargo de la generación formada durante la dictadura. Dicho esto, vale destacar que este año que comienza las causas podrían cobrar un nuevo empellón.

En su edición de la víspera, Página/12 desarrolló un exhaustivo mapa nacional de las causas en marcha por delitos de lesa humanidad. En este momento (tal como se consignó ayer), existen 503 personas denunciadas en el marco de alguna causa penal por crímenes de lesa humanidad; 204 están detenidas, 50 desde el fallo de la Corte. Excepto en los casos de apropiación de menores y algún caso aislado, no hay condenas firmes por desaparición forzada de personas y homicidios, un motivo de aliento para las excarcelaciones diez de las cuales se otorgaron este año. Durante 2006 se iniciarían los primeros juicios orales, cinco de ellos previstos en el marco de las megacausas de Capital y provincia de Buenos Aires.

Los datos surgen de los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de organismos querellantes en el interior del país y de la Unidad de Asistencia a causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación a cargo de Félix Crous desde donde acaba de concluir un relevamiento detallado del trabajo de cada una de las fiscalías del país.

Hasta el día de hoy los registros señalan unas 1004 causas abiertas en todo el país. No todas son iguales ni siguen los mismos criterios de investigación y de colección de pruebas. A continuación, y como complemento al informe brindado en la edición del lunes, se expone la situación en cada una de las provincias argentinas donde se llevan adelante juicios contra los represores que ejecutaron el terrorismo de Estado.

Resistencia, Chaco

Margarita Belén. La causa por la masacre de Margarita Belén volvió al punto en el que había quedado paralizada hace dos años con la liberación de los diez militares detenidos, ordenada por la Cámara de Apelaciones de Resistencia. El último 9 de diciembre el juez Carlos Skidelsky dictó el procesamiento de ocho militares y dos policías por el fusilamiento de los presos políticos ejecutados el 13 de diciembre de 1976 a pocos kilómetros de la capital de Chaco. Dos detenidos estaban en actividad en el Ejército al momento de ser arrestados la primera vez: Horacio Losito cumplía funciones como agregado militar en la embajada argentina en Roma y Germán Emilio Riquelme. Aunque los procesamientos deben ser confirmados, la causa podría pasar a juicio oral y público en 2006. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, fue admitida como querellante en octubre de 2004.

Brigada de Investigaciones Resistencia. El mismo impulso recibió este año la llamada causa Caballero, por el ex segundo jefe de la Brigada de Investigaciones, el comisario general retirado Lucio Caballero imputado con otros siete represores por tormentos agravados contra 11 ex presos políticos antes del último golpe de Estado. La causa ahora es una megacausa que se inició como desprendimiento de los Juicios por la Verdad para investigar los crímenes del CCD Brigada de Investigaciones y ahora tiene 18 expedientes conexos y una larga lista de imputados. Como sucedió con Margarita Belén, la investigación avanzó hasta 2002 cuando se detuvieron y luego liberaron a ocho represores. Este año la Cámara dictó la nulidad de las excarcelaciones, ordenó nuevas detenciones y el apartamiento del juez. Con esa decisión los represores volvieron a la cárcel. El último 22 de diciembre el juez de primera instancia ad-hoc Ricardo San Martín ordenó nuevamente la excarcelación de Caballero. Hoy en la provincia hay 40 denunciados y 17 detenidos, diez por Margarita Belén y 6 en el marco de la Brigada de Investigaciones.

Santiago del Estero

Las causas en Santiago atravesaron un franco retroceso; solo avanzaron 3 de las 33 causas por violación a los derechos humanos asentadas en el juzgado de Angel Toledo. De las tres causas en trámite, solo una quedó en pie. Este año el juzgado dispuso excarcelaciones y sobreseimientos para todos los que habían sido detenidos en el marco de las investigaciones por los expedientes de la D-2 y el homicidio de Consolación Carrizo, la novia de un delegado de la zafra tucumana. Entre los liberados, la Justicia beneficio al ex gobernador Carlos Juárez. La única causa que avanzó es la Cecilio Kamenetzky, el estudiante asesinado en 1976. El último viernes 16 de diciembre el Tribunal Oral Federal santiagueño confirmó el procesamiento de los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi en la causa y de otros siete represores santiagueños entre los que se encuentra Musa Azar, el ex jefe de inteligencia en un fallo en el que "por primera vez en el norte del país" declara a los delitos imprescriptibles y confirma la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. La megacausa impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con 140 testimonios pero se encuentra técnicamente paralizada.

Córdoba

Tras el fallo de la Corte Suprema, la Cámara de Apelaciones de Córdoba ordenó la reapertura de todas las causas, incluidas las 300 investigadas durante la década del ’80 y paralizadas con las leyes de impunidad. Entre los desprocesados se hallaban más de cien represores, incluido el ex jefe del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez sobreseído en 1987. En tanto, la causa por la desaparición y secuestro de Humberto Brandalisis, por el que Menéndez quedó detenido en 2003, espera una resolución de Casación. Lo mismo sucede con la causa iniciada en 2004 por la denuncia del pseudoarrepentido teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, famoso porque confesó su participación en los asesinatos en un escrito presentado al jefe del Ejército Roberto Bendini. Continúa en marcha la causa por la desaparición del estudiante Diego Raúl Hunziker secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Entre las tres expedientes Córdoba tiene 20 detenidos, seis represores muertos y un prófugo. Este año hubo 11 restituciones de identidad en manos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Y para el próximo año se espera la elevación a juicio la causa de la Penitenciaría 1 por los fusilamientos de 29 personas el 18 de octubre de 1976.

Catamarca

Este año se abrió un expediente por la llamada masacre de Capilla del Rosario, para Catamarca un acontecimiento tan importante como el crimen de María Soledad. La justicia investiga los fusilamientos producidos entre el 11 y 13 de agosto de 1974 en el Regimiento 17 de Infantería sobre 16 militantes del ERP. Los cuerpos se enterraron sin identificar, cinco de ellos en lugares no determinados del cementerio municipal de Catamarca. Tras la intervención del EAAF este año se lograron hacer las primerasidentificaciones. La carátula tramita como "Mirta Clerici solicita medios procesales".

Tucumán

Fue una de las provincias con más movimiento. La fiscalía de Eduardo Ferrer Collado –a cargo de casi la totalidad de las causas– reagrupó más de 500 expedientes en 9 megacausas, ahora nucleadas por centro clandestino o unidad temática. Las principales son la de tres centros clandestinos: Arsenales; Jefatura de Policía ex causa Coronel y Villa Urquiza. El resto son: Operativo Independencia 1 que tiene como imputada a Isabel Martínez y Operativo Independencia 2. Hay causas abiertas por las inhumaciones en el Cementerio del Norte y en el Pozo de Vargas y una muy reciente sobre el Plan sistemático de apropiación de tierras del Ejército. La causa por el secuestro y desaparición de Guillermo Vargas Aignasee está en Casación y puede trasformarse en el primer caso de juicio oral de la provincia. El juicio recaerá sobre Luciano Benjamín Menéndez imputado y procesado como jefe del III Cuerpo, Domingo Antonio Bussi y Roberto Albornoz, ex jefe de la D-2. Bussi está convocado a una indagatoria para el 21 de febrero y 21 de marzo de 2005 por la causa Vargas Aignasee y por la desaparición de Marta y Rolando Coronel por la que también están detenidos el represor Luis Armando De Cándido y su hermano Esteban. El 14 de diciembre de 2005 la Cámara de Apelaciones confirmó los procesamientos de los detenidos y recalificó las imputaciones en línea con el criterio sobre delitos de lesa humanidad pedido por los querellantes.

Salta

El año pasado las causas por terrorismo de Estado habían cobrado un impulso importante por las detenciones ordenadas en el marco de la causa por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y, en 2003, por la masacre de Las Palomitas –el fusilamiento de doce presos políticos del 6 de julio de 1976–. Durante 2005 las causas estuvieron técnicamente paralizadas. Casación ordenó la nulidad de todos los procedimientos hechos con el nuevo código de procedimiento. Y hasta comienzos de diciembre la causa Palomitas no tuvo juez ni fiscal. Se excusaron o fueron recusados por amistad o enemistad con Ricardo Lona, el ex juez federal de Jujuy durante la dictadura imputado en el expediente. El último 23 de septiembre fue designada como jueza subrogante Gladys Graciela Comas. El 8 de marzo de 2005, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue admitida como querellante en la primera causa. Duhalde se presentó como querellante particular en el caso Ragone donde hay tres policías procesados conocidos como "la guardia del monte".

Bahía Blanca

Se reagruparon y distribuyeron más de 70 causas iniciadas durante la década del ’80 por los crímenes del V Cuerpo del Ejército. En Bahía Blanca quedaron alrededor de 40 causas, el resto pasó a Viedma y Neuquén bajo el criterio de que las causas deben investigarse en el lugar donde se cometieron los hechos.

San Nicolás

Este año cobró impulso la causa abierta en 2004 contra el ex comisario Luis Abelardo Patti por la muerte de Gastón Gonçalves. El fiscal de San Nicolás Juan Murray pidió la detención y la indagatoria a comienzos de septiembre. El juzgado de Jorge Villafuerte Ruzo se declaró incompetente y la causa ha sido derivada al juzgado federal de Campana. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación interviene como querellante.

Misiones

La casita de los Mártires. El 4 de octubre de 2005 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó en la causa 1531/04 por la que se investiga la desaparición de Alfredo González, químico y docente de la Universidad Nacional de Misiones. En enero de este año el juez Ramón Claudio Chávez descubrió la localización del lugar que funcionó como centro clandestino de detención entre 1977 y 1978 ubicado entre el aeropuerto General San Martín y el arroyo los Mártires.

Corrientes y Paso de los Libres

Corrientes fue una de las provincias donde hubo más avances. Existen tres grandes causas en trámite. En la capital, los esfuerzos están puestos en la denuncia sobre el CCD Regimiento de Infantería 9 Corrientes, iniciado en marzo de 2004 por la desaparición del estudiante Rómulo Artieda por privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparición forzada de personas. En octubre de ese año el juez Carlos Vicente Soto Dávila ordenó la detención de ocho militares y aunque dejó a dos en libertad, en mayo de 2005 procesó al resto, entre ellos al ex capitán Juan Carlos Demarchi, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes y miembro de la SRA al momento de la detención. Por orden del juez correntino se encuentra detenido en Córdoba el general Cristino Nicolaides. En mayo de 2005 el juez también detuvo al Comisario Inspector R Diego Manuel Ulibarrie por el secuestro y desaparición de cuatro militares de la JP. Hasta su detención, vivía reciclado como dueño de una agencia de seguridad privada llamada Megafianza a cargo de la custodia de la Universidad Nacional del Noreste. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se encuentra como querellante. En 2005 se abrió una causa en Goya para investigar los crímenes en tres centros de detención y la desaparición de quince personas vinculadas a las Ligas Agrarias, la organización de campesinos, docentes y curas de base de la que participó la monja francesa Alice Domon. La causa se inició con la denuncia de un pseudoarrepentido, el suboficial Angel Vicente Panetta en servicios en el Regimiento Ingenieros 7 durante la dictadura. Continúa en trámite la causa sobre el CCD de La Polaca en la que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención y el tráfico y secuestro de personas a través del Puente Internacional de Paso de los Libres, un anexo a la causa Contraofensiva. En octubre de 2005 el juez Juan Angel Oliva dispuso la detención y procesamiento de seis militares, entre ellos del Coronel Francisco Javier Molina; Antonio Herminio Simón, procesado y con prisión domiciliaria en la causa Contraofensiva y el de Jorge Félix Riu. El caso cobró notoriedad el 28 de octubre cuando el Ejecutivo ordenó la destitución del jefe de Gendarmería de la Aduana de Paso de los Libres, Pedro Agustín Pasteris en servicio desde 1980. Pasteris quedó supeditado a la causa en calidad de imputado. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentará como querellante, lo mismo que en la causa Goya-Ligas Agrarias.

La Rioja

Las causas sobre la represión están nucleadas en el expediente Luciano Benjamín Menéndez que estuvieron técnicamente inmovilizadas hasta este año. La investigación abierta en Francia por la muerte del cura francés Gabriel Longueville en Chamical asesinado con el sacerdote Carlos de Dios Murias y la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante en la causa del obispo Enrique Angelelli el 11 de octubre de 2005, dieron origen a las primeras medidas procesales. Se hicieron oficios de ida y vuelta entre La Rioja y Francia y se ordenaron allanamientos en dependencias de la policía federal donde se buscaron sin éxito archivos de inteligencia.

Jujuy

Como desprendimiento de los Juicios por la Verdad, la fiscalía 1 de Jujuy a cargo de Domingo Batule investiga la desaparición forzada de 115 personas en la provincia. Entre ellas se encuentran abiertas causas por los desaparecidos del ingenio Ledesma y los hechos sucedidos la noche del 28 de julio de 1977 conocida como la Noche del Apagón. Aquel día el Ejército, la Policía Federal y provincial y Gendarmería nacional detuvieron a unas 200 personas en la ciudad de General San Martín, parte de las cuales permanecen desaparecidas.

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Andando los barrios tras las huellas de los compañeros

Distintas organizaciones barriales que trabajamos por la memoria y la justicia nos hemos propuesto desandar el camino del olvido en nuestros barrios intentando reconstruir historias de vida de los militantes populares detenidos-desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado -antes y durante la última dictadura militar-.

Deseamos re-humanizarlos, devolverles su identidad de luchadores comprometidos socialmente y reivindicarlos. Para ello recorremos el barrio, buscamos testimonios y en el lugar donde vivió, hizo su escuela, trabajó, transitó su militancia, o donde las balas de los genocidas lo encontraron, queremos dejar un mojón de su existencia, de su paso por cada uno de nuestros barrios.

Queremos que las veredas por las que transitaron, hablen de ellos. Por esa razón decidimos señalar estos lugares como huellas o marcas en el suelo en su memoria.

Pensamos en una señalización realizada en un mosaico de cerámica que llevará el nombre del/la compañero/a y se colocará en la acera remplazando una (o más) baldosas existentes.

Pretendemos que estos mosaicos -con un modelo uniforme en toda la ciudad- estén en todas las veredas de los barrios por los que los compañeros transitaron en algún momento de sus vidas.

Esta coordinadora autodenominada "Barrios por memoria y justicia" está representada por organizaciones de: Flores, Floresta, San Cristóbal, Parque Patricios, San Telmo, La Boca, Liniers, Villa Luro, Matadero, Chacarita, Colegiales, Pompeya, Villa Lugano, Villa Celina, Soldati, Almagro y el Hospital Posadas.

Esperamos seguir sumando a otros a esta propuesta, que está abierta a otros ámbitos (centros de estudiantes, cuerpos de delegados de los trabajadores de diversos sectores, etc.).

La concreción de la primera etapa de esta actividad coincidirá con el 30ª aniversario del golpe de estado que dio lugar a la última dictadura militar.

Invitamos a todas las organizaciones barriales a participar en este trabajo por la memoria, con este objetivo el día 2 de Diciembre a las 16 Hs. realizaremos un lanzamiento publico de nuestra propuesta con la colocación de un primer cerámico en la vereda de la iglesia de la Santa Cruz por los doce compañeros secuestrados- desaparecidos durante el terrorismo de estado, luego de una reunión en misma. Para esta actividad contamos con la participación de la comisión de derechos humanos de la parroquia, de los organismos de derechos humanos, de la subsecretaria de derechos humanos de la ciudad de Bs. As. Y de los familiares de los Cros. desaparecidos.

Para comunicarse con nosotros, puedes enviar un mail a barriosmemoriayjusticia@yahoo.com.ar

Barrios por Memoria y Justicia, noviembre 2005

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