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Dique
para frenar la inundación en Ayuí Grande
Aníbal Fernández explicó que buscan detener los trabajos hasta tener información
sobre el impacto ambiental del proyecto. “No me guío por chusmeríos”, respondió
al ser consultado sobre la participación de un directivo del Grupo Clarín en el
emprendimiento.
El Gobierno decidió interponer ante la Corte Suprema de la Nación un recurso de
amparo para que se dicte “una medida cautelar de no innovar” con respecto al
proyecto de represa de Ayuí Grande, que pretende inundar unas ocho mil hectáreas
en Corrientes para un emprendimiento arrocero. La presentación apunta a detener
las obras hasta tanto no se hayan llevado a cabo los estudios de impacto
ambiental del proyecto que afectará una superficie equivalente a la mitad de la
ciudad de Buenos Aires. “Hemos tomado esta decisión para paralizar cualquier
obra que se haya comenzado, hasta poder contar con la información que nos
permita evaluar los alcances del emprendimiento”, explicó el jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández, al anunciar la decisión. Consultado por la relación de uno de
los directivos del Grupo Clarín con este emprendimiento, el funcionario negó
tener esa información. “Aunque algunos lo afirman, no me guío por chusmeríos”,
respondió.
“La decisión se fundamentó en dos puntos: el daño ambiental irreversible y el
daño ecológico y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes
autoimpuestos por la Argentina al firmar el acuerdo del Río Uruguay”, explicó
Fernández, que también destacó que “Corrientes nunca ha presentado los estudios
respectivos”, a pesar de que el gobierno nacional lo solicitó en tres ocasiones.
“Esa omisión por parte de la provincia debe cesar. Así lo impone la
Constitución. Debemos hacer las evaluaciones del caso. Debemos tener las
garantías de que no habrá complicaciones”, insistió, ya que “el impacto
ambiental de la obra puede ser muy negativo para Corrientes”.
Ayuí Grande es el nombre que lleva el proyecto de construir una represa sobre el
caudaloso arroyo homónimo (los locales lo llaman río), que nace en las faldas de
las sierras Cuchilla Grande, en la provincia de Entre Ríos, y desemboca en el
río Uruguay, tras recorrer los departamentos correntinos de Mercedes, Paso de
los Libres, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros, siempre cercano a los Esteros del
Iberá. La iniciativa inundará unas ocho mil hectáreas de la provincia de
Corrientes, equivalentes a la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos
Aires, con la finalidad de establecer un gigantesco campo de cultivo de arroz.
La inversión correría por cuenta de, entre otras, las empresas Copra SA
(vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda y dueña de uno de los
arrozales más grandes del país, en el departamento de Mercedes) y Adeco Agro
(propiedad del magnate húngaro George Soros).
“Pretendemos una medida de no innovar hasta que terminen todos los estudios. El
Gobierno procura que se haga entrega de todos los antecedentes, que deben ser
analizados por los técnicos gubernamentales en medio ambiente”, expuso
Fernández. “Se procura inundar miles de hectáreas, lo que afectaría el medio
ambiente, y correríamos riesgos internacionales –agregó el jefe de Gabinete, en
referencia al Estatuto Bilateral del Río Uruguay–. No se trata de ningún
problema interno. La obra, de 77 mil hectáreas y ocho mil inundadas, provocará
un grave impacto ambiental. No tenemos información adecuada y es lo que
requerimos para realizar el respectivo estudio”, justificó la decisión.
El funcionario recordó que a pesar de que “el gobierno correntino permitió el
inicio de las obras de Ayuí Grande en ambas márgenes del arroyo”, las
autoridades locales “nunca han aportado la información adecuada de la obra” para
que sea sometida al escrutinio que establecen las leyes federales en la materia.
“Nuestra responsabilidad es velar por los presupuestos mínimos de protección
ambiental pero, al mismo tiempo, debemos cumplimentar la ley de conservación y
aprovechamiento de los bosques nativos”, completó.
“De ser como creemos, porque carecemos de los datos mínimos, el impacto que va a
producir es muy grande, lo que estamos pretendiendo es conocer toda la
información de lo que pretenden hacer, lo pedimos por todos los medios y hasta
ahora no lo obtuvimos”, precisó, antes de recordar que “la información fue
solicitada tres veces”, sin una respuesta satisfactoria. Aunque no es la primera
represa de la zona, sí sería la primera de esta magnitud que se realizaría para
beneficio de un emprendimiento privado y no por iniciativa y para provecho
estatal.
El proyecto fue aprobado por el ex gobernador Arturo Colombi mediante un decreto
que firmó poco antes de dejar su cargo y refrendado por su primo y sucesor,
Ricardo Colombi, a través de una ley aprobada por el Parlamento correntino
aunque denunciada por inconstitucional por organizaciones ecologistas y vecinos.
Agua sobre Misiones
El gobernador de Misiones, Maurice Closs, confirmó que unas 35 mil hectáreas del
territorio de esa provincia se inundarán si es que finalmente se lleva a cabo la
proyectada construcción de una doble represa hidroeléctrica en el río Uruguay,
según un acuerdo entre los gobiernos de la Argentina y Brasil. El mandatario
precisó que “recién ahora se hará el estudio de factibilidad del proyecto”, que
demandará unos dos años. Una vez que esté lista toda la información necesaria,
podrá darse “el verdadero debate” entre los misioneros sobre la conveniencia o
no de llevar adelante el emprendimiento. La represa se localizaría en territorio
correntino, a dos kilómetros del límite entre las dos provincias, aunque la peor
parte se la llevará Misiones, donde se “inundarán 34.943 hectáreas”, según
informó Closs. Se espera que el primer cierre sobre el río Uruguay genere 1159
megavatios de potencia y el segundo, otros 1000. Además, el gobernador anunció
al menos tres proyectos de futuros puentes sobre ese río para unir Argentina con
Brasil, uno a la altura de Corrientes y dos en Misiones, y dio novedades sobre
el desarrollo del gasoducto del NEA, que abastecerá la región y, según se prevé,
estará listo para el 2014.
Página|12, 03/09/10
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