Conocido como "El Brujo" por sus adversarios y Daniel o Lopecito por sus allegados, nació en Buenos Aires el 17/10/16 y murió en prisión el 09/06/89 mientras era procesado por la Justicia. Secretario privado de Juan Perón y de María Estela Martínez de Perón, ejerció nefasta influencia sobre ambos. Como ministro de Bienestar Social durante los gobiernos de Héctor J. Cámpora, Raúl Alberto Lastiri y del propio Perón, López Rega organizó la Alianza Anticomunista Argentina, grupo armado clandestino paraestatal que llevó a cabo innumerables amenazas y asesinatos de peronistas de izquierda, luchadores sociales, intelectuales, artistas y miembros de organizaciones de izquierda. Obligado a renunciar a su cargo en 1975, tras las violentas reacciones hacia plan económico promovido por el ministro de economía Celestino Rodrigo, huyó a Europa y estuvo prófugo de la Justicia durante diez años. Fue detenido en Estados Unidos y trasladado a la Argentina, donde murió mientras era procesado por cargos de múltiples homicidios, asociación ilícita y secuestros.

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La caída de López Rega (Revista Triunfo, España), julio 1975  |  Inés Izaguirre - La misión Ivanissevich

El día que cayó López Rega

Fue todopoderoso. Creó una banda armada que asoló la Argentina de los años 70. Creyó suceder a Perón. Fue barrido del poder. Hoy salen a la luz algunos episodios desconocidos de aquellos días de 1975: el preludio del horror.

Por Alberto Amato y Guido Brasvavsky

Señores, están rodeados. Pongan sus armas en el piso, dejen las manos en alto, mis soldados van a revisarlos. Después, dan media vuelta y se van a sus casas. Era el atardecer del sábado 19 de julio de 1975. El coronel Jorge Felipe Sosa Molina, jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, el cuerpo que por tradición se encarga de proteger a los presidentes argentinos, no podía creer lo que veía. Escopetas Itaka, las por entonces modernas ametralladoras israelíes Uzi y otras aún más nuevas importadas de Bélgica, pistolas automáticas y hasta algunas granadas de mano habían quedado en el césped de la residencia presidencial de Olivos: minutos antes, ese arsenal estaba en manos de la custodia de José López Rega quien, caído en desgracia, estaba a punto de dejar el país. Cerca de doscientos civiles, muchos de ellos integrantes de la Triple A, la organización terrorista de ultraderecha que asoló la Argentina de los años 70 creada al amparo de López Rega, habían intentado copar la residencia de María Estela Martínez de Perón en un intento por salvar a su jefe: no hubieran podido lograrlo, pero casi desatan una tragedia. A la caída del sol invernal, uno de los oficiales de Granaderos le dijo a Sosa Molina que el grupo armado intentaba forzar los portones de entrada a la residencia que dan a la calle Villate. ¿Qué hacemos -quiso saber el oficial- ¿Les impedimos la entrada? Sosa Molina dijo que no. Pero dispuso el desplazamiento de cuatro carriers blindados M-113 y desplegó un escuadrón reforzado -ciento cincuenta granaderos- para embolsar a la banda lopezreguista, que finalmente entró a los jardines de la residencia para caer en la trampa. En minutos, sin disparar un solo tiro, uno de los ejércitos privados más poderosos del país había quedado inerme.-
Hágase cargo de eso -le dijo Sosa Molina al jefe de la Casa Militar, capitán de navío Enrique Ventureira, después de echarle un último vistazo al fierrerío. El marino no mostró demasiada sorpresa. Esta vez, la cantidad era mayor, pero no era la primera vez que la guardia militar de Olivos, que revisaba uno por uno los autos que ingresaban a la residencia, secuestraba del interior de los vehículos de Bienestar Social armas y explosivos. López Rega no estaba en Olivos. Políticamente cercado, sin el apoyo del sector militar que había tolerado sus andanzas y las de la Triple A, y que ya intuía y preparaba el golpe del 24 de marzo de 1976, peleado para siempre con los dirigentes gremiales que en algún momento lo habían apoyado, López Rega estaba obligado a abandonar el país. El día anterior la presidenta había recibido un ultimátum del ministro de Defensa, Jorge Garrido, que hablaba en nombre de los jefes del Ejército, Alberto Numa Laplane; de la Armada, Emilio Massera, y de la Fuerza Aérea, Héctor Fautario. Una intimación similar le había hecho el ministro de Justicia, Ernesto Corvalán Nanclares, que conocía la presión que los gremios hacían para el alejamiento de López Rega. El empuje de la CGT que dirigía Casildo Herreras y de las 62 Organizaciones, al mando de Lorenzo Miguel, también se había hecho sentir sobre Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega. El Brujo, como se lo llamó, para su deleite, por su pasión por los ritos esotéricos, la emisión de energía y las profundidades enigmáticas del más allá que quedaron expresados en sus escritos tan agromegálicos como inteligibles, debía abandonar el país.

De modo que a la misma hora en la que su guardia pretoriana abandonaba sus armas, el ex ministro viajaba desde Olivos a la que fuera la residencia de Perón en Vicente López, la de Gaspar Campos 1065. Para cuando llegó, el ex jefe de la custodia de Perón, Juan Esquer, ya había recibido un llamado de Sosa Molina: no se le debía permitir a López Rega alzarse con alguno de los objetos de Perón. Esquer cumplió con el pedido y López Rega dejó Gaspar Campos con dos valijas en las que llevaba objetos personales, algunos de sus voluminosos libros sobre esoterismo y un par de trajes. Tal vez buscara, en vano, la capa azul grisáceo de teniente general que supo lucir Perón y con la que, luego de su muerte, López Rega se paseó por los jardines de la quinta presidencial. Veintitrés años después de la caída de López Rega, Sosa Molina se avino a narrar a Zona parte de la historia todavía secreta sobre sus últimas horas en el país y en el poder.

Aquella misma tarde, tras desarmar a los hombres que conformaban la custodia de todos los organismos dependientes de Bienestar Social (López Rega tenía además su guardia personal) y antes de que el ex ministro regresara a Olivos para despedirse de la presidenta, al jefe de Granaderos le esperaba, si bien no una batalla, una escaramuza con su protegida.-Coronel, ¿estoy presa? -le preguntó al borde de la histeria María Estela Martínez, las manos crispadas sobre los brazos del sillón -­¿Cómo me pregunta eso, señora...?! -contestó Sosa Molina. -­Es que no veo a Rovira ni a Almirón! ¿Adónde están...? -quiso saber la presidenta, en referencia al subcomisario Rodolfo Almirón y a Miguel Angel Rovira, brazos (y armas) derechos de López Rega, y a quienes se sindicaba como alma máter de la Triple A.

-Rovira y Almirón no son su custodia, señora -dijo Sosa Molina- , son custodios del señor López Rega. Su custodia es la Policía Federal, que está aquí. La presidenta no se tranquilizó. Por el contrario, y de acuerdo a lo que era su conducta habitual, que oscilaba entre profundos pozos depresivos y estados de euforia y excitación casi incontrolables, insistió:

-No, no... Pero, dígame: ¿estoy presa? Porque todo este dispositivo, y las armas que les han quitado... ­¿Qué significa esto...?

!El militar intentó calmarla.-¿Qué es lo que quiere usted en este momento, señora?

-Quiero que venga Almirón acá -contestó la presidenta.

El oficial envió por el subcomisario.

-Vaya con la señora -le ordenó cuando llegó. La presidenta, entre murmullos y amago de sollozos, casi como una letanía, repitió que se sentía presa. Sosa Molina la miró a los ojos. Debe haber visto una enorme fragilidad en aquella mujer casi deshecha, de peinado alto, extraordinariamente pálida, envuelta en el luto profundo que vestía a un mes y dieciocho días de la muerte de su marido, desbordada por el vértigo y la incertidumbre. Arriesgó:

-Señora, en este momento estamos asegurando su vida. Tenga la seguridad de que la estamos defendiendo. La presidenta pareció comprender. Pareció tranquilizarse. Sosa Molina volvió a su oficina. López Rega pasó fugazmente por Olivos para despedirse de María Estela Martínez. En Aeroparque lo esperaba el avión presidencial T-02 Patagonia. En él dejaría el país. No regresaría sino hasta 1986, extraditado luego de ser apresado por el FBI en Miami. Vivía en Bahamas y tenía una casa en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Lo acusaron de los crímenes cometidos por la Triple A.

Tras la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, el poder de López Rega creció. La Triple A empezó a firmar con nombre y apellido sus crímenes y a justificarlos como una forma de frenar el embate de los grupos guerrilleros. Su abrupta desaparición, luego del golpe de 1976, supone su integración al aparato de terrorismo de Estado que instauró el Proceso de Reorganización Nacional. De allí que se sospeche que entre sus miembros hubo, además de elementos de la ultraderecha, policías y militares. Sin embargo, una de las primeras denuncias contra la Triple A provino de un miembro del Ejército.

En abril de 1975 el teniente de Granaderos Juan Carlos Segura llegó a su regimiento demudado. El auto con el que daba protección a la columna de caballería que rendía honores a un embajador se había detenido al 3200 de la avenida Figueroa Alcorta. Había recibido ayuda de un policía que estaba de guardia frente al 3297. Como el auxilio iba a tardar -recuerda hoy Sosa Molina- lo invitaron a almorzar. Le presentan a una secretaria de López Rega y la gente de allí le dice que operan con oficiales de las tres fuerzas armadas y le dan unas revistas, creo que estaba Felipe Romeo en eso (N. de la R.: Se refiere al editor de un semanario político de entonces llamado El Caudillo), una de las cuales decía que el mejor enemigo es el enemigo muerto. El oficial me lo contó con la certeza de que había estado en el lugar más importante de las Tres A.

Sosa Molina hizo poner la denuncia por escrito, le pidió a Segura que no la rubricara con su firma habitual y la llevó personalmente, con su propia firma, a la Jefatura III de Operaciones del Ejército, a cargo del general Francisco Rosas. Pedía que se iniciara una investigación sobre la eventual participación de miembros de las fuerzas armadas en la Triple A. En esos días el jefe del Ejército era el general Leandro Anaya, de viaje en Bolivia en esa época. El jefe del Estado Mayor General del Ejército era el general Jorge Rafael Videla, que pocos días después hizo llamar a Sosa Molina para recibirlo junto a otros jefes militares, entre ellos los generales Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez Mason.

-Coronel -dijo Videla- , lo mandé llamar porque acá hay una denuncia suya sobre las Tres A.

-Es un pedido de investigación, no una denuncia -respondió Sosa Molina.

-Acá se está tocando la posible participación de oficiales de las tres fuerzas armadas. Esto no se puede investigar en Ejército. Tengo que elevarlo al Ministerio de Defensa -agregó Videla, según recuerda hoy Sosa Molina- . Y usted sabe que el ministro Savino es muy amigo de López Rega...

-Yo hice un pedido de investigación -contestó Sosa Molina- que todo el mundo conoce porque reuní a los oficiales de mi regimiento para explicarles esto.

-Coronel, no esperaba otra cosa -dijo Videla, que estrechó la mano del jefe de Granaderos. Lo mismo hicieron el resto de los generales. Videla elevó el pedido de investigación al ministro Savino, que citó al general Anaya para cuando regresara de su gira por el Altiplano. A través de varios testimonios de militares retirados y de algunos ex funcionarios del gobierno peronista, Zona pudo reconstruir el diálogo, más bien el monólogo, de Savino con Anaya, que revela también que algunos sectores de las fuerzas armadas no fueron ajenos a la banda Triple A:

-­Hijo de puta! -le dijo Savino a Anaya apenas traspuso las puertas de su despacho- ¿Ahora venís vos con esta denuncia? ¿Vos no conocés igual que yo todo esto...? Los memoriosos de entonces recuerdan incluso que el entonces ayudante del general Anaya, el teniente coronel Miguel van der Broeck, que murió hace dos años, se fue del despacho de Savino, avergonzado por el trato que recibía su comandante. Días más tarde, José López Rega citó al coronel Sosa Molina a su despacho. Le preguntó si había hecho una denuncia contra él acusándolo de ser el jefe de la Triple A. Antes de contestar, el militar notó una sombra a sus espaldas. Giró la cabeza y vio al subcomisario Almirón, jefe de la custodia personal de López Rega. ¿Qué hace acá atrás Almirón? preguntó Sosa Molina. El ministro entendió enseguida. Dijo que se trataba de un exceso de celo de su pretor, le pidió que se retirara y, con lágrimas en los ojos, le juró al militar que él sólo dedicaba sus días a la grandeza del país.

En Olivos, los días del ascenso del lopezreguismo no eran calmos. En algún momento las fuerzas armadas llegaron a temer un operativo guerrillero, en especial de Montoneros, para secuestrar a la presidenta. Y eran de rutina los ejercicios militares destinados a evitarlo. Aun en el delirio de aquellos días, la idea suena descabellada. Sin embargo, Montoneros no descartaba la idea de asesinar a José López Rega. En diálogo con Zona, el ex jefe montonero Roberto Cirilo Perdía admitió que hubo un plan para asesinar al ministro de Bienestar Social.

-Al cabo de los años, uno nota que los enfrentamientos que derivaron muchas veces en choques armados, como por ejemplo con la mayor parte del sindicalismo, fueron inconducentes. En cambio, la caracterización de López Rega como enemigo del peronismo sigue siendo válida. En aquel momento, había cierta parálisis en el movimiento popular, fruto del accionar de la Triple A. Pero había un crecimiento de la lucha sindical muy importante, sobre todo en las grandes fábricas. La Triple A fue el antecedente inmediato de lo que sería después el golpe de Estado. Son conocidos algunos hechos de la Triple A, pero detrás de esos hechos importantes hay una franja de la dirigencia sindical de entonces que fue muy golpeada por las Tres A. Creo que la dirigencia civil de la época, que no investigó, tiene buena cuota de responsabilidad.

En El burgués maldito - La historia secreta de José Ber Gelbard, su autora, María Seoane, afirma que en agosto de 1974, el entonces ministro de Economía pidió a Montoneros la eliminación de su par en el gabinete: Tienen que matarlo a López Rega, le dijo Gelbard a Norberto Habegger. Gelbard fundamentó su pedido en que, sin López, Isabel gobernaría diferente y que, de lo contrario, la cosa va a terminar mal, muy mal... Lo cierto es que, según Perdía, entre enero y febrero de 1975, la dirigencia superior y media de Montoneros votó sobre cómo había que matar a López Rega. La pregunta clave era si se atacaba al ministro aun a riesgo de que resultara herida o muerta la presidenta de la Nación. Se decidió preservar a la presidenta:

López Rega explica "las particularidades de su ministerio"

Por respeto a Perón -sostiene hoy Perdía- y por respeto al sistema constitucional: nosotros queríamos que Isabel terminara su mandato. Montoneros planeó asesinar a López Rega en los contados momentos que el ministro pasaba lejos de la presidenta.-La idea era sorprenderlo en su auto cuando se movía solo. Se trabajó en esto durante cuatro o cinco meses. El plan, en el que se calculó la participación de no menos veinte personas, estaba terminado y en operaciones. Había un solo escenario posible para llevarlo a cabo. No se dio porque, en esos días, López Rega termina su vida política de la mano del rodrigazo.

Celestino Rodrigo, un hombre cercano a López Rega, asumió como ministro de Economía el lunes 2 de junio de 1975. Al día siguiente las naftas aumentaron entre el 127 y el 181 por ciento, el kerosén el 50 por ciento, como el gasoil; dos días después el boleto mínimo aumentó el 50 por ciento, la leche el 23, el pan el 20, los taxis el 140 por ciento, el cospel de subterráneo el 150 por ciento. La batalla desatada entre el gobierno y los gremios para igualar precios con salarios terminó con Rodrigo, su plan económico y con el imperio de López Rega, que, para atenuar las críticas, tomó unas vacaciones en Río de Janeiro. Volvió con una bravuconada: Llego al país con ánimos renovados para darles duro a quienes no quieren colaborar con la patria. Y a los que tengan la cabeza dura, les vamos a encontrar una maza adecuada a su dureza: el quebracho de la Argentina es muy bueno.

La crisis y el acaparamiento hacían que en los estantes de los supermercados no hubiese ni siquiera papel higiénico: Total... Para lo que uno come..., ironizaba desde el escenario del Embassy, feroz, inolvidable, Susana Rinaldi. El 11 de julio, López Rega, Savino y el ministro del Interior, Alberto Rocamora, renunciaron. El día antes, la CGT y las 62 Organizaciones habían triunfado en su pulseada con el gobierno. López retuvo su cargo de secretario privado de María Estela Martínez, que se recluyó en Olivos. Rodrigo duró sólo una semana más. Renunció el 18. Durante esa semana, López Rega digitó la entrada de los ministros a Olivos y hasta le cerró el paso al de Interior, Antonio Benítez. Pero el 18 su suerte estaba echada. Ni siquiera tenía el apoyo de Massera, con quien mantuvo una relación casi idílica que terminó casi a puñetazos. El ministro de Defensa, Jorge Garrido, es quien lleva el ultimátum militar a la presidenta: los jefes de las fuerzas armadas exigen que López Rega abandone todo tipo de influencia sobre el gobierno y que dejen el gabinete todos quienes tengan vinculación con el ex ministro. La presidenta reacciona con violencia, dice que su investidura le permite elegir a quien quiera.

Pero de los gremios no vienen mejores noticias para la viuda de Perón: también exigen el alejamiento de López Rega. Garrido se va de Olivos, ya en la noche del viernes, y se reúne con los comandantes. Esa misma noche el coronel Sosa Molina recibió un insólito llamado telefónico. Era poco lo que podía asombrar ya al militar: un día, uno de sus oficiales había sorprendido a López Rega mientras abofeteaba a la presidenta. El joven había empuñado su pistola e interrogado a la viuda de Perón sobre qué quería que hiciera: No, no, deje... -fue la respuesta de la presidenta- . El me revitaliza... Lo que pasa es que yo a veces me confundo... Pese a todo, la llamada del general Rosas sorprendió a Sosa Molina: el ahora jefe de Estado Mayor del general Numa Laplane le pidió que organizara el regimiento para darle seguridad al ministro de Defensa. Mañana Garrido va a ir a hablar asuntos muy importantes con la presidenta -le dijo- . Tome todas las medidas para que no haya interferencias.

Al día siguiente, sábado 19, Sosa Molina, que ya había reforzado su escuadrón, colocó a cinco de sus oficiales alrededor de la casa donde conferenciaron la presidenta y su ministro, que duró media hora. A partir de allí, todo fue vértigo y comedia. López Rega iba a dejar el país en el avión presidencial. Se consulta a la Fuerza Aérea sobre la disponibilidad del avión. El brigadier Fautario responde que el avión está a disposición del jefe de la Casa Militar, un marino. Se consulta a la Marina: su comandante, el almirante Massera, dice que es un asunto de la Aeronáutica. Alguien consulta a Ejército y recibe el consejo de no entrometerse. Finalmente, el capitán de navío Ventureira toma la cuestión por las turbinas y alista el avión presidencial, que queda a la espera en Aeroparque.

Ventureira era otro curado de espanto con López Rega. A principios de ese año, al asumir como jefe de la Casa Militar, el ministro lo había invitado a tomar un whisky y a recorrer Olivos. Con su voz de retintín y sin decir agua va, le soltó de pronto:

Además, yo sé lo que se dice por allí, que yo ando con la señora. Pero yo le aseguro, capitán de navío, que hace veinte años que no ejerzo. Mientras el avión espera, cae la tarde del sábado 19 de julio, López Rega va a Gaspar Campos. Su ejército privado va al rescate de quien no está en Olivos y queda desarmado. El ex ministro vuelve para su fugaz despedida con la presidenta. Una caravana de autos lo lleva en minutos hasta Aeroparque. Pero... falta un último detalle. El estruendo de las motos, los autos y las sirenas no se había apagado en Olivos, cuando un sufrido motociclista de la Federal regresó demudado: Falta el diploma... El diploma..., dijo casi desfalleciente. Desde el interior de la residencia alguien le alcanzó un tubo negro, de plástico, que supuestamente contenía el nombramiento de López Rega como embajador plenipotenciario de la Argentina en alguna parte del planeta. Fue lo que exhibió el ex ministro al trepar la escalerilla del T-02: Soy embajador... Soy embajador, gritó con su voz de tenor frustrado que soñó alguna vez ser el duque de Mantua en el Colón y apenas si rozó a Rigoletto, sin la grandeza de Verdi.

Murió el del 9 de junio de 1989. Estaba preso, solo, casi ciego, a la espera de un juicio que nunca se celebró, por unos crímenes que jamás encontraron castigo. Se llevó a la tumba, entre otros secretos, el enigma de su personalidad. Sólo el olvido sabe quién fue.

Clarín, 28/06/98

UNA IMAGEN DE TERROR. Por decreto 1350 del 3 de mayo de 1974, firmado por el presidente Juan Domingo Perón, el cabo José López Rega, promotor de la banda parapolicial Alianza Anticomunista Argentina, fue ascendido a comisario general. Ascendió doce grados al hilo en un solo día.

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El escuadrón de la muerte

Por José Pablo Feinmann

Ya instalado Perón como presidente –en octubre de 1973– cierta esperanzada lógica de los hechos políticos se atrevía a conjeturar una declinación de la violencia. No obstante, había quienes no lo creían así, y quienes necesitaban que así no fuera: López, el principal. El monje umbandista requería –para el desarrollo de su metodología criminal– que la guerrilla continuara actuando, que le entregaran un marco justificatorio a su “respuesta” asesina.

Hay un hecho decisivo: el asesinato de Rucci. Este asesinato ocurre casi en terrorífica simultaneidad con el triunfo de Perón en las elecciones de septiembre de 1973. Había una esperanza (insisto) en la sociedad civil: el acceso de Perón al gobierno –con una mayoría de votos abrumadora– implicaba el refuerzo de la racionalidad política, del constitucionalismo. Así, el asesinato de Rucci implicó la quiebra de esta posibilidad.

¿Quién mató a Rucci? Hoy se tejen toda clase de conjeturas, pero –en septiembre del 73– los Montoneros hicieron correr una contundente versión: habían sido ellos. “Una apretada de los Montos”, se decía. “Lo hicieron para apretarlo al Viejo”. Eran los tiempos en que las versiones tenían absoluta coherencia, pues había una aberrante metodología política: “Primero hay que tirar un cadáver sobre la mesa de negociaciones y después negociar”. Nada prueba que ese cadáver lo hayan producido los Montos, pero es cierto que lo utilizaron. Y la respuesta no demoró ni un día: un militante de la tendencia –Enrique Grinberg– fue asesinado. López exhibía reflejos veloces.

El asesinato de Rucci le vino como anillo al dedo a Lopecito. Ahora podía susurrarle a Perón la “necesidad” de crear un “escuadrón de la muerte”. Esto fortalece cierta hipótesis: que haya sido López quien decidió el acribillamiento de Rucci. (El macabro humor de la época no dejó de aprovechar este “acribillamiento”: a Rucci le decían “galletita Traviata”, porque tenía “veintidós agujeritos”.) Sea como fuere, los Montos se lo adjudicaron y con ello agredieron a Perón y facilitaron los planes paranoicos de López.

Perón se opuso a la creación de “escuadrones de la muerte”. Y lo dijo públicamente en diciembre de 1973. El texto es sustancial: “La República Argentina –dijo el viejo– cuenta con un régimen de justicia y, por otra parte, la Justicia no depende del Poder Ejecutivo. Es un poder independiente en el país. Y nosotros respetamos a esa justicia que debe realizarse por vías de la ley”. Y atención ahora: “Muchas veces me han dicho que creemos un batallón de la muerte como el que tienen los brasileños, o que formemos una organización para-policial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Pienso que eso no es posible ni conveniente. Hay una ley y una justicia y quien delinca se enfrentará a esa ley y a esa justicia por la vía natural que toda democracia asegura a la ciudadanía. Creer lo contrario sería asegurar la injusticia, y andaríamos matando gente en la calle que ni merece ni tiene por qué morir.” Y concluyó con notable claridad: “Yo no he de entrar por el camino de la violencia, porque si a la violencia de esos elementos le agrego la violencia del Estado, no llegaremos a ninguna solución.”

Esta posición rescataba anteriores frases del “Perón madrileño”. Recordemos: el régimen de Lanusse requería –en sus negociaciones con Perón– que el general condenara a la guerrilla. Perón –invariablemente– respondía: “A la violencia no se la combate con la violencia, sino con la justicia social”.

Esas declaraciones de Perón (las de diciembre de 1973) tuvieron diversas repercusiones. Por un lado, otorgaban cierta tranquilidad a la ciudadanía: el anciano líder no incurriría en la violencia desquiciada y parainstitucional. No obstante, contenían algo “preocupante”: “Muchas veces –había confesado Perón– me han dicho que creemos un batallón de la muerte”. Y bien: ¿dónde radicaba lo “preocupante” de esta confesión? No era demasiado arduo advertirlo: si alguien le decía algo “muchas veces” a Perón, ese personaje –necesariamente– debía mantener alguna cercanía con él. Y así era: ese personaje era López Rega. ¿Quién otro podía ser?

López, entonces, le susurraba a Perón: “Hay que crear un batallón de la muerte”. Perón se niega. Y hasta se niega públicamente. Confiesa el hecho: “Muchas veces”, dice. Y también dice: “Alguien”. La frase, en suma, era ésta: “Muchas veces López Rega me ha dicho que creemos un batallón de la muerte”.

Y aquí –aunque duela– es donde Perón se involucra con esta triste historia. El –es cierto– se negó a la creación de escuadrones de la muerte. Y hay pruebas: mientras gobernó, las acciones de la Triple A fueron mínimas. Es decir: Perón controlaba los delirios criminales de López. Pero los conocía. Y este conocimiento constituye una parte esencial de su cara oscura. Sabiéndose viejo y enfermo (Cossio y Taiana se lo habían dicho), no ignorando la influencia que López tenía sobre Isabel, ¿cómo le mantuvo sus poderes? ¿Ignoraba acaso que –una vez producida su muerte– López pondría en vertiginosa acción a los escuadrones de la muerte?

No desconozco que estas preguntas pueden enfurecer a ciertos peronistas. Pero son preguntas que se ha hecho y se hará la sociedad argentina. Preguntas, además, que han sido mal respondidas. Que han despertado el rencor antiperonista. O la “chicana” torpe y mezquina. Conjeturo que enfrentarlas con honestidad no es una tarea inútil.

Esencialmente, intento responder los siguientes puntos: ¿qué metodología de conducción utilizó Perón que –finalmente– determinó que López quedara dueño de una enorme parte del poder del Estado? Y también: ¿hubo una ruptura entre el gobierno de Isabel Perón y el de Isabel-López o sólo una exasperación de tendencias ya definidas? Y si fue así, ¿por qué? Y si no fue así, ¿por qué? [...]

Si la política es un arte que trabaja sobre “realidades”; si vive condenada a reflejar y expresarse a través de lo existente; si queda confinada al reordenamiento de fuerzas y no a su creación, la política no puede ser sino pendular, oscilará de un lugar hacia el otro determinada por las coyunturas, por lo fáctico, por lo existente. Y si la política es el juego permanente del pragmatismo pendular, y si esta metodología la ejerce un líder de masas cercano a la muerte, ¿quién será su heredero? Muy simple: el heredero será aquel que se encuentre bajo el péndulo cuando el Padre Eterno deje ser serlo y muera.

No es sencillo analizar la metodología de la “conducción estratégica” durante este arduo y sobredeterminado período de la historia argentina. No es sencillo juzgar a Perón. No lo hago, lo interpreto. [...] Debe quedar claro que la metodología de Perón formaba parte de una cultura política, de una cultura sometida a lo fáctico, a lo existente, al desaforado pragmatismo. Perón, además, le agregó el toque de Von Clausewitz a ese pragmatismo. Así, se acostumbró a ver a los sujetos políticos como fuerzas, la escena política como campo de batalla, como líneas tácticas y estratégicas. Movió sus piezas creyendo que continuaba siendo la “astucia de la historia”, creyó que hacía la historia pero la historia lo desbordó. Ese anciano conmovedor del 12 de junio de 1974 que jura no ceder ni ante la izquierda ni ante la derecha, era ya una víctima de los demonios que había desatado con la certidumbre –y la soberbia– de poder controlarlos.

No pudo hacerlo. Tampoco era el Padre Eterno porque murió como cualquier otro ser humano, suceso en el que quizá nunca creyó del todo. Porque Perón hizo política como si fuera inmortal. De lo contrario, hubiera moderado su péndulo. No se hubiera jugado tanto a una línea, aun cuando su afán por frenar la otra hubiese sido muy grande.

Las caras de Perón son, de este modo, múltiples: Cooke es una caras de Perón, y Evita otra, y Remorino, y Mercante. Y Firmenich es una cara de Perón. Y también Isabel. Y Cámpora. Y López Rega, desde luego, la peor de sus caras.

Revista Todo es Historia 435, octubre 2003 - Isabel Perón. Clic para descargar

Así, el heredero fue, finalmente, López Rega. O más exactamente: Isabel y López. ¿Por qué? Lo he dicho: porque era el ala potenciada de Perón cuando lo sorprendió la muerte. Esto no implica una elección ideológica de Perón. Implica un momento de pragmatismo. Estaba en la tarea de descabezar la conducción montonera cuando murió. Estaba en la tarea de “frenar a los duros”. Si Perón hubiera muerto en 1970, o en 1972, sus herederos hubieran sido los combativos, los que levantaban la bandera del “socialismo nacional”, la Jotapé, Ongaro y hasta Tosco. Porque eran ellos –los “duros”– quienes estaban en ese momento bajo el péndulo y recibían las bendiciones del Padre Eterno.

En 1974 quedó López con Isabel. Y la responsabilidad de Perón es grande: fue el precio con que pagó su pragmatismo político, su visualización de la escena política como campo de fuerzas enfrentadas, fuerzas que deben utilizarse las unas contra las otras para neutralizarlas de acuerdo con la coyuntura de poder por la que se atraviesa. “Barrer a la izquierda con la derecha y a la derecha con la izquierda”: sólo un magistral ajedrecista, un mago de lo real puede razonar así. El precio fue alto para Perón: dañó su imagen postrera, que tanto parecía cuidar. A veces se podía creer que vislumbraba la muerte. Otras, que se creía eterno y se jugaba en líneas extremas como si le sobrara el tiempo para encaminarlo todo en el momento preciso.

¿Hubo prolongación entre su gobierno y el de Isabel-López, o ruptura? Ambas cosas. Perón –jamás– cedió al terrorismo de Estado. Siempre (también) se opuso a delegar la represión en las Fuerzas Armadas. Nunca les hubiera dado la orden de “aniquilar” a la subversión, palabra demasiado pesada en 1975, más allá o más acá de las distintas interpretaciones que sobre ella se puedan ofrecer y al margen de cualquier repugnante justificación utilizable por los genocidas procesistas.

Sin embargo, tendencias que se exacerbaron luego de su muerte aparecieron en el gobierno de Perón y contaron con su respaldo. Porque López Rega contó con su respaldo. [...] Además, Perón sabía. Y ésta es la sombra que nos duele ver proyectarse sobre su imagen final, la sombra que debió evitar y a la que su pragmatismo lo condenó. La sombra de López Rega. Perón sabía que López quería armar los escuadrones de la muerte. Y más aún: esos escuadrones actuaron durante su vida.

Actuaron contra Solari Yrigoyen. Y actuaron durante el navarrazo. ¿O el navarrazo (derrocamiento del gobierno constitucional de Córdoba en marzo de 1974) no fue una actuación espectacular de la Triple A?

Pero –aun sabiendo– creía poder “conducir el desorden”. Era la hora de la derecha en 1974. Lo era desde su regreso al país. Era la hora de frenar a los duros. Era la hora de López Rega.

Se dirá: el 12 de junio comenzaba a cambiar todo. Se dirá: Perón ya había derrocado políticamente a Montoneros, a partir de allí empezaba a “abrirse” de la derecha. No lo niego: es posible. Pero si la “conducción estratégica” vivía condenada a “operar sobre la realidad” y no a “crearla”, ¿con qué fuerzas borraría ahora a la derecha”?

¿No queda claro, acaso, que el pragmatismo vive esclavo de lo existente? La política, entonces, lejos de ser el arte de enfrentar fuerzas existentes, debe ser el arte de crearlas. No hacerlo así fue el fracaso del anciano general.

Y este fracaso, trágicamente, tuvo un rostro: el de López Rega.

[De "López Rega, la cara oscura de Perón. Apuntes sobre las Fuerzas Armadas, Ezeiza y la teoría de los dos demonios", Ed. Legasa, Buenos Aires, 1987]

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Documento Reservado del Consejo Superior Peronista

Conocido a los pocos días de la ejecución de José Ignacio Rucci, el 25/09/73, tan sólo dos días después del triunfo electoral de Perón con el 62% de los votos, el Documento Reservado del Consejo Superior Peronista convocaba a la "depuración ideológica" del movimiento, lo que en el contexto de la época, y sin lugar a dudas, debía entenderse como la aniquilación del enemigo.

Tal como registra el diario La Opinión del 2 de octubre de 1973, luego de hacer referencia a la muerte de Rucci, el documento planteaba que: "Este estado de guerra que se nos impone no puede ser eludido y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar al enemigo en todos los frentes... Los grupos que en cada lugar actúan invocando adhesión al peronismo y al Gral. Perón, deberán definirse públicamente en esta situación de guerra contra los grupos marxistas y deberán participar activamente en las acciones que se planifiquen para llevar adelante esta lucha".

Entre otras medidas operativas no legales, el documento propugnaba la creación de un “sistema de inteligencia” al servicio de esta lucha, que estaría “vinculado a un organismo central a crearse”, que como se vería muy pronto, no era otro que la Triple A. Dos meses después, en declaraciones al diario La Opinión del 19 de diciembre de 1973, el propio Perón define estas medidas como creación de anticuerpos contra la violencia.

La muerte de Perón es el momento justo en que las bandas armadas reunidas bajo la denominación de Triple A se lanzan sin tregua ni reparo a la liquidación del "enemigo subversivo". [Inés Izaguirre - La misión Ivanissevich].

Texto íntegro del documento:

I. Situación

1. El asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci y la forma alevosa de su realización marca el punto más alto de una escalada de agresiones al Movimiento Nacional Peronista, que han venido cumpliendo los grupos marxistas terroristas y subversivos en forma sistemática y que importa una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes. Esta guerra se ha manifestado de diversas maneras;
por ejemplo:

a. Campaña de desprestigio de los dirigentes del Movimiento buscando ridiculizarlos mediante slogans, estribillos o insultos, atribuyéndoles defectos personales e imputándoles "traición" al general Perón o a la doctrina.
b. Infiltración de esos grupos marxistas en los cuadros del Movimiento con doble objetivo: desvirtuar los principios doctrinarios del justicialismo, presentando posiciones aparentemente más radicalizadas y llevar a la acción tumultuosa y agresiva a nuestros adherentes (especialmente sectores juveniles) colocándose así nuestros enemigos al frente del movimiento de masas que por sí solo no pueden concitar, tal que resulten orientando según sus conveniencias.
c. Amenazas, atentados y agresiones destinadas a crear un clima de miedo o desconfianza en nuestros cuadros, y a intimidar a la población en general.
d. Asesinato de dirigentes peronistas.

2. El estado de guerra así planteado se dirige en el fondo contra el país, ya que si bien aparenta afectar a nuestro Movimiento, tiende a impedir la constitución y actuación del gobierno que presidirá el general Perón por decisión mayoritaria del pueblo argentino.

El crimen cometido contra el compañero Rucci, particularmente por el modo y la oportunidad en que fue consumado, indica que se trata de destrozar al Movimiento Nacional Peronista y a sus dirigentes, creando al mismo tiempo una situación de caos social, que haga posible la frustración del gobierno del Pueblo.

3. Ese estado de guerra que se nos impone, no puede ser eludido, y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar el enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. En ello va la vida del Movimiento y sus posibilidades de futuro, además de que en ello va la vida de sus dirigentes.

II. Directivas

1. Movilización: El Movimiento Nacional Justicialista entra en estado de movilización de todos sus elementos humanos y materiales para afrontar esta guerra. Quien rehúya su colaboración para esta lucha, queda separado del Movimiento.

2. Reafirmación doctrinaria: Debe realizarse una intensa campaña para difundir y reafirmar los principios doctrinarios del Movimiento, esclareciendo sus diferencias fundamentalmente con el marxismo. En esta campaña no se admitirá intromisión alguna de elementos promarxistas, con pretexto de polémica u otro similar, y se les excluirá de toda reunión y del acceso a todos los medios de difusión del Movimiento.

3. Información: Se debe hacer saber a los dirigentes de todos los niveles y a la masa peronista la posición que toma el Movimiento en relación a los grupos marxistas, explicando las circunstancias determinantes y llevando a su convicción la necesidad de participar en forma activa en la lucha contra nuestros enemigos.

4. Definiciones: Los grupos o sectores que en cada lugar actúan invocando adhesión al peronismo y al general Perón, deberán definirse públicamente en esta situación de guerra contra los grupos marxistas y deberán participar activamente en las acciones que se planifiquen para llevar adelante esta lucha. Asimismo, deberán acatar estas directivas.

5. Unidad: Para esta lucha es fundamental consolidar la unidad del Movimiento. Para ello:

a. Las orientaciones y directivas que emanen del general Perón en el orden partidario o en función de gobierno, serán acatadas, difundidas y sostenidas sin vacilaciones ni discusiones de ninguna clase, y ello como auténtica expresión de la verticalidad que aceptamos los peronistas.
b. Nadie podrá plantear cuestiones personales, o disensiones de grupos o sectores, que afecten o entorpezcan la lucha contra el marxismo.
c. En cada rama del Movimiento se actuará con estricta disciplina, para cumplir los programas o planes de acción que se elaboren por las direcciones superiores correspondientes.
d. No se admitirá comentario, estribillo, publicación o cualquier otro medio de difusión que afecte a cualquiera de nuestros dirigentes. Quien lo utilice o quien los reproduzca o tolere, será considerado enemigo del Movimiento y quedará expulsado del mismo. La defensa de todos comienza en la defensa de cada uno.
e. No se admitirá que ningún grupo utilice expresiones destinadas a menoscabar a otros gru-pos peronistas, o a exaltar el propio grupo en desmedro de los demás.
f. Las cuestiones que se susciten en el orden partidario se plantearán por vía reservada a la autoridad superior del Movimiento que corresponda en cada rama. Ninguna cuestión interna se considerará más importante que la lucha emprendida ahora.
g. Las objeciones a actos de gobierno producidas por los peronistas que ejercen funciones públicas se harán también por vía reservada, al funcionario peronista de mayor jerarquía que corresponda, con comunicación a la autoridad superior del Movimiento en cada rama.
h. Debe excluirse de los locales partidarios a todos aquellos que se manifiesten de cualquier modo vinculados al marxismo, a sus posiciones políticas o a sus actos.
i. En las manifestaciones o actos públicos los peronistas impedirán por todos los medios que las fracciones vinculadas al marxismo tomen participación.
j. Se prestará apoyo solidario a todo compañero o grupo que pueda ser afectado a raíz de actos de lucha cumplidos en razón de esta campaña que se inicia.

El Descamisado Nº 21, 9 de octubre de 1973. El análisis del "Documento Reservado". Clic para descargar la revista.

6. Inteligencia: En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia, al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará.

7. Propaganda: Se impedirá toda propaganda de los grupos marxistas máxime cuando se pre-senten como si fueran peronistas, para confundir. Se impedirá la difusión por todos los me-dios.

8. Participación popular: Se esclarecerá ante la población de cada lugar cuál es la posición del Movimiento y las motivaciones y sentido de esta lucha; todo ello para suscitar el apoyo y la participación de todos en la misma.

9. Medios de lucha: Se utilizará todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan, será apreciada por los dirigentes de cada distrito.

10. Acción de gobierno: La actuación de los compañeros peronistas en los gobiernos nacional o provinciales o municipales, sin perjuicio de sus funciones específicas, deben ajustarse a los propósitos y desenvolvimiento de esta lucha, ya que a ellos compete la principal responsabili-dad de resguardar la paz social. En tal sentido:

a. Deberán impulsar de inmediato el cumplimiento de medidas tendientes a dar vigencia a los principios del justicialismo.
b. Deberá actuar en permanente comunicación con los sectores populares y velando por la solución de los problemas.
c. Deberán participar en la lucha iniciada, haciendo actuar todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo rigor.
d. Deberán prestar la mayor colaboración a los organismos del Movimiento movilizados en esta lucha.

11. Sanciones: La defección de esta lucha, la falta de colaboración para la misma, la participación de cualquier clase en actos favorables al enemigo y aun la tolerancia con ellos, así como la falta de ejecución de estas directivas, se considerará falta gravísima, que dará lugar a la expulsión del Movimiento, con todas sus consecuencias.

Buenos Aires, 1° de octubre de 1973

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El libro del Brujo

Por Daniel Cecchini
dcecchini@miradasalsur.com

Buenos Aires, 1962. Apenas alumbrado por una bombita de 40, el hombrecito de mirada filosa y calva incipiente (aunque esta diminutiva definición, tal vez, de la misma manera que la pobre luminosidad de la impotente lamparita, sea una falsa impresión) acaricia la portada del libro. Sus dedos, finos, recorren lentamente la tapa del volumen de 758 páginas –1.130 gramos de peso exacto– que acaba de parir en la prensa de su oscura propiedad. Y siente placer. O quizá debiéramos definir con premonitoria exactitud: goce.

El hombrecito que goza con los dedos –ahora, en esta noche porteña de 1962–, no sabe que pocos años después, en el Club de Corresponsales Extranjeros de Madrid, Tony Navarro (acreditado por Associated Press ante el gobierno de Franco) sacudirá los cubitos de su vaso de whisky ante una audiencia tan cómplice como incrédula antes de decir que el retorno de Perón a la Argentina no depende tanto de un avión negro como de una predicción insólita escrita en un libro de astrología. Ni que el tal Navarro reirá –con esa hilaridad tan de corresponsal norteamericano en el tercer mundo–, contagiando su risa a otros muchos que, por ser precisamente periodistas del tercer mundo gozando de los beneficios del exterior, no debieran haber reído sino prestado atención a lo que decía, aun en lo insólito. Ni que entre la ocasional y etílica audiencia de ese Navarro que tan bien habla el español (al punto de que le resulta inteligible la jerigonza franquista) hay un periodista argentino llamado Tomás Eloy Martínez que –acalladas las risas– relatará que él también hojeó-ojeó el libraco y lo arrojó sin remordimientos a las aguas del río más cercano. Sin culpas, sin piedad, sin siquiera pensar, a pesar de haber vislumbrado un filo fatal en la mirada del hombrecito que se lo entregó con dedicatoria de tercera página incluida.

La hipótesis, tal vez, habría hecho las delicias de Borges: si alguien –en algún momento, en algún lugar– hubiera leído un libro, habría podido cambiar (o, cuanto menos, alertar sobre) la historia. Pero nadie lo hizo. O sí: pero quien lo hizo y escribió sobre él con palabras que no tartamudeaban lo pagó con la vida: balas de tartamuda en el cuerpo de Pedro Leopoldo Barraza y en el de su pareja, una noche de 1975: la venganza del hombrecito al que tuvo la ocurrencia de bautizar con el apodo que le quedaría para siempre.

Nada de eso sabe aún el hombrecito que, ahora, aprieta el libro con las manos y lo lleva hacia abajo, para ponerlo entre sus piernas y volver a apretarlo de otra manera, ésa, precisamente ésa que cultiva a solas y sin acabar con el fin de ahorrar energías para la tarea que le espera, la que se ha señalado, la que concibe como su destino. Es necesario para él (por ahora) abstenerse si quiere ser (como cree ser, como sabe que es) elegido de dios.

No es en vano: ya está escrito. Lo ha escrito él mismo, primero con su dificultosa letra manuscrita y después con los dedos bailoteando entre la caja alta y la caja baja de su propia imprenta, allí donde ha logrado parir el libro que profetiza el futuro de un país, allí donde ha dejado impresos para siempre los nombres de sus inspiradores, que también son sus hermanos y sus antecesores y sus maestros, a saber: “Antulio, Abel, Elías, Moisés, Krishna, Buda, Jesús, Mahoma y Etcétera”. Así nomás, superando a Whitman en eso de la suprema enumeración.

Tanta luz en medio de semejante oscuridad, porque si el hombrecito (pero, nuevamente, el diminutivo será un error fatal) mirara lo que lo rodea en esa sombría casa y taller de impresiones de la calle José P. Tamborini 3761 sólo podría ver su propia miseria. Pero, claro, él no la ve; sólo ve futuro.

Detengámonos un momento, dejemos un instante al hombrecito que sueña (su) destino con el libro apretado entre las piernas y miremos a su alrededor, obviando las cagadas de mosca y la roña convocada en asamblea por las patas de los muebles. Se verán cajas de tipografía y una prensa; se verán libros –pocos–, volantes y folletos; se verán pilas de papeles en blanco esperando ser marcados por lo que el dueño de casa cree palabra verdadera.

Es un caos aparente porque allí, como en el macrocosmos que reproduce el microcosmos o viceversa, todo tiene que ver con todo. Y tal vez sea así. Sólo es cuestión de observar con atención, porque a los folletos diversos de también diversas sectas esotéricas que pululan en el lugar se les entremezclan –se diría que se les hermanan– volantes de un movimiento político clandestino cuya doctrina también es un falso misterio (factible de cualquier interpretación) y sus integrantes un abanico que no excluye ninguna calaña. Por si fuera poco, los escasos libros que hay en la habitación llevan en la portada un único nombre, el del propio hombrecito.

Y nadie mejor que el hombrecito (pero, una vez más, insistir en el repetido diminutivo es casi tomar un plazo fijo al suicidio) para saber que en ese caos hay un orden que se plasmará en destino.

Ahora, cuando con el libro apretado entre las piernas repasa su pasado (camino de iniciación, lo llamaría él), sabe que no ha sido en vano: ya no le pesa su fracaso como imitador de Paul Anka en oscuros clubes centroamericanos, ni tampoco su gris carrera de cabo cebador de mate en la Policía Federal; de esos antiguos pesares le quedan sólo algunos resentimientos que sabrá cobrarse con creces cuando llegue el momento. “No existe en nuestra intención ningún rencor, enemistad u odio por nada ni nadie, ya que todo tiene su propia causa de ser –ha anunciado con caprichosas mayúsculas y minúsculas en el libro que aprieta entre las piernas–; tampoco nos sentimos superiores a los demás; dado que sólo DIOS tiene esa facultad por ser el SUPREMO CREADOR. Pero al hablar de ARGENTINA o de AMÉRICA DEL SUD, nos referimos a lo que por LEY DE LOS TIEMPOS, por NACIMIENTO FÍSICO Y ESPIRITUAL, nos corresponde mantener incólume como CAPITAL”.

Sabe también que su destino comenzará a cumplirse cuando se encuentre frente a un hombre, y que la llave de ese encuentro la tiene una mujer. Con ese hombre aplicará una de las fórmulas que ha escrito: “¡Al que alardea de fuerte… exagérele los poderes de su fortaleza, tendrá así un esclavo que lo adorará! ¡Cada cual tiene su propia vanidad apuntando en cierto sentido, y es suficiente tocarla un poco, para que se entregue como inofensiva criatura, ésa es la gran estupidez de la HUMANIDAD, que se conforma con migajas de la torta y abandona ésta para que se alimenten las alimañas!”.

Será entonces que podrá llevar a cabo la misión que se ha profetizado en las páginas del libro: “Movimentar (sic) con NUEVOS ELEMENTOS a los ELEGIDOS de la RAZA ANTERIOR. ¡Es entonces que la MADRE NATURALEZA abre su fecundo vientre eternamente virginal para desembarazarse de los elementos antiguos y dar cabida a aquellos que le son necesarios para el trabajo de los próximos 2.000 años!”.

Mientras espera la llegada de su hora, el hombrecito de mirada filosa y calva incipiente –a quien en algunos pequeños círculos se lo conoce minúsculamente con el apelativo de Hermano Daniel–, vuelve a tomar el libro que ha venido apretando entre las piernas y lo apoya sobre la mesa. Su título:Astrología Esotérica.

Ahora sonríe con aire soñador mientras uno de sus dedos finos recorre el nombre que, con letras negras, está impreso (¡vaya: con curiosas minúsculas!) en la parte superior de la portada: josé lópez rega.

08/01/12 Miradas al Sur

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El auténtico coronel Rico, un héroe ignorado

Por Juan Salinas | Caras y Caretas

Al comenzar 1975, Martín Rico estaba jugado. Se había separado de su esposa, Carolina –que rápidamente había formado una nueva pareja con un compañero de promoción, el general José Antonio Vaquero–­ y había iniciado una nueva convivencia amorosa con Lilian, que estaba embarazada.

Tenía 50 años y hacía mucho ya desde que, a fines de 1968, había ascendido a coronel. A pesar de haber hecho el curso de oficial de Estado Mayor, sabía que su “situación familiar irregular” era suficiente para que los fariseos de la Junta de Calificaciones no le concedieran tampoco en esta última oportunidad las palmas de general. Su carrera militar se acercaba al fin. En diciembre pasaría a disponibilidad, la antesala del retiro.

Porteño, infante de estatura más bien baja, ancho y fornido, alegre y optimista, muy reservado, Rico revistaba en la Jefatura II (Inteligencia) del Estado Mayor conjunto (ECM), con oficinas en la sede del Ministerio de Defensa, que entonces estaba en Paseo Colón 255, frente al Edificio Libertador.

Su jefe era general ingeniero Ernesto Federico Della Croce, procedente del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba, donde en agosto último había tenido que dar la cara por la Masacre de Capilla del Rosario: el asesinato de 16 guerrilleros del ERP que tras haber intentado asaltar el regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca el 9 de agoto, se habían rendido. Quien en realidad había dado la orden de no tomar prisioneros era, precisamente, su segundo, el general Vaquero, el “pata de lana” de Rico. Esa matanza cambiaría el curso de las hostilidades, al decidir los desolados compañeros de los muertos (se decía que los habían matado tirándolos desde helicópteros) matar en represalia a 16 oficiales, serie que se cortó abruptamente por la mitad cuando, al matar en la ciudad de Tucumán al mayor Humberto Viola, los partisanos del ERP mataron también a su hijita, de 3 años. Tras lo cual, suspendieron abochornados las ejecuciones.

Della Croce sería secretario de Telecomunicaciones del gobierno constitucional de Isabel Perón

durante unos pocos días antes del golpe de marzo de 1976, y atravesaría toda la dictadura como oficial en actividad, emergiendo de ella como jefe del arma de Comunicaciones. Dalla Tea, le había pedido a Rico velada pero repetidamente que dejara la investigación a la que se había entregado en cuerpo y alma: la del terrorismo paraestatal de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) o Triple A.

Rico no tenía onda con Della Croce, pero creía poder contar con la protección del comandante en jefe del Ejército, el teniente general Leandro Enrique Anaya, de quien era íntimo colaborador. El anciano presidente Juan Domingo Perón había nombrado a Anaya reemplazante de Jorge Carcagno en diciembre de 1973, luego de remover a éste por demasiado izquierdista.

Dos meses atrás, al celebrarse en Caracas la X Conferencia de Ejércitos Americanos, el coronel Juan Jaime Cesio, secretario general del Ejército, había redactado el discurso con el que Carcagno, en lo que sería un hito, había impugnado la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por el Pentágono y denunciado como principales enemigos de los pueblos a las transnacionales y el endeudamiento externo. Dos meses después ambos habían pasado a retiro y Rico era el redactor del discurso nac & pop que Anaya pronunció al asumir la jefatura del Ejército.

Era una época de convulsiones y conversiones profundas. En los años ’50, Carcagno había sido gorila de paladar negro, y en los ’60, consecuentemente “colorado” y el encargado de reprimir el Cordobazo. Pero en los ’70 se había convertido en un sincero antiimperialista.

De manera parecida, Rico –que había ingresado en el Colegio Militar en 1943 tras la revolución juniana y egresado en 1946, con Perón en su magnífico primer año de gobierno– había tenido su iluminación, su camino de Damasco en el Operativo Dorrego, en el que militares y militantes/milicianos de la Juventud Peronista vinculada a Montoneros trabajaron hombro con hombro paliando y paleando los desastres causados por las inundaciones en los alrededores de 25 de mayo.

Por las noches, luego de cavar acequias y reparar escuelas y edificios públicos, jefes militares y jóvenes peronistas conversaban animadamente en fogones y entre guitarreadas. De esos encuentros participaron el general Albano Hardindeguy (futuro ministro del Interior de la dictadura), el montonero Norberto “El Cabezón” Habbeger (futuro desaparecido) el entonces líder juvenil y actual diputado nacional Juan Carlos Dante “El Canca” Gullo (que estuvo largos años preso mientras la dictadura secuestró y asesinó a su hermano mayor y a su madre) y el coronel Rico. Desde entonces, Rico vio varias veces a Gullo y otros jóvenes peronistas.

Hay versiones encontradas acerca de cómo Rico comenzó a investigar a la Triple A. Las más insistentes aseguran que se trató de un encargo –formal o informal– de Anaya. La Triple A había comenzado a actuar a fines de 1973, cuando reivindicó un atentado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen y se lanzó seguidamente a una serie de atentados contra locales de la Juventud Peronista y partidos de izquierda. Perón murió el 1 de julio de 1974. El último día de ese mes, sicarios de la Triple A asesinaron en la avenida 9 de Julio y Arenales al diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, dando inicio a una cacería y una larguísima serie de apariciones de cadáveres acribillados por varias armas de guerra en lugares agrestes o despoblados, casi siempre esposados o maniatados a la espalda, con los ojos vendados. Estilo que parecía una firma macabra.

Rico había pasado casi todo 1974 investigándola. Concebía esa labor como un último servicio a la Nación como militar en actividad, y tras descubrir vínculos entre las escuadras asesinas y la inteligencia del Ejército (que estaba dirigida por el general Otto Paladino) quería llegar a la verdad costare lo que costare y cayera quien cayere.

Aunque no se sabe que hubiera recibido amenazas directas, está claro que Rico se sentía en peligro. Y no sólo porque evitaba caminar por la calle si no era en sentido contrario al del tránsito, y adoptaba otras muchas otras precauciones, como ir en zigzag, doblando en cada manzana. También porque antes de salir de las oficinas del EMC rumbo a su hogar, en Quilmes, llamaba a Lilian y le avisaba que si en ’45 minutos no estaba ahí, llamara a la policía. Rico no tenía auto propio. Se movía en un Ford Falcon blanco patente C-625121 que le había provisto el EMC. “Llevaba siempre la pistola en el asiento, muy cerca de su mano derecha, y me decía que no se dejaría secuestrar: que dispararía a la vez que embestiría con el Falcon a quien lo intentara”, recuerda Lilian.

Rico no podía dejar de percibir signos ominosos, apenas veladas amenazas. Un cúmulo de “casualidades” adredes. La Triple A había seguido asesinado. En San Isidro, al abogado Alfredo Curutchet, defensor de presos políticos. Y el pasado 20 de septiembre, a Julio Troxler, un prócer de la resistencia peronista. Por cruel paradoja, sobreviviente de los fusilamientos del 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez. Troxler (que se interpretó a sí mismo en el film “Operación Masacre”, basado en el libro homónimo de Rodolfo Walsh y dirigido por Jorge “El Tigre” Cedrón) era un importante referente del Peronismo de Base, la izquierda clasista del movimiento. Gracias a que había sido policía en su juventud, el gobernador Oscar Bidegain lo había nombrado subjefe de la Policía Bonaerense. Bidegain y Troxler fueron forzados a renunciar a fines de enero de 1974, luego de que una compañía del ERP al mando de Enrique Gorriarán Merlo atacó el regimiento de caballería blindada de Azul.

No ha sido posible confirmar que Troxler y Rico se conocieran. Pero sí está claro que ambos investigaban a la Triple A, una tarea que para Troxler era tan natural como respirar. No sólo porque lo llevaba en la sangre, sino también porque sido miembro de la Logia Anael, fundada a comienzos de los años ’40 por el juez Julio César Urien con el objetivo general de promover la solidaridad entre los países del Tercer Mundo, y el más específico de estrechar lazos entre el Brasil de Getulio Vargas y la Argentina de Perón. El ignoto cabo retirado López Rega había terminado quedándose con una imprenta estatal, y con el nombre y los símbolos de la logia. De allí provenía la sigla AAA, que en su origen hacía referencia inocente a América Latina, Asia y África.

Troxler fue secuestrado al llegar a la Facultad de Derecho, donde daba clases, y llevado a un oscuro pasaje de Barracas, entre la avenida Suárez y las vías del Ferrocarril Roca, donde lo arrojaron al empedrado desde un Peugeot 504 negro y lo acribillaron. Sin dignarse bajar del coche, los asesinos lo remataron con cuatro disparos en la cabeza. Sugestivamente, el pasaje elegido para la ejecución se llamaba y llama “Coronel Rico”.

Los asesinatos continuaron. Entre ellos los del teórico marxista Silvio Frondizi y el periodista Pedro Lepoldo Barraza. A fines de 1874, un amigo de Rico, el teniente retirado Oscar Igounet, dio una fiesta, y a la misma asistió un montonero que noviaba con una hija del general Miguel Angel Iñiguez, ex jefe de la Policía Federal. Iñiguez y el montonero intercambiaban informaciones. Esa noche, Rico y el montonero ataron muchos cabos.

Desde entonces –si no de antes– Rico mantuvo encuentros regulares con el coronel retirado Jorge Oscar Montiel, de 58 años, quien revistaba en la SIDE. Oficiaba de enlace con el Ministerio de Defensa y con el secretario Técnico de la Presidencia de Isabel Perón, Julio González quien a la hora de ir a los bifes, insólitamente, negaría el vínculo

Montiel había sido nada menos que el jefe de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF, ex Coordinación Federal) desde antes de la masacre de Ezeiza (20.06.73) hasta después del ataque al cuartel de Azul (20.01.74), es decir de la dependencia en la que en ese mismo agitado período se consolidaron los escuadrones de la muerte que actuaban con la sigla AAA, liderados por el entonces subjefe de la repartición, comisario Alberto “Rommel” Villar, quien también había participado en la masacre de Capilla del Rosario.

Durante los ocho meses en que Montiel estuvo al frente de la SSF, Perón ganó las elecciones y asumió su tercera presidencia, los Montoneros asesinaron a José Ignacio Rucci, López Rega consiguió primero que Perón lo ascendiera ¡15 grados! de cabo primero a comisario general –y de canillita a campeón–, luego que reincorporara como custodios suyos a dos policías federales expulsados por asesinatos y otros gravísimos delitos, el comisario Juan Ramón “El Chango” Morales y su cuasi yerno, el inspector Rodolfo Eduardo Almirón. Y, por último, que Perón firmara la reincorporación al servicio activo de los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride, también exonerados y con sobrados antecedentes de represores de peronistas (Villar había llegado a derribar la puerta de la sede nacional del Partido Justicialista con una tanqueta).

En marzo de 1975, la Triple dio un salto cuantitativo al matar a casi medio centenar de personas. La orgía de sangre tuvo su apogeo el día 21, cuando un concejal y otros ocho militantes de la Jotapé en Lomas de Zamora, fueron secuestrados, apaleados, asesinados y sus cadáveres volados en lo que se conoce como “La masacre de Pasco”.

El miércoles 26 pasadas las 22, cuando Rico llegó al garaje aledaño a su casa de Quilmes –sobre la calle Moreno al 400– donde dejaba el Falcon blanco, resultó secuestrado. Su mujer escuchó frenadas y chirridos de autos que salieron “arando” y un testigo que luego se arrepintió de haber hablado le dijo que escuchó gritar “Carajo, ¡no voy a subir a ese auto!”.

Esa misma noche, desapareció el coronel Montiel.

Entre las dos y media y las tres de la madrugada del jueves, establecería el forense, Rico había sido asesinado con una escopeta Itaka y rematado con cinco balazos de 9 mm. en la cabeza. Lo habían fusilado contra un paredón de ladrillos muy cerca del cementerio de Avellaneda, en la esquina de Almafuerte y Montes de Oca. Junto al cementerio donde apenas había algunas barracas de acopio de lana y cueros. A pesar de que los disparos atravesaron la noche, en la comisaría 1ª dijeron no haberse enterado de nada hasta que recibieron un llamado anónimo cerca de las 6. Por entonces, esa situación todavía no se llamaba “zona liberada”, sino, en la jerga policial, “área libre”.

El Falcon blanco apareció en una playa de estacionamiento de la Plaza Constitución, sobre la calle Brasil. Muy cerca del departamento en el que vivía el desaparecido coronel Montiel y su esposa.

Aunque faltaban las llaves del auto, y las de la caja fuerte que Rico tenía en el EMC, el Falcon no tenía un rasguño. Por lo que Lilian cree que pudo haber habido quien oficiara de entregador en el garaje de Quilmes.

Rico fue velado en el EMC y enterrado en la Chacarita, luego de una ceremonia a la que asistió un seleccionado de futuros represores, como los generales Carlos Guillermo Suárez Mason, Eduardo Viola, Osvaldo Azpitarte, Luciano Benjamín Menéndez y Santiago Omar Riveros. En nombre de sus compañeros de la promoción 75 del Colegio Militar (entre los que destacaba un mayor retirado, José Hoyas, que era quien manejaba en la zona sur, entre Quilmes y La Plata, el “Grupo 500”, dependiente del Batallón 601 de Inteligencia, que solía emprender ejecuciones punitivas como Triple A

En la ceremonia hablaron el coronel Saverio Salvatti y el general Della Croce. Salvatti habló en representación de sus compañeros de la promoción 75 del Colegio Militar. Que también integró el cordobés José Hoyas, alías “El Viejo” o “Villegas” que se había retirado como mayor hacía ya más de una década y dirigía el “Grupo 500” del Batallón 601 de Inteligencia, que se autofinanciaba robando desde Quilmes a La Plata..

Salvatti dijo que Rico había sido “un amante de la verdad y para llegar a ella no aceptó fronteras”. Della Croce, en cambio dijo que Rico, "Un valiente", debía de haber experimentado una “tremenda frustración (…) ante la imposibilidad de un combate franco”, y llevó agua a su molino al prometer “aunar el esfuerzo nacional para terminar de una vez por todas con la violencia imperante en el país (…) del signo que sea”.

El general Vaquero fue rápido de reflejos: en pleno shock de la embarazada/viuda, cayó por su casa de Quilmes y se llevó todos sus papeles. Tras el golpe de marzo de 1976, Vaquero sería sucesivamente jefe del Estado Mayor General del Ejército, del Quinto Cuerpo de Ejército y del Tercer Cuerpo de Ejército.

Pero los papeles más importantes Rico los guardaba en su caja fuerte del EMC. En una ocasión en que se olvidó la llave en su casa, urgió a su familiares para que se la hicieran llegar cuanto antes, lo que parece indicar que no había otra copia en el EMC. Pero cuando Lilian se presentó en el EMC para retirar las pertenecías de Martín, se encontró con que la caja fuerte estaba abierta. Y vacía.

“Sabía que guardaba ahí los papeles de su investigación y también algunas otras cosas, como una lapicera enchapada en oro y una pequeña suma de dólares, que es lo que fui a buscar”, dijo. “Me pregunto con qué llave la abrieron. Cómo les llegó”, agregó.

El Ejército hizo trascender que Rico investigaba una venta de armas, pero su viuda estima que muy posiblemente lo que estaba investigando cuando lo mataron fuera una compra de armamento por parte del Ministerio de Bienestar Social.

Semanas después, el general Jorge Rafael Videla, refunfuñó ante Lilian: “Su marido había perdido el vocabulario militar y utilizaba el propio de un sociólogo. Arengaba y criticaba en todo momento. Lo cuestionaba todo. A las instituciones, y particularmente al Ejército".

Se ve que Lilian adoraba a Martín, y cuando nació su hijo le puso ese nombre sin importarle que producto de su casamiento anterior con Carolina, Martín padre ya tuviera otro hijo llamado Martín, al que apodaban Gigí.

La crónica del entierro de Rico del diario La Nación concluyó así:

“Pasado mañana en el comando general del Ejército se completarán los pliegos de ascenso post-mortem al grado de general de brigada del coronel Martín Rico. Oportunamente el Poder Ejecutivo solicitará al Senado el correspondiente acuerdo constitucional”.

Por alguna razón, ese trámite –automático en el caso de militares muertos en acto de servicio– jamás se completó. Hasta que a fines de 2006, el presidente Néstor Kirchner y la ministra Nilda Garré subsanaron esa añeja y clamorosa omisión. Y, de paso, también ascendieron post-mortem al desaparecido Montiel. Fue justicia.

18/02/2009

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Acorralado

Por Marcelo Larraquy

El 10 febrero de 1986, María Elena Cisneros se presentó en el séptimo piso del edificio de 25st South East de Miami, sede del consulado argentino, y pidió hablar con Marcelo Huergo. El cónsul se hizo negar, pero luego cambió de idea y la hizo pasar a su oficina. Se propuso perder sólo dos minutos. Era la tercera vez en su vida que veía a Cisneros. La primera había sido el año anterior, cuando le dejó sus discos para que los escuchara. La semana anterior había insistido con el mismo asunto y además se había llevado un formulario de renovación de pasaporte. Ahora Cisneros volvía a reiterar su pedido de que el consulado argentino le diera apoyo para realizar un concierto. El cónsul la escuchó hablar sobre el valor de sus obras. Uno de los discos era un homenaje a las provincias argentinas. Otro era la traducción musical del Santo Rosario. Cisneros le habló sobre lo que le había costado realizar las grabaciones, del sacrificio que estaba haciendo para divulgarlas, y le recordó que como funcionario tenía la obligación de difundir la cultura argentina.
Cuando ya llevaban diez minutos de conversación, Huergo decidió finalizar la entrevista, se puso de pie y le repitió que no podía ayudarla en nada. Cisneros le pidió un minuto más, metió la mano en su cartera y le acercó un pasaporte diplomático. Cuando vio el nombre del titular, Huergo volvió a sentarse.
—¿Qué hace usted con eso? —le preguntó.
—Lo quiero renovar.
—¿Y qué tiene que ver usted con López Rega?
—Vivo con él.
Huergo miró la foto y sintió que estaba viendo la cara de un fantasma. Recordó las imágenes que lo mostraban en el invierno suizo, cuando estaba prófugo.
—No sé si lo vamos a poder hacer. ¿Él no tiene causas pendientes en la Justicia? —le preguntó.
—No. Esa es una historia vieja. Desde que volvió la democracia y está Alfonsín en el gobierno se descubrió que todo eso era un invento de los militares.
Cisneros le dejó la solicitud de renovación firmada con un juego de fotos.
—Lo único que le pido es que esto no trascienda. ¿Cuándo lo puedo pasar a retirar? —quiso saber.

—Creo que en diez días o quince puede haber novedades. Déjeme un teléfono o una dirección que yo le aviso.
Cisneros prefirió no dejarle ningún dato. Le dijo que en dos semanas volvería a verlo y salió.
Huergo se quedó con el pasaporte en la mano, pensando. Le parecía extraño que el visado sólo registrara ingresos en Río de Janeiro y Madrid. Dedujo que Cisneros se habría asesorado con algún abogado, y que su gestión se debía a que las causas de López Rega ya estarían prescriptas. De inmediato, se comunicó con el canciller del gobierno radical, Dante Caputo, que estaba en un hotel de Nueva York.
—Esto es una operación —le respondió el ministro—. No sé de dónde viene ni cómo está armada, pero es una operación. Esta noche hago escala en Miami. Lléveme los papeles al aeropuerto. Y tenga cuidado. Es un tema delicado.
A partir de ese momento, el gobierno de Alfonsín se hizo cargo del asunto. El ministro del Interior envió oficios a la Justicia para conocer el estado judicial de López Rega. Algunas causas habían prescripto, pero el ex ministro todavía mantenía tres frentes abiertos: estaba procesado en la causa de malversación de caudales públicos —Cruzada de Solidaridad—, en la de fondos reservados de la Presidencia y también en la causa de asociación ilícita —Triple A—. Las dos primeras estaban asentadas en el Juzgado Federal N° 3. La de la Triple A, en el N° 5. El procurador general de la Nación, Juan Octavio Gauna, informó a los jueces federales que el gobierno iba a pedir la extradición de López Rega a los Estados Unidos, pero necesitaba saber si existían elementos de prueba para incriminarlo.
En las causas de fondos reservados y de la fundación, la línea de investigación sobre la responsabilidad de López Rega no había sido profundizada porque jamás se había puesto a derecho. Existían dichos de Isabel que lo involucraban en el asesoramiento para la firma de cheques, le atribuían responsabilidad por la compra de bienes que realizaba el ministerio para la fundación, y también había algo sobre algún dinero de fondos reservados que no había rendido. Pero iba a ser difícil que alguien suministrara información nueva. Una pronta evaluación permitía inferir que, con lo que había a la vista, era difícil que pudieran extraditarlo.
En el expediente de la Triple A las presunciones de culpabilidad de López Rega eran mayores. Pero la investigación había sufrido un vacío durante el gobierno militar. Cuando se retomó en 1983, las actuaciones se dispararon simultáneamente en distintas direcciones, y no se profundizó en la acusación a López Rega como jefe y organizador de la asociación ilícita. La mirada estuvo puesta en las acciones de Aníbal Gordon y su grupo. La base de la investigación había sido una denuncia de Guillermo Patricio Kelly, que, al estar bien informado en cuestiones de inteligencia, demostraba un conocimiento cabal de las actividades de Gordon. Pero en el expediente las vinculaciones de Gordon y López Rega no aparecían en forma directa. Durante el período en que López Rega se desempeñó como funcionario, Gordon respondía a la UOM y a la SIDE antes que al Ministerio de Bienestar Social. Si bien muchas declaraciones recabadas entre 1983 y 1986 mencionaban la actividad del ex ministro en el esquema de la Triple A, para armar una acusación sólida había que conseguir nuevos testimonios y empezar de nuevo.
Con los elementos a la vista, el juez de la causa de la Triple A, Fernando Archimbal, renovó el pedido de captura sobre López Rega, pero a la vez rogó que no lo detuvieran. Por lo menos no en forma inmediata. A partir del momento en que fuera esposado, el juez sólo tendría cuarenta y cinco días para entregar las pruebas que pudieran incriminarlo, y éstas tenían que ser valoradas por la justicia norteamericana en un juicio en el que se debía decidir si podía ser extraditado. Los antecedentes no eran favorables: hasta entonces, todos los pedidos de extradición del Estado argentino habían sido rechazados. Archimbal tenía frente a sí dos desafíos: investigar en un mes y medio todo lo que sus pares no habían investigado en diez años, y que los resultados de esa investigación resultaran creíbles para los norteamericanos.
Nueve días después de que Cisneros hiciera el pedido de renovación del pasaporte de López Rega, Archimbal citó a su despacho a Gustavo Adolfo Eklund, uno de los oficiales que conformaba el Estado Mayor del comisario Alberto Villar, junto al principal Jorge Muñoz, Jorge Vieyra, Ernesto Alais, José Famá y otros. A través de él el juez podía indagar sobre la conexión policial de la Triple A y los vínculos entre López Rega y Villar. Pero Eklund redujo de inmediato el nivel de expectativas del juzgado. Según su declaración informativa, de la Triple A sólo se había enterado por los diarios, y agregó que cuando le llegaba algún pedido de la Justicia para investigar crímenes de esa organización, le daba curso administrativo. A López Rega sólo lo había visto una vez, en el velorio de Villar. Archimbal no logró ninguna confesión.
Luego el juez pidió la comparecencia urgente del teniente Juan Segura. Quería conocer detalles de su denuncia sobre la posible participación de militares en la Triple A. Esa pista nunca había sido investigada. En 1975, el oficial de inteligencia de Granaderos se había interesado en hacer su declaración a la Justicia, pero el entonces comandante en jefe del Ejército, general Videla, le había negado la autorización para hacerlo. Fue imposible localizar a Segura. Había muerto el 28 de noviembre de 1979 en un ejercicio de paracaidismo en el Ejército. El paracaídas no llegó a abrirse. "Muerte accidental en acto de servicio", fue la carátula. Caso archivado. Archimbal reclamó entonces al Ministerio de Defensa las carpetas de la investigación interna que los coroneles Rico y Montiel habían realizado para la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, antes de que a uno lo mataran y el otro desapareciera. Le pidieron unos días para buscarla, pero luego le informaron que en los archivos del Ejército esas carpetas no existían.
Cisneros volvió al consulado de Miami a las dos semanas, como había prometido. Huergo le dijo que no tenía novedades, pero le pidió un teléfono porque las tendría de un momento a otro. Esta vez, ella le dio un número y se fue. Al rato, Cisneros lo llamó enfurecida desde un teléfono público. Acababa de ver la portada del diario Clarín: "López Rega pide pasaporte en Miami". Le exigió que le gestionase la renovación en forma urgente.
Para entonces, el pedido de captura al ex ministro había llegado a manos de la fiscal norteamericana Karen Moore. Como antecedente, el juez Archimbal envió los cuatro pedidos de arresto —dos de ellos emitidos en 1976, otro en 1979 y el último en 1983—. El gobierno argentino confiaba en que este último pedido de captura interrumpiría la posible extinción de la acción penal por prescripción. La fiscal Moore anotó los cargos —"fraude", "conspiración", "malversación", "falsificación" y "robo"— y trasladó al juez Samuel Smargon la solicitud de arresto. El juez la aprobó.
El 27 de febrero, López Rega ya podía ser buscado por el FBI. Los cables secretos de la oficina de investigaciones advertían que era peligroso, que podía estar armado, y que podía intentar suicidarse en el momento de su detención.
Según establecía el tratado de extradición, el hombre buscado no podía ser liberado bajo fianza.
El caso le fue asignado al agente especial George Kiszinsky. Era un polaco que había vivido su infancia en la Argentina, hablaba bien el español y recordaba algunas palabras del lunfardo. Su primera acción fue conocer a Cisneros. Le pidió al cónsul que coordinara con ella una cita bajo cualquier pretexto. Huergo la llamó y sentó a la concertista al día siguiente en su oficina. Le explicó que podía extender un pasaporte provisorio para López Rega, pero que sólo le serviría para viajar a la Argentina.
—Quizá, si tiene mucha nostalgia... —comentó el diplomático.
La concertista le respondió que no le interesaba. Cuando se marchó del consulado y subió a su auto, Kiszinsky estaba en la vereda de enfrente. Tomó nota de la patente.
Era un auto de alquiler. Llamaron a la agencia y consiguieron la dirección de Cisneros. Ese mismo día, ya tenía encima una guardia del FBI. Siguieron sus movimientos durante nueve días, pero en ningún momento la vieron junto a López Rega. Cansado de esperar, Kiszinsky y otro agente especial, Herb Cousins, decidieron entrar a su chalet. En la mañana del 8 de marzo, tocaron el timbre en el 2210 de la calle 36 de Fort Lauderdale. Atendió Cisneros. Kiszinsky se presentó como agente del FBI y dijo que quería hablar con López Rega. La concertista se asustó.
—José no está. No sé por qué lo están buscando.
El agente le detalló los cargos.
—No, él no tiene que ver con nada de eso. Es un ángel —dijo.
Kiszinsky intentó darle confianza. Le explicó que si las acusaciones eran infundadas, lo mejor sería que se entregara. Tarde o temprano el FBI lo iba a capturar.
—El gobierno norteamericano vería con buenos ojos una entrega voluntaria. Usted puede ser acusada de interferir la acción de la Justicia si no colabora. Dígame dónde está López Rega —le exigió.
Ella le dijo que había volado a las Bahamas cuando apareció publicado en los medios el pedido de renovación del pasaporte. Kiszinsky le pidió que lo pusiera al teléfono. Cisneros se sintió intimidada y empezó a lagrimear. El agente trató de tranquilizarla. Le dijo que su compañero podía ser dejado en libertad bajo fianza, y le habló de un abogado que podía contribuir para alcanzar esa instancia. Cisneros le pidió que la dejara pensar un momento. Quería hablarlo con José.
Después lo llamó y le dijo que José estaba al teléfono. Kiszinsky comenzó a hablar con López Rega. Le repitió los mismos argumentos que a su pareja, pero con mayor severidad:
—Sabemos dónde está. Es sólo cuestión de avisar a nuestros agentes en las Bahamas para que lo detengan. No hagamos de esto una persecución inútil. Usted podrá hacer sus descargos en la Justicia. Por si no lo sabe, las cárceles de Miami son mucho más confortables que las de Nassau. Y es mejor estar en una cárcel entre blancos que con negros.
Los argumentos del agente del FBI habían sido lo suficientemente persuasivos. López Rega comprendió que ya no tenía vías de escape. Pero le pidió unos días para organizarse. Kiszinsky se los negó.
—Dentro de dos días tengo una consulta con mi dentista. No me haga perder la cita. Yo iré a buscarlo.
En la madrugada del 13 de marzo de 1986, custodiado por dos agentes del FBI, López Rega abordó un jet aéreo en Nassau que aterrizó en Miami a media mañana. Uno de los agentes era George Kiszinsky, quien le facilitó el ingreso en la oficina de Migraciones y lo llevó a la sede del FBI para ficharlo. López Rega dijo que estaba a punto de desmayarse. La ruta del prófugo más enigmático y menos buscado de la década de los setenta había terminado. Sin embargo, todavía contaba con una chance para salvarse. El agente le habló muy bien de su abogado.
López Rega compareció ante la jueza Charlene Sorrentino. Cuando la audiencia comenzaba, entró a la sala el cubano Luis Fors. Era el abogado que había mencionado Kiszinsky. En el ambiente jurídico no tenía mucho renombre. Se especializaba en temas de divorcio e impuestos. El agente del FBI le había comentado a Fors que López Rega tenía un piso lujoso en las Bahamas. Si lograba conseguir su libertad bajo fianza, podría reclamar buenos honorarios.
Fors le explicó a la jueza que su cliente había demostrado buena voluntad al entregarse y solicitó su libertad. La jueza le indicó que el tratado de extradición no admitía esa posibilidad, excepto en situaciones extremas. En ese caso, podía presentar una moción de audiencia de emergencia ante otro magistrado. Fors quiso convencer a la jueza de que la libertad podría dictarla ella. Tenía dos argumentos: la edad de su cliente y la diabetes que padecía.
—¿Qué edad tiene su cliente?
—Sesenta y nueve años.
—Tenemos gente de ochenta. Si se siente muy mal, podemos hospitalizarlo.
No hubo modo de convencerla. Fors se resignó a que la petición de libertad de López Rega se tramitara en una audiencia de emergencia. A través de un sorteo, fue elegido el juez Peter Palermo. Todos fueron caminando hasta su juzgado. Allí se produjo el encuentro entre Cisneros y López Rega, que se sentaron en un banco de madera a esperar que los llamaran. Cuando la concertista vio llegar al cónsul argentino, se abalanzó sobre él y le presentó a su padre espiritual. López Rega le pidió explicaciones.
—Huergo, ¿cómo puede ser que me mande a detener así? Si ahora estamos en democracia. Todas las causas que me iniciaron eran inventos de Massera. Está todo comprobado.
No hubo tiempo para discusiones. El secretario del juez los hizo pasar a la sala y anunció el tema de la audiencia:
—Los Estados Unidos de Norteamérica contra López Rega, José.
El juez Palermo enumeró los cargos y le anunció las dos alternativas con las que contaba: enfrentar la extradición en un juicio oral, donde el juez Samuel Smargon evaluaría las pruebas que presentara la justicia argentina, o viajar por su propia voluntad a la Argentina en calidad de detenido, y enfrentar allí los cargos.
Pero Fors volvió a la carga con su pedido de libertad bajo fianza. La enfermedad de su cliente lo ameritaba. Era una muestra del "caso extraordinario" que admitía el tratado. Palermo lo dejó seguir. De inmediato, hizo pasar al estrado a dos testigos. Uno de ellos era Kiszinsky. Dijo que López Rega estaba bastante débil.
—Hoy, en dos ocasiones, tuvimos que sostenerlo para que no se cayera. Y me comentó que debía tomar remedios y realizar una dieta porque es diabético.
La otra testigo fue Cisneros. Empezó defendiendo a López Rega en inglés. Dijo que era su enfermera, pero se disculpó por no haber traído su diploma en ese momento.
El juez le preguntó si acaso no era la pareja.
—Escuche bien: él es mi padre espiritual y yo soy su enfermera —afirmó la pianista—. Tengo treinta diplomas. Uno de ellos es el de enfermera. Siempre quise ser una persona de valor para la sociedad argentina.
Cisneros dijo que López Rega se atendía en las Bahamas, pero no recordaba el nombre del médico. Sus imprecisiones comenzaron a irritar al juez, que dijo que debería contar con algún informe médico para tomar una determinación. Pero la fiscal Karen Moore, que aseguró representar al gobierno argentino, explicó que López Rega podría ser llevado detenido a prisión federal, y atendido por médicos y enfermeras.
Fors vio que estaba perdiendo su batalla y forzó sus armas:
—¿Acaso no cree en el testimonio del agente del FBI sobre su estado de salud? La cárcel para un hombre de setenta años va ser un shock peligrosísimo —dijo.
Cisneros empezó a gritar por la inocencia de su compañero.
—Yo no puedo decidir eso —afirmó Palermo—. Que lo lleven a prisión, y si es necesario a un hospital. No tenemos el testimonio de un médico. La ley dice que debe quedar detenido. Yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo.
Fuera del juzgado esperaba la prensa. López Rega fue fotografiado con esposas durante su traslado al Metropolitan Correctional Center, situado cincuenta kilómetros al sur de Miami. Viajó en un colectivo de la prisión, junto a otros delincuentes. Eran las cinco de la tarde. Lo esperaba la primera noche de su vida en cárcel. Fue registrado con el número 86-421 y encausado junto a un haitiano, detenido por un homicidio. La detención lo hizo reflexionar. A la mañana siguiente llamó a su abogado y le comunicó que quería volver a la Argentina. No tenía ganas de afrontar el juicio de extradición. Su vida ilegal ya lo había agotado, y estaba deprimido. Fors llamó a Kiszinsky y éste le comunicó la novedad a Huergo. Los tres concurrieron al Metropolitan Correctional Center. El cónsul llevó en su valija un formulario para que López Rega firmara el pasaporte provisional. Lo encontraron en una sala pequeña. Era un hombre encorvado, metido dentro de un mameluco anaranjado que le quedaba demasiado grande. Llevaba zapatillas blancas, sin medias. No demostraba otra voluntad que la de escapar de sí mismo. Huergo le dio el papel y López Rega comenzó a completarlo. Al momento de escribir su fecha de nacimiento empezó a contar su vida. Dijo que había conocido a Aurelia Tizón, la primera mujer de Perón. Ella tocaba el piano y él la guitarra. Después fue internándose en un discurso místico. Su verbo se hizo indetenible.
—Ustedes no entienden. Yo puedo hablar con Dios. Soy esa clase de hombres para los que no existen las cárceles ni las fronteras. Ustedes creen que yo estoy preso aquí. No es cierto. Sólo tienen mi cuerpo. Mi mente flota libre. Aquí, en una sola noche, comprobé que todos me quieren. Anoche, mi compañero de celda, al notar que tenía frío me ofreció sus medias. ¿Se dan cuenta el significado de esto? Dios me asiste.
Luego recordó a Perón:
—Con el General teníamos una relación muy especial. Había energía entre nosotros. Cuando él empezó a morirse, lo agarré de las manos y se recompuso un poco. Pero no sé quién me llamó, lo solté, y el General se murió. A mí los médicos me decían "brujo". Pero yo curaba. Ellos eran unos incompetentes. No sabían cómo hacerlo.
Sus ojos se llenaron de odio cuando recordó a Massera.
—Ese hijo de puta estaba obsesionado con quedarse con la Presidencia. Por su culpa todos empezaron a llamarme "brujo". Lo decían para descalificarme. Él me hizo echar del país.
Fors se fue impresionado con su defendido.
—Tiene un magnetismo especial —comentó cuando se retiraban.
A Kiszinsky también le había caído en gracia. Comentó que había algo en él que le hacía recordar a su padre.
El deseo de López Rega de volver a la Argentina duró un día. Al siguiente le comunicó al abogado que su único objetivo era permanecer en los Estados Unidos. Daría batalla en el juicio oral para impedir la extradición. Cisneros lo había convencido. Quizás estuviera arrepentida de sus dos errores: pedir un pasaporte y ponerlo al teléfono.
La justicia norteamericana envió dos fiscales a Buenos Aires para brindar un curso rápido sobre cómo formular un pedido de extradición. El juez Archimbal les informó que existía la presunción de que López Rega era el jefe de una organización a la que se le atribuían más de dos mil muertes en menos de dos años. Los fiscales dijeron que era imposible investigar cada una de ellas. Quedarían atrapados en un laberinto. Para elaborar una presentación judicial convincente, les recomendaron circunscribir la recolección de pruebas a unos pocos crímenes. A partir del asesoramiento, el juez Archimbal programó una estrategia dividida en tres etapas: primero, debería probar la existencia de la Triple A. Después, tendría que demostrar que esa organización se había adjudicado la autoría de determinados crímenes y, finalmente, que López Rega era el jefe de esa banda. En el juzgado descartaron la idea de indagar acerca de las responsabilidades que tendría su custodia u otros grupos sobre el resto de los crímenes de la Triple A. No querían complicarse la vida. Si comenzaban a profundizar sobre cada muerte excederían el plazo de la presentación de pruebas. No había tiempo para hacer justicia con otro asunto que no fuera el de López Rega.
Cuando Archimbal activó la causa de la Triple A, la justicia argentina estaba poniendo al desnudo a los principales actores de la década de los setenta. El jefe de Montoneros Mario Firmenich estaba en prisión. Había sido detenido el año anterior en el Brasil, cuando gestionaba la renovación de su pasaporte. Por su parte, la Cámara Federal acababa de condenar, con distintas penas, a los miembros de las juntas militares del Proceso de Reorganización Nacional. Pero frente a la posible extradición de López Rega, el escepticismo era generalizado. Se suponía que su entrega era parte de una estrategia judicial que le permitiría quedar en libertad en poco tiempo. Resultaba muy difícil que la Justicia pudiera juntar pruebas a casi doce años de acaecidos los hechos, y que éstas pudieran ser valoradas positivamente por un juez norteamericano.
La desconfianza se advirtió en las primeras citaciones de Archimbal. Las convocatorias judiciales eran frenéticas, pero los testimonios resultaban evasivos. Algunos se limitaban a comentar que el ex ministro de Bienestar Social era un personaje muy desagradable. Sólo una semana después de que López Rega fuera detenido, surgió el primer testimonio que alentó al juez. Era el de Alejandro Ferreira Lamas, que había sido secretario del presidente Cámpora. Dijo que en 1974, cuando ya se conocía la existencia de la Triple A, el diputado Ortega Peña le encargó una investigación sobre López Rega para probar su vinculación con actividades cri-minales. Lamas dijo que había viajado a Europa y allí obtuvo comprobantes que demostraban que el entonces ministro de Bienestar Social traía armas desde Libia para —según se suponía— armar grupos parapoliciales. También dijo que había conseguido remitos que probaban que enviaba a "su gente" a Libia para entrenarse. Habló de los negocios espurios que se cometieron con el ingreso de petróleo de Libia al territorio nacional, y su triangulación con el Japón. Y agregó:

Toda esa documentación fue remitida a Rodolfo Ortega Peña quien al recibirla en su carácter de diputado nacional, en una sesión se levantó de su banca e indicó al presidente de la Cámara que obraban en su poder las pruebas concretas que demostraban la criminalidad del entonces ministro de Bienestar Social. No pasó mucho tiempo antes de que Ortega Peña fuera asesinado y la Triple A se adjudicó la muerte.

Otro testimonio fue el de Aníbal Gordon, que estaba detenido. Dijo que en abril de 1974, cuando trabajaba en la oficina de Operaciones Tácticas de la SIDE, "escuchó reiteradas veces que el jefe de la Triple A era López Rega". Aunque el mismo Gordon estaba sospechado de ser un continuador de las actividades de López Rega, y el valor indiciario de sus dichos era escaso, el juzgado lo consideró como un aporte más: había que acumular testimonios.
Hacia fines de marzo declaró Manuel Gaggero, que en 1973 era vicedirector del diario El Mundo, ligado al ERP. Dijo que en septiembre de ese año una bomba de la Triple A había volado el frente de su casa de Paraná. "Por Rucci", le dejaron escrito. El comisario Vitani, subjefe de la Policía Federal, le dijo que los autores "eran un grupo armado muy pesado", y ofreció tramitarle el pasaporte. Gaggero informó que su diario también se oponía a la gestión de Gelbard en el Ministerio de Economía, y que éste, en una entrevista que mantuvo en febrero de 1974, le preguntó para qué atacaba la línea económica, si en realidad su verdadero enemigo y al que deberían atacar era a López Rega y a su Triple A. Y Gaggero concluyó:

En todo el ambiente periodístico era algo más que conocido que López Rega era el que encabezaba y mantenía con sus medios a la Triple A.

Un día después testimonió Jaime Cesio, vinculado a la centroizquierda y con prestigio de "coronel democrático". Siguió en la misma línea que Gaggero. Dijo que los sectores políticos a los que estaba vinculado sabían que la Triple A era un instrumento del entonces ministro de Bienestar Social para eliminar a la izquierda peronista y a los marxistas.

Algunos sectores, queriendo de alguna manera justificar la acción de López Rega, decían que al final, este sujeto estaba haciendo algo sucio que los demás no podían o no querían hacer.

Después declaró el abogado Eduardo Luis Duhalde. Había sido socio y compañero de militancia política de Ortega Peña. Dijo que la muerte de éste, así como las persecuciones y amenazas que sufriera, habían sido una respuesta de la Triple A al interés del diputado por desenmascarar a esa organización. Su experiencia política —había militado en el peronismo entre 1960 y 1974— le había permitido arribar a la íntima convicción de que la Triple A encubría las actividades ilegales de una estructura creada por López Rega. Duhalde enumeró las denuncias publicadas en las revistas Militancia y De Frente, que dirigiera junto a Ortega Peña. En la masacre de Ezeiza, señaló

la participación decisiva de personas que se identificaban como integrantes del Ministerio de Bienestar Social, transportando armas en ambulancias pertenecientes a esa cartera según le consta por haberlo visto, ya que estuvo presente en ese lugar.

Dijo que habían denunciado al teniente coronel Jorge Osinde como

responsable directo de los grupos intervinientes, y en el mes de julio de 1973, Militancia denunció la entrega de un millón de pesos de aquel entonces de los fondos reservados del ministro López Rega al capitán Jorge Morganti para ser utilizados en dicha estructura clandestina que aún no tenía un nombre público.

Duhalde continuó mostrando números de la revista. El 4 de octubre Militancia denunció que desde el gobierno se estaba preparando una serie de atentados contra personalidades y dirigentes considerados opositores a López Rega. El efecto del artículo lo relacionó con lo sucedido cinco días después.

Mediante un artefacto explosivo fue destruida la sede de la revista de la calle Sarmiento 1422, piso 4 oficina "1", causando daños y heridos entre los habitantes del inmueble.

En una entrevista posterior que mantuvo con el ministro de Interior, Llambí, y el ministro de Justicia, Benítez, ambos le revelaron

su impotencia para investigar episodios, en tanto afectaban a aquella prominente figura del gobierno, refiriéndose, es claro, a José López Rega.

Duhalde también relató que un agente del Servicio de Informaciones de la Aeronáutica le advirtió que "el diputado Ortega Peña se había salvado de un atentado organizado por la patota de Bienestar Social", cuando entró imprevistamente a un edificio e impidió que se consumara el crimen. Y también dijo que unos días después de la muerte de su socio habían ido a buscarlo a él en dos coches Torino sin patente, y que se salvó porque no lo encontraron.
El juzgado continuó reuniendo recortes de diarios, librando oficios a otros juzgados para que le remitieran antecedentes de la Triple A, sumando declaraciones testimoniales. Faltaban menos de veinte días para entregar las pruebas cuando declaró un ex custodio de Isabel Perón, Juan Carlos Lagos. Su aparición en el juzgado fue casi compulsiva. En un asado familiar, el secretario Mario Filozof le había escuchado comentar una anécdota sobre López Rega, y lo invitó a que la contara exactamente igual en el juzgado. Lagos se negó, pero cuando le llegó un oficio judicial, se sintió obligado. En su declaración, informó que había compartido con López Rega la custodia de la residencia presidencial en los años cincuenta. Los dos eran cabos. Pero cuando su colega llegó a ministro de Bienestar Social en 1973, lo convocó para su custodia personal.

Hasta que un día me dijo que me apreciaba mucho al igual que al grupo de personas que componían la custodia, pero que necesitaba otro tipo de gente menos limpia para hacer los trabajos que él quería, que por lo tanto el que declara y el grupo de gente que lo acompañaba pasaría a integrar la custodia de la señora María Estela Martínez de Perón, mientras luego se enteró que el grupo de la custodia de López Rega lo pasó a formar Rovira, Almirón y otros.

La declaración del ex diputado Héctor Sandler sirvió al juzgado para demostrar cómo el miedo se había instalado en el Congreso. Sandler narró que el 11 de septiembre de 1974 la Triple A le había dejado un sobre en su estudio de aboga-do, en el que lo emplazaba a renunciar a su banca y abandonar el país en setenta y dos horas. Durante un mes se refugió en distintos domicilios. En octubre, unas cincuenta personas vestidas de civil rodearon la manzana del edificio donde se encontraba. Pensó que le había llegado el día de morir. Tendría el mismo fin que Silvio Frondizi, quien había sido arrastrado de su departamento a fines de septiembre de ese año y ultimado en la calle. Pero Sandler se salvó porque Salvador Bussaca, vicepresidente de la Cámara de Diputados, envió varios patrulleros a ese domicilio, de donde fue rescatado a las 9 de la noche. Sandler encontró refugio en una pequeña habitación del Congreso y allí durmió durante siete noches. A modo de salvoconducto, la Cámara lo envió junto a su esposa como observador de las elecciones norteamericanas. En una conferencia de prensa en Nueva York, denunció la existencia de la Triple A y luego se refugió en México, donde encontró a decenas de dirigentes políticos que habían sido amenazados por la misma organización. Sandler concluyó:

En la Cámara de Diputados era una opinión pública que López Rega no era ni podía ser ajeno a las actividades que se atribuían a la Triple A.

También se acercó al juzgado el periodista Horacio Verbitsky. Le preguntó al juez si el pedido de extradición de López Rega era serio, porque en ese caso él podría facilitar algunos testimonios, incluido el propio. Archimbal le respondió que no estaba convocando gente en vano, y que además tenía urgencia. El procurador Gauna le había remitido un cable secreto de la embajada argentina en los Estados Unidos. Allí le reclamaban que adelantara parte de la documentación para el 11 de abril, a fin de que fuera traducida en Washington, y, una semana después, que enviara el trabajo completo. El juicio de extradición estaba previsto para el 28 de abril de 1986.
El testimonio de Verbitsky giraba alrededor de un hecho puntual. En septiembre de 1974 había viajado junto a tres periodistas al Perú, donde se enteraron de que figuraban en las nuevas listas de condenados a muerte de la Triple A. Pusieron en conocimiento de la novedad al canciller peruano Miguel de la Flor Valle, que por entonces estaba por recibir en Lima a su par argentino Alberto Vignes por los festejos del 150° aniversario de la batalla de Ayacucho. Flor Valle se comprometió a comentarle el tema a Vignes, a quien lo unía una amistad. Después de esa conversación, el canciller peruano recomendó al grupo de argentinos que no retornaran a su país.
Las declaraciones judiciales de Verbitsky y Pablo Piacentini relatarían este hecho, pero la novedad más importante ocurrió el 10 de abril, cuando se presentó el testigo de primera mano, Miguel de la Flor Valle. El diplomático testimonió que cuando lo consultó sobre la suerte de los tres periodistas argentinos que habían sufrido las amenazas,

Vignes dijo que era preferible que no regresaran a la Argentina y que permanecieran en Perú o en cualquier otro país porque estaban inscriptos en una lista especial. En otro momento de la conversación el Dr. Vignes expresó que estos periodistas habían sido muy críticos con el ministro López Rega.

El 14 de abril de 1986 se presentó Tomás Eduardo Medina, ex edecán de la Presidencia. Había trabajado en esa área desde el 27 de mayo de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1974. Luego fue jefe del Departamento Aviones de la Presidencia. Medina hizo un gráfico con las oficinas de la Casa de Gobierno y la residencia de Olivos para demostrar que su ubicación era privilegiada. Había tenido contactos permanentes con la custodia de López Rega, Almirón y Rovira, y también escuchaba las conversaciones entre ellos. Su declaración fue la siguiente:

A partir de 1973 pude observar cómo López Rega comenzaba a armarse de un séquito personal y a tener cada vez más poder. Se vivía un clima de violencia en el país y era evidente que este grupo se sumergió en ese clima de violencia y era parte de él. Al poco tiempo de ocurrido el atentado al sena-dor Solari Yrigoyen, como lo ocurrido a los que nombra: Ortega Peña, Duhalde, Troxler y Frondizi, pudo apreciar como comentario algo así como "se fue este zurdo, un problema menos". En especial Rovira, que era el que más comentaba. Todos los comentarios que hacían entre ellos, por más que intentaban disimularlo, le hacían llegar a la clara reflexión de que este grupo era el que integraba la Triple A. Incluso cuando escuchó a Rovira y a Almirón decir sobre el padre Mugica, "a éste le vamos a hacer la boleta", deja constancia de que a los dos días de escuchar ese comentario el padre Mugica fue asesinado. El mismo Almirón viajó al extranjero a fin de importar armamento y luego vio al que declara para mostrarle parte del armamento que había traído. Carlos Villone era el que manejaba personalmente los fondos del Ministerio de Bienestar Social y de allí se encubrían y ayudaban a las andanzas de esa organización ilícita, como así también se les provisionaba a los integrantes de armamentos y demás materiales. El señor Roballos alguna vez le comentó al deponente los inconvenientes que padecía para justificar legalmente los fondos que de esa manera se manejaban.

Medina refirió que por su cantidad, sus armas, sus automóviles, sus equipos de comunicación con banda propia y la impunidad con la que se movían, esas personas constituían un grupo parapolicial de la Triple A. El ex edecán reveló un comentario que por entonces le hizo López Rega.

Le comentó al que declara que él y su grupo parapolicial o de custodia era la única solución para combatir el terrorismo. El mismo López Rega había formado ese grupo que dirigía y conformaba de acuerdo a esta filosofía. Lo grave era que caían los que eran terroristas y los que ese grupo creían que eran terroristas. Los miembros del grupo hablaban continuamente de la lista que tenía López Rega, donde estaban incluidas las víctimas o las futuras víctimas. A las anteriores víctimas que antes estaban en la lista, el grupo mismo se ocupaba de tacharlos.

El ex edecán también habló de las armas. Recordó que Almirón le comentó que las armas las habían traído de Paraguay, que en los depósitos del Ministerio de Bienestar Social había fusiles, ametralladoras, granadas y equipamiento electrónico de comunicaciones que no se conocía en el país.

Tanto Rovira como Almirón eran muy ostentosos, viajaban en distintos vehículos y utilizaban generalmente balizas como las de la Policía Federal. También los vi con equipos de arco y flecha especiales practicando en la residencia presidencial de Olivos.

En menos de un mes de trabajo intenso, el juez consideró que ya tenía los elementos necesarios para presentar la acusación. La idea central de la presentación judicial argentina ante la Honorable Corte de los Estados Unidos de América con jurisdicción en el distrito sur de Florida fue que

López Rega había sido el creador y fundador de la organización dedicada al crimen común, que decidió autotitularse "Triple A"; que el nombrado señalaba a las víctimas o daba el visto bueno para la ejecución de los delitos que los componentes de la empresa ejecutaban, y asimismo era el que facilitaba los medios económicos y las armas, como así quien les procuraba a sus subordinados, desde su alto cargo de gobierno, la impunidad.

Para decretar la prisión preventiva y librar el exhorto de la extradición de López Rega, el juez se basó en las declaraciones de Paino, González Figueredo, Duhalde, Ferreira Lamas, Gaggero, el coronel Cesio, Gordon, el diputado Porto, el senador Bravo y Lagos. Eran quienes lo imputaban por los delitos por los que se lo quería extraditar.
Los crímenes que tomaron para la acusación contra López Rega fueron seis: Ortega Peña, 30 de julio de 1974; Curuchet, 9 de septiembre de 1974; Troxler, 19 de septiembre de 1974; Frondizi y Mendiburu, 27 de septiembre de 1974; Laham y Barraza, 13 de octubre de 1974. Todos esos crímenes prescribían en el curso de 1986, a los doce años de la fecha en que se cometieron.
El juez Archimbal le explicó a la justicia norteamericana que la de López Rega era una situación análoga a la de Firmenich, a quien había procesado como responsable de los homicidios de E. Firelli y R. Duran, "por haber codeterminado a los autores materiales de los mismos". El juez consideró a López Rega "prima facie y por semiplena prueba, autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, de la que resulta su jefe y organizador y homicidios agravados por la cantidad de intervinientes en forma reiterada —seis oportunidades— de los que resulta codeterminador".
La embajada argentina había contratado a una empresa de traducción para llegar al plazo fijado por el tratado bilateral de extradición. Habían trabajado trescientas personas con las pruebas colectadas. No obstante ello, las cajas con la acusación llegaron a la Corte un día después al plazo legal indicado. Pero como justo ese día había sido feriado en los Estados Unidos, las recibieron igual. En este punto, no hubo Dios que lo asistiera: el ex ministro sería sometido a juicio.


1 Entre los testimonios de la causa de la Triple A posteriores al procesamiento de 1983 se encuentra el de Sergio Mauricio Schoklender, acusado de parricida. La actividad de su padre estaba ligada a la compra y venta de armas y embarcaciones para la Armada. En marzo de 1984, Schoklender relacionó a Gordon con López Rega y Massera. En un párrafo de su declaración dijo: "la adquisición de armamento por parte de estos grupos, y más específicamente la Triple A, habría sido con fondos del Fonavi durante las gestiones de los arquitectos Ricur y Patrocinio Moracastro. Estos fondos habrían sido utilizados por primera vez por López Rega para unos embarques que llegaron vía Paraguay, con ametralladoras Ingram con silenciador, con las cuales fue equipada su custodia. A raíz de la adquisición de armamento para dicha organización, el señor Aníbal Gordon habría estado vinculado al almirante Massera, Enzo Ramírez, Barboza, todos ellos ya sindicados en informe adjunto". Véase fojas 4.050, cuerpo 21, causa AAA en el Juzgado Federal N° 5.

2 En enero de 2007, un mes después de acceder a la reapertura de la causa "Triple A" y declarar de "lesa humanidad" los hechos investigados en la misma, el juez federal Norberto Oyarbide dispuso la prisión preventiva de los ex comisarios Rodolfo Eduardo Almirón, Juan Ramón Morales y del oficial Miguel Ángel Rovira. Almirón, de 71 años, fue fotografiado en la localidad de Torrent, a diez kilómetros de Valencia, por un equipo periodístico del periódico El Mundo de España en diciembre de 2006. Vivía con su esposa en un modesto departamento, era jubilado gastronómico y estaba en tratamiento de rehabilitación después de sufrir una embolia cerebral. Oyarbide pidió su extradición a la Audiencia Nacional española para juzgarlo en la Argentina. Pero en España Almirón también es acusado de participar en los asesinatos de dos carlistas —Aniano Jiménez y Ricardo García Pellejero— el 9 de mayo de 1976, durante una manifestación política partidaria, en Montejurra, Navarra, España. Ese día, camuflados entre las fuerzas legales de la Guardia Civil, también estuvieron comprometidos miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva, la Internacional Fascista Italiana y la Triple A argentina. Diez días después de la detención de Almirón, el diario Perfil fotografió a Morales, de 88 años, tomando fresco, en pijama, en el balcón de su departamento del barrio de Palermo. El juez lo indagó y permanece con arresto domiciliario. En tanto, Rovira, de 71, se entregó voluntariamente para declarar en el Juzgado. Después de sus tareas de custodia en el Ministerio de Bienestar Social, Rovira había pasado a trabajar a las órdenes del general Ramón Camps, en la policía de la provincia de Buenos Aires. Una vez retirado de la fuerza, fue contratado por la empresa Metrovías de subterráneos como jefe de seguridad. En el año 2000, la agrupación HIJOS de desaparecidos "escrachó" su casa de la calle Pasco al 1000, en Buenos Aires. La policía tendió un vallado para proteger la vivienda de Rovira y les arrojó gases lacrimógenos a quienes lo denunciaban. Los fundamentos del juez Oyarbide para disponer la prisión preventiva de Almirón, Morales y Rovira, considerados responsables de integrar prima facie la asociación ilícita Triple A, ya obraban en la causa judicial desde los años 1986, 1987 y 1988, pero entonces no fueron contemplados por el fiscal Ibarra ni por el juez Archimbal para dictar órdenes de detención contra ellos, pese había testimonios sobre la participación de la custodia del ex ministro en los hechos investigados. El interés de la Justicia estaba focalizado sólo en López Rega. Por último, el 10 de enero de 2007, el juez Oyarbide también pidió la captura de Felipe Romeo, director de El Caudillo, de 61 años. Según un informe de las autoridades de Migraciones, seis días antes del pedido de detención, y tras hacerse públicas las novedades de la causa, Romeo había partido a Inglaterra. Hasta ese momento, trabajaba en la restauración de cúpulas y edificios antiguos. Véase diario Página/12 del 7 de enero de 2007.


El fin

Cuando López Rega ingresó a prisión, su entorno familiar volvió a entrar en cortocircuito. La disputa entre su hija biológica y su hija espiritual, que se había gestado en Suiza, se agudizó en Miami. Norma estaba segura de que la Cisneros lo había traicionado. El 30 marzo de 1986, cuando Cisneros supo que Norma viajaba a Miami para ver a su padre, pensó que venía a matarla. Le transmitió sus temores a López Rega, con el que todos los días hablaba por teléfono durante veinte minutos. López trató de disuadirla y le dijo que Norma no era capaz de matar a nadie. Pero ese argumento no bastó para calmarla: ese mismo día, Cisneros llamó a tres corresponsales argentinos en Miami para hacerles conocer las supuestas intenciones de la hija de López Rega.
Para Norma, el primer encuentro con su padre en la prisión de Metropolitan Correctional Center fue muy doloroso. Él casi no le habló y ella lo miraba y no encontraba las palabras. No entendía cómo podía haber contratado a un abogado recomendado por el FBI. Le dijo que la Cisneros, en todos estos años, lo había ido aislando del resto del mundo, que se había apropiado de sus bienes y de su identidad, y que por culpa de ella ahora estaba en prisión. La misma impresión tenía Luis Prieto Portar: desde que la concertista había tomado el control de la situación de López, todo se había desbarrancado. Además, Cisneros tenía actitudes extrañas. En su afán de protegerlo y cuidarlo en la vida de todos los días, en la práctica había ido absorbiéndolo hasta el punto de impedir que se viera con nadie. Durante una tem-porada, con el fin de agradarlo, la concertista se había teñido de rubio y se ataba el pelo con un rodete, para parecerse a Isabel Perón. Pero, al margen de eso, para Prieto eran incomprensibles los motivos por los que, además de dejar actuar a su criterio a la Cisneros, López también había aceptado entregarse a la Justicia faltando apenas tres meses para que venciera el plazo de la orden judicial que le impedía regresar a Suiza. En mayo de 1986 ya hubiera podido estar otra vez en su casa de Villeneuve.
Norma había viajado a Miami junto a Jorge Conti. El periodista y veloz escribano —ex interventor de Canal 11— había trabado relación con ella en el ministerio y en la redacción de Las Bases, pero cuando empezó a visitarla en la cárcel se fue gestando la relación amorosa. Cuando murió su pareja, Raúl Lastiri, Norma se sintió en libertad para reconstruir su vida, y tuvieron dos hijos, que ya habían conocido a su abuelo en un viaje a Miami.
Pensando en la posible desprotección judicial de López Rega, y con la intención de tomar el control de la situación, Norma y Jorge Conti llevaron un abogado, Juan Carlos Ortiz Almonacid. Además de asesorar legalmente a la secta del reverendo Moon en la Argentina, Ortiz Almonacid era congresal del justicialismo y en base a ello le informó a la prensa que su defensa había sido encargada por el partido, intentando demostrar el respaldo con que contaba una figura a la que todo el peronismo, en realidad, quería olvidar para siempre y extirpar de su historia.
Lo primero que hizo Ortiz Almonacid cuando vio a López Rega en la sala de visitas de la prisión fue criticar la actuación del abogado Luis Fors.
—Lo único que hizo fue ponerle un saco tres números más grandes que el suyo para impresionar al jurado y decir que usted estaba enfermo, en vez de preocuparse por proclamar su inocencia —afirmó.
Y le explicó que debía encarar la defensa de otra manera. Pero cuando advirtió el clima de tensión familiar que existía entre López y su hija, empezó a preocuparse. Por eso, con toda la delicadeza de la que era capaz, le preguntó a López Rega quién se iba a hacer cargo de sus honorarios. El encausado le respondió que perdiera cuidado:
—Te voy a pagar hasta el último peso, pibe.
Almonacid intentó darle un perfil político a su estrategia judicial y se mostró ejecutivo desde el primer día. Aceptó el asesoramiento de Fors porque nada conocía de los procedimientos judiciales de Miami y pidió una audiencia para reclamar la libertad bajo fianza de López Rega, en mérito a las "circunstancias especiales" por las que atravesaba el detenido. El juez Smargon le concedió fecha para el 2 de abril de 1986.
En su exposición en la sala, Almonacid dijo que los juicios contra López Rega habían sido promovidos por la Junta Militar argentina para justificar el golpe de Estado y el encarcelamiento de Isabel Perón. También hizo notar que el gobierno argentino era prescindente en el juicio de la extradición y presentó el recorte de un diario con una declaración del entonces ministro de Educación y Justicia, Carlos Alco-nada Aramburú. Ortiz Almonacid se sintió confiado porque advirtió que el juez seguía su ponencia con atención. Sin embargo, sólo se trataba de un problema de equivalencias lingüísticas: Smargon pidió al intérprete que lo ayudara a entender qué significaba la palabra "junta". Ortiz Almonacid quiso facilitarle la comprensión, traduciendo él mismo al inglés. "Yunta militar", aclaró con énfasis. El juez giró la cabeza hacia el intérprete en busca de auxilio y éste le devolvió la mirada en silencio. Hubo un instante de hilaridad en la sala, pero el abogado se recuperó: "Régimen militar. Eso es", rectificó.
Luego lanzó una batería de argumentos para reclamar la libertad de su defendido. Dijo que al estar López Rega detenido en Miami se le dificultaría la preparación de su defensa por el costo de los viajes y las comunicaciones telefónicas; explicó que en 1952 hubo un ciudadano yugoslavo al que se le había concedido la libertad bajo fianza en un pedido de extradición, y resaltó el caso de José Miguel Vanni, a quien había defendido en una causa que consideró "análoga" a la de López Rega, y al que el gobierno español le había otorgado asilo político en primera instancia, y luego fue sobreseído. Almonacid estableció la defensa de López Rega desde lo político. En cambio, cuando le tocó exponer, María Elena Cisneros buscó mostrar la faceta humana de su compañero. Quiso desligarlo de la imagen siniestra que había construido en su paso por el gobierno peronista. Cisneros contó que lo amaba y respetaba como a un padre. Que a causa de su diabetes lo cuidaba de todas las formas posibles: lo alimentaba, le cortaba el pelo. Y reveló que en la prisión había perdido el ochenta por ciento de su visión, a causa de la desprotección en la que estaba.
Cuando le llegó el turno de hablar, López Rega se presentó como un político retirado y perseguido, pintor y escritor. Explicó que había llegado con propósitos amistosos a los Estados Unidos, un país donde la libertad y la justicia caminaban juntas. Relató su entrega voluntaria al FBI y quiso aclarar que su ingreso migratorio lo había hecho con el pasaporte oficial de ministro de Bienestar Social, que tenía legalizado. Cuando Fors, para poner en evidencia las garantías de confiabilidad que brindaba su defendido, le preguntó a López Rega si estaba dispuesto a entregar ese pasaporte y permanecer en los Estados Unidos, el ex ministro ofreció una sucesión de respuestas emotivas, con tono alto y en forma pausada, dando tiempo de sobra a la labor de la intérprete. Mientras hablaba, parecía hacer grandes esfuerzos para contener el llanto. Toda la sala se sintió como en un teatro.
—Soy un hombre religioso, un hombre sensible y un hombre estudioso —dijo—. Toda mi vida la dediqué al servició de mi patria. Yo fui un policía honrado por mi país. ¿Cómo voy a tener antecedentes criminales? Nunca quise huir de mi patria. Yo era el mayor inconveniente para el golpe militar que se estaba preparando. Y los militares armaron una trampa. Le dijeron a la señora de Perón que me iban a matar en la misma residencia presidencial si yo no me iba del país. Entonces la señora me llamó con lágrimas en los ojos y me dijo: "Por favor ¡váyase! Porque lo quieren matar y yo no quiero eso". Yo le pregunté: "¿Me dice esto como presidenta o como amiga?". Esto es histórico, lo juro por Dios. "Como presidenta y como amiga yo necesito que usted se vaya del país", me dijo. Y para que no saliera como un ladrón escondido, me designó embajador plenipotenciario en Europa, para hacer estudios económicos y financieros en relación con posibles inversiones en el país.
Después, López Rega miró al juez Smargon y le relató sus padecimientos en la cárcel:
—Soy un hombre muy emotivo. Todo lo que significa injusticia me afecta profundamente. Mi salud está resentida. El azúcar subió mucho durante mi primer día en prisión. Llegó hasta 400 miligramos. Es una barbaridad: lo normal es 100. A los cinco días bajó a 260, y ahora está en 206.
En ese momento, López Rega empezó a llorar. Lo acompañaba Cisneros, que hacía buen rato que sollozaba. Eran los únicos llantos que se escuchaban en el silencio de la sala.
—El doctor en la prisión me descubrió un soplo al corazón que antes no tenía —prosiguió el encausado—. Estoy muy mal de la vista y tengo continuos mareos. Además soy viejo, señor. Puedo caminar, pero no correr. Tengo la cabeza clara, el alma joven, ideales firmes y no cambiaré. No temo a las acusaciones que me han hecho. Pido perdón para toda la gente que me hizo daño y me lo sigue haciendo. Soy inocente de todo lo que se me acusa y estoy listo para presentarme ante Dios cuando Él quiera.
En los quince minutos de receso que concedió Smargon, los familiares de López Rega pensaron que con su exposición la batalla judicial ya estaba casi ganada. El juez podría dictar la libertad bajo fianza. Pero la fiscal Karen Moore, que representaba al Estado argentino y quería que permaneciera preso hasta el juicio de extradición, fue demoliendo esa esperanza apenas comenzó su exposición. Moore destruyó los argumentos de Ortiz Almonacid y de su defendido: el abogado —dijo— podía preparar la defensa en la Argentina; los médicos de la cárcel habían ratificado que la salud de López Rega estaba estabilizada; el gobierno argentino consideraba conveniente su detención y extradición, según la información que había recibido del Departamento de Estado; y Alconada Aramburú había pedido "ecuanimidad" a la Justicia, lo que en modo alguno significaba "prescindencia". Moore explicó además el contexto político de los Balcanes en el momento de decidir la libertad del caso Artuvic, citado por Ortiz Almonacid en favor de su defendido, precisando las diferen-cias entre uno y otro caso.
Después de escuchar a las partes, el juez determinó que López Rega debía permanecer en prisión, donde su salud seguiría controlada. Concluyó que si la defensa demostraba que los cargos en su contra tenían motivaciones políticas, podrían ser considerados en la audiencia pública del 28 de abril, cuando se tratara la extradición.
Para ese día, el Estado argentino envió a tres fiscales para sostener la acusación contra López Rega: Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, por la causa de fondos reservados; Alberto Belardi, por la causa de la Cruzada de la Solidaridad, y Aníbal Ibarra por la causa de la Triple A. Para la audiencia de los Tribunales de Miami, también apareció Guillermo Patricio Kelly. Su presencia agitó a la prensa. Kelly dijo que se presentaba como querellante en la causa de la Triple A, y que declararía como testigo secreto, con cartas credenciales autorizadas por el juez Archimbal y la embajada norteamericana. El día anterior se había reunido con Jeff Bush, dirigente republicano del estado de Florida, y le entregó una foto de López Rega junto el líder libio Khadafi para que tuviera en cuenta los antecedentes criminales del encausado.
Por su parte, Ortiz Almonacid también interiorizó del caso a Jeff Bush en una cita que logró a través del dirigente cubano anticastrista Eladio Armestro García, quien, según Cisneros, se había ofrecido como garante de una posible fianza para la libertad de López Rega. En el marco de la estrategia de politización del juicio, a Ortiz Almonacid se le ocurrió dar un golpe sorpresa cuando, antes de que empezara la audiencia, se encontró al fiscal Rodríguez Basavilbaso de espaldas en el mingitorio del baño. Inesperadamente, le pidió al fiscal de la acusación que actuara como testigo de la defensa. La propuesta tenía una explicación: por entonces Rodríguez Basavilbaso tenía trabado su ascenso a juez en la Cámara de Senadores, en virtud de que había apelado el sobreseimiento de Isabel Perón en la causa de fondos reser-vados en 1981. Almonacid entendía que el suyo podía ser tomado como un "caso testigo" para demostrar la persecución política en la Argentina, de la que también era víctima el ex ministro.
La audiencia comenzó con la exposición de la asistente de la fiscalía Pamela Stuart, quien detalló los cargos contra López Rega. Después el juez se dispuso a levantar la sesión y llamar a nueva audiencia veinte días después. Ese era el tiempo que le tomaría evaluar las dos mil fojas de la acusación, traducidas al inglés, que acababan de llegar desde la embajada argentina en Washington.
Ortiz Almonacid se irritó con esa resolución. Le ordenó a Fors que le pidiera al juez que dictara la absolución en ese momento o que comenzara a tratar el caso. Su colega dudó en traducir su pedido, y entonces fue el mismo Almonacid quien le dijo a Smargon que debía dar por comenzado el juicio porque su defendido no podía permanecer más tiempo encarcelado. La fiscalía norteamericana le advirtió que las cajas contenían nuevas acusaciones contra López Rega, pero a Ortiz Almonacid no le interesaba conocerlas.
—Si en esa documentación no se preparó una novela, yo tengo respuesta a todas las supuestas pruebas —afirmó.
Y enseguida planteó una moción la nulidad, porque la documentación judicial había llegado a los Tribunales un día más tarde de lo estipulado. Incluso reclamó una sanción al gobierno argentino. El juez Smargon rechazó ambas peticiones. Luego, Ortiz Almonacid convocó al estrado a Rodríguez Basavilbaso y empezó a interrogarlo a fin de que explicara cómo los procedimientos judiciales estaban sujetos a la per-secución política en la Argentina, pero el juez Smargon dijo que no iba a permitir que la justicia norteamericana pusiera en tela de juicio a funcionarios de un gobierno con el que tenían buena relación. Ortiz Almonacid siguió dando batalla: expresó que el origen de todos los procedimientos penales contra su defendido debían considerarse nulos porque se iniciaron cuando su defendido era funcionario y debía haberse pedido previamente el desafuero. Luego, su discurso se internó en un laberinto histórico que lo llevó a mencionar a Jesús Porto, Celestino Rodrigo y el Gordo Vanni, hasta que el juez le pidió que frenara:
—Se supone que usted tiene que convencerme, pero llevo una hora prestándole atención y no puedo entender de qué me está hablando. Clarifique sus objetivos porque no está logrando nada. Le doy cinco minutos para convencerme de que esto es un proceso político —dijo.
Ante este desafío, Ortiz Almonacid se sintió en la necesidad de dar una respuesta didáctica. Tomó una caja de recortes de diarios que tenía a su lado, donde se referían las responsabilidades criminales de la dictadura militar, y las equiparó a la guerra que, dijo, habían librado contra López Rega. Empezó a ponerlos en el escritorio de la intérprete para que los leyera. Smargon prefirió dar por terminada la sesión y convocó a las partes a una nueva audiencia para el día 21 de mayo de 1986.
Ese día, Guillermo Patricio Kelly llegó a los tribunales con una remera que tenía estampada una foto de López Rega con pequeños bigotes, emulando a Adolfo Hitler, e hizo pasar a la sala al pintor que había contratado para transgredir la disposición que prohibía el ingreso de fotógrafos. A media mañana, el hombre comenzó a bosquejar sobre un bastidor dispuesto sobre un atril la imagen del jurado y el acusado. Kelly no había sido autorizado a declarar.
Frente al juez, Ortiz Almonacid reiteró su pedido de nulidad del proceso judicial porque dijo que las carátulas y los oficios habían sido fraguados, y enfatizó su convicción en la inocencia de López Rega.
—Se acusa a mi defendido de ser un delincuente, cosa que no es cierta. Mire cómo será tan falto de realidad este caso que el gobierno argentino lo acusa de ser el responsable directo de la muerte de dos mil personas, a pesar del poco tiempo que él estuvo al frente del Ministerio de Bienestar Social, supuesta sede de la organización Triple A que él encabezaría. Haciendo un cálculo rápido, el entonces ministro tendría que haber dado muerte personalmente a un promedio de tres o cuatro personas diarias a la vez que atendía sus tareas oficiales. Esto es una gran novelería.
El abogado Fors intentó profundizar la idea de que era imposible comprobar los supuestos delitos atribuidos a López Rega. Pero su línea de argumentación, de golpe, se le volvió en contra:
—A Hitler lo acusaron de infinidad de hechos criminales, de haber matado y torturado, pero nunca se le vio un arma en la cintura. Lo mismo pasa con mi defendido.
La audiencia se suspendió hasta el día siguiente. Cuando se marchaba, Cisneros se abalanzó sobre el pintor y quiso arrancarle su trabajo, en el que se veía a López sentado en un banco mirando al juez. Kelly intentó defender la posesión de la obra, forcejeó con ella e impidió que se la arrebatara, pero uno de los puntapiés de la concertista le dejó un moretón en un tobillo. Kelly luego ofrecería una reproducción del dibujo a la revista Gente, que lo publicaría a doble página.
En la audiencia del día siguiente, López Rega comenzó a defenderse de las acusaciones. En primera instancia, negó que le hubiera comprado armas a Khadafi y que éstas hubieran sido ocultadas en su ministerio, aunque reconoció que él iba poco al edificio: su principal ocupación era la de secretario de Isabel Perón. Volvió a contar historias de su relación con ella y con el General, y reivindicó sus actuaciones en el gobierno peronista. Empezó a irritarse cuando la ayudante de la fiscalía Stuart mencionó el pasado de bailarina de la ex presidenta.
—Si quiere insinuar que es una prostituta, usted está involucrando la moral de muchas bailarinas que después fueron presidentas o primeras damas. Usted es muy insolente —le espetó.
La discusión en torno a este punto continuó por más de una hora. Después, cuando Stuart cambió el enfoque y le pidió que precisara el destino de los fondos reservados y los cheques de la Cruzada de la Solidaridad, López Rega mostró huellas de resignación.
—¿No se da cuenta de que no tengo ningún interés de hacer una defensa de mi persona? Sé lo que me quiere hacer decir: que yo le decía a la señora de Perón lo que tenía que hacer. Pero eso no es verdad. Mi persona ya no está en esta vida. Ya es de otra.
Su exposición produjo mucho menos impacto en la sala que en la ocasión anterior. Quizás, advirtiendo que ya no tenía salvación posible, prefirió hacer una apelación mística para demostrar que lo estaban juzgando por cuestiones terrenales, cuando su espíritu era parte del Orden Cósmico y debía responder ante las leyes del Universo.
Pero Ortiz Almonacid no quiso darse por vencido y continuó planteando la defensa en la Tierra. Jugó su última carta. Le explicó al juez Smargon el sentido de la Ley 23.062 de Control Constitucional —que actuó como instrumento de reparación histórica—, que había sancionado el Parlamento argentino en 1984. Y empezó a leer el artículo uno:

carecen de validez jurídica las normas y los actos administrativos emanados de las autoridades de facto surgidas por un acto de rebelión, y los procesos judiciales y sus sentencias, que tengan por objeto el juzgamiento o la imposición de sanciones a los integrantes de los poderes constitucionales...

Folleto editado por el Partido Comunista denunciando el ataque de la Triple A a un local partidario el 09/10/74. Clic para descargar.

Según Almonacid, este artículo no sólo protegía legalmente a su defendido, sino que el artículo 3 impedía proseguir las acciones judiciales contra María Estela Martínez de Perón, una de las cuales era la de los fondos reservados, que era a su vez una de las causas por las que se pedía la extradición del ex ministro.
Esta ley confundió un poco al juez Smargon, que no entendía para qué el gobierno argentino había enviado los fiscales a Miami con la intención de llevarse a López Rega si después no podrían proseguir la acción penal en su territorio. Los fiscales explicaron que en realidad el beneficio de la Ley de Reparación Histórica era sólo para la ex presidenta, lo cual otorgaba un margen a Ortiz Almonacid para discutir su constitucionalidad en la audiencia. Pero al juez le pareció demasiado complejo involucrarse en ese asunto.
—Lo voy a resolver de una manera práctica —dijo, con tono expeditivo—. Ustedes se llevan al acusado a la Argentina y después vean si lo pueden juzgar o no.
Antes de dar su dictamen, el juez confesó que el caso le había resultado fascinante por los difíciles problemas que planteaba y también por la personalidad del acusado. Consideró que las pruebas presentadas por el juez Archimbal eran válidas y que López Rega merecía ser juzgado en su país. "La atmósfera política que rodeó los hechos no elimina su carácter de crímenes comunes, confabulación, asesinato y malversación de fondos públicos", dijo.
Al escuchar el dictamen, Ortiz Almonacid y Fors corrieron hacia su defendido y lo sostuvieron, ante el temor de que se desmayara.
López Rega permaneció otros cuarenta y cinco días en la prisión, a la espera del resultado de una apelación a un Tribunal Superior del estado de Atlanta. La había presentado Fors. Pero el recurso no prosperó. El 3 de julio de 1986, el secretario de Estado norteamericano, George Shultz, anunció que López Rega sería extraditado a la Argentina. Cuatro policías argentinos viajaron a Miami para custodiar su regreso. La noche siguiente, López Rega se subió a un vuelo de la línea Eastern, proveniente de México, con destino a Buenos Aires. Su presencia empañó la alegría de los turistas argentinos, que volvían al país luego de asistir al triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol de 1986. Verlo les erizó la piel. El hombre que subió al avión era el fantasma de un pasado horrible que había revivido, y que daba un paso tras otro hasta ocupar una butaca. Algunos pasajeros reaccionaron de inmediato y pidieron que se lo expulsara de la nave: no estaban dispuestos a seguir viaje junto con un asesino; otros temían que el avión explotara en el aire. En cambio, un señor, tímido, se acercó a él y le pidió tomarse una foto. López Rega se negó. Estaba rodeado por los comisarios Osvaldo Guevara y Juan Carlos Raffaini, el inspector Alejandro Di Nizo y el subinspector médico Eduardo Cappa. A esos custodios, López Rega les dijo que era una exageración que lo mantuvieran esposado durante el viaje. Después de todo, estaban frente a un camarada. Y empezó a recordarles todo el equipamiento médico que durante su gestión había conseguido para el hospital policial Churruca. Por momentos se internaba en sensaciones muy íntimas con respecto a la Argentina. Estaba ansioso por volver a su país, porque decía amar a la patria como nada en el mundo, pero a la vez sentía que la patria no lo había sabido valorar y le había dado la espalda. Y eso le causaba mucho dolor.
López Rega aterrizó en el aeropuerto de Buenos Aires en un mediodía brumoso. Un camión celular lo trasladó a la Unidad Carcelaria 22, en el centro de Buenos Aires. Se sentó en la misma cama que unos meses atrás ocupara el dictador Jorge Rafael Videla, y esperó tres días hasta que llegó el momento de la declaración indagatoria.
La elección de los nuevos abogados de su defensa estuvo sujeta a una situación controversial. Mientras Norma López Rega y Conti llevaron a la primera indagatoria al letrado Pedro Bianchi, López Rega había firmado la designación de los integrantes del estudio Álvarez & Núñez Irigoyen como sus abogados.
López pidió saber de qué se lo acusaba. Tuvo respuesta: causa 6511: asociación ilícita, homicidio agravado (reiterado en seis oportunidades); causa 3442: malversación de fondos equiparable a caudales públicos (reiterada en diez oportuni-dades); causa 9021: malversación de caudales públicos (reiterada en cinco oportunidades).
En la causa de la Triple A, le preguntaron por su custodia. López Rega dio una respuesta general:
—Mi custodia era la tradicional que tenían todos los ministros, un servicio común de vigilancia organizado directamente por la policía. Yo era totalmente ajeno a dicha organización.
Le preguntaron si tuvo conocimiento de la Triple A.
Dijo que tuvo conocimiento como cualquier ciudadano, a través de las informaciones periodísticas, nada más. Le insistieron si había sabido algo más por el cargo que él revistió.
—Jamás. No tenía tiempo de ocuparme de temas que no correspondían a mi gestión. Digo, a la Nación.
Primer error. El juez Archimbal recordó la carta en la que, a partir de la denuncia del teniente Segura, López Rega había tomado conocimiento de las actuaciones por la investigación de las AAA, y solicitó al ministro Savino que pusiera al corriente a los comandantes militares de lo investigado. Sus nuevos abogados defensores, Eduardo Álvarez e Ismael Núñez Irigoyen, pidieron un cuarto intermedio a fin de asesorarlo. Cuando volvió, López se negó a declarar. Después fue al otro juzgado a declarar por la causa de fondos reservados. Se abstuvo de responder a varias preguntas. Su abogado comentó que a su defendido le dolía la cabeza y que no podía coordinar bien sus ideas. El acto se suspendió. Al día siguiente, los dos jueces convirtieron su detención en prisión preventiva.
Mientras en la causa de la Triple A se seguían acumulando testimonios en su contra, López Rega se fue acostumbrando a su nuevo habitat: una cama, una mesa de luz, una pequeña biblioteca que albergaba la Biblia y a la que agregó algunos libros esotéricos, y un televisor. María Elena Cisneros viajó a Buenos Aires en dos oportunidades para verlo en la prisión, pero la madre de ésta, Lucía, lo visitó en forma más asidua para hacerle masajes en los pies, a fin de que no perdieran movilidad.
Durante la primera semana de agosto, López fue examinado por María Amalia Cejas de Scaglia y María Adela Álvarez Estrada, psicólogas del Cuerpo Médico Forense. Realizaron tres sesiones. En el primer momento, se congratuló de la visita de dos mujeres "tan jóvenes y lindas". Parecía adaptado a la situación carcelaria, sumiso y dócil, incluso alegre, desplegando su encanto e ingenio con lenguaje florido. Pero de golpe pasaba al llanto con una facilidad extrema, haciendo alarde de una fina sensibilidad. Las psicólogas sospecharon que esa "hiperdemostrabilidad dramática", esa aparente espontaneidad y bondad, eran procedimientos engañosos para ocultarse. Cuando se lo inquiría con mayor rigor, López se ponía en alerta y a la defensiva. En ningún momento daba una respuesta que permitiera obtener infor-mación acerca de quién era realmente. Se mostraba ajeno a los expedientes, a los jueces, a la propia cárcel. Su condición de mago —explicó— lo ponía en un lugar más trascendente, por encima de la realidad. Ni siquiera encerrado podían tenerlo prisionero.
—El mundo no entiende lo grande que soy —dijo.
Las psicólogas observaron que podía cambiar de conducta con facilidad y comportarse de un modo agresivo. López se negó a realizar dibujos en un papel y a que su grafía fuera sometida a una evaluación. Con amabilidad impostada o mostrando una frialdad extrema, buscaba controlar la situación y llevarla hacia donde él quisiera. Antes de despedirlas por última vez, se mostró un poco inquieto: "¿Qué van a escribir?", les preguntó.
Las psicólogas hicieron su diagnóstico: López Rega no había querido cooperar, era narcisista, tenía ideas de grandeza, fabulaciones egocéntricas, una sensibilidad aguda pero superficial, era ambicioso intelectualmente, su conexión con la realidad era evasiva y poco analítica, tenía un manejo mágico que la desfiguraba, y una modalidad psicopática con rasgos paranoides. Pero nada de esto alteraba su sistema racional. Tenía capacidad de delinquir.
Durante un tiempo, López Rega compartió la cárcel con el general peduista Carlos Suárez Mason, que era juzgado por sus crímenes en el Cuerpo I de Ejército. Había permanecido prófugo durante casi tres años. Otro de sus compañeros de prisión fue el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, que después de su paso por "grupos paralelos" de la SIDE durante la dictadura y de realizar operaciones de "contrainsurgencia" en Nicaragua, escandalizó a la democracia cuando se supo que formaba parte de la custodia del presidente Raúl Alfonsín. Una tarde, Guglielminetti entró en la celda de López Rega. Cuando lo vio sentado en la cama, en pantalones cortos y camiseta, se sintió impulsado a sobrevolar los recuerdos de aquella época: le contó la historia de un operativo, luego de otro. López Rega lo miraba impasible.
—¿Se acuerda, jefe? —le preguntó el agente.
—Por qué me dice jefe, si yo no lo conocí... —respondió López.
En ese tiempo a Perón le cortaron las manos con una sierra y le dejaron mutilados los brazos a la altura de la manga del uniforme militar. Los profanadores trabajaron varios días en su bóveda del cementerio de la Chacarita. Las hipótesis acerca de las motivaciones eran diversas: venganza masónica, práctica ocultista, el número de una cuenta en Suiza grabado en su anillo, complot político contra la democracia. Un secretario del juzgado visitó a López y le preguntó si la profanación de la tumba era parte de un mensaje esotérico, pero se fue sin respuestas. Con el paso de los años, tampoco las tendría la Justicia. López Rega también recibió en su celda a Joaquín José Andrade. Era una visita internacional. Andrade vivía en el Brasil y le debía gratitud eterna. En 1974, en el alto Amazonas, Andrade se dedicaba a extraer el jugo de la raíz de un vegetal que provocaba alucinaciones. Hacía elevar mente y espíritu, y dejaba el cuerpo en la tierra. El jugo le hacía ver la vida de otra manera. Por entonces tuvo una visión y recibió un mensaje divino que le ordenaba ver el cadáver de Evita. Había una pista: la única manera de acceder a ella era a través de un argentino y un brasileño. Lo fue a ver a Ferreira a la agencia de noticias Télam de Río de Janeiro y le rogó que lo autorizara a cumplir con la orden. Ferreira se comprometió a hacer gestiones ante López Rega. Finalmente, Andrade consiguió una carta escrita y el Gordo Vanni, que vivía con el cadáver de Eva en Puerta de Hierro, lo puso frente a ella. Andrade no se olvidaba de ese gesto, y le acercó a la prisión el té de las alucinaciones, pero López se negó a tomarlo.
Al año y medio de su detención, la causa de la Triple A clausuró la etapa sumarial y Aníbal Ibarra presentó la acusación de la Fiscalía. Pidió cadena perpetua para López Rega por considerarlo "autor mediato" de los seis crímenes que se le imputaban. Se basó en la teoría del "dominio de hecho", que planteaba que si bien no había pruebas concretas de que el acusado saliera personalmente a matar, al dirigir un aparato organizado de poder, dominaba todos esos sucesos, y por lo tanto era penalmente responsable. Incluso Ibarra marcaba la posibilidad de que López Rega no conociera a los ejecutores: le bastaba con controlar los resortes del aparato.
En este punto de la acusación, López Rega sintió que tenía las manos atadas. Les explicó a sus abogados que en realidad era su custodia la que, al estar bajo sospecha, perjudicaba su situación legal. Un día les comentó que se podría convocar a un comisario para que deslindase responsabilidades, pero enseguida se arrepintió: era mejor no avivar el fuego. "Nadie va a tener ganas de reflotar cadáveres", dijo. Luego pensó en otra vía menos traumática y pidió a sus abogados que hablaran con Isabel Perón para que ella intercediera ante Alfonsín para darle una salida política a su caso. Sus abogados no realizaron ninguna gestión. Les parecía un camino estéril. Si bien la causa de la Triple A era la que planteaba la defensa más complicada, en las otras sus abogados creían contar con mejores armas.
Con el paso de los meses en prisión, López ya parecía resignado a morir en la cárcel. Sus problemas de salud se fueron agravando. Pese a su diabetes grave, a sus recurrentes crisis hipertensivas agudas, a las complicaciones neurológicas, oftálmicas y renales, a los dolores epigástricos y a los temblores generalizados y los vómitos con los que ensuciaba su celda, siempre se mostró reticente a concurrir a los hospitales. Decía que estaba bien. Su resistencia también estaba focalizada en la figura del doctor Norberto Rubinstein, el jefe del centro médico de Tribunales. Decía que temía que lo perjudicara con algún medicamento. Estaba convencido de que quería matarlo, aunque nunca lograba explicar bien por qué.
En mayo de 1988, López Rega aceptó ser trasladado al Hospital de Clínicas, frente a la Facultad de Medicina. En la prisión se había descompensado. Entró en silla de ruedas, y lo condujeron en el ascensor hasta el piso once. Fue cuestión de minutos que en el pasillo no se topara frente a frente con Vanni. Al Gordo lo acababan de trasladar para el Hospital Italiano en una ambulancia. Había sufrido una insuficiencia cardíaca y debían intervenirlo de urgencia.
Para esa época, Vanni estaba sufriendo mucho. Ya disfrutaba de los beneficios de la legalidad, pero le costaba volver a entender cómo funcionaban algunas cosas en el presente. Había llegado de España con un papel oficial de la empresa Codere, que lo autorizaba a vender máquinas tragamonedas. Ahora que había llegado la democracia, se había propuesto hacer las cosas por derecha, con papeles, todo bien ordenadito. Y comenzó a contactar a intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires para ver la forma de ubicar las máquinas. El principal escollo que encontró fue que el juego funcionaba en la ilegalidad, amparado por los municipios.
Con el paso de los meses, los procesos judiciales de López Rega fueron cayendo en el olvido. No había documentación nueva ni informes ni pericias a realizar. En enero de 1989, por la causa de la Cruzada de la Solidaridad, luego de catorce años de tramitación judicial, el juez le dictó el sobreseimiento definitivo. Pero no salió en libertad porque mantenía la prisión preventiva en las otras dos causas.
—¿Hasta cuándo hay que estar "expectante"? ¿Qué debemos esperar? —preguntaba la defensa en sus escritos.
El detenido desmejoraba en forma ostensible. A principios de junio de 1989, su cuadro de diabetes se había agravado. Lo internaron en una clínica de Saavedra, cerca de las calles en que había vivido casi medio siglo. Los médicos le practicaron un tratamiento de diálisis. También tenía un edema ocular. Estaba casi ciego. Buba Villone fue a visitarlo. Lo vio demacrado y sin fuerzas.
—¿Qué te pasa? ¿Te estás entregando?
—Me parece que me están dando algunas cosas. Quieren terminar conmigo. Me acusaron de todo. Todo el peronismo va lavar sus culpas conmigo.
—Nunca debías haber abandonado la casa de Victoria —dijo ella.
López lloró. Le pidió un favor. Sabía que Isabel Perón estaba de paso por Buenos Aires. Quería que lo visitara en la clínica; quería verla, hablarle. Al día siguiente supo que la ex presidenta tenía otros compromisos.
López se sintió afectado por la noticia. Buba le tendió su mano. Ella estaba sentada en una silla, él acostado en la cama. Hablaron de María Elena Cisneros. López dijo que había pasado muy buenos momentos junto a ella, y que estaba orgu-lloso de haber merecido su compañía. En la cárcel tenía las grabaciones de sus discos y se las hacía escuchar a quienes lo visitaban. Ella lo había cuidado. Lo había redimido.
—Con ella hice el amor después de mucho tiempo. La amé mucho —confió.
Buba y López, ya casi ancianos, estaban entrando en un mar de confesiones. Se conocían desde hacía casi cuarenta años. A pesar de que Buba era más joven, se sentía su hermana mayor. Le preguntó por Isabel:
—¿Tuviste alguna intimidad con ella?
—No. Nunca. Te juro que no. Si hubiera tenido necesidad de hacerlo por la patria, lo hubiera hecho. Pero no hubo necesidad.
Se quedó callado, y giró la cabeza para mirarla. Sus ojos ya no tenían brillo. Estaban secos.
—A vos, en cambio, te amé toda mi vida en silencio. Desde el primer día en que te vi.
—¿Por qué nunca me lo dijiste?
—Porque eras la mujer de un hermano. Te lo puedo decir ahora que él está muerto —dijo, y cerró los ojos poco a poco.
Según consta en el acta de defunción, José López Rega murió a las 7.55 del 9 de junio de 1989 de una congestión y un edema agudo de pulmón, en presencia de Buba y de su hija Norma. Su último deseo fue que su cuerpo fuera cremado y sus cenizas lanzadas al mar, para que su espíritu pudiera regresar al universo astral. En el momento de exhalar el último suspiro, el juez Martín Irurzun aun no había dictado sentencia por la causa en la que tenía una prisión preventiva y un pedido de la Fiscalía de prisión perpetua por seis homicidios. Luego de casi catorce años de proceso, once de los cuales estuvo prófugo de la Justicia, José López Rega murió sin condena. No murió inocente. Murió sin ser juzgado. Quizá porque, si se horadaba un poco en su memoria, o si se tocaba una cuerda muy profunda del fondo del alma de aquellos años, se hubiera llegado a la conclusión de que la Triple A fue algo más que la criatura siniestra de un sargento de policía que soñaba con cantar en La Scala. Fue un aparato de represión ilegal, conformado por distintos sectores, que tuvo su origen y su base de apoyo y de ejecución en el Estado peronista de la década de los setenta.
A más treinta años de consumados los hechos, las desapariciones forzadas y los crímenes cometidos por la Triple A durante el gobierno constitucional (1973-1976) continúan impunes.

1 Esta vez, su alta exposición mediática ocasionaría algunos perjuicios a Kelly. Una semana después de mostrarse en Miami, el ex juez Pedro Narvaiz presentó un escrito en el juzgado de Archimbal donde hacía notar la incongruencia que suponía que el mismo querellante de la causa de la Triple A fuese también un sospechado de integrar esa organización en sus orígenes, y adjuntaba como elemento de prueba un artículo de la revista El Porteño del 27 marzo de 1984.

2 En esa época declaró el ex jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Jorge Felipe Sosa Molina, quien había desarmado a los miembros de la custodia de López Rega, el día en que éste debió marcharse a España, en 1975. Sosa Molina empezó recordando la visita del teniente Segura a la redacción de la revista El Caudillo y las tramitaciones posteriores que motivaron la investigación de la denuncia. También dijo que en varias oportunidades los autos de la custodia personal de López Rega entraban a la residencia de Olivos cargando panes de trotyl en los baúles, y que varias veces se los había incautado. Entendía que no respondían a fines defensivos sino a propósitos diferentes. Sosa Molina mencionó a Almirón, Rovira y Morales como algunos de los miembros de esa custodia. Decía que entraban y salían en distintos móviles en horarios nocturnos y sin el ministro. También refirió un diálogo con López Rega en presencia de la presidenta Isabel Perón y en relación con la muerte del hijo del rector Laguzzi de la Universidad de Buenos Aires, por un atentado atribuido a la Triple A. El ministro López Rega manifestó que a las personas con tendencias izquierdistas había que tratarlas de ese modo porque hacían un mal al país y sobre todo a la juventud. El ex jefe de Granaderos rebatió esa afirmación e Isabel intentó conciliar la ríspida situación. Luego de Sosa Molina, también declaró Jerónimo Podestá, ex obispo de Avellaneda, quien dijo que había sido amenazado por la Triple A y que pudo corroborar que ésta tenía vinculación con el Ministerio de Bienestar Social, según los dichos de una persona que le informó que desde allí partían los operativos de esa organización. También refirió que, en un viaje a Francia, un entonces gerente de Aerolíneas le manifestó que había tenido que reservar cuarenta plazas para agentes de origen croata contratados para la Argentina y que según él trabajarían a las órdenes del comando de la Triple A. Este contingente viajó a la Argentina después de la muerte de Perón.

3 En el caso de los fondos reservados, los abogados argumentaron que a Isabel Perón se le había aplicado la Ley de Reparación Histórica en la que se le reconoció una serie de beneficios patrimoniales, en tanto que a López Rega se lo juzgaba "con una severidad inusitada" por la misma causa. Consideraban que era una "desigualdad ante la ley". Después de muchos meses de silencio, el ex ministro declaró por escrito en esa causa, en la que cargaba con una prisión preventiva. Se encontraba en la encrucijada de declararse inocente y a su vez no comprometer a Isabel Perón, y resolvió el problema alegando que si bien era cierto que él le pedía dinero a la presidenta de los fondos reservados, no disponía de ellos, puesto que el que los retiraba era Carlos Villone. En este punto no tuvo escrúpulos: aconsejó consultar sobre el tema directamente con el aludido. Sobre el millón y medio de pesos —150.000 dólares— que en una oportunidad retiró de esa cuenta, dijo que al ser una suma extraordinaria, la retiró él mismo, firmó el recibo que se encontraba en el expediente, pero que inmediatamente le dio el dinero a la presidenta. Aclaró que ese dinero la Señora lo utilizó para la construcción de la cripta donde descansarían los restos de Perón y Evita en la residencia de Olivos —en realidad habían sido pagados con un cheque de la Cruzada de la Solidaridad—. Enseguida López se preocupó por reafirmar la honestidad de Isabel en el manejo de los fondos reservados o públicos y dijo que si lo iban a indagar acerca de lo que hacía la Señora de Perón con esos fondos, "prefería purgar una injusta condena que por ese hecho se le quisiera aplicar, a revelar delicadas cuestiones que adquiriera en el desempeño de sus funciones de secretario privado, puesto que juró desempeñarlo con fidelidad y lealtad. Sólo su jefa, la Señora ex presidenta, podría relevarlo de seguir cumpliendo con esa, su eterna obligación". Cuando la Sala I de la Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva por malversación de fondos reservados, visto lo endeble de sus explicaciones, López Rega intentó recusar a sus integrantes —León Arslanian, Ricardo Rodolfo Gil Lavedra y Diego Cámara— ante la sospecha de que fuesen "imparciales" por haber jurado acatamiento a los objetivos básicos de la Junta Militar y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. Lo mismo hizo con el fiscal Julio César Strassera. A esas alturas, López Rega era el único procesado de una causa en la que no se había condenado a nadie, y en la que los procesados ya habían sido sobreseídos.

4 Para conocer el mercado, Vanni fue de visita por bares y pizzerías del partido de La Matanza. Allí observó que en los fondos de los locales había máquinas para el juego. Le pareció que era una situación anómala. Cuando se entrevistó con el intendente peronista que gobernaba el municipio, Federico Russo, éste le explicó que le había dado el manejo del juego ilegal a la policía provincial. Prefería eso antes de que manejaran la droga, le dijo.
Como el mercado del juego ya estaba ocupado, Vanni no pudo colocar ninguna de las máquinas tragamonedas, como aspiraba. Murió a los 60 años, en 1993, después de una intervención al corazón en el Hospital Güemes de Buenos Aires.

5 Según cita Juan Gasparini en el libro La fuga del Brujo (Buenos Aires, Norma, 2005, pág. 137), María Elena Cisneros vive en el barrio Jara de la ciudad de Asunción del Paraguay, donde fundó un Centro Pedagógico Musical.

["Acorralado" y "El fin" son los últimos dos capítulos de "López Rega. El peronismo y la Triple A", de Marcelo Larraquy, © Punto de Lectura Argentina S.A., 2007].

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El primer atentado de la Triple A

Por Juan Gasparini. Autor de La fuga del Brujo
contacto@miradasalsur.com

La organización se hizo conocer con una explosión en el auto de Hipólito Solari Yrigoyen, que se salvó de milagro.

En su libro La fuga del Brujo, el periodista Juan Gasparini reconstruye el primer atentado con el que se hizo conocer la triple A. Fue la explosión que casi le costó la vida a Hipólito Solari Yrigoyen, en 1973. Desde el 2008, Solari Yrigoyen preside la Convención Nacional de la UCR, partido del que fuera senador nacional por la provincia de Chubut cuando voló por los aires al querer poner en marcha su Renault 6, en la cochera de su casa de Marcelo T. de Alvear 1276. “‘Mientras usted saca el auto yo voy a comprar cigarrillos’, le dijo su asistente en el Congreso, Jorge Lannot. El vehículo ‘explotó con un ruido infernal y una espesa nube de humo, que había causado una bomba conectada al arranque’, incendiándose, ‘y sin perder el conocimiento alcancé a salir de sus restos y a dar unos pasos hasta caer desangrado al piso como consecuencia de graves heridas’, rememora Solari Yrigoyen. A duras penas inició ‘un largo drama que me condujo por seis intervenciones quirúrgicas y a obligarme a movilizarme sucesivamente con sillas de ruedas, muletas y bastón y a seguir una lenta y larga recuperación’”. A continuación, un fragmento del capítulo La galaxia de las Tres A:

“(…) Para Hipólito Solari Yrigoyen, el ministro López Rega fue ‘la cara visible de la Triple A, acompañado por varios policías retirados de su confianza, pero sería una ingenuidad creer que en él se agotaban las responsabilidades del terrorismo de ultraderecha’. A su entender ‘detrás de él estuvieron militares, matones sindicales, delincuentes comunes y, principalmente, los servicios de informaciones’, con sus especialistas ‘para los espionajes y las ejecuciones y con sus técnicas, entre las que se contaba una permanente campaña macartista de calumnias para hacer aparecer como comunistas, zurdos, violentos, guerrilleros o cualquier otra cosa, a todas sus víctimas y para descalificar con los más bajos recursos a quienes desde su enfoque extremista, consideraban sus enemigos’”.

Miguel Radrizzani Goñi, cuya denuncia desencadenara la causa judicial de las Tres A, cree “que Lopecito juntó a cuanto delincuente andaba suelto (y si era con chapa, mejor) y los puso a trabajar en lo que él quería, que no era más que su espacio político, todo lo demás es sanata”. Si estos dos abogados defensores de presos políticos englobaban a la Side en el esqueleto de la AAA, debe saberse que sus archivos han enmudecido. Cuando en 2003 el presidente Néstor Kirchner puso fugazmente al frente a Sergio Acevedo, el Secretario de Inteligencia tuvo a bien desclasificar para este libro la documentación obrante, y sólo había copias de algunas denuncias de los que la sufrieron, y ciertos comunicados esporádicos de los que las celebraron, mucho menos que en las hemerotecas de los diarios. Sin embargo, algunos de los capítulos más sangrientos de las Tres A están en las vísceras de la Side. Su ADN se corporiza en la segunda mitad del sumario 6511, finalmente en las manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien sopesa el dilema que hay causas que languidecen hasta morir y otras que nunca mueren, una causa de prueba difícil, para uno de los abogados que abrillantaran la acusación, Eduardo Luis Duhalde.

En el organigrama de Horacio Paino se preveía que el Ministerio de Bienestar Social, bajo dominio del Brujo, se entroncaba para matar con las bandas de la UOM y de la CNU, sin mencionar a la Side. Pero las bisagras se atornillaron en 1974 cuando la Side fue limpiada de izquierdistas, y entraron a tallar dos supervivientes de la camada que hizo carrera en las Fuerzas Armadas con el golpe de Estado de 1955 que tumbó a Perón, el mayor Mateo Prudencio Mandrini, y el vicecomodoro Rodolfo Lorenzo Schilizzi Moreno. La orden debió venir de la Casa Rosada o del Edificio Libertador, porque una de las nuevas células de la Side se puso a operar con la cuadrilla de la UOM. La entrada en escena de este novedoso aparato de inteligencia de la Presidencia de la Nación, le convenía al Brujo, en pleno idilio con Lorenzo Miguel, para destruir a la tendencia revolucionaria del peronismo de la JP y los Montoneros, y también a la izquierda no peronista, que venían de ser socavados con la nueva ley de asociaciones profesionales y con las reformas al Código Penal que obligaron a renunciar a los diputados de la JP. Y le convenía a las Fuerzas Armadas, cuyo interés iba de suyo, pues drenaba de subversivos que inexorablemente deberían liquidar en el cercano futuro de 1976. Ese destacamento de la Side, conformado por individuos de formación ultranacionalista, tenía un apoyo logístico en una casa de la calle Billinghurst de Buenos Aires. Al nuevo pelotón, lo dirigía el agente Aníbal Gordon, reclutado por la inteligencia gubernamental después de que recuperara su libertad en 1973 debido a la amnistía decretada por el presidente Cámpora, o quizás en pago de ello al ser un delincuente común con un pasado teñido de nacionalista pero que estaba preso desde 1967 por asaltar un banco en Bariloche. No obstante, lo que empezó como un romance matando bolches terminó en una trifulca descomunal matándose entre ellos, infectando la causa 6511.7

Sería un despropósito pensar que desde la Side se crearon grupos inscriptos en la nebulosa de las Tres A para pelearse con otros que se escudaban en la misma sigla y atacaban blancos similares o equivalentes. Pero conociendo los nombres y apellidos y el pedigrí de los integrantes de las tropas de Lorenzo Miguel y la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que fueron saliendo a la luz pública, especialmente tras la masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973, sus niveles de formación, apetitos y moral, no es difícil intuir los roces y arbitrariedades que fomentarían rencillas internas y arreglos de cuentas entre ellos por fuera del enemigo compartido que los aglutinaba, conflictos normales en ese tipo de parentela, aceptando que no se les da licencia para matar a granel por la calle a educados universitarios, temerosos de Dios y de la ley. Tal vez la maniobra de la facción de Aníbal Gordon fue envolvente y en dos tiempos. Primero se presentó en la casa de la calle Billinghurst para hacer un trabajo conjunto con los bandoleros de la UOM y, de paso que se satisfacían intereses comunes, tener controlada la pandilla de Lorenzo Miguel y, segundo, decidir el momento de masacrarlos si dejaban de servir a los fines de la Side.

Hacia octubre de 1975, las operaciones conocidas de la AAA decayeron. Los homicidios más resonantes atribuidos al sector de los secuaces del sátrapa metalúrgico ya habían tenido lugar (Ortega Peña,  Atilio López,  Julio Troxler,  Silvio Frondizi y Juan Varas). En las postrimerías de 1975 los objetivos de la Side fueron dejando de ser los del gobierno de Isabel y pasaron a ser los del Ejército. Como se ha visto, Videla conquistó la jefatura del Estado Mayor Conjunto el 4 de julio de 1975 y al acceder a la comandancia en Jefe del Ejército al mes siguiente, sacó al general Otto Carlos Paladino de la dirección de inteligencia del arma, para que continuara en la Side su labor de control de los miembros del Gobierno y la sociedad civil. Éste reemplazó sigilosamente al vicealmirante Aldo Peyronel y puso en cintura a la AAA, que progresivamente cesó de operar, disciplinándose en función del monopolio de la violencia que necesitaba la Junta Militar del golpe de Estado que sobrevendría el 24 de marzo de 1976.”.

13/11/11 Miradas al Sur

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Felipe Romeo: El muerto que está solo y espera

03/05/09

Felipe Romeo, el vocero de la Triple A, murió de sida. Nadie reclama su cadáver. Fanático de Hitler, admiraba a la Legión española, cuyo himno es Soy el novio de la muerte. En esa tónica, la obscena celebración del asesinato del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña por el semanario que dirigía hicieron que la Cámara de Diputados debatiera sin éxito su arresto.

Felipe Romeo fue a López Rega lo que Goebbels a Hitler. Sus notas eran virtuales sentencias a muerte.

Por Juan José Salinas
lesahumanidads@miradasalsur.com

Fue un prófugo con muy buena suerte. A fines de 2006, al reabrir la causa sobre la Triple A, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó su captura. A partir de entonces, su paradero fue un enigma. Y se conjeturaba que estaba en el exterior. Luego se supo que se había establecido en la ciudad brasilera de Florianópolis. En los primeros días de enero fue repatriado por sus familiares con un gravísimo cuadro de sida, quedando bajo arresto en el Hospital Fernández. Pero él no llegó a enterarse de su nueva situación, dado que ya se encontraba en estado de coma. Felipe Romeo, el otrora temible director de la revista El Caudillo, exhaló su último suspiro hace un mes. Sin embargo, los suyos no reclamaron su cadáver, el cual aún yace en una heladera del citado nosocomio.

Es improbable que Romeo haya sido uno de los jefes militares de la Triple A, a la que se le atribuyen unos 1.500 crímenes cometidos entre fines de 1973 y 1976. Pero no hay dudas de que fue su vocero, en total sintonía con su líder, José López Rega.

El nexo entre ellos fue el vocero del Ministerio de Bienestar Social, Jorge Conti, un antiguo movilero de Canal 11, quien terminó casándose con la hija del Brujo, siendo Romeo uno de los testigos de la boda.

A pesar de que le gustaba presumir de su Magnum 44, Romeo no tenía agallas para la acción. Fanático de Hitler, admiraba a la Legión española, cuyo himno es Soy el novio de la muerte. En esa tónica, la obscena celebración del asesinato del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña por el semanario que dirigía hicieron que la Cámara de Diputados debatiera sin éxito su arresto. Que ahora su cadáver lleve casi un mes en una morguera sin que nadie lo reclame es algo así como una paradoja del destino.

Prófugo, Romeo se escondió en Florianópolis, a donde solía visitarlo su amiga y socia, Carolina Rojo. Se dice que la Secretaría de Inteligencia y la Policía Federal lo tenían ubicado. Por ello es incomprensible que nunca hayan intentado detenerlo. Al ser dejado en el Fernández, presentaba una aguda deficiencia respiratoria, por lo que fue entubado en la sala de terapia intensiva y atiborrado de antibióticos.

A los 70 años, poco y nada quedaba en su rostro de sus facciones armoniosas; consumido por el sida, con un ojo desfigurado por el golpe de un policía (del que, más tarde, dicen, se hizo amigo) y con las neuronas estragadas por su adicción a la cocaína –cuya comercialización le valió dos detenciones–, aquel tipo sadomasoquista y perverso hacía mucho que se había convertido en un personaje estrafalario y bizarro. Tanto que solía jactarse de la ferocidad y obediencia de su perro, al que le ceñía la cartuchera con una pistola para desenfundar el arma y pavonearse ante sus amistades de la rapidez de esos movimientos.

Quien desconoce su pasado sólo podía ver en él a un misántropo paranoico que gustaba encerrarse en un búnker dotado de puertas blindadas, cámaras de video y sofisticados sistemas electrónicos de seguridad. Y que apenas salía para participar en la restauración de algunas cúpulas, actividad que compartía con la señora Rojo y con un arquitecto especializado en conferirles un aspecto “a lo Gaudí”.

Un quehacer, por cierto, que –según sospechan algunos– le servía para lavar dinero procedente de uno de los principales bancos estadounidenses, de muy antigua radicación en Argentina, cuyos antecedentes en esa tarea lo hizo merecedor de varias investigaciones en los Estados Unidos.

Un muchacho de barrio. Romeo nació en Italia, se naturalizó argentino, hizo la colimba en la Fuerza Aérea, pasó por Tacuara y se unió a su escisión ultraderechista, la Guardia Restauradora Nacionalista, cuyos vasos comunicantes con la Iglesia preconciliar y el servicio de informaciones de la PFA eran harto evidentes. Vecino de Florencio Varela, comenzó a editar El Caudillo con el auspicio de Bienestar Social en 1973, justo cuando la Triple A inició sus acciones con un atentado explosivo de neta factura policial al senador Hipólito Solari Yrigoyen, que resultó gravemente herido.

En enero de 1974, se hospitalizó con un balazo en el muslo tras un confuso episodio en el que denunció haber sido tiroteado cuando manejaba su Fiat 128 cerca de su casa. Dijo que había repelido la agresión a tiros, luego de parapetarse tras un árbol. Para entonces, Desde El Caudillo (y particularmente en una sección llamada imperativamente ¡Oíme!) marcaba impunemente a quienes muchas veces eran luego asesinados por la Triple A.

Romeo dirigió la revista durante el apogeo de la Triple A. En esos días, los Montoneros mataron al comisario Villar –uno de sus jefes– tras colocar una bomba en su yate en un apostadero del Tigre. Eso fue en noviembre de 1974. En marzo de 1975, dos oficiales del Ejército que investigaban a la Triple A –el teniente coronel Martín Rico y el coronel retirado Jorge Oscar Montiel– fueron eliminados, todo indica que por orden de la propia Inteligencia del Ejército, que estaba colonizando la Triple A.

Montiel había sido puesto al frente de la Superintendencia de Seguridad Federal (la vieja Coordinación Federal) por Perón, pero había renunciado en enero de 1974, luego de enfrentarse con Villar –por entonces subjefe de la PFA– a causa de la tortura y asesinato de dos de los asaltantes del cuartel de la ciudad Azul, llevados subrepticiamente sin su conocimiento al lúgubre edificio policial de Moreno 1417.

Un mes después, un capitán de Granaderos, Juan Segura, golpeó la puerta de la nueva y paqueta redacción de la revista en la avenida Figueroa Alcorta y, so pretexto de un desperfecto mecánico, logró ser invitado a entrar por custodios armados, quienes le enseñaron, ufanos, un arsenal. El informe firmado por Segura inició un dossier sobre la Triple A que el Ejército entregó, entre otros, a políticos de la oposición radical y del cual, que se sepa, no se conservan copias. Segura murió en 1979 cuando su paracaídas no se abrió durante unos ejercicios bélicos realizados en Córdoba.

Todo marchó bien mientras se mantuvo la alianza de López Rega con los sindicatos que cofinanciaban la revista. Pero cuando a mediados de 1975, la movilización gremial desbancó a López Rega, obligándolo a marcharse del país, en la quinta de Olivos los Granaderos desarmaron a sus custodios y, de paso, también a los de María Estela Martínez, que ya era virtual prisionera en jaula de oro de los comandantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, Ramón Morales, Eduardo Almirón y Miguel Ángel Rovira, entre otros homicidas, acompañaron a López Rega al exilio madrileño, comienzo de su accidentado periplo como “embajador plenipotenciario”.

Entonces, Romeo se escondió, pero en octubre de 1975 reapareció para relanzar la revista, invocando obediencia a la Presidente y ansias de acompañar las operaciones de aniquilamiento de la guerrilla que el Ejército había iniciado en Tucumán.

Para entonces, las Triple A habían pasado a ser –como decía Rodolfo Walsh– “las Tres Armas”. Particularmente, un coto del Ejército, como lo había sido desde siempre su rama cordobesa, llamada Comando Libertadores de América.

Triste, solitario y final. Tras el golpe, Romeo se exilió en España. Pero regresó a la Argentina de la mano del general Ramón Camps, quien siempre se jactó de haber decidido la muerte de miles de prisioneros desaparecidos cuando era jefe de la Policía Bonaerense. Con él, Romeo formó la editorial Roca ( Romeo-Camps) que publicó los panfletos con los que Camps pretendió justificarse.

Romeo intentó, en 1982, una efímera resurrección de El Caudillo, después tuvo una heladería y dicen que también un prostíbulo en sus pagos de Varela. También se habría especializado en truchar tarjetas de crédito. Lo cierto es que fue detenido dos veces por vender cocaína, una de ellas en un boliche de la calle Gascón cuando tenía encima 110 gramos. Y que hacía rato parecía acabado.

El Chango Morales murió octogenario en el Hospital Churruca. En cuanto a Almirón, luego de sufrir un nuevo accidente cerebrovascular el pasado fin de semana, fue trasladado no a ese hospital policial, sino, curiosamente, al Ramos Mejía. Entre el personal del Ramos Mejía hubo siete desaparecidos durante la dictadura, en cuyo honor funciona una Comisión de la Memoria. Esa comisión organizó el miércoles un ruidoso escrache de protesta por la presencia del represor. A pesar de que un despacho de la agencia DyN anunció su realización, a pesar de que Crónica TV acudió con sus cámaras y registró la protesta, las imágenes no fueron emitidas, y ningún diario informó nada al respecto. Una de las médicas que organizó el escrache reveló indignada a Miradas del Sur que Almirón parecía tener dificultades para hablar pero sonrió cínicamente al alcanzarle un papel en el que escribió: “Estoy libre y seguiré libre”. Toda una declaración de principios.

Si Almirón fuera declarado inimputable, sólo quedaría acusado Rovira, hasta hace unos años jefe de seguridad de los subtes de Buenos Aires concesionados por Metrovías, del Grupo Roggio.

A pesar de no haber cumplido los 70 años preceptivos y de gozar de muy buena salud, el juez Norberto Oyarbide –a quien la PFA considera “propia tropa”– le concedió como antes había hecho con Morales y Almirón, el beneficio de la prisión domiciliaria, recientemente ratificada, que cumpliría (nunca hay custodia a la vista) en su casa de Pasco al 1100.

La causa está paralizada. Y un buen documental sobre la Triple A que hace ya casi tres años rodó Cuatro Cabezas para ser emitido por Telefé permanece tan congelado como el cadáver de Romeo.

A pesar de que lo cierra con mucha gracia Nacha Guevara, la cantante que acompañará a su amigo Daniel Scioli como candidata a diputada. Nacha aboga en esa última escena por que las investigaciones se lleven hasta el final. Si así se lo hiciera, varios adversarios duhaldistas y PROperonistas de los Kirchner y de Scioli tendrían sobrados motivos para preocuparse.

03/05/09 Miradas al Sur

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