Temas
pendientes en la agenda política
Por Alejandro Horowicz
Periodista, escritor y docente universitario
La calidad de la política, en última instancia, depende de la calidad de su
agenda. La enorme dificultad para introducir temas no considerados, nos obliga a
mirar la luz roja encendida en el tablero de comando.
Un especialista en Derecho de Propiedad Intelectual contó, en rueda de amigos,
la siguiente historia hilarante. Un dramaturgo había escrito una obra de teatro
donde cuatro mujeres se enfrentaban en un espacio cerrado. El autor de una
novela, publicada con razonable anterioridad, consideró que lo estaban
plagiando. ¿La razón? En su texto cuatro mujeres desarrollan la trama en un
espacio cerrado. Bastó que una estructura (espacio cerrado) y cuatro
protagonistas, en ese caso mujeres, se repitiera para que el irascible autor
considerara conveniente iniciar un juicio por plagio, sin atender las evidentes
diferencias específicas.
El trabajo hubiera podido ser puesto en serie, por cualquier conocedor elemental
del teatro contemporáneo con una célebre obra de Jean Paul Sartre, A puertas
cerradas, donde tres personajes (un hombre y dos mujeres) interactúan en un
espacio cerrado. Es cierto que los tres no son mujeres, pero en este caso el
sexo de los participantes no pareciera un dato relevante, ya que se trata del
infierno de los demás. Esto es, la infernal relación con los otros.
A puertas cerradas es anterior a las otras dos obras. Aun así, Sartre no
demandó, en su tiempo, al novelista de marras por “plagio de estructura”. Sin
embargo, Su Señoría no sólo admitió la razonabilidad de la demanda, sino que
falló a favor del demandante. Para hacerlo se basó en el siguiente peritaje:
solicitó a la Gendarmería Nacional (organismo que al parecer dispone de una
división especial para determinar la autenticidad de los objetos), que
determinara la veracidad de la acusación. Según el relato del especialista,
mientras las risotadas incrédulas de sus comensales festejaban los dichos, el
texto del dictamen resultó tan breve como contundente: positivo, cuatro
femeninos.
La idea de que un juez puede hacer lugar a una demanda de estas características,
y solicitar el peritaje de gendarmes para determinar si se violó o no la
propiedad intelectual de una obra artística, sin que tal cosa afecte su “buen
nombre y honor”, y lo que es muchísimo más grave, le permita seguir impartiendo
justicia y ascender hacia los estratos superiores de la “familia judicial”, no
se compadece con el piso de calidad institucional que la práctica jurídica
supone.
Por cierto, en segunda instancia, la Cámara no aceptó el fallo de plagio y puso
las cosas en su lugar. Esto no impidió que el acusado mascara vidrio durante
años –tiempo que duró el introito judicial– y sobre todo que ese tiempo no fuera
utilizado con mayor provecho por una sociedad abrumada por la lentitud de la
justicia.
OTRO CASO, OTRO DOLOR. Hace muy pocas semanas, en un pueblito próximo a Paraná,
una cadena de complicidades sistémicas impidió que una niña de once años,
violada, pudiera hacerse un aborto no punible, transformándola en incubadora
humana. No es la primera vez que se impide un aborto legal en Entre Ríos. En
2011 hubo otro caso: el de una mujer con una patología cardíaca muy grave, a la
que le obstaculizaron un aborto terapéutico en el Hospital San Martín de la
ciudad de Paraná, a pesar de que un comité de bioética había indicado la
interrupción del embarazo. ¿La razón? Corría peligro su vida, y ella había dado
el consentimiento para interrumpir ese embarazo.
Ni así; tuvo que ser derivada al Hospital Posadas de la localidad bonaerense de
Haedo, donde permaneció en reposo, internada, hasta que le hicieron una cesárea.
Y otro tanto ocurrió en 2007; una adolescente con discapacidad mental que había
sido violada, también de condición humilde, tuvo que llegar hasta el Superior
Tribunal de Entre Ríos para conseguir un aval judicial para acceder a un aborto
no punible. Pero aun con esa autorización, ningún hospital en Entre Ríos quiso
realizar la práctica y la joven tuvo que ser trasladada a otra provincia por
orden del entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
Ahora queda sumamente claro. Si la niña no fuera muy humilde no acudiría al
hospital público, y por tanto el aborto terapéutico se hubiera practicado sin
mayores problemas. Al serlo no importa lo que diga la ley, lo que sostengan los
profesionales responsables, lo que invoque abstractamente la justicia, el aborto
no se realizará. No en Entre Ríos.
A media voz se informa que se trata de tutelar un bien superior (“la vida”), y
ese bien superior, si se es pobre e indefenso, no pasa por la niña, remite a las
telarañas teológicas de la Iglesia Católica. Nadie debe llamarse a engaño, la
Iglesia dispone de ese poder y lo ejerce.
Un sistema republicano, reglado por la Constitución de 1853, y sus sucesivas
reformas, no puede permitir que ninguna institución – en este caso la Iglesia
Católica – confisque el poder popular y lo transforme en letra muerta. La
sociedad argentina no es el Irán del ayatollá Khomeini. Es decir, no se trata de
una teocracia regida por la “verdad divina”, sino de una democracia gobernada
por la voluntad mayoritaria. Y esto también debiera valer para los muy humildes,
ya que el derecho que no es universal no está garantizado para nadie.
EL AFFAIRE FAMATINA. El pueblo de Famatina cree que el proyecto minero que
impulsa el gobernador Luis Beder Herrera es una catástrofe. A su juicio, el
problema del agua –de su contaminación– es el peligro mayor. En La Rioja se
trata de un bien escaso. La marcha de los 10 mil demostró que todo lo que se
mueve piensa del mismo modo.
Beder no es un hombre de ideas particularmente firmes. En todo caso, no en
materia minera. Quien quiera puede ver en Youtube los videos donde rechazaba ese
tipo de proyectos, los mismos que hoy defiende en compañía de 15 de los 18
intendentes. Por cierto, la empresa canadiense entendió que sin “licencia
social” su negocio resulta inviable. Por tanto, suspendió la prospección. El
Código de Minería, redactado en la década de 1990, sólo considera las
necesidades empresarias; es tiempo de restituir los derechos conculcados, y de
preguntarse si cada provincia puede determinar per se una política minera.
Ese conflicto no se cruza, al menos por ahora, con el sistema de partidos. La
denominada “oposición” se mantiene en cauto segundo plano. La lógica del
movimiento de resistencia de Famatina no se toca con la dinámica
oficialismo-oposición. Famantina es la expresión de una movilización que va más
allá de la minería a cielo abierto. Cuando los funcionarios provinciales
explican que esa forma de explotación es menos contaminante que “la
agricultura”, callan datos. ¿La agricultura, contaminante? La producción de soja
está estrechamente vinculada al uso de un herbicida de amplio espectro:
glifosato. Y el peligro que su uso conlleva para la salud humana es un lugar
común del ambientalismo.
En las terribles condiciones de 2003, muchos debates estaban clausurados. Pero
las condiciones cambiaron y la sociedad argentina desarrolló capacidad crítica.
Dar soluciones puntuales, sin poner esas soluciones en serie con un proyecto
sudamericano, en los hechos destruye más que lo que aporta. Y por cierto no
resuelve el problema de fondo: generar empleo de razonable calidad en provincias
donde la actividad productiva no goza de cierta lozanía.
Retomemos el hilo. Los tres ejemplos (la discusión legal sobre un plagio, el
derecho de una niña violada a abortar y las condiciones en que se desarrolla la
minería a cielo abierto) sirven para medir cuánto atrasa la agenda pública
nacional. La calidad de la política, en última instancia, depende de la calidad
de su agenda. La enorme dificultad para introducir temas no considerados nos
obliga a mirar la luz roja encendida en el tablero de comando. Una sociedad que
no registra adecuadamente estas señales, termina por violentar el principio de
realidad.
06/02/12 Tiempo Argentino
