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Abogado, egresado de la la Universidad Católica de Mar del Plata, aporta desde el Derecho y la investigación periodística a la difusión de la memoria histórica social y el Terrorismo de Estado, del que fue víctima durante la Noche de las corbatas. Autor de Luna Roja. Reside en Mar del Plata. |
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"La responsabilidad de la Iglesia es más seria de lo que se piensa"
Entrevista
a Carlos A. Bozzi, autor del libro "Luna Roja"
Por Gustavo Waslet (Corresponsal ANS, Mar del Plata)
domingo, 25 de septiembre de 2011
"Si quieres paz, lucha por la justicia"
Abogado sobreviviente de "La Noche de las Corbatas" y autor del libro "Luna
Roja", Carlos Bozzi, se refiere en este reportaje al desarrollo de las
investigaciones judiciales sobre crímenes de lesa humanidad en la zona de
Mar del Plata. Entrevista especial para Agencia Nodo Sur (ANS), de nuestro
corresponsal en esa ciudad.
Los hechos relatados escuetamente en el Centro de Información Judicial
respecto a los desparecidos en Mar del Plata: ¿Se ajusta a su juicio a los
acontecimientos investigados?
En general sí. Hay que tener en cuenta que el Centro de Información Judicial
efectua un resumen muy breve de las causas que llegan a juicio y
posteriormente a sentencia.
En consecuencia, los hechos que refleja en sus informes, son mínimos y
escuetos, pues la mayoría de las historias juzgados se encuentran en el
texto mismo de los fallos judiciales. Como Centro de Información Judicial,
cumple esa misión, sin llegar a historiar cada proceso.
¿La causa del Juez Pradas tiene imputados?
Por el Juzgado del Dr. Rodolfo Pradas, pasó la instrucción de las mayorías
de las causas por Delitos de Lesa Humanidad que se tramitaron y actualmente
se tramitan en Mar del Plata.
Desde ese Juzgado y a raíz de la actuación de este juez, el pasado año 2010
el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Mar del Plata, se abocó al juicio
oral de la llamada “CAUSA BASE NAVAL I” y más técnicamente: "Malugani, Juan
Carlos y otros..." en la cual se condenó a Alfredo Arrillaga, ex general de
brigada, Justo Alberto Ortiz, ex ca- pitán de navío y a Roberto Pertusio ,
ex contralmirante, todos con arresto domiciliario.
Era la primera vez que en Argentina se condenaba a personal de la Marina de
Guerra.
En este Juzgado se comenzó la instrucción del Juicio llamado “Comisaría
Cuarta”, que comprende hechos delictuosos cometidos en la ciudad de
Necochea, Miramar y posteriormente en Mar del Plata, y lo que se llama “Base
Naval II”, ambas causas acumuladas y que están actualmente en proceso de
Juicio Oral por el mismo Tribunal, teniendo como imputados a los ex
oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Hector Bicarelli y
Jorge Larrea, al ex comodoro Ernesto A. Agustoni, a ex integrantes de la
plana mayor de Agrupación de Ar tillería Defensa Aérea 601 (AADA 601) y que
comúnmente se conoce como “Gada 601”, tales como Leandro E. Marquiegui,
Alfredo M. Arrillaga, Aldo Máspero, Roberto A. Bocalandro, Eduardo Blanco,
Jorge Toccalino, Jose Beccio, Eduardo Blanco y también a otros militares
como Fortunato Rezet y Héctor Cerutti. También se encuentran imputados los
marinos Roberto Luis Pertusio, Mario José Osvaldo Forbice, José Omar
Lodigiani y hombres de la Prefectura Naval Argentina, como Juan Eduardo
Mosqueda.
Cabe destacar que fue el primer juez que dictó ordenes de detención contra
civiles involucrados en delitos de lesa humanidad, como es el caso de los
miembros de la llamada “Concentración Nacional Univer sitaria”, organización
declarada por el Tribunal Federal Oral en lo Cri minal de Mar del Plata,
como colateral de la “Triple A”.
En este momento, en ese Juzgado se encuentran en instrucción mas de 50
causas por delitos de lesa humanidad en Mar del Plata, lo cual le da una
idea del camino que aún falta recorrer. También en el otro Juzgado Federal,
a cargo del Doctor Alejandro Castellanos, se ha instruido y llevado a
juicio, los casos del Centro Clandestino de Detención ubicado en la Base
Área de Mar del Plata, bautizado como “La Cueva”. Todo ello, muestra a la
justicia federal de esta ciudad, como una de las más activas del país y con
los mejores resultados obtenidos.
No se debe olvidar que el pasado año, se condeno al suboficial de la
aeronáutica, Rafael Molina, por delitos de lesa humanidad, incluyéndose en
esa categoría a la “violación de mujeres” secuestradas en el marco de la
represión, ejemplo que esta siguiendo otros jueces Federales del país. Esta
sentencia, mereció el premio como el mejor fallo de América Latina sobre
cuestiones de Derecho Internacional de De- rechos Humanos.
¿Considera adecuada la intervención del Estado, como garante de afianzar la
Justicia, tanto en la etapa investigativa como en la reparación a la
victimas?
La participación del Estado, como representante del Poder Administrador,
tiene aristas de suma contradicción. En general, EL ESTADO COMO RESPONSABLE
DEL TERRORISMO DE ESTADO, etapa que comienza el 6 de noviembre de 1974 y
concluye el 12 de octubre de 1983, no participa con su cuerpo de abogados de
estos procesos. No debe confundirse la actuación de los fiscales, que son
parte de la Justicia, con la representación del ESTADO, como poder
administrador. Los abogados del Estado suelen concurrir, algunas veces, a
los procesos más mediáticos como el de Etchecolaz, Wernick, Astiz, Videla,
Menéndez, Bussi, etc., pero está ausente en la inmensa mayoría de los demás
procesos.
Se han creado una gran cantidad de agencias que se dedican a la
investigación de los Delitos de Lesa Humanidad, recabando y recuperando
información, como el Archivo Nacional de la Memoria, que funciona en la ex
Esma, pero que con acceso totalmente prohibido a di cha información. Tiene
una profusa actividad en la creación de folletería, cd, dvd, libritos, etc.,
con una superficial información y un discurso recurrente,que en nada
contribuye a la búsqueda de la ver dad. Todo ello, sin desmedro de muchas
personas que trabajan en éstas agencias con mucha voluntad y buena fe.
De tal manera, EL ESTADO CONTINUA RETENIENDO información clave para la
dilucidación de los hechos de la década del 70. Como ejemplo, le cuento que
en el año 2009, vaya a saber por qué error administrativo, la Policía
Federal informó en un expediente que tramito ante Derechos Humanos de la
Nación, que determinada persona tenía órden de captura por pertenecer a la
“OP MONTONEROS”, desde el año 1977. Después de “lapsus”, nunca mas pude
acceder a información si milar.
Los datos y detalles de aquel trágico periodo de la historia argentina,
están en poder del Estado y ninguno de los poderes administradores desde el
advenimiento de la democracia, ha hecho esfuerzo por revelarlos. En la ex
Conadep, existen algo así como 11.000 denuncias por desaparición de
personas. A raíz del caso Graciela Alfano, se descu- brió que el ex agente
de Inteligencia, Arancibia Clavel, había enviado a Chile, el nombre y los
detalles de 22.000 personas desaparecidas… Esa información es de 1999 y aun
a ningún fiscal, se le ocurrió pedirla.
Da la sensación de que cada poder administrador de turno, tiene la creencia
que el TERRORISMO DE ESTADO, fue una creación de Videla y Cía. Videla no
secuestró personalmente a nadie. Fueron los agentes de la administración
pública, cumpliendo órdenes de sus superiores, los que provocaron esta
tragedia.
Mientras el ESTADO ARGENTINO, no asuma claramente, que fue el responsable
del TERRORISMO, estas cuestiones seguirán sin resol verse. Alguna vez,
deberá pedir PUBLICAS DISCULPAS POR EL DAÑO INFLIGIDO A SUS CONCIUDADANOS.
El hecho mas notable de lo que sostengo, es que la búsqueda de menores
sustraídos y la búsqueda de cuerpos NN, que están enterrados en distintos
cementerios del país, ha quedado en manos de ONG, sin intervención estatal.
No hay un solo menor recuperado por el Estado argentino, no hay un solo
cuerpo identificado por el Estado argentino. Se ha creado y generado, muy
tristemente, un cuerpo de “comisarios guardianes de secretos históricos”,
que realmente es incomprensible y absurdo, encriptando y guardando bajo
claves secretas todo dato sobre la desaparición de personas. Esta actitud no
se entiende, pues nadie los ha designado dueños de las historia de vidas de
quienes hoy están desaparecidos. Esta situación debe revertirse
urgentemente, sino caemos en peligro de estar bajo la situación de nuevos
SIDE, KGB, CIA, DINA, etc, pero esta vez en manos de agencias estatales que
alegan luchar a favor de los Derechos Humanos.
A modo de biografía personal. Un relato no tan conocido como puede
suponerse, la denominada "Noche de las Corbatas", lo contó entre sus
protagonistas. ¿Un breve recuerdo para las jóvenes generaciones?
Más allá de lo que pueda suponerse y de las condenas posibles hacia los
autores de los homicidios en la llamada “Noche de las Corbatas”, aún resta
por investigar muchísimo sobre ese hecho. Baste decir, que falta dilucidar
gran parte de la complicidad de abogados locales en la misma y de la
participación de un ex miembro de la Resistencia Peronista en estos hechos,
el que, seguramente por error, ha sido premiado con una pensión por la
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. En más de 10
años, aun no se avanzó en la investigación por el asesinato a mansalva de
dos jóvenes que, secuestrados en La Plata y traídos a Mar del Plata,
sirvieron de pantalla a las fuerzas militares, para “simular mi liberación”
y atribuirle el hecho a la OPM MONTONEROS. Aun se disputa la justicia, si el
hecho debe ser juzgado en la ciudad de La Plata o en la ciudad de Mar del
Plata.
El mensaje, es que se debe seguir pujando en la lucha por la justicia, pero
también por la verdad. Tengo la sensación de que las sociedades que no
terminan de juzgar a los responsables de estos homicidios, nunca tendrán
paz. En este aspecto, el mensaje es: Si quieres la paz, lucha por la
justicia
¿Como nace su investigación que dio origen al libro, agotado por cierto,
"Luna Roja"? Según esa investigación: ¿cuantos involucra dos en la represión
y cuantas victimas tendría la causa y con que con secuencias previsibles?
Esta investigación se origina en la idea de sistematizar y ordenar todos los
testimonios brindados por las victimas de la represión en Mar del Plata y
que fueron relatados ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la
misma ciudad, en el llamado Juicio por la Verdad. También en la necesidad de
dar a publicidad y ordenar correlativamente por fecha e historia, todos los
Legajos de la Conadep, delegación Mar del Plata, que estaban un poco
olvidados.
Se calculan unas 450/500 victimas de la represión, tanto en Mar del Plata,
como originarias de Mar del Plata, asesinadas en otros lugares del país.
Baste decir, que el 27 de noviembre de 1976, el GADA 601, publica por todos
los medios periodísticos nacionales, un comunicado denunciando a 59 personas
por actividades subversivas y que se los busca “para ponerlos a disposición
de la justicia”. De esa búsqueda, sólo sobrevivieron 29 jóvenes. Los demás
fueron todos asesinados.
No he calculado el número de represores, pero son muchísimos más de los que
están siendo juzgados, dato este que surge de las declaraciones
testimoniales de las victimas, que dan cuenta de nombres y apellidos de
personas que aun no han sido citadas por la justicia.
Si el tiempo y la suerte me acompañan, la reedición del libro LUNA ROJA, se
presentará en la próxima Feria del Libro de Mar del Plata.
Su investigación, también da cuenta de Centros Clandestinos de Detención
como el Gada 601 y, por ultimo, la complicidad de médicos y la Iglesia. ¿Se
podría demostrar su grado tanto en la tortura como en "legitimar" actos de
lesa humanidad, además de su palpable afinidad ideológica con el Proceso?
Evidentemente ha existido una complicidad muy pronunciada en el sector de
los médicos con la represión, pero en general estos médicos formaban parte
del personal civil-militar, por lo que obviamente estaban al tanto de lo que
ocurría. En cuanto a la Iglesia, debe tener se en cuenta que cada Obispo
depende de la autoridad papal de Roma. Contrariamente a lo que se cree, los
obispos argentinos, como los de cualquier parte del mundo, no están sujetos
a la autoridad de las Conferencias Episcopales, que son órganos meramente
administrativos de las Iglesias Nacionales.
En consecuencia la responsabilidad de la Iglesia es más seria de lo que se
piensa, si estos obispos nacionales informaban a Roma lo que realmente
sucedía en Argentina, y la autoridad papal, no intervenía. Hay casos
extraños. Por ejemplo el Obispo Rómulo García, que esta considerado por
muchos familiares de victimas de desaparición forza da, como una persona que
no atendía sus reclamos, en los Memoran dos Secretos de la Prefectura Naval
Argentina, se lo sindica, como un obispo izquierdista.
Por otra parte, Monseñor Eduardo Pironio, personaje emblemático si lo hay de
aquella época, con un carisma de progresismo visible, ha sido durante
criticado por Emilio Mignone, uno de los fundadores del CELS y hombre
también de la Iglesia Católica, en su libro: “Iglesia y Dictadura”… Nadie
puede sospechar de Mignone, un hombre lucha dor, que recorrió el mundo en su
lucha por los desaparecidos, pero tiene frases y conceptos muy duros sobre
este obispo. Por ejemplo dice: “En cuanto al cardenal Pironio, visitó con
frecuencia nuestro país, evitando cuidadosamente encontrarse con víctimas de
la repre sión y organizaciones de derechos humanos. Tuvo tiempo, en cambio,
para entrevistarse con Videla y sus sucesores en el cargo. Y al visitar Mar
del Plata, el 2 de septiembre de 1979, expresó, faltando a la ver dad, que
“ahora se comprende mejor a la Argentina en Europa... hay quienes siempre
buscan lo negativo... pero el rostro de la Argentina se ve muy
positivamente” (Clarín, Buenos Aires, 3 de septiembre de 1979).
Como se ve, en esta tragedia argentina, no hay negros y blancos. Siempre
existen muchos grises.
¿Ha tenido oportunidad de conocer la obra del Ministro Lorenzetti sobre el
relevamiento que hace de las causas judiciales en materia de DDHH?. También
acaba de publicar Página/12 algunas reflexiones del Dr. Zaffaroni,
declaraciones muy mediáticas de la Dra. Arguibay Molina. ¿Como ve la actual
situación de la Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación, tan
prestigiosa de acuerdo a sus miembros como ignorada en sus Fallos, como otro
Poder de la Nación?
Sobre la obra del ministro Lorenzetti la he visto muy por arriba. Pero
viniendo de un hombre de derecho con tanto prestigio como él, el
relevamiento que hace, que insisto solo analicé brevemente, debe ser
excelente.
La Corte Suprema aun tiene un tema pendiente, pues solo reconoce como
imprescriptible los efectos penales de los delitos de lesa huma nidad. En
cuanto a los efectos civiles, es decir los daños y perjuicios ocasionados
por la privación ilegal de la libertad, la Corte considera que tienen un
plazo de prescripción de dos años, a partir del 12 de octubre de 1983.
Si bien la Argentina, esta al tope de todos los países del mundo, en cuanto
al sistema de leyes reparatorias por delitos de lesa humanidad, tiene
flancos muy débiles en el tema de los procedimientos para que las victimas
puedan acceder a sus reclamos indemnizatorios. La Secretaria de Derechos
Humanos de la Nación, aun gestiona (o no) expedientes del año 2004…La
reparación estipulada en la ley 24043 es totalmente desproporcionada e
injusta. Esta ley, tiene un pago por día de detención, que hoy oscila entre
250/300 pesos.
Pero una persona, supongamos una mujer, privada de la libertad durante tres
días, reiteradamente violada y torturada, si desea acce der a que el Estado
le reconozca el daño moral, el daño sicológico, la pérdida de su trabajo y
la pérdida de su proyecto de vida, el ESTADO, a través de su cuerpo de
abogados, opone la prescripción de los efec tos civiles de los delitos de
lesa humanidad. Es una situación, muy triste… La situación de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en su gestión de
autoridad aplicación de la ley 14.042, que concede una pensión graciable a
toda persona priva da de su libertad con domicilio en la provincia al
momento de los he chos, si bien comenzó en el año pasado con una actividad
sostenida y veloz, a partir de marzo de este año, se ha transformado
totalmente en lenta e injusta para los afectados.
Por otra parte, no es un mensaje alentador, que cualquier poder admi
nistrador desconozca un fallo de la justicia y menos aun de la Corte. Los
fallos judiciales, están para ser cumplidos y no comentados por las
autoridades estatales, esto dicho, más allá de quien gestione el poder
administrador. En este aspecto, el gobierno actual, ha sido de lo mas
progresista en materia de derechos humanos, aunque carece de una política
integral de Derechos Fundamentales de las Personas, de los de ayer y de los
de hoy.
Existe una leyenda negra respecto a los cuerpos flotando en playas de la
Costa Atlántica luego de sufrir los "Vuelos de la Muerte". Se habla que
terminaron siendo sepultados en "fosas frescas" donde aun yacen en el
subsuelo de entierros de vecinos en pequeños pueblos del interior bonaerense
quienes, además de cumplir con la involuntaria misión de encubrirlos
físicamente, también llenarían las paginas de los Libros de los Cementerios
locales.
Es verdad. Los primeros cuerpos aparecieron por la Bahía Samborombón, que
eran personas arrojadas al mar que estaban secuestradas en el “CCD El
Olimpo”. Pero también aparecieron, posteriormente, varios cuerpos sobre las
playas de Santa Teresita y Villa Gesel, que fueron denunciados precisamente
por Emilio Mignone y el CELS.
Hay un video y estudio efectuado por dos historiadores de Villa Gesel (*)
que declararon en el Juicio por la Verdad de Mar del Plata, donde dan
nombres, detalles de fecha, lugares de enterramientos, etc. No se ha hecho
nada de nada sobre este tema. E insisto, muchísimos cuerpos están sepultados
en los cementerios de la Provincia de Buenos Aires y solamente, con los
recursos del Estado, se puede de una buena vez, concluir con la
identificación de estos restos. Solo se debe tener decisión política y
asumir la tarea con personal capacitado, a más de sostenidos fondos para un
trabajo tan costoso.
Además de los testimonios de sobrevivientes, familiares amigos, sus
historias de vida. El tema de la fuentes, con propósito tanto judiciales
como de investigación periodística, imagino que serán difíciles mas allá de
algunos archivos desclasificados como la DIPBA y el EA.
El tema de los Archivos es algo delicado, que como expresé anteriormente ha
creado una especie de agente estatal, tipo guardián celoso de un dato, que
no es propiedad de él. Esto se observa totalmente en el Archivo Nacional de
la Memoria. En cambio, la Comisión Provincial por la Memoria de la ciudad de
La Plata, ha tomado esta misión desde otro punto de vista. Es una
institución prestigiosa, que siguiendo los lineamientos de la ley de Habeas
Data, proporciona a quien lo solicita, todo lo que tiene en sus archivos. No
olvidemos, que esta institución ha sido designada custodia de los archivos
de la ex DIPBA, por parte la Cámara Federal de La Plata.
Y otra cosa muy importante: no todo lo que dicen esos archivos es cierto,
por lo que su relevación puede ser traumática. Ahora dado el tiempo que
resta, tiempo biológico de la victima, estimo que habría que asumir el
riesgo de abrirlos al público sin ninguna restricción. Es una decisión, no
solo política, sino también humana, que debe reflexionarse.
Su actividad actualmente y como ve el tema de la construcción de ciudadanía
en una democracia con algunos logros y temas pendientes.
Continuo en la investigación de los hechos de la década del 70 en forma
sostenida. Aun falta mucho, pero eso se ha transformado en un tema más bien
histórica. Me preocupa la construcción de una democracia participativa,
donde se aborden ampliamente todos los temas. El de la Seguridad, es un tema
candente, que va envolviendo a todos los actores de la sociedad. La
Seguridad, no es un tema policial, es un conjunto de factores que hacen a la
vida digna del ciudadano en una sociedad mejor, en donde se luche por más
salud, mejores salarios, buenas condiciones de trabajo, amplia calidad de
vida, respeto a la ley, acceso a la vivienda, etc. La seguridad se construye
con más educación, con más derechos y también cumpliendo con las
obligaciones de cada uno.
Han florecido una cantidad enorme de opinólogos sobre estos temas, que en
general no hacen más que confundir a la sociedad. Muchos de ellos,
seguramente, cuando salen de los canales de televisión, deben evitar algún
cuerpo de un niño o de un indigente, que pasa sus noches en las veredas de
nuestras ciudades.
Y en este aspecto, la justicia juega un rol fundamental, como media dora y
también docente, en un campo donde la conflictividad social, crece
diariamente. No hay una clara conciencia política de todos los actores, que
solo una clara reflexión de estos temas, solucionarán muchos problemas que
se avecinan. Reitero: Si quieres la paz, lucha por la justicia.
info@agencianodosur.com.ar
(*) Se trata de Enrique Daniel Iglesias y Humberto Rolando Flores: “Después
del vuelo, informe sobre testimonios, hallazgos de cuerpos NN en la costa de
Villa Gesell y Pinamar.”
http://www.agencianodosur.com.ar/portal/content/view/955/8/
Mar
del Plata. Ruido... tanto ruido... y con tanto ruido no escucharon el
final
Por Carlos A. Bozzi
Desde hace un tiempo, la justicia federal marplatense viene produciendo
destacados fallos que la ubican como pionera en temas de Derechos Hu manos en el
país. A la excelente sentencia de junio de este año, que consideró delitos de
lesa humanidad los abusos sexuales a victimas de la represión, ahora se suma el
primer procesamiento de la historia a civiles integrantes de grupos de tareas
paraestatales en la década del 70.
Las frases del titulo, recuerdan una las singulares letras de Sabina, no de las
mejores, pero al menos adecuada, en el buen sentido de la palabra a lo
acontecido en este mes de noviembre por estas costas marplatenses, ciudad
emblemática si las hay, que también ostenta el mérito de contar con la mayor
cantidad de represores detenidos en relación a otros lugares del país.
La historia y la noticia de que el Juez Federal Rodolfo Pradas, dictó el
procesamiento y de detención de un nutrido grupo de civiles-cuyos nombres y
apellidos fueron profusamente difundidos por la prensa nacional- que antaño
pertenecieran a la llamada Concentración Nacional Universitaria (CNU), era un
detalle esperado, más aún cuando recibió el apoyo de la Cámara Federal de
Apelaciones local, confirmando su pedido inicial. Para la opinión pública, lo
inesperado fue la orden de detención del abogado Gustavo M. Demarchi, quién
fuera el primer Fiscal del Juzgado Federal que Mar del Plata inaugurara en los
años 1975.
Sin embargo, conviene siempre repasar la historia y los fundamentos de todo
fallo judicial , para que los hechos no se repitan y si se repiten, al menos, la
sociedad distinga entre delito y política. Mucho se ha discutido la fecha
precisa del comienzo de lo que se llamó “Terrorismo de Estado”: si en e año 1976
o si en el año 1974. La legislación reparatoria argentina, ya había sentado el
precedente que la fecha del inicio de tal horrible fenómeno fue el 6 de
noviembre de 1974, día en que la Presidenta de la Nación, Isabel Martínez de
Perón dictó el decreto de Estado de Sitio y otra tanda de normas, que aludían a
la “aniquilación de la subversión”.
En distintos lugares de país, Córdoba, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata,
entre la fecha del aludido Estado de Sitio y el 24 de marzo de marzo de 1976,
operaron grupos paraestatales, principalmente destinados a eliminar a enemigos
de la interna peronista, pero ninguno adquirió la notoriedad de la “CNU” en sus
operaciones delictuales. Solo faltaba que la justicia, determinara que esos
crímenes, también sean considerados “delitos de lesa humanidad” y por lo tanto
no amparados por lo que se llama “prescripción” o mas llanamente, impunes por el
transcurso de un determinado período de tiempo.
Pero en abril de 2008, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la Ciudad de
Mar del Plata, comenzó el lento camino que hoy transita la justicia de primera
instancia al considerar en una extensa y fundada resolución, que los asesinatos
cometidos en esta ciudad por la llamada “Concentración Nacional Universitaria”
en la década de los años 70, debían ser considerados delitos de lesa humanidad.
En dicho fallo, se resumen detalladamente las andanzas de este grupo de civiles
, de signo para-militar, que asoló la ciudad desde aquél fatídico lunes 6 de
diciembre de1971,cuando irrumpiendo violentamente en el Aula Magna de la
Universidad Provincial de Mar del Plata ,asesinó a la joven Silvia María Filler,
mientras se desarrollaba una asamblea estudiantil.
La historia registra que esta agrupación nació a la política en la ciudad de La
Plata en 1967 bajo inspiración del filólogo tradicionalista Carlos Disandro,
docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de dicha ciudad, con una orientación nacional-falangista,
reivindicándose como auténticamente peronista. Dos años más tarde se organizó en
Mar del Plata , conformada en su mayoría por estudiantes de la Facultad de
Derecho, dependiente de la Universidad Católica de Mar del Plata. Otras voces,
en cambio aseguran que realmente la CNU nació y se conformó íntegra mente en la
ciudad balnearia, con posteriores lazos de unión en la CGT local ,en la
conducción misma del Partido Justicialista y en varios sindicatos afines al
peronismo de derecha. Datos más, datos menos, lo cierto es que por 1967, Perón
le encomendó a Disandro la creación de una “Escuela Superior de Formación
Política del Movimiento Peronista”, nombrándolo como una especie de delegado en
el adoctrinamiento de la juventud. Las ideas del profesor, causaron gran revuelo
en el peronismo tradicional, sobre todo cuando intento introducir el concepto
del “sedevacantismo” respecto de la gobernabilidad del Vaticano, acusando al
Papa Juan XXIII de “usurpar” el trono de San Pedro. Lejos de querer confrontar
con la Iglesia, Perón lo alejó de toda designación.
A partir de fines de 1973, la agrupación participó no solo en la luchas internas
del peronismo, sino también en la pelea del peronismo ortodoxo contra
agrupaciones y militantes de la izquierda socialista, según sea la ciudad en
donde desarrollara su actividad. Así en La Plata el 5 de diciembre de 1975
asesina a 8 jóvenes integrantes del Partido Socialista de los Trabajadores, que
habían participado en una huelga fabril. También operó en Bahía Blanca, junto a
sectores de las “Tres A”, bajo la cobertura de las autoridades de la Universidad
Nacional del Sur.
En Mar del Plata, su accionar violento se dirigió casi exclusivamente contra los
sectores de la Juventud Peronista y de la Juventud Universitaria Peronista,
siendo responsable de numerosos asesinatos aún impunes, que precisamente esa
sentencia ordenaba investigar, desempolvando antiguos pero no menos valiosos
expedientes judiciales, que la justicia local -federal y provincial-
llamativamente archivó a poco de suceder cada hecho.
En aquel fallo, precedente imprescindible de la actual causa judicial, el
Tribunal Federal, decidió reabrir la investigación por los asesinatos de Roberto
Alejandro Wilson, Rene Arnaldo Izus, Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique
Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Alberto Goldemberg,
Norberto Daniel Gasparri, Jorge Alberto Stoppani, María del Carmen Maggi, Juan
José Tortosa, Ricardo Emilio Tortosa, Roberto Héctor Sammartino, Víctor Hugo
Kein, Jorge Dell Arco, Hilmar Giles, Juan Manuel Crespo y Emilio Azorín, sin
perjuicio de continuar con la recepción de pruebas respecto de otros homicidios
de los que se pueda tomar conocimiento, considerándolos delitos de lesa
humanidad e imprescriptibles.
El Tribunal encontró probado que el grupo aludido actuaba protegido y con la
anuencia no solo de las estructuras del Estado Nacional, sino también de
integrantes de la Justicia Federal local y de la Universidad Nacional de Mar del
Plata, con cobertura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la
delegación de la Policía Federal Argentina de la ciudad y del Poder Judicial
Provincial , como así también bajo protección de las autoridades militares
asentadas en el “Grupo de Artillería de Defensa Aérea”, (Gada 601), que a partir
del 28 de octubre de 1975 fue designado cabecera de la Subzona 15, Area 51y 52
,dependiente del Primer Cuerpo de Ejercito, Zona I., por lo que existiendo
numerosos precedentes judiciales similares, es procedente la persecución penal
de los hechos detallados anteriormente.
Pero como dice Sabina: “Se borraron las pisadas, se apagaron los latidos, y con
tanto ruido, no se oyó el ruido del mar. Mucho, mucho ruido, ruido de tije ras,
ruido de escaleras que se acaban por bajar. Ruido de abogados, ruido
compartido,…demasiado ruido. Ruido platos rotos, ruido años perdidos, ruido
viejas fotos,… Ruido de cristales, ruido de gemidos, ruidos animales,… Ruido
mentiroso, ruido entrometido, ruido escandaloso, silencioso ruido…ruido del
pasado, descastado ruido. Ruido qué me has hecho, ruido yo no he sido, ruido in
satisfecho, ruido a qué has venido. Ruido como sables, ruido enloquecido,.. Rui
do de frenazos, ruido sin sentido, ruido de arañazos, ruido, ruido, ruido.” y
estas no han sido las únicas andanzas de este grupo.
Aun se recuerda en la ciudad, el episodio que involucró a varios militantes del
Partido Comunista, cuando en las primeras horas de la tarde del 7 de julio de
1975, se dedicaban a pintar leyendas políticas en el paredón ubicado en la
intersección de las calles 25 de Mayo y Catamarca, centro neurálgico del
tránsito marplatense, a solo dos cuadras de su centro comercial. En un momento,
aparecieron cuatro automóviles de donde descendieron algunos de los hoy acusados
, comandados por un conocido ex profesional del foro local, fuertemente armados
con todo tipo de “artillería”. Bajo amenaza de esas armas de fuego y a raíz de
varios disparos al aire, los obligaron a despintar las leyendas, mien tras
amenazantes discutían el “destino final” de los militantes comunistas. El
tránsito se congestionó, pues habían bloqueado dos manzanas enteras, los vecinos
asustados avisaron a la policía, que distante tres cuadras del lugar, acudió de
inmediato. Por esas cosas del destino, el oficial de guardia “no había sido
avisado de que la zona debía estar liberada” y sin “ordenes precisas”, él no
podía permitir este suceso durante su horario. Hizo lo simple. Acordó que el
grupo se retirara con todas sus armas y puso a disposición de la Justicia
Federal a los “pintores”, que obviamente acusados por el Fiscal Demarchi por
infracción a la Ley 20.840, permanecieron varios días detenidos en la Comisaría
Primera de Mar del Plata.
También aun no existe autor identificado del asesinato de Daniel Sánchez, cuyo
cuerpo acribillado apareció en la zona del Faro en noviembre de 1975. El
muchacho, pertenecía a una familia de militantes. En diciembre, mueren su
hermano Gloria y el esposo de esta, de apellido Blanco, en los sucesos de Monte
Chingolo. Una hermana de Sánchez, de nombre Matilde desparece entre 1976 y 1977
y por último en junio de 1977, desaparece en Mar del Plata, la madre del
muchacho, de nacionalidad española ,de nombre María Gloria Alonso Cifuentes de
Sánchez. Por tal hecho, el Juez Baltasar Garzón Real imputó a varios militares
argentinos. Obviamente, es probable que el homicidio de Daniel, hayan
intervenido estos grupos de civiles, hoy en la mira de la justicia.
Tampoco nunca se pudo saber el destino de Rubén Jaimes, En diciembre de 1975,
Ejército y Policía se presentaron en su domicilio. Rubén no se encontra- ba en
ese momento, pero los efectivos mostraron su fotografía y alegaron que lo
buscaban. Asustado, el 11 de diciembre de 1975 Jaimes se presento ante la
Justicia, interponiendo su propio Habeas Corpus, que obviamente dio resultado
negativo pues todas las Fuerzas de Seguridad negaron tener pedido de captura
contra el. El fiscal de la causa -otra paradoja del destino- fue el Dr. Gustavo
Demarchi, aunque ello no quiere decir que tenga algo que ver con la desaparición
de Jaimes, de cuya paradero no se ha tenido noticias desde los primeros meses de
1976.
Creada la Subzona Militar XV, la misma abarcaba los partidos de General La-
valle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce ,General Alvarado, General
Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano. Una superficie de 35 mil
kilómetros cuadrados, con casi, en aquel entonces, ochocientos mil amas y
superficie superior a varios países de Europa. Muchos de los integrantes de es
te grupo, no integraron la represión militar posterior, otros se unieron
especial mente a la fuerza ejército, pero no cabe duda, que de una u otra
manera, al comienzo o en el medio, directa o indirectamente, participaron en el
exterminio del uno por mil de la población local de aquel entonces.
Por primera vez en la historia judicial del país, se sientan en el banquillo de
los acusados, civiles que amparados bajo protección estatal y bajo la excusa de
una lucha política, son culpables de homicidios y asesinatos, por los que
deberán rendir debidamente cuenta. Y así, lo había sostenido el Tribunal Oral
Federal de Mar del Plata, en aquella sentencia anterior al decir: ““Lo expuesto
precedentemente resulta perfectamente aplicable a la magnitud, gravedad e
impunidad con la cual se condujeron los autores, cómplices y encubridores de los
delitos hasta ahora investigados. El avance de la pesquisa seguramente irá
aumentando su número, ya que lamentablemente se desconoce la cifra real de las
víctimas de las tristemente célebres Triple A y CNU La acción penal emergente de
tales hechos no se encuentra prescripta como erróneamente sostiene el fiscal
general, ni tampoco le corresponde ejercerla a este Tribunal como afirma en su
dictamen; por el contrario, en nuestro carácter de funcionarios públicos debemos
velar por la realización de una exhaustiva investigación de estos hechos lo que
hasta ahora, a pesar de haber transcurrido más de treinta años, no se ha
efectivizado. La justicia debe abrirse a las víctimas del terrorismo de Estado,
no cerrarse...Debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia, in re:
“Arancibia Clavel” consideró, con apego a la definición mencionada, que formar
parte de una agrupación destinada a perseguir opositores políticos, por medio de
homicidios, desaparición forzada de personas y tormentos, con la aquiescencia de
funcionarios estatales, constituía delito de lesa humanidad y un atentado al
derecho de gentes tal como lo prescribe el artículo 118 de la Constitución
Nacional”.
Aunque no todo siempre es claro. Alguno de ellos, ya ha sido beneficia do por
pensiones reparatorias que han fijado las leyes reparatorias de la Provincia de
Buenos Aires, previo dictamen aprobatorio de la Secretaría de Derechos Humanos
de la Provincia y otro -precisamente hoy prófugo- aguarda algún dictamen
favorable de dicho departamento estatal. Es de esperar, que la celosa y prolija
investigación que lleva a cabo tal Secretaría sobre cada caso en particular,
inquiriendo a compañeros y compañeras si su “permanencia” como detenidos en
comisarías o unidades militares durante el período 1976-1983, fue por
investigación de “antecedentes policiales” o “antecedentes subversivos”, también
se aplique a esos casos. La justicia, no es solo la condena de los culpables,
sino también la reparación adecuada a las víctimas.
Noviembre 2010
Sueños
que pueden convertirse en realidad
Por Carlos A. Bozzi *
“Ya sabemos donde están las cosas muertas,
esos rostros de asesinos que regresan
a explicarnos que jamás hicieron nada,
no sé bien dónde poner tanta tristeza”
(“Mara” de Víctor Heredia)
La imagen captada por el fotógrafo de la redacción del diario “El Atlántico” de
Mar del Plata, es de por si elocuente. Incrédulo, el efectivo del Servicio
Penitenciario Federal observa al acusado, pareciendo decir: “¿Pero?...! que
hiciste Molina!”. Y así, en esta instantánea se resumen, el momento en que el
secretario del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la ciudad de Mar del
Plata, compuesto por los doctores Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola, y
Juan Carlos Paris (con juez), condenó en base a una abrumadora prueba en su
contra, al suboficial de la Fuerza Área Argentina, Gregorio Rafael Molina a la
pena de prisión perpetua.
 Tres
marinos con condenaJUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN LA BASE NAVAL DE MAR DEL PLATA El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó ayer a la pena de prisión perpetua al general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, al contraalmirante Roberto Luis Pertusio y al capitán de navío Justo Alberto Ignacio Ortiz, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino que funcionó en la base naval de la ciudad. Se trata de la primera condena a dos oficiales superiores de la Armada desde el juicio a los ex comandantes, en 1985. Los represores gozarán del beneficio de la prisión preventiva domiciliaria al menos hasta el 18 de febrero, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia. “Este fallo se lo debemos a las Madres, a las Abuelas, a las víctimas y familiares que estuvieron presentes e impulsando este juicio desde el comienzo –destacó el abogado Alejo Ramos Padilla, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense–. Es además una demostración de que poco a poco la Justicia está asumiendo la responsabilidad histórica frente a los más graves delitos de los que fue víctima nuestro pueblo.” “El fallo deja en claro que Arrillaga, como jefe de operaciones e inteligencia, fue el responsable de coordinar la represión ilegal en toda la subzona militar 15, y que la Armada estuvo bajo las órdenes del Ejército”, destacó Marcelo Núñez, de Hijos Mar del Plata. “Esta sentencia ratifica que la absolución del coronel (Alejandro) Duret fue una decisión política”, agregó. La frase alude a la decisión de los jueces Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, tras la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias de 2009, en beneficio del oficial de inteligencia identificado a la cabeza del grupo que llevó a Carlos Labolita encapuchado y torturado a allanar la casa familiar antes de desaparecer. La Cámara de Casación estudia desde hace meses la apelación a ese fallo, que votó en disidencia Carlos Rozansky. La condena de ayer la firmaron Jarazo, Esmoris y Jorge Michelli, miembros del TOF-2 platense, subrogantes en Mar del Plata por la recusación de quienes actuaron en el Juicio por la Verdad. Los imputados llegaron al tribunal a las 7.30 acompañados por agentes del Servicio Penitenciario Federal. La audiencia prevista para las últimas palabras arrancó con casi una hora de demora. Ante una sala colmada por más de setenta personas (el tribunal no permitió asistentes parados), Pertusio y Ortiz aseguraron que no tuvieron ninguna relación con el terrorismo de Estado. Ortiz, que encabezaba la Fuerza de Tareas 6, se definió como un “hombre ético”. El general Arrillaga, que volvió a torturar y matar tras el copamiento del Regimiento de La Tablada en 1989, prefirió mantenerse en silencio. A las 13.45, luego del cuarto intermedio y la demora reglamentaria, Jarazo comenzó a leer el fallo. Esta vez la prensa no pudo ingresar en la sala. Sólo lo escucharon en vivo las partes y un puñado de familiares de víctimas. Excepto un marino de apellido Ponce, que asistió a los camaradas durante todo el juicio, no hubo allegados a los represores. Medio millar de personas debió escuchar la sentencia desde la calle, sobre la avenida Luro, con el tránsito cortado desde primera hora. La primera condena fue para Pertusio, que dirigía la Fuerza de Submarinos e integraba la FT6. “Prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua”, leyó el presidente del tribunal. El marino fue condenado por secuestros, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos y los homicidios calificados de Delia Garaguzo y Tristán Roldán, secuestrados el 18 de septiembre de 1976. Dos días después la patota volvió a desvalijar la casa y el entonces capitán de fragata Pertusio le dejó al padre de Roldán una copia del acta del procedimiento, que 34 años después le valió la condena también por hurto agravado. Ortiz recibió la misma pena, en su caso por ocho privaciones ilegales de la libertad y tormentos, más los homicidios agravados de Garaguzo, Roldán, Liliana Iorio, Patricia Lazzeri y Liliana Retegui. Arrillaga fue condenado por los secuestros y asesinatos de Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, y las torturas al primero. Todas las víctimas por las que fueron condenados permanecen desaparecidas. El tribunal tomó nota del pedido de querellantes y fiscales de revocar los arrestos domiciliarios, pero postergó un pronunciamiento sobre el tema al menos hasta la lectura de los fundamentos. Los condenados se retiraron en un camión celular de la Policía Federal y seguirán en sus casas: Pertusio en Olivos, Arrillaga en Capital Federal, Ortiz alquilando sus cabañas en Merlo, San Luis. La de ayer fue la tercera condena a represores en Mar del Plata. En julio de 2009, por el secuestro, las torturas y el homicidio de Labolita, fue condenado a prisión perpetua el general Pedro Pablo Mansilla y absuelto el coronel Duret. En junio de este año fue condenado a prisión perpetua Gregorio Rafael Molina, suboficial de la Fuerza Aérea, torturador y violador en el centro clandestino La Cueva, en la base aérea local. En 2011 está previsto un juicio por los casos de La Cueva y de la comisaría 4ª, y más tarde el segundo juicio por crímenes en la base naval. 09/12/10 Página|12 |
La historia es harto conocida, pero quizás convengan reiterarla. Cuando el 24 de
marzo de 1976, el Estado decide institucionalizar el método de la represión
masiva, utilizando para esa tarea a parte de su personal especializado, uno de
los lugares elegidos como “centro de reunión de detenidos o “centro clandestino
de detención” , fue el hasta este momento el abandonado radar, ubicado dentro de
la propia Base Área Mar del Plata, contigua al aeropuerto civil. A través de un
convenio verbal entre los jefes de la agrupación Ejército de la zona y el
responsable de la unidad aeronáutica, se habilitó el lugar para que operaran con
mayor tranquilidad los grupos de tareas de las “Fuerzas Conjuntas“. Si bien en
Mar del Plata existieron varios “Centros de Detención Clandestinos”, muchos de
ellos dentro de la propia ciudad y en lugares muy céntricos, este predio tenía
la ventaja de estar enclavado dentro de una unidad militar y a su vez, bastante
alejado del alojamiento de la tropa, que realizaba el servicio militar
obligatorio. Era entonces, “el lugar ideal”.
En principio la tarea de inteligencia y coordinación de los grupos estuvo a
cargo del Teniente Primero Fernando Cativa Tolosa, pero cuando este es abatido
el 8 de octubre de 1976 en el único enfrentamiento armado real que hubo en toda
la década en aquellas costas, la responsabilidad del radar y de los operativos
de la fuerza ejército quedó en manos de Molina. Así, en su legajo, se puede
leer: ”suboficial que se desempeñó por circunstancias especiales en la sección
inteligencia de la unidad”, entre el 1° de octubre de 1976 y hasta el 30 de
septiembre de 1977. Anteriormente, el titular de área, Ernesto Alejandro
Agustoni, lo asigna a colaborar para atender las necesidades del radar y a su
custodia personal, con lo cual la participación del condenado, en todas las
operaciones, resulta plenamente configurada.
En este marco, se desarrollaron los hechos por los cuales Molina fue condenado,
como participe necesario en el homicidio de los abogados Norberto Oscar Centeno
y Jorge Roberto Candeloro, como coautor del delito de privación de ilegítima de
la libertad agravada por su tarea de funcionario público en 36 hechos y como
autor del delito de violación en forma reiterada agravada por la calidad del
autor encargado de la guarda de la víctima en tres hechos. La sentencia dictada
el 9 de junio de 2010 ha sentado un precedente importantísimo al considerar el
delito de violación como un delito integrante de la tortura a que era sometida
la víctima en el marco de la represión ilegal y por ende, también un delito de
lesa humanidad no prescriptible por la acción del tiempo, mérito atribuible a la
constancia de las valientes mujeres que hace más de 20 años vienen denunciando
el atropello a que fueron sometidas. Pocos ejemplos como estos, existen entre
los antecedentes de los juicios por crímenes de la década del 70.
Este juicio, es en realidad una parte “pequeña” de otra mucho mayor que se
tramita ante el Juzgado Federal del Doctor Alejandro Castellanos y que
popularmente se conoce como “Causa La Cueva”. En dichas actuaciones, Molina está
acusado, junto a sus jefes máximos, casi toda la plana mayor de la Agrupación
del Ejército encargada de la represión entre 1976 a 1978, de similares delitos,
pero con respecto a distintas personas. Efectivamente, a los 36 casos que ahora
se le atribuyeron, allí se agregaron los secuestros de Eduardo Martínez Delfino,
Roberto Allamanda, Alicia Nora Peralta Jorge Máximo Vázquez, Juan Roger Peña,
Angel Haurie, Federico Guillermo Báez, Mirta Giménez, Héctor Elpidio Giménez,
Domingo Luis Cacciamani Cicconi, todos estos desaparecidos aún, y de la
privación ilegítima de la libertad de Pedro Daniel Espiño, Carlos Bozzi, Camilo
Ricci, Alfredo Battaglia, Víctor Lencinas, Rafael Molina, Héctor Gómez,
Alejandro Dondas, Pablo Alejandro Vega y Jorge Horacio Medina, quienes
recuperaron la libertad después de distintos periodos de cautiverios.
Paradójicamente y por esos tecnicismos del derecho penal, Rafael Molina en esta
ultima causa no está acusado de los homicidios por los que ahora fue condenado,
ni por ninguna de las privaciones ilegitimas la libertad que esta sentencia le
atribuye. Si bien, se entiende que juzgar todos estos delitos, cometidos hace
tanto años, al amparo de las sombras y con la colaboración de un Estado que
permanentemente se caracterizó por ocultar y destruir las pruebas, no es tarea
fácil, se espera que alguna lógica jurídica impere en el futuro para aunar
criterios y que ninguna víctima quede excluida de la justicia de su merecida
reparación histórica.
Y en la tarea de ponerle nombre y apellido a cada caso, no se puede dejar pasar
por alto las historias de Olga Margarita Benzone de Petter, secuestrada el 2 de
octubre de 1976 delante de sus cuatros hijos menores y vista en “La Cueva”, por
Eduardo Miranda, la de Jorge Enrique Pérez Catán secuestrado el 31 de enero de
1977, que pasara por ese centro junto a su hermana, y la de Zulema Iglesias
Llanes, que al momento del secuestro (12-04-77) tenía once hijos. El suboficial
Molina fue condenado por el secuestro de la pareja de Zulema, que se llama Ramón
Fleita. Ambos fueron privados de la libertad el mismo día y en el mismo lugar. A
la mujer, se la tragó no solo la historia sino también la justicia. La lista
continua, con María Gloria Alonso Cifuentes de Sánchez, Néstor Enrique García y
su esposa, María Ester Vázquez, Raúl Hector del Monte y Omar Secundino Oyola,
todos vistos en “La Cueva” por diversos testigos y aún no encuadrados legalmente
en ninguna causa.
Aún el Tribunal no hecho público los fundamentos de la sentencia, fundamentos
que obviamente se esperan con mucha ansiedad, aunque no caben dudas que el
prestigio y la seriedad profesional de los jueces que lo integran, es suficiente
carta de presentación para aguardar un pieza jurídica única y novedosa para este
tipo de casos, como así ya lo han adelantado en un veredicto en donde impera un
estricto sentido de justicia, que desmiente todo intento de perseguir estos
delitos bajo algun signo de venganza ideológica.
Sin perjuicio de ello, no deja de ser preocupante la introducción en este juicio
de testimonios de ex conscriptos que participaban en la custodia de las
víctimas, mientras las mismas permanecían privadas ilegalmente de su libertad.
Según la defensa de Molina, estas personas no pueden ser consideradas testigos,
pues de alguna manera forma parte de la comisión de un delito. La Fiscalía, por
su parte retrucó, que el hecho de tener contacto con los detenidos desaparecidos
no debe ser tenido en cuenta ya que los conscriptos no eligieron estar allí y
que su participación en el cuadro de la situación es menor. Y por último, el
representante de la querella, argumentó que los conscriptos estaban allí contra
su voluntad, obligados por las normas del servicio militar obligatorio y que de
todas maneras, se los dejo declarar sin ha- ber objetado en su momento tales
manifestaciones.
No puede dejar de reflexionarse que el hecho tiene aristas de sumo riesgo y que
a las preguntas del sentido común no hubo respuesta alguna. Por ejemplo: ¿Qué
hubiese pasado si la persona secuestrada, intentaba fugar mientras se encontraba
bajo la custodia del ex conscripto? ¿Qué ordenes tenía este? ¿Y si hubiese
sucedido la hipótesis de un resultado fatal, en que condiciones se sentaría hoy
esta persona ante un tribunal de justicia? ¿Más aún, de que manera le
transmitiría, hoy después de más de 30 años, tal funesta noticia a los parientes
de la víctima? La realidad, por mas que quiera disfrazarse, es que dichos
conscriptos tenían, obligados o no, el dominio de la situación y el control de
la persona privada de la libertad asignada a su cuidado y por tal razón tuvieron
amplio conocimiento de las reacciones, angustias y dolores de cada una de ellas,
incluso de los diálogos mantenidos en cautiverio. No se entiende como puede
defenderse la memoria de una persona desaparecida o de un ex detenido
desaparecido, si mañana algunos de estos “buenos custodios”, siempre en su
calidad de testigo, le atribuye a uno de ellos, la calidad de delator, traidor o
responsable del asesinato de un compañero de cautiverio. Ante ello, la
posibilidad del derecho de defensa del aludido es casi nula….!!! Obviamente,
esto es un tema a reflexionar y mucho!!!
Por último, es una realidad que Rafael Gregorio Molina estuvo solitariamente
solo ante esta circunstancia. Su empleador, quien le pagó el sueldo con el cual
se mantuvo durante toda su vida, quien le proporcionó obra social, viáticos para
vivir, le reconoció horas extras de trabajo, la nafta para los vehículos, la
comida, la ropa, las balas para su armamento y vaya a saber cuantas cosas más,
no estuvo en el banquillo junto a él. Es el Estado Argentino, el que
lamentablemente faltó a la cita. Obvio, que quizás, nuevamente el tecnicismo
procesal, hizo olvidar este pequeño y gran detalle y en una de esas, quizás
también nadie acusó a ese Estado Argentino, que aprovecha a mirar a otro lado.
Por eso, cuando se sienten todos ante la Justicia, nuestros sueños se
convertirán en realidades y los que no están, tendrán su merecido descanso,
aunque todo esto sea una utopía. La poca trascendencia nacional que tuvo el
fallo Molina es un desaliento, que no va a detener este aire fresco de justicia
que se impulsa desde estas costas atlánticas.
Carlos A. Bozzi
Abogado - Junio 2010
Sobrevivivnte de
La Noche de las corbatas
¡Contra la Maldita Inseguridad, Consejeros de Seguridad se necesitan!
Por Carlos A. Bozzi
Es sabido que los consejeros de seguridad y sus instituciones proliferan
cuanto mayor aumenta el desconcierto ante el delito, causando severos
impactos emocionales con sus opiniones y diagnósticos de soluciones mágicas,
lo que acarrea más confusión e intranquilidad a una sociedad desconcertada.
Algunos hablan por ignorancia, otros mienten a sabiendas proponiendo
“tremendas soluciones penales”, los políticos hacen campaña con el tema y
dentro de este panorama, las voces sensatas pasan inadverti- das. La policía
se excusa alegando que la justicia es “flexible y garantista”, los políti-
cos acusan a la policía y al incumplimiento de las leyes por los jueces y
los jueces adu- cen que la solución del tema está exclusivamente en manos de
los políticos, que obvia- mente miran para otro lado. Los unos alegan que la
situación actual se debe a las “políticas garantistas” y los otros sostienen
que por no haber seguido sus consejos, el problema, no solo no se soluciona,
sino por el contrario, se agrava. Así , medios de difusión de noticias
mediante, sigue la ronda,cada uno agarra su sortija, gira y gira en la
calesita, el problema persiste, nadie saca el premio y la sociedad mira
incrédula como día a día despierta con una tragedia más.
Se exponen ejemplos, como el de aquellos países en donde “el que mata mue-
re”, olvidando quizás que en esos lugares, también al que ofende se le corta
la lengua y al que la roba, se le corta la mano,con lo cual ,muchos de estos
“segurólogos” se verían en serios problemas a la hora de querer marcar algún
número de teléfono o tratar de llevarse un bocadillo a la boca, tenedor
mediante. Ante cada hecho luctuoso, se propo nen planes de “guerra”, compra
de patrulleros, reclutamiento de efectivos, cámaras de videos, incremento de
penas y reformas procesales que siempre terminan en un leve maquillaje de
leyes ya existentes y rigurosamente incumplidas.
El sensacionalismo se nutre en forma descarada del sentimiento de cada
familia afectada por la delincuencia,construyendo un sistema mediático-penal
que reduce el tema de la inseguridad a los delitos contra la vida, cometidos
por un oscuro y oculto ejército de jóvenes que no superan los 18 años de
edad ,contra los cuales no hay policía, juez o político que pueda. Así, la
inseguridad queda reducida a ese grupo “eta- rio”, que abunda en villas
miserias y que por algún designio bíblico, hoy irrumpen en el espectro
social, ignorándose la razón de esta explosión delictiva, en un país donde
los “ladrones de antes” tenían códigos, que esta nueva gente elude en cada
unos de sus hechos. Obviamente, fuera de este concepto de “seguridad” quedan
los “delicuentes de cuello blanco”, los crímenes en la alta y media clase
social ,aquellos que afectan a em prendedores de negocios turbios, a los que
se denomina como “jóvenes empresarios”, que algún “error” habrían cometido,
los negocios del mercado de medicamentos, la proliferación de desarmaderos
adonde diversos sectores sociales recurren por repues tos baratos, la
conocida venta de drogas en boliches “vip”, el comercio de personas y el
lavado de dinero, entre otras actividades. De estos delitos, no suele haber
estadísti cas, pero igual producen la muerte de personas, obviamente, no
anunciadas en la tele visión.
“El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad
privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La
demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos
aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas
y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos
volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo”, decía Eduardo
Galeano en un artículo escrito para la página web “Rodelu.net”,La Jornada de
México, el 4 de junio de 2006.
Y concluía:”Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no
trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al
hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar
y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo
de recordar y el lenguaje miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los
militares, los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen
miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la
violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los
ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin
relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir
y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la
soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de
vivir”…
No es ocioso, remarcar que la Seguridad Pública como bien social es un
concep to que va más allá de la inmediata protección contra el delito.
Constituye la base nece- saria para el ejercicio de la libertad, se vincula
directamente a la existencia de un esta- do democrático y a la participación
de los derechos básicos del bienestar social, actuan do como elemento único
para garantizar el desarrollo de una mejor calidad de vida. Pero a su vez,
el ciudadano mide la seguridad como una “sensación “ y a diferencia de otras
políticas públicas, la seguridad debe dar respuesta a dos niveles distintos:
el subjetivo y el objetivo, la sensación y la amenaza real.
Esta relación entre sensación subjetiva y causas objetivas requiere de una
do- sis de serenidad y equilibrio fundamentalmente por de los decisores
públicos, que ge neralmente nunca se tiene. La sensación de inseguridad se
retroalimenta y adquiere peligrosas formas de irracionalidad, con notorias
oscilaciones y variantes en plazos muy breves, ante hechos aberrantes de
impacto público.Pero hoy ,todo límite teórico se ha superado: la sensación
es la realidad y los hechos cotidianos asi lo demuestran, todo ello
fogoneado por un bombardeo mediático que concluye en : “algo hay que ha- cer”.
Y he aquí el meollo de la cuestión: la definición de la “SEGURIDAD” es en
defi- nitiva la batalla que determinara LA POLITICA A SEGUIR, con lo cual
esta fuera de toda duda, que el problema de la SEGURIDAD, es esencialmente
un TEMA POLI- TICO, nunca abordado de esta manera en nuestro país, por
múltiples y diferentes razones, todas ellas más afines a esos intereses
políticos que a los deseos de la socie- dad, que hoy sufre estas
consecuencias.
No se puede tapar el sol con las manos. La inseguridad ha crecido y no
existe dato cierto alguno que indique un futuro descenso de la misma: todo
lo contrario, fundadas sospechas aseguran que irá en aumento. Ya es un tema
que no se soluciona con excusas o discursos llenos de pretextos y en esta
tarea PARA CONSTRUIR SEGURIDAD ningún tópico puede dejarse de abordar, pero
siempre partiendo del compromiso ciudadano comprensivo de la seguridad es
una tarea de todos, basada en un sistema de derechos y garantías imposible
de traspasarse, bajo el peligro de repetir historias pasadas, pues cuando se
proclama que para combatir el delito se debe dismi- nuir las garantías del
delincuente, debe tenerse en cuenta que no es que habrá menos garantías para
estos e iguales garantías para el resto de la población: todos correrán
similares riesgos, unos a manos del Estado y otros a manos de la
delincuencia.
A ello se suma, que desde 1990 en adelante, ha crecido la tendencia a
encerrar más y más personas, al tiempo que se recortan los presupuestos para
mantener las cár celes. Con menos dinero, se tienen más presos y así las
cárceles se convierten en otra usina productora de delincuentes. Obviamente
construir e inaugurar mejores estable -cimientos penales, no está en la
agenda de los políticos, pues son actos que no “cose- chan” votos. Frente a
ello, como hongos surgen los expertos en políticas de seguridad juvenil, de
contención de la niñez, de educación del "delincuente", ideando “modernos
centros de contención” construcciones, que- por lo proyectado- parecieran
que en su interior funcionarán universidades, similares a las del primer
mundo . No se entiende, de que manera un país como el de la República
Argentina,que apenas controla desde hace años su enseñanza pública, podrá
afrontar un sistema educativo para chicos que han crecido en la misera,la
exclusión y la falta total de valores. Toda una incógnita.
Pero es claro, que a medida que el fenómeno crece y que las soluciones no
apa- recen,la sociedad descree de toda estadística y de toda teoría. Para
ella, no existe “sen sación de inseguridad”, lo que realmente percibe a
diario es “la falta de seguridad” y también, por el contrario y gracias a la
exposición pública de las más crudas doctrinas de la mano dura, va tomando
conciencia que el camino de la solución,pasa por políti cas que el Estado no
acierta a aplicar.
La realidad indica que deben dejarse de lado antiguos conceptos que contrapo-
nían el llamado “orden público” (originado en la época de las dictaduras
pasadas) con los nuevos paradigmas de la “seguridad pública comunitaria”,que
maliciosamente mu chos comunicadores equiparan a una defensa de “los
derechos humanos” de los “de- lincuentes”. Tanto es un derecho a no ser
detenido y golpeado por la policía, como a caminar libremente por las
calles, a no vivir entre “rejas”, con desconfianza y miedo y en este
contexto también la víctima tiene derecho a ser reparada integramente. Los
derechos de lo habitantes, de todos, deben ser defendidos sin rótulo alguno
y no es necesario introducir mayor confusión aún, en un tema donde no solo
nos va la vida cotidiana, sino también la estabilidad racional que debe
primar en la relación de toda sociedad.
Construir Seguridad también implica invertir en educación, salud y trabajo,
que obviamente redituará mucho más que la inversión en armas o en
instrumentos de represión. Construir Seguridad, también implica que la
Justicia ,por una vez en la his toria de este país, tome las cosas con
valentía y explique a la sociedad el porqué de ca- da una de sus decisiones,
en vez de que las mismas se transmitan por los medios de difusión de
noticias, con la intencionalidad que ello conlleva. Mientras subsista esta
idea de querer ignorar que el tema de la Seguridad es un problema
esencialmente político y los poderes públicos hagan caso omiso a esto, todos
los argentinos seguire- mos rehenes de este tira y afloje, con consecuencias
nada alentadoras, porque en esta lucha, no conviene olvidar que cuando en
nombre de la Seguridad se prive a las perso- nas de Libertad, no habrá ni
Seguridad, ni Libertad.
Carlos A. Bozzi
Abogado - Diciembre de 2009
Sobrevivivnte de
La Noche de las corbatas
Los
misterios de la costa marplatense
Por Carlos A. Bozzi *
¡Alto el Fuego!
Existen pocos paisajes en la zona atlántica como el que da nacimiento a lo
que se llama “Barranca de Los Lobos”, que arranca geográficamente pasando el
mítico “Faro” marplatense y se extiende más allá de las conocidas “Colonias
de Chapadmalal”. Las altísimas barrancas, las profundas entradas del mar
azotando con sus olas, enormes piedras que descansan sobre playas, muchas
veces inaccesibles al ser humano, dan un tono cinematográfico a una
geografía que muchos lugares del mundo envidian.
Un poco de historia
“No se sabe de donde vinieron. Pero en tiempos alejadísimos, cuando los
contornos de la tierra no habían tomado su diseño actual, los ríos no
surcaban sus cauces de ahora, se hacía sentir un clima húmedo y pesado y
vagaban por la pampa cubierta de ciénagas los grandes mamíferos extinguidos,
había seres humanos en los acantilados de la costa atlántica, entre Mar del
Plata y Bahía Blanca”, comienza narrando en su primer tomo de Historia
Argentina, José María Rosa. El horizonte contemplado por el ser de “Las
Barrancas”, hizo que posteriores estudios,lo bautizaran como el “homo
chapadmalense” y las huellas de su rudimentaria cultura, permitieron
colocarlo “a la cabeza de la humanidad primigenia”.
La zona, alejada del centro de
la ciudad turística, siempre tuvo el encanto de la “aventura” y poco
pudieron ser explotadas sus playas, dado lo difícil del acceso a las mismas
y el peligro que supone la altura de las barrancas. Los escasos
emprendimientos comerciales iniciados, no pudieron hacer pie, pese a los
aislados intentos de algún inversionista que se animó con alguna
infraestructura, sin éxito alguno.
En el camino hacia esas costas, se encuentra un icono de la zona: “El Faro”.
Distante exactos 13 kilómetros desde la intersección de las Avenidas Luro e
Independencia, con una altura de 54 metros y una lámpara cuyos reflejos
alcanzan los 38 kilómetros mar adentro, la construcción es parte
indispensable de cualquier postal marplatense. A su costado, se instaló uno
de los “Centros Clandestinos de Desaparición de Personas”, que funcionó en
la dependencias de lo que era la “Escuela de Suboficiales de Infantería de
Marina”, hoy en ruinas.
Los misterios de las barrancas
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La distancia hacia la ciudad
turística, la carencia de servicios esenciales, como agua y electricidad,
hicieron que la zona fuese tradicionalmente poco poblada. Solo grupitos de 3
o 4 casas se le animaban a una geografía, rodeada de campos y algún que otro
sembradío. Sin embargo, con el correr de los años, de a poco fueron naciendo
distintos barrios, salpicando la solitaria ruta hacia “Las Colonias”. con
casitas de techos rojos y paredes blancas.
La soledad del paisaje, hizo que las Fuerzas Armadas, eligieran la zona como
un lugar de privilegio, para el asesinato de más de 15 personas, cuyos
cuerpos fueron encontrados al borde de las playaa, encapuchados, con las
manos atadas y disparos de armas de fuego en sus cabezas. Los hechos tienen
nombres y fechas. La mayoría de ellos ocurrieron entre los meses de febrero
y octubre de 1978, sin conocerse el por qué de la elección de ese periodo de
tiempo.
El 4 de febrero de aquel año, varios militantes de un partido de izquierda,
fueron secuestrados en la ciudad de Necochea por personal de la Marina
Argentina. La mayoría eran mujeres, con hijos que no superaban los 4 años de
edad. Las madres fueron “alojadas” en la Base Naval de Mar del Plata y
cuatro niñitas, dos rubias y dos morenas, abandonadas en la zona de “Las
Barrancas”, donde asombrados vecinos las encontraron deambulando por las
solitarias playas. “Develar el misterio es un desafío a la sensibilidad
pública... Estupor por el abandono en distintos lugares de la ciudad de
cuatro niñas”... titulaba el Diario “La Capital” el 9 de febrero de aquel
año. Cinco días después, el mismo matutino, con autorización de la justicia,
publicó las fotos de las cuatro niñas, bajo el título: “Para una Galería del
Absurdo”. Gracias a ello, familiares de las menores, que residían en otros
lugares de la provincia, pudieron rescatar a las bebas.
Por julio aparecieron los cuerpos de varias mujeres tirados en las playas de
estas ya famosas “Barranca de Los Lobos” y en agosto ocurrió el suceso de la
playa “Luna Roja”: “Una bomba que manipulaban, destrozó a cuatro
extremistas” , titulaba la edición del Diario “La Capital” del día 3 agosto
de 1978. Las imágenes publicadas son elocuentes, pues como se observa en las
fotos, de la precaria construcción no quedó practicamente nada. Hasta hoy,
han sido in fructuosos los esfuerzos para conocer la identidad de estas
personas, que no eran cuatro, si no cinco, según consigna el ingreso de los
cuerpos al cementerio de Mar del Plata (cuatro mujeres y un hombre).
Alto el fuego. Paz en la zona.
Por 1976, muy cerca del complejo de las colonias, el “Instituto de Obra
Social del Ejercito” (IOSE), construyó un complejo turístico para sus
afiliados. El eprendimiento se instaló en la misma zona de Chapadmalal,
sobre Playa Santa Isabel ,en el barrio del mismo nombre y a 2 kilómetros de
San Eduardo de Chpadmalal.
Es un conjunto de 6 edificios de una sola planta, con instalaciones para que
los afiliados a la Obra Social pudieran vacacionar. Apenas instalado, las
autoridades de la Obra Social cercaron la playa e impidieron el acceso a los
vecinos, colocando además custudios en el portón de ingreso. Se organizaron
protestas, se hicieron reuniones conjuntas entre vecinos y autoridades, pero
el ingreso a la playa continuó siendo difícil. En un momento, las
autoridades otorgaron una “credencial” a los vecinos del barrio Santa
Isabel, que los autorizaba al uso de las playas, pero desecharon ese
“privilegio”.
Con la democracia, la cosa mejoró y ya el acceso fue libre, pero por
cuestiones ecológicas (mega-escollera construida durante la presidencia de
Menem en la residencia de Chapadmalal), la playa fue desapareciendo. El IOSE
abandonó el complejo y las instalaciones comenzaron a sufrir un lento
deterioro: basura, alambres caídos, muros derrumbados, piedras enormes en la
poca costa que queda, construcciones en peligro de caída, etc. Nadie se hizo
cargo de las abandonadas instalaciones, ni el IOSE, ni el municipio de Mar
del Plata, pese a las quejas insistentes de los vecinos, que no saben a
quien recurrir para solucionar el problema del abandonado complejo.
Pero hay más. Cada dos meses la “jefatura de la Agrupación de Artillería
Antiaérea de Ejército 601”, Escuela y Unidades dependientes, Grupo de
Artillería Antiaérea 601, Grupo de Artillería Antiaérea Mixto 602 y Batería
de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos 601, guarnición militar asentada a
50 kilómetros del lugar, traslada en camiones todos sus cañones,
instalándose a metros del abandonado complejo, para realizar prácticas de
tiro.
El dato no es menor. Los ejercicios se realizan a la altura del
Polideportivo Panamericano y de Estación de Bomberos de la zona, a 300
metros del complejo presidencial, a 500 metros de la Escuela Municipal EGB
58 ,enclavando trincheras y apostando piezas antiaéreas en una zona que fue
declarada Reserva Turístico Forestal por el municipio marplatense. A su vez,
los disparos apuntan al camino que recorren la ballena franca austral que al
emigrar, pasa por esas costas.
Lo impresionante del cuadro se pueden ver en la pagina web:
http://www.ejercito.mil.ar/_NOTICIA/AgrAAEj601-Ec_03dic.asp
Tambien los vecinos han elevado
notas al Intendente local y al Ministerio de Defensa de la Nación sin eco
alguno, no solo para que se solucione el tema del complejo abandonado, sino
también para que cesen estas practicas militares en una zona, hoy bastante
poblada gracias al esfuerzo de numerosos vecinos. Los cañonazos, los
disparos de ametralladoras, los camiones militares y el incesante correr de
los soldados, atentan contra la seguridad de la población. Por el lugar
(nada más ni nada menos que la ruta provincial número 11) transitan
ciclistas, automovilistas, colectivos de línea de media y larga distancia y
personas a pie. Los estruendos asustan a la fauna del lugar y el humo de la
polvora a veces impide la visión al mar, siendo todo esto un serio atentado
al medio ambiente.
Cansados, los vecinos han subido videos a YouTube, los cuales, bajo el
titulo de “Practicas Militares en Chapadmalal” se pueden ver en los
siguientes link:
Parte 1:
http://www.youtube.com/watch?v=zF9okNBR1fo
Parte 2:
http://www.youtube.com/watch?v=Yjw7g3cr7ao
Parte 3:
http://www.youtube.com/watch?v=h-CDDp0hfxA
Parte 4:
http://www.youtube.com/watch?v=YfhQRTmnV-I
El cuadro refleja una zona de guerra. Se pueden ver las ametralladoras
disimuladas entre las rocas, las explosiones en el cielo, entre los
automotores y los ciclistas que circulan por la ruta y vecinos asombrados
por tal despliegue bélico. Si el lugar fue elegido por cuestiones
estratégico-militares, se ignora, pues nadie da explicaciones sobre el
hecho.
Aunque sería sensato reflexionar que la zona, históricamente signada por
tanta historia de muerte, quede en paz y alejada de estos nuevos disparos,
que tanto hacen recordar aquellos tiros que hace años sonaban entre la
oscuridad de estas míticas barrancas. ¡Alto el fuego!, piden hoy los vecinos
de las playas de Chapadmalal, los cañones a otro lado y que vuelva la paz a
la playa. Y también, que alguna autoridad se haga cargo de las derruidas
instalaciones de aquel viejo hotel militar, que hoy sirve de trinchera a
modernas practicas de tiro. Nada del otro mundo.
Carlos A. Bozzi
Abogado -
Noviembre 2009.
Mar del Plata
Sobrevivivnte de
La Noche de las corbatas
Detrás
de la puerta están los datos
Por Carlos A. Bozzi
Abogado. Sobreviviente de La Noche de las Corbatas
Las recientes manifestaciones de Graciela Fernández Meijide acerca de las
cifras reales de personas desaparecidas durante la década del 70, las
numerosas repercusiones causadas, que también motivaron una declaración de
la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y la reciente absolución del
coronel Alejandro Guillermo Duret por un Tribunal Federal en la ciudad de
Mar del Plata, introdujeron otro cariz al tema de los derechos humanos en
Argentina.
Más allá de los disgustos y las molestias que puedan ocasionar opiniones
diversas, es necesario ver que la polémica no es mala en sí, sino por el
contrario es necesaria e imprescindible para diseñar una estrategia
superadora que permita la condena de todos los responsables de crímenes de
lesa humanidad. Y más aún, que esa condena sea dictada por el actual sistema
de justicia que tiene la República Argentina en este momento histórico y no
por otra justicia, que deseamos, pero no aparece, salvando los casos de
excepcionales jueces, que aun quedan y poco pueden hacer..
Las cifras las tiene el Estado
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El 24 de marzo de 1976, no fue producto de algunas ideas alocadas de ciertos
personajes que emergieron de la nada, con ansias purificadoras y la misión
de salvar a la patria de las tinieblas y el caos. Fue el resultado de una
política que se apropió del aparato del Estado Argentino y que a través de
sus funcionarios y empleados, diagra mó una estrategia de exterminio de
disidentes políticos y sociales.
Así lo hemos dicho en reiteradas oportunidades a través de las páginas de “El
Ortiba”, en artículos escritos en el 2006 y 2007,en los cuales como
síntesis se concluía: “Este diagrama de la muerte se diseñó como una
POLITICA DE ESTADO, método que por una parte buscó ocultar los hechos,
mientras que por otra registraba minuciosa y administrativamente todo
detalle de cada asesinato. Y así, responsable único de esta historia, el
ESTADO, el de ayer como el de hoy, sea quien fuere el que se encuentre al
frente de su administración ,va evadiendo lentamente su obligación de
brindar y poner al alcance de todos, los elementos necesarios e
imprescindibles para que miles de argentinos reconstruyan su historia”.
1
Nadie puede ignorar las dificultades de todo tipo que han tenido los
familiares de las personas desaparecidas para realizar adecuadamente sus
denuncias en aquellos tiempos. Basta imaginar, las penurias que atraviesa
hoy un argentino que desea ha cer una denuncia similar en cualquier
dependencia policial o judicial país, para com prender la magnitud del
problema. Por ello, no se entiende lo que pretende decir la señora Meijide
cuando cuestiona las cifras de desaparecidos, ni adonde apunta su planteo y
cual es el beneficio de una u otra visión de la cuestión.
No solo, existe el informe de Arancibia Clavel (Policia Chilena,DINA) que en
1978 decía: “se tienen computados 22.000, entre muertos y desaparecidos
desde 1975 a la fecha…”, sino también el informe de un militar argentino a
la Nunciatura Apostólica , que a diciembre de 1978, confesaba: “las fuerzas
de seguridad se habían visto obligadas a hacerse cargo de más de 15.000
personas” (en la jerga,, quiere decir: “se habían cargado, más de 15.000
personas), con lo cual no quedan dudas que las cifras son mucho más
superiores a las denuncias iniciales efectuadas ante la Conadep. Y teniendo
en cuenta,la cantidad de centros clandestinos de detención, el número de
hombres de armas puestos en acción, la inmensa tarea que aún resta en muchas
localidades del interior del país para censar desapariciones no
denunciadas,no es difícil imaginar un número que supera ampliamente los
30.000 desaparecidos.
Pero en donde difiero con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, es
que la cifra exacta y los datos de la cantidad de desaparecidos, se
encuentre en poder de los asesinos, si como tales identificamos a los
Videla, Massera, Bussi, Menéndez, etc. En realidad, el asesino fue el
Estado Argentino, el que realizó esta atrocidad a través de sus agentes,
quienes anotaron, registraron y archivaron minuciosamente todo, como lo hace
cualquier empleado público que se precie de tal..
Y sobran los ejemplos. El archivo de la Dirección de Inteligencia de la
Policía de Buenos Aires (DIPBA) descubierto en el año 1999 y el ahora
reciente informe sobre otros archivos descubiertos en Rosario y Santa Fe,
como algunos desenterrados en la ciudad de Corrientes, muestran que hay
datos y muchos. A más de ello, aun continúan las amenazas anónimas a madres
y abuelas,en la cuales macabramente se transmiten detalles de la muerte de
sus hijos, detalles que solo pueden saber aquellos que participaron en esos
homicidios. En estas páginas, también hemos relatado el episo- dio sufrido
por los hijos del matrimonio Sasso, desaparecido en Mar del Plata en febrero
de 1979, a los que una mano anónima, dejara por debajo de la puerta del de-
partamento de uno de ellos, la cédula de identidad de su madre..¿Quién había
archivado ese documento durante 21 años y lo había mantenido intacto? 2
Lo que pasa es sencillo: hay que tener, mostrar y ejercer voluntad política
para buscar esos datos y ningún gobiernos desde 1983 en adelante, la ha
tenido y creo que tampoco la tendrán los que vengan en el futuro. Y aquí
está el meollo de la cuestión, pues la dilucidación final de estos hechos
esta en manos del mismo Estado, que es quién cometió el delito. ¿Cuántos
dictámenes favorables a la reparación de daños a familiares de personas
desaparecidas, emitidos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
son rechazados por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Justicia? cEs bueno que se sepan, no solo la cantidad, sino también las
razones del rechazo. Tengo ejemplos, nada gratos y que en el fondo mellan la
tarea de hombres de talla del Dr.Eduardo Luis Duhalde, porque se originan en
el área de la decisión política ministerial, ajena a su secretaría y
demuestran las diferencias entre una y otra visión sobre los hechos de la
década del 70.
La realidad es una sola. Esto tiene nombre y apellido y no se soluciona con
excusas ni discursos llenos de pretextos.Solo se necesitan datos, fechas,
registros, anotaciones, documentos, resoluciones secretas y publicas, nómina
de pilotos militares en el período 1976 a 1982, listado de todos los
conscriptos clase 1955 a 1958, fecha de operaciones y quienes son, al menos
algunos, de los 150.000 hombres que participaron en la represión, todo lo
cual esta en poder del Estado y no ha expuesto públicamente a la luz hasta
ahora en la dimensión que corresponde. Detrás de cualquier puerta, está
todo lo que se busca. Solo se necesita abrirla.
El caso Duret : la realidad a la vista
En los artículos mencionados anteriormente, habíamos sostenido que la
justicia ar gentina estaba en deuda con la problemática de los derechos
humanos, pues dicho po der, se había convertido en una máquina de hacer
tiempo a la espera de que la biolo- gía haga su trabajo, de manera que los
malos vayan muriendo paulatinamente y así eludan cualquier posible condena.
Al igual que un mediocampista de fútbol, hace tiempo con la pelota. la
amasa, la pisa. Demora el pase, espera que los demás se aco- moden o
acomoden las cosas ( especialmente el poder político) y después actúa.
Pero con el caso del coronel Alejandro Guillermo Duret esa regla se quebró.
Llegó la hora de actuar, pues no quedaba otro remedio y procedió: lo
absolvió de culpa y cargo, porque nadie lo vió cometer el crimen del joven
Labolita. En realidad el argumento no es nuevo. En los asesinatos de los
doctores Candeloro y Centeno, los magistrados que juzgaron a las juntas
militares dieron por acreditado el secuestro de los mismos, y nada más, con
esta lacónica frase: "...Frente a tan escaso cuadro probatorio, resulta
forzoso concluir en que no se encuentra acreditado que esta muerte haya sido
la consecuencia del accionar violento de sus captores..."
Pero, más allá de este fallo sobre el coronel Duret, cuya suerte final esta
en manos de la apelación, resulta interesante remarcar algunos puntos de la
defensa.El militar remarcó algo llamativo: “El Estado me perjudicó al
destruir toda la documentación relacionada con la lucha antisubversiva”.
Urge probar que no es así, porque el argumento va a prender como hongos en
la humedad.
Y la segunda cuestión, más preocupante aún, es cuando dijo: "Hice el 75 por
ciento de mi carrera en gobiernos democráticos y ascendí a coronel en abril
del 2000 con acuerdo del Senado. El 12 de abril de 1994 fui designado al
cuartel de Zapala en pleno Caso Carrasco. No me hubieran designado a cumplir
esa misión si fuera un violador de Derechos Humanos", con lo cual estaba
reafirmando lo que mucho sostienen, al decir, que el peso de la represión
recayó entre la oficialidad que aquel entonces contaba entre 25 a 35 años.
Ello son en realidad, quienes pueden informar fehacientemente sobre aquellos
hechos.
Y no es el primer caso de un acusado de violación a los derechos humanos que
siguió prestando servicios al Estado. Ejemplos sobran: el número 226 de la
Revista “El Periodista”, informaba en enero de 1989, que el teniente de
fragata Jorge Luis Radice, miembro de la plana mayor del Grupo de Tareas
3.3. de la ESMA, había sido designado asesor de seguridad en el minibloque
del ultra peronismo en la Cámara de Diputados. En julio de 2006, mucho
tiempo antes de ser detenido, informábamos desde estas paginas que el ex
capitán de fragata Luis Roberto Pertusio, jefe de la Fuerza de Submarinos en
1976 en Mar del Plata, aún integraba el Comité de Estudios de Estrategia
Militar y Organización Superior del Centro Naval Argentino, participando en
paneles auspiciados por la Escuela de Defensa Nacional.3
Cuando fue detenido Aldo Carlos Máspero, ex jefe de la Agrupación de
Artillería de Defensa Aérea (AADA 601), también señalamos que sus tareas
docentes como profesor de la Escuela Superior de Guerra estaban avaladas por
la fuerza Ejército y la nominación al premio a la “Vocación Académica” (34°
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires) , fue propuesta por un jurado
constituido por rectores y decanos de universidades e institutos terciarios
argentinos y por los organizadores de las Jornadas Nacionales sobre la
Vocación, la Capacitación y el Empleo en la República Argentina.4 Y hasta el
propio Alejandro Guillermo Duret, participó de la comitiva presidencial, cuando
Carlos Menem concurrió al juramento de Chavez en Venezue- la, allá por febrero
de 1999. (Ver Diarios “La Nacion” y “Clarín”, 3 de febrero de 1999).
Es decir, parece, que todos aún están y estuvieron hasta hace poco en el
Estado, al cual le prestaron servicios desde muchos antes de 1983 y quizás
en la actualidad, buena parte de aquellos 150.000 hombres, permanezcan en
distintos puestos burocráticos. Esta es la cuestión central a resolver,
porque sin refundar un Estado, que tiene sus actuales cimientos en las leyes
de los gobiernos cívicos-militares, será casi imposible torcer la historia
de la Argentina.
El regocijo de los malos
Es posible y ciertamente probable que estas polémicas despierten regocijo en
algunos personajes, que no han hecho otra cosa que justificar vejaciones,
torturas y crímenes, sin poder demostrarle a la sociedad que un “solo”
desaparecido haya sido el autor de algún hecho ilícito en la década del 70.
Y no la pueden mostrar, porque sus defendidos han asesinado a todos los
sospechosos…se han quedado sin prueba alguna. Los principios en que se
fundamenta la justicia son superiores, pues nadie podrá desvirtuar que todo
homicidio es un crimen y por ello tendrán que responder, hoy, mañana o
pasado, no sé, pero lo tendrán que hacer ante los tribunales de justicia.
1 “¿Y entonces, me pongo de nuevo la capucha?”, “Todavía Están”, “Haciendo
Tiempo”, etc.
2 “Documentos Secuestrados .Documentos devueltos. Cedulas de Identidad
recuperadas. Misión cumplida”.
3 “Jefes Navales detenidos en Mar del Plata”
4 “Regreso sin Gloria.Mas Militares detenidos fueron llevados a Mar del
Plata”.
Notas del autor en el sitio en
Columnas de opinión
Notas del autor en el sitio sobre La Noche de las Corbatas
Se permite la reproducción citando la fuente
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Como
todos los años, un tema sin resolver
(La Larga Noche de las Corbatas)
Por Carlos A. Bozzi
Sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”
Este 6 de julio del 2009, ya se cumplen 32 largos años,que recuerdan
aquellos siete días, durante los cuales en un operativo múltiple fueron
secuestradas nada menos que once personas en la ciudad de Mar del Plata,
siete de las cuales, ejercían la abogacía, todos los cuales fueron alojados
en el radar subterráneo de la Base Área local, lugar que posteriormente se
conoció como el Centro Clandestino “La Cueva”.
Conviene volver a repetir la cronología de estos hechos. El 6 de julio de
1977, son secuestrados los doctores Norberto O. Centeno, Salvador Arestín,
Raúl H. Alais y Camilo Ricci. Este último fue liberado 24 horas después,
mientras que el cuerpo sin vida de Centeno apareció en un camino vecinal de
la ciudad balnearia el día 11 de julio. Es importante detenerse en un
detalle, macabro, pero detalle al fin, que puede dar alguna pista más con el
fin de esclarecer los móviles del secuestro: la mayoría de los cuerpos que
aparecieron en la ciudad presentaban signos de ametrallamiento con numerosas
heridas de bala, originadas en simulados enfrentamientos. El cuerpo del Dr.
Centeno, en cambio, mostraba visibles signos de haber sido salvajemente
asesinado a golpes, lo cual no encaja con la metodología habitual de la
época. Asimismo, es el único de los secuestrados que es “detenido” al grito
de “Alto, Ejército Argentino”.
El
8 de julio son secuestrados los doctores Carlos A. Bozzi y Tomás J.Fresneda
del estudio jurídico situado en Independencia y Gazcón. Acto seguido,
también lo es la esposa de este último, María de las Mercedes Argañaraz ,
que cursaba un embarazo de 5 meses y medio. Cuatro días después las Fuerzas
Conjuntas secuestran al abogado José María Verde y a su esposa, Ana María de
la Arena, liberándolos al anochecer del día siguiente. Por último, la lista
se cierra el día 13 de julio, con la desaparición de María Esther Vázquez y
su esposo Néstor Enrique García. Injustamente las crónicas posteriores
olvidaron mencionar que Verde también era abogado y había asesorado al
Gremio de Trabajadores Judiciales local.
Los diarios del día 14 daban cuenta de ambas noticias: la liberación del
matrimonio Verde y el secuestro de los esposos García. La situación ya era
preocupante para la ciudad: estaban desapareciendo “personas” y las fuerzas
del orden parecían impotentes para detener esta ola de “inseguridad”. Desde
todos los sectores sociales, con el obispado a la cabeza, se reclamó la
urgente intervención de las autoridades policiales y militares para que
“hagan algo”, pues se encontraba afectada sensiblemente la propia “imagen”
del popular balneario. Mar del Plata, en ese entonces, se preparaba para ser
una de las sedes del campeonato mundial de futbol, con distintas obras en
proceso, a fin de recibir a turistas de todo el mundo y estos sucesos
perjudicaban, obviamente, los intereses locales. La “Ciudad Feliz”, ya no lo
era tanto..!!!
Fue así, que el 19 de julio por la mañana,el Ejército realiza un
impresionante operativo rastrillo por tres barrios cercanos a la Base Aérea,
en procura de la localización de los secuestradores y de los secuestrados,
operativo ampliamente difundido por los medios radiales. A media mañana hace
su arribo a la ciudad, el Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires,
coronel Ramón Camps, quien brinda una conferencia de prensa a los medios
locales y nacionales, reuniéndose con el juez de feria, Doctor Rodolfo
Morales Ridecós. Con el elenco completo, el telón comienza a levantarse
cerca de las 20,30 horas de esa noche, cuando en un cruce de caminos en las
afueras de Mar del Plata, una patrulla del Ejército Argentino intercepta a
tiros de fusil y escopetas “Itaka”, un vehículo Ford Falcon. En el baúl del
automóvil los efectivos militares encontraron maniatado y vendado al Dr.
Carlos A. Bozzi y en los asientos del destrozado rodado, los cuerpos sin
vida, acribillados a balazos, de Carlos Alberto Weber (cronscripto y
estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata) y Stella
Maris Giourgas (estudiante de Agronomía de la UNLP), dos jóvenes
secuestrados semanas atrás en la ciudad de La Plata, que habían sido sacados
del Centro Clandestino de “La Cacha”, para tener trágica participación en la
montada farsa. En tren de ponerle nombre a todos estos sucesos, un policía
retirado alguna vez me comentó, si yo era el que había estado en “La noche
de las escopetas”.
Al
día siguiente cuando los diarios, daban noticias de este suceso , se
aclaraba que el automóvil pertenecía al “asesinado” doctor Centeno, con lo
cual las Fuerzas de Seguridad, a más de recuperar el automóvil, aseguraban a
la población, que los autores de tantos secuestros y también de la muerte
del prestigioso abogado eran nada más y nada menos que "los Montoneros”.
Habían salvado la vida de uno de los secuestrados y tenían ubicados a los
demás. Sin embargo de los otros abogados y del matrimonio García, nunca más
se tuvo noticias y poco a poco no solo la población, sino también los
distintos sectores sociales fueron olvidando estos hechos. Solo existe un
informe del agente de inteligencia Arancibia Clavel, que da cuenta de la
“aparición de los cadáveres de varios abogados izquierdistas” en las costas
marplatenses a fines de Agosto de 1977”, afirmando que en el hecho “había
operado el Coronel Camps”. Hasta el momento, no se ha podido corroborar esta
información, por lo cual el caso continúa abierto hasta estos días y está
siendo investigado por el Juez Federal de Mar del Plata, Alejandro Augusto
Castellanos, en la llamada causa “La Cueva” , dónde procesó y ordenó detener
a varios altos jefes militares que ejercieron funciones en 1977 en la
Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601) y al abogado
Eduardo Cincotta, cuyo arribo al lugar de los hechos en la noche del aquel
19 de julio de 1977, también se procura esclarecer por la Justicia.
Como antecedente a los sucesos de julio, es necesario recordar que el 13 de
junio de 1977, había sido detenido por la Delegación Neuquén de la Policía
Federal Argentina el abogado Jorge Roberto Candeloro y su esposa Marta Hayde
García. La pareja fue trasladada a Mar del Plata por orden de las
autoridades del AADA 601 y el 28 de junio de ese año, el abogado es
asesinado en las mismas instalaciones de “La Cueva”. Su muerte se produjo a
causa de las torturas infligidas por sus captores.
Marta Hayde García fue trasladada posteriormente a la Comisaría Cuarta de
Mar del Plata. Los datos acerca de la fecha en que se procedió a dicho
traslado aún son confusos. El Juez Castellanos, se inclina por establecerlo
a fines de julio de 1977. El testigo Oscar Bernardino Granieri, detenido en
dicha dependencia policial desde el 23 de febrero de aquel año, declaró en
el Juicio a las Juntas de Comandantes, que la fecha de arribo de la señora
García, fue el 20 de agosto. Días más, días menos, lo importante es que la
esposa del doctor Candeloro, asegura que antes de ser trasladada de “La
Cueva”, los abogados y el matrimonio García estaban aún con vida, con lo
cual aquel informe del terrorista Arancibia Clavel, puede tener algún sesgo
de verosimilitud.
El secuestro y desaparición de tantas personas, ninguna vinculada entre sí,
como grupo o como de militancia activa en la ciudad, provocó el estupor y el
repudio general de los distintos sectores sociales de la cuidad. Se podían
tolerar secuestros o cuerpos sin vida que aparecían acribillados en algún
aleja- do barrio del centro marplatense, si se conocía alguna militancia de
las perso- nas muertas. Siempre la muletilla de “por algo será”, funcionaba
a la perfección. Pero la heterogeneidad del grupo secuestrado y el prestigio
internacional que gozaba el Dr. Norberto Centeno sorprendieron a todos. El
diario “Excelsior” de Méjico, en su edición del 13 de julio, daba cuenta de
telegramas de repudio lle- gados desde Estados
Unidos,Francia,España,Venezuela y una veintena de paí- ses. Y relata que “Al
ingresar el féretro en la cureña , un viejo trabajador gas tronómico- el
primer gremio que defendió Centeno en esta ciudad balnearia y pesquera-
atravesó el gentío y arrojó sobre el ataúd su chaqueta blanca profe- sional:
”Llévese esto Doctor” ,dijo entre lágrimas”.
El Juez Castellanos, en un párrafo de su resolución afirma:” Es dable poner
de resalto que más allá de la existencia de diversas conjeturas acerca de
los motivos o causas determinantes del acaecimiento de tales sucesos, o de
la propia comprobación de los hechos individuales padecidos por las
víctimas, hasta el momento no ha sido posible acreditar de manera puntual el
móvil que guió en este particular caso el accionar represivo del Estado”. Y
más adelante sostiene que: “Pero con independencia de la razón motivante del
acaecimiento de tales sucesos –en cuya determinación hasta el momento ha
fracasado no sólo esta instrucción, sino incluso el propio tribunal
interviniente en la causa que procura la determinación de la verdad de lo
acontecido en la materia, en tanto que aún no ha dictado sentencia en el
marco de los autos caratulados “Colegio de Abogados de MDP y otros s/
Denuncia s/ Desaparición forzosa de personas”-, resulta palmaria la
existencia de elementos que vinculan tales hechos entre sí, como lo son la
profesión desarrollada, la contemporaneidad de su ocurrencia, el destino de
alojamiento y, en cierta forma, su desaparición”. Sin embargo, este tipo de
razonamiento -por cierto respetado y respetable- sustrae -reitero, sin mala
fe que imputar al magistrado- los hechos del contexto histórico en que se
desarrollaron, pudiendo llegar a convertir un delito de lesa humanidad como
el que se cometió en “La Noche de las Corbatas”, en un delito común,
obviamente prescriptible con el tiempo. Buscar “el móvil” en las
desapariciones forzadas de personas en la década del 70, lleva al peligroso
precedente de considerar algunas desapariciones justificables -por la
militancia o por la vinculación a alguna persona con militancia política- y
a otras no, colocando a los sobrevivientes de estas últimas, en la condición
de un “perejil”, secuestrado por error. En última instancia, sería legitimar
ese submundo jurídico que tan brillantemente describe el Juez Rafecas en su
sentencias sobre los centros del “Olimpo”, “el Banco” y “El Vesubio” , al
decir que allí, lo ilegal se convertía por imperativo de los hechos, en lo
jurídicamente permitido.
Las acciones del Terrorismo de Estado siguieron un plan de operaciones
sistemático, en dónde nada quedaba librado al azar y no es posible
considerar cada caso en forma aislada, pues así se sustraen los hechos de su
contexto histórico. Para las Fuerzas Conjuntas, todos eran operativos de
guerra, basados en previas investigaciones de inteligencia, que determinaban
los blancos a elegir. En Mar del Plata, se dio el particular caso que, como
sostuviera el Tribunal Oral en lo Federal Criminal, causa “Colegio de
Abogados de Mar del Plata y Otros s/ Denuncia s/ Desaparición Forzada de
Personas d/Inc. Universidad Nacional de Mar del Plata s/Actividades de
Inteligencia de la Represión Ilegal”, citando un informe secreto de la
Prefectura Naval Argentina, que dice: “El GADA 601, que siempre mantuvo
hermetismo respecto de sus operativos, no cuenta con personal capacitado en
inteligencia, en la medida en que las circunstancias lo aconsejan, en un
primer momento de esta guerra, se valió de personas civiles que militaban en
la CONCENTRACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA (CNU) que llegaron a actuar con
total impunidad en la ciudad …”., corroborando lo que muchos sostuvieron
desde hace años,acerca de la intervención y participación de civiles, y en
especial de abogados locales (otras declaraciones en el Juicio por la Verdad
de Mar del Plata, así lo certifican) en casos de secuestros y desapariciones
de personas, en especial los hechos de “La Noche de las Corbatas”.
Es impensable que el poder militar permita que civiles, sin su expreso
consentimiento, pudieran tener vía libre en cualquier ciudad del país, para
secuestrar personas. Solo bajo sus ordenes y expreso consentimiento podrían
haberlo hecho. Y es verdad, aun faltan actores que se sumen al reparto, pues
no todo está claro en este hecho que hoy cumple 32 años. Bien dice el
Tribunal marplatense, al considerar los crímenes de la organización “CNU”,
como de lesa humanidad, que: “Como antes se dijo deberá también investigarse
la participación de Eduardo Ullúa en la tristemente célebre “Noche de las
Corbatas”, ocurrida en esta ciudad entre los días 7 y 9 de julio de 1977,
atento la información confidencial que desde tiempo antes a la ejecución de
este grave suceso se disponía respecto de los abogados secuestrados, su
pertenencia al grupo que comandaba el Coronel Alfredo Arrillaga y su
vinculación con el abogado Eduardo Cincotta..”.
Para el lector desprevenido, el mentado Ullua, agente civil incorporado al
Ejercito Argentino en tareas de Inteligencia, integrante activo de la
Concentración Universitaria Nacional, aún no sido interrogado por ningún
Tribunal de Justicia de la República Argentina. No es un dato menor y hasta
ahora, permanecen las incógnitas, a pesar de que en Mar del Plata, muchos
saben la verdad y han decidido guardar silencio.
Queda sí la esperanza de impulsar la causa por el asesinato de los jóvenes
Weber y Giourgas, en un intento más de desentrañar las responsabilidades de
todos aquellos que amparados en el poder de un Estado terrorista, hoy nos
impiden conocer la suerte de tantas personas desaparecidas y asesinadas. Es
de esperar que no sea por mucho tiempo más.
Carlos A. Bozzi
Abogado
Sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”
Julio de 2009
Imágenes: 1) La Cueva 1977,
construcción original. Archivo CONADEP
2) Diario Excelsior, 13 de julio de 1977
En
memoria de un ignorado cabo de la Marina
Por Carlos Bozzi
Finalizando mayo, comenzó en Mar del Plata el juicio oral ante los
tribunales federales contra dos ex militares acusados del homicidio de un
joven militante universitario en los años 1976. Se trata del caso que
involucra al general retirado Pablo Mansilla y al ex coronel Alejandro Duret
por la desaparición de Carlos Labolita, ocurrida en la ciudad de Las Flores
en aquel año. Si los tiem pos procesales lo indican, esta no será la única
causa por delitos de lesa huma nidad que se sustancie en la ciudad balnearia
durante este año. Prontas también a elevarse también a juicio, se encuentran
las causas por los hechos sucedidos en la Base Naval, que llega adelante el
Juez Federal Rodolfo Pradas (Causa, “Malugani, Juan Carlos y otros”,
expediente número 4447) y por los acontecidos en el Centro Clandestino de
Detención ubicado en el ex radar de la Base Aérea local, más conocido como
“La Cueva”, que impulsa el Juez Federal, Alejandro A. Castellanos
(Actuaciones relacionadas a la causa 15988 Molina Gregorio..).
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Más de 40 personas, entre civiles y militares,
están acusadas en ambas causas, todas ellas actualmente con prisión
preventiva dictada, algunas cumpliendo arresto domiciliario y otras,
alojadas en distintos penales de la provincia o la nación. Como se aprecia,
el panorama judicial en la costa atlántica para este año se presenta
bastante convulsionado, en especial por las vinculaciones entre civiles y
militares en la represión de la época y por la cantidad de acusados, algunos
de los cuales se retiraron del servicio con altos grados milita res.
Pero lo que interesa a este pequeño homenaje a un desconocido cabo enfermero
de la Marina, es poner de resalto, como a veces, determinadas historias ,
que quizás estén a la vista, delante de nuestros ojos, pueden pasar
inadvertidas y solo una pequeña frase, un pequeño dato o un insignificante
indicio, dan nueva vida a aquello que pasó desapercibido por largos años.
Para ubicar al lector, nos referimos a Omar Secundino Oyola, de 29 años,
enganchado en la Marina Argentina, de profesión enfermero, quién el 29 de
diciembre 1977, fue secuestrado a la salida de la Base Naval de Mar del
Plata. No hay fotos de él, no se sabe si era morocho, rubio o pelirrojo,
petiso o alto, del norte o del sur del país. Poco se sabe, pero lo que se
pudo descubrir es que sus torturadores lo llamaban “Chiche” y que fue
desaparecido por “haber cometido un acto de humanidad”.
La historia de la represión en Mar del Plata, da cuenta que la misma pasó
por cuatro distintas etapas. La primera de ellas, entre marzo de 1976 a
diciembre de 1977, conducida por el coronel Alberto Pedro Barda, es signada
como la más cruel, en especial porque en dicho período acontenció lo que se
conoce como “La Noche de las Corbatas”. La
segunda abarca diciembre de 1977 a diciembre de 1979, con la jefatura del
Coronel Aldo Carlos Máspero y se la define como “menos cruel”, pues ya había
pasado “lo peor”. La tercera estuvo a cargo del entonces coronel José
Segundo Dante Caridi, finalizó en diciembre de 1981 y se la encuadra como
“suave” o “legalista”. Sobre la última etapa, que concluyó en octubre de
1984 y estuvo a cargo del coronel Juan Carlos Medrano Caro, poco se conoce
hasta ahora.
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En el tránsito de la primera a la segunda etapa,
diciembre de 1977, se sucedieron hechos que cada uno de los responsables,
ignora conocer, alegando unos que aún no estaban en posición del mando del
ADA 601 y otros, sosteniendo que habían sido ya trasladados a otros
destinos.
Así, en un primer informe brindado en el año 2001 por la Secretaría General
del Ejército se dice que el Coronel Máspero asumió su comando el 7 de
diciembre de 1977. Por otra parte en el legajo del Coronel Barda, se
consigna como fecha de su relevo del ADA 601, el 5 de diciembre del mismo
año. Pero, el cruzamiento de datos entre ambas causas Base Naval y La
Cueva arrojan resultados sorprendentes, más allá de las fechas citadas.
Así, en al causa de la Base Naval Mar del Plata, donde Máspero esta acusado
de más de 14 homicidios, su defensa alega que si bien el nombramiento data
de fecha 27 de octubre de 1977, efectivamente se hizo cargo de la zona,
recién a fines de diciembre,con dos actividades básicas fundamentales: ”la
primera ga rantizar la preparación y ejecución del mundial de fútbol 1978 en
la guarnición y la segunda consistía en la necesidad de preparar los cuadros
y tropas para una muy posible circunstancia de conflicto bélico local, por
el conflicto con Chile concretamente… Lo expuesto lo llevó a considerar la
lucha contra la subversión como una función alternativa y secundaria para lo
cual decidió limitarse en la misma, a la ejecución preventiva (controles,
patrullajes, protección de objetivos, etc)… En tal oportunidad pudo apreciar
que la agrupación adolecía de conduc ta disciplinaria, en similitud con lo
que acontecía en el operativo Independencia. El tipo de operaciones daba
lugar a dicha inconducta disciplinaria.”
A su vez, los fejes de la Base Naval, acusados de similares homicidios,
deslindan su responsabilidad, alegando que la dirección de la lucha contra
la subversión estaba a cargo del ADA 601, por lo que ellos, eran ajenos a
todo, enterándose de los acontecimientos, exclusivamente por los diarios. Y
precisamente, los diarios daban cuenta, por ejemplo, que 6 de diciembre
había sido abatidos en un “enfrentamiento armado”, Ignacio Antonio Suárez
(“Panda”) y Norma Inés Delbonis (“María), en una vivienda de la calle
Pedraza 546 de la ciudad de Mar del Plata.
En diciembre del año 2008, se presentaron dos personas ante el Tribunal Oral
Federal en lo Criminal de la ciudad atlántica para prestar declaración
testimonial. Habían estado secuestradas en la Brigada de Investigaciones de
Mar del Plata entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 1977, junto a 7
personas más: un matrimonio mayor posteriormente liberado, Suárez y
Delbonis, dos mujeres oriundas de Santa Rosa (La Pampa) y un joven con una
herida de bala en una pierna. Sobre Suárez y Delbonis, ya se sabe lo que
pasó. Respecto de las tres personas restantes, otra sobreviviente, también
secuestrada en la misma dependencia entre el 5 de noviembre de 1977 y el 21
de enero de 1978, relata haber escuchado cuando un grupo de tareas regresó a
la Brigada diciendo: “Ya está, estos no van a molestar más”.
Durante ese período de “anarquía” en la zona, fue secuestrado y aún se
encuentra desaparecido, Juan Telmo Ortiz, 18 años,militante del Partido
Comunista Revolucionario (1412), “abatido” Juan José Antezana de la Rivera
(2112) y también secuestrada, entre otros, María Carolina Jacué (2412). Pero
por esos avatares de los expedientes judiciales, en la causa de “La Cueva”,
el coronel Carlos A. Máspero, está acusado solo de tres (3) hechos:
secuestro de Ledda Carmen Barreiro y de su esposo Alberto Muñoz el 16 de
enero de 1978 y secuestro y desaparición de María Carolina Jacué en la fecha
ya precisada anteriormente. Como nadie vió, ni escuchó a Ledda y a su esposo
en el centro clandestino de “La Cueva”, la defensa del militar, sostiene que
tal testimonio es falso, pues esas personas no vivían en Mar del Plata al
momento del hecho y que podrían estar vinculadas a la organización
“Montoneros”, ya que Ledda era la madre de Silvia Graciela Muñoz, joven
desaparecida en la ciudad de La Plata en diciembre de 1976, embarazada y
militante peronista, con lo cual, este testimonio tiene origen en viejos
odios políticos hacia los militares.
Y acá es donde aparece “Chiche”, el ignorado cabo enfermero de la Base
Naval. A partir del mes de septiembre de 1977, las Fuerzas Conjuntas
iniciaron la primera fase de lo que se llamó “Operativo Escoba”, operación
de captura y extermino físico de más de 20 integrantes del Partido Comunista
Marxista Leninista ( PCML), en la que participaron fuerzas del ADA 601, del
Servicio de Informaciones Navales (SIN, “Tigre” Acosta, “Fibra” Rioja,etc) y
del Grupo de Tareas G.T. 3.3. (Esma, Astiz y Cia), todas operando en Mar del
Plata. Muchos de los jóvenes del PCML aparecieron acribillados en la ciudad
balnearia en noviembre de 1977, otros fueron trasladados a distintos centros
de detención de la Capital Federal y aún nada se sabe de ellos. Entre los
secuestrados se encontraba una familia entera, los García Macedo, grupo de
cuatro personas que fueron lleva dos a la Base Naval en octubre de aquel
año.
Pues bien,el Juez Pradas, en su resolución, trae a colación el relato de una
joven secuestrada en el mismo período y en dicha unidad militar, quién
afirma que Omar Secundino Oyola le cuenta que había logrado reunir al
matrimonio con su hija y estaba muy satisfecho por ello. Su función en la
Base, era la de cabo enfermero, pero consideraba lo hecho, como un “acto de
humanidad”. Meses después, el 29 de diciembre de 1977, Oyola es secuestrado
en las afueras de la Base Naval. Hasta el momento, la de “Chiche”, era una
desaparición más y sin explicación alguna, teniendo en cuenta, que también
pertenecía a las Fuerza de Seguridad. Había pasado inadvertida la denuncia
de Ledda Barreiro ante la “Conadep” en 1984, cuando decía: “.. Al lado de la
celda de la denunciante, estaba un muchacho joven, al que llamaba “Chiche”,
quien estaba totalmente trastornado. Era cabo enfermero de la Base
Naval.Antes de llevarlo ahí, había estado prisionero en la Base Naval…”.
Años más tarde, en el 2001, ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de
Mar del Plata, en el marco del “Juicio por la Verdad””, agrega: “Y “Chiche”
había sido un guardia del campo de la Base Naval y una prisionera le había
pedido que le avisara a sus padres que estaba viva, él fue y lo hizo, lo
descubrieron y estaba ahí…”.
Obviamente, el testimonio de “Chiche”, a pesar de no poder presentarse ante
ningún tribunal de justicia argentino, es contundente, pues demuestra que
las funciones del Coronel Máspero en la zona, no eran “alternativas y
secundarias”, ya que el radar de la Base Aérea, donde funcionó el CCD “La
Cueva”, estaba bajo su jurisdicción. Quizás Ledda Barreiro no supiera el
apellido de “Chiche”, pero lo vió y habló con él, y nadie más que ella, sabe
del origen del secuestro de este cabo enfermero y así lo declaró, con lo
cual queda demostrado que la privación de su libertad, fue dispuesta por el
Jefe de la Zona militar y que estuvo en el lugar donde afirma haber estado,
es decir, en “La Cueva”.
El ex coronel, aun no esta imputado por la desaparición de Omar Secundino
Oyola, pero no importa, hay tiempo. El testimonio de “Chiche” es impactante,
pues como víctima, se convierte en un testigo viviente y su propia vida ha
abierto el camino de la verdad, verdad imposible de ser refutada por
argumento alguno. En medio de este paisaje compuesto por todas y cada uno de
estas verdades, el más pequeño, el más insignificante de los hechos, se
constituye en algo revelador, en un eco sonoro que exige ser escuchado, para
que este ig norado cabo enfermero de la Marina Argentina, tenga la
oportunidad de dar alguna vez su testimonio ante los jueces. ¡Vamos Chiche,
que se puede todavía!.
Carlos A.Bozzi
Abogado
Sobreviviente de La Noche de Las Corbatas
¡Cuánto
talento desperdiciado!
Mucho tiempo atrás, cuando un nutrido grupos de intelectuales argentinos,
apoyados por las armas del general Juan Carlos Onganía, se hicieron cargo de
la primera etapa de la “modernización del país”, nadie hubiera imaginado que
43 años después, ese día hubiese sido el elegido para una nueva renovación
de legisladores en el país, mediante el voto popular.
El 28 de junio de 1966 es una de las fechas, que si bien no se las olvida,
tampoco se la estudia en toda su magnitud. Con aquellos militares, llegaron
al poder, quizás el grupo de civiles más “académicos” que haya tenido la
derecha argentina. Los Krieger Vasena, los Borda, los Halperín, por nombrar
solo algunos de ellos, construyeron la base jurídica, política y económica
en la cual se asienta hoy, buena parte del Estado Nacional.
Reformas al Código Civil, al Código Penal, nuevos códigos de procedimientos,
ley de seguros, de sociedades comerciales, de concursos y quiebras, ley para
protección de discapacitados, ley de cooperativas, etc., fueron solo algunas
de las “construcciones” que dejaron para la posteridad, muchas de las cuales
aún perduran.
Era la época en la cual el inefable Robert McNamara, uno de lo criminales
más grande que tuvo el siglo XX, ex secretario de Defensa de Estados Unidos,
después presidente del Banco Mundial, recorría los países de América Latina
“aconsejando” un férreo control de la natalidad: “Los países pobres -decía-
tienen un bajo ingreso por habitante, en razón de que están obligados a
dividir el producto bruto interno entre muchos. Por lo tanto limitar el
crecimiento de la población, la de los otros, por supuesto, permitiría
dividir el PBI entre menos gente y así se elevaría el ingreso de cada
habitante”. (Algo de eso, también se escucha 40 años después.).
“Anunciando Apocalipsis van de salvadores y si les dejas te pierdes
infaliblemente. Manipulan nuestros sueños y nuestros temores, sabedores del
que el miedo nunca es inocente” (“Los macarras de la moral”, J. M. Serrat)
Aquella “Revolución Argentina”, de Onganía y Lanusse, fue la antesala del
“Proceso de Reorganización Nacional” de Videla y asociados. Una especie de
impasse semiduro, un advertencia “sesuda” que le decía a la sociedad: ¡Ojo,
después de nosotros, vienen los duros! ¡Hagan caso!” Y vinieron nomás, con
nuevas leyes, nuevos procedimientos y la secuela de crímenes más grande de
la historia del país.
La decisión de fijar como fecha de elecciones el día 28 de junio puede tener
muchas lecturas, algunas positivas y otras negativas. Negativa si tomamos
esa fecha sin el recuerdo de la historia, positiva si entendemos el triunfo
de la democracia que permite libremente la renovación de sus representantes
una vez más. Cada cual lo analizará a su modo, pero en el fondo esta hora de
decisiones políticas ha desatado un verdadero huracán de propuestas, de
estudios sobre todas las deficiencias que tiene esta sociedad, de discursos
encendidos desde el más puro bronce, de excusas por lo mal que hicieron las
cosas los demás y de inventarios sobre obras realizadas y enumeración de las
proyectadas.
A raíz de esta campaña, por algunos, nos enteremos de que tenemos más
escuelas, más caminos, más hospitales, más seguridad, más cuidado de la
niñez, la infancia y la vejez, más policías, más y mejores leyes, sin tener
en cuenta las que se están proyectando y en especial de que estas
elecciones, son solo un paréntesis o un paso más, hacia las presidenciales
del año 2011. Y todo acá, en la República Argentina.
“Hay que seguirles a ciegas y serles devoto. Creerles a pie juntillas y dar
les la razón, que “El que no se quede quieto, no sale en la foto.” (Los
macarras de la Moral, J. M. Serrat).
Pero, por otro lado, opinadores y congresistas se anoticiaron que la
inseguridad alcanzó un grado de desconcierto tal que en el corto plazo es
imposible solucionarla con mayor inclusión social y mejor distribución de
riquezas. Los jueces penales de la Provincia de Buenos Aires también se
manifestaron, y fuertemente, cuando dijeron: “Sabido es que no existe mejor
política criminal que la justicia social.” Nadie se inmutó.
Se habla mal de la policía, se la quiere reformar,transformar, hacerla
profesional, alegando que es una estructura corrupta e ineficiente, mientras
se reclutan más hombres para nutrirla de “nuevos elementos” que aumentan y
desnaturalizan “esa malquerida y necesaria estructura”, sin sueldos dignos,
ni educación adecuada.
Como hongos surgen los expertos en políticas de seguridad juvenil, de
contención de la niñez, de educación del “delincuente”, ideando nuevas
construcción de cárceles, que por lo proyectado parecieran que en su
interior funcionarán algo así como universidades, similares a las del primer
mundo. No se entiende, cómo un país que apenas controla desde hace años la
educación pública, podrá afrontar un sistema educativo para reclusos. Toda
una incógnita.
Se busca en las villas el origen de la delincuencia y de la droga, olvidando
(¿o no?) que el tráfico de estupefacientes no se organiza en esos lugares.
Se ha descubierto que existen chicos y chicas que son padres a los 16 años y
abuelos antes de los treinta. Que hay menores que duermen en la calle, en
las veredas del Congreso, a pocas cuadras de la Casa Rosada, en los andenes
de los subterraneos o en las terminales de micros, alineados en colchones
negros de miseria y que al día siguiente, deambulándolo por las ciudades,
son parte del problema a solucionar.
“Hoy, rigurosamente hoy, ha nacido un nuevo muerto. Ha nacido un nuevo niño
en la calle. La calle será su escuela, su universidad, su casa: el asfalto.
Y la sociedad urbana le irá formando en secreto. Y el suburbio le hará cama.
Y se hará larva y el arrabal se hará diestro de la lata y del solar.
Mentiroso, chamullante, maestro de la miseria, descuidero, estafador.
Embaucador, anarquista, o ¿quién sabe?. Quién sabe, si quizás antes de
morirse o matarse, podrá del hambre vengarse, para ser puente o ser morada.
O reventar tristemente en una asquerosa arcada.” (“Hoy ha nacido un nuevo
muerto”, Patxi Andión).
Pero ¡cuanto talento que teníamos desperdiciado. ¿Dónde estaban estos
estudiosos de la realidad social estos últimos treinta años? ¿De dónde
salieron estos personajes que lloriquean al renunciar y se afligen porque
posiblemente el voto popular los catapulte como elegidos? ¿Dónde estaban
cuando la geografía del país mostraba un cuadro de pobreza creciente,
desnutrición infantil, degradación familiar e instrucción escolar cero? ¡Ah,
ya sé! Los que gobernaban eran otros, por eso ahora ellos tienen la misión
de gestionar la reconstrucción nacional, y si los dejan, serán los mejores
en llevarnos hacia la felicidad. Eso sí, con algún sacrificio, pero breve.
Han descubierto que la fiebre del “dengue”, producida por un mosquito que
anida en aguas servidas, proviene de una provincia que atravesó la sequía
más grande de la historia, que carece de agua potable y de servicios para
proveerla, repleta de arañas, sapos y víboras que solo se alimentan de
mosquitos, mientras callan que la endemia del norte argentino, es el mortal
“mal de chagas” el real mal de la miseria.
Y por las dudas, en apoyo de todos ellos, vienen los medios masivos de
comunicación, que a través de una feroz campaña de “justicia mediática”,
dictaminan sobre leyes, códigos, penas, cárceles, adiciones, enfermedades,
epidemias, trastornos sociales y todo el arco de las pestes bíblicas, sin
que alguna solución sensata llegue al afligido ciudadano.
“Unos días sí, otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguñón, por la caridad
de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las
acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo el futuro repetir el
pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para”.
(“El tiempo no para”, Bersuit Vergarabat).
Es tanto lo que hablan estos “talentos” que nos quieren convencer que
estamos como estamos por la responsabilidad de Alfonsín que no supo gobernar
en el 83, o por el festival menemista de los 90, o por la ineficacia de De
La Rúa en el 2000, o por la transición negociada de Duhalde, o por los
gobiernos “K” que le sucedieron… Eso sí, ellos nunca estuvieron en ninguno
de estos gobiernos, ni como ministros, legisladores o simpatizantes.
Da pena, como dije antes, tanto esfuerzo dialéctico, en pos de pretender una
explicación de nuestra historia, mientras se busca adhesiones y votos a cada
“nueva” propuesta, que de “nueva” solo tiene palabras distintas a la
anterior, pero el mismo contenido de siempre. Solo haciendo un repaso de las
características de cada uno de los personajes que transitaron la vida de los
argentinos, podrá el ciudadano votar con sensatez.Y en caso de que no
encuentre las opciones que de sea, no bajar los brazos y buscar las formas
de participación que impida a todos estos “talentos desperdiciados” seguir
haciendo su negocio de discurso sin soluciones.
“Si no fueran tan temibles nos darían risa. Si no fueran tan dañinos nos
darían lástima. Porque como los fantasmas, sin pausa y sin prisa, no son
nada si les quitas la sábana.” (“Los macarras de la moral”, J. M. Serrat).
Carlos A.Bozzi
Abogado
Sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”
Por cada 24 hay un 23 que olvidamos
Por Carlos A. Bozzi
En ocasiones, cuando escucho discursos y opiniones sobre el 24 de marzo de 1976,
reconozco que me asalta una duda: ¿esta historia que me están contando, es la
que realmen- se te vivió en aquellos días?. Y confieso que no logro entender,
porque razón un manto de olvido cae sobre lo acontecido antes y después del
golpe cívico-militar, que es donde se encuentra la clave para entender la
historia argentina de los últimos años.
Es cierto, que con el pretexto
de repeler un ataque a las “instituciones nacionales”, ataque encabezado
-según esta concepción- por “personeros” de una “ideología extraña a nuestro
sentir occidental y cristiano ” no solo desaparecieron personas sino también
desaparecieron industrias de todo tipo y tamaño, libertades de prensa y
libertades gremiales, leyes de protección al trabajo y a las personas,
desapareció la justicia y se esfumó la renta acumulada por el trabajo de
tantos años anteriores. El “proceso” transfirió brutalmente el ingreso de la
mayor parte de la población argentina a manos de unos pocos y endeudó
trágicamente al país, atrasando su total crecimiento, con efectos que aún
perduran, creando un impresionante vacío generacional al barrer de raíz todo
un sector social opuesto a este pro yecto.
Para concretar esto, la “alianza cívico-militar” utilizó la fuerza de las
armas con la excusa de combatir a grupos armados y evitar la “disolución
nacional”, supuestamente perseguida por aquellos “irrecuperables”. El punto
central de la “subversión” para este modo de ver la realidad de aquellos
años, no fue -en esencia- la lucha contra las organizaciones armadas. Lo
“subversivo” estaba en ese intento de transformar las estructuras de la
sociedad y por ello, aún sin la presencia en la vida política de quienes
optaron por una “vía armada”, las desapariciones de personas, la tortura, el
robo de bebés, el arrojo de prisioneros al mar, las vejaciones, los
allanamientos diarios y tantos atropellos de todo tipo, igualmente se
hubiesen producido. Conviene no olvidarlo, si queremos entender la realidad
de nuestro país.
Las razones de lo acontecido tienen muchas explicaciones y así algunos dirán
que la época fue la conclusión de un período en el cual la violencia era el
modo normal de hacer política en Argentina. Violencia en los hechos y
violencia en las ideas, con una sola premisa: “el otro” es el
“irrecuperable” y como tal debe ser eliminado y si se lo desaparece, mejor.
Tarea cumplida.
No es posible pensar que un selecto grupo de civiles y militares se
propusieran, de la noche a la mañana, “irracionalmente” exterminar lisa y
llanamente a un sector determinado de la población. Agregar “irracionalidad”
a este mecanismo, es otorgarle atenuantes inexistentes. Lo hecho, fue
pensado y fundamentado como una necesidad para incluir al Estado argentino
dentro de las nuevas reglas internacionales de la economía, pensado por un
grupo social de enorme peso político, que aprovechó la falta de reacción de
una sociedad, paralizada por el miedo y el terror de una situación de
violencia diaria. Violencia, que obviamente, este grupo social, se encargaba
de alimentar cotidianamente, no solo a través de sus grupos de tareas
mimetizados en “Las Tres A”, sino también a través de la prensa (Diarios,
Radios, Televisión), con el concurso de los “analistas de siempre” , serios,
mesurados y objetivos, como debe ser en situaciones de angustia.
Muchos sectores de la comunidad no solo esperaban, sino clamaban para que
las Fuerzas Armadas se hagan cargo de una situación de inseguridad
generalizada que hacía imposible el diario vivir. Muchos sectores de la
sociedad ,aún hoy sostienen su legitimidad histórica. Y no es aventurado
afirmar que una gran franja de la población, permaneció indiferente a dos de
los efectos más crueles del proceso, que fueron la desaparición de personas
y el derrumbe de la economía nacional, porque sencillamente no las afectaba
directa mente. Aunque es cruel, también es cierto, porque en el fondo, el
“otro”, se la había buscado. Por ello, el Coronel Camps se ufanaba diciendo:
“No matamos personas, matamos subversivos”. No solo era grave lo que
manifestaba, sino también que muchos lo creían así.
Pero, la actuación militar no fue solitaria. A todo el apoyo anterior, se le
sumó la cobertura de una Iglesia Católica, que no solo permitió, sino
tambien -por más doloroso que resulte admitirlo- tuvo real conocimiento de
este plan de gobierno. Es muy probable, que sin la intervención de la
Iglesia Católica, se hubiese producido una mayor cantidad de personas
desaparecidas, lo cual no implica un atenuante para ella y por el contrario
demuestra una potestad enorme de influenciar para determinar quienes debían
vivir y quienes no.
En medio de este panorama, la justicia tambien jugó su papel, cuando miró
para otro lado ante la súplica de los familiares de las víctimas del
Terrorismo de Estado. Un desteñido papel, que alega imposibilidad de haber
podido actuar de otra manera, en atención al estado de fuerza que se vivía.
Pero en el fondo, ¿cuál fue su actuación? La historia habla por si sola:
poca o ninguna. ¿Pudieron -los jueces- haber salvado vidas?... Es seguro que
no, la historia de esos años lo ha demostrado. ¿Pudieron haber procedido de
otra forma? Esta es la deuda pendiente.
No es posible afirmar que el “Proceso” borró todas las normas legales,
actuando en permanente violación de la Constitución Nacional. Todo lo
contrario, si tenemos en cuenta la existencia de importantísimas leyes
dictadas en aquel momento, que no han sido modifica das o derogadas por las
democracias siguientes. Casi todas las relaciones contractuales y las normas
del Código Civil pudieron ser invocadas ante los Tribunales, aunque el
límite estaba dado únicamente en el caso de la desaparición de personas,
hecho que generalmente no era advertido por la gran mayoría de la población.
La prensa, fue otro puntal de este armado ideológico. Quizás, hoy, sea la
más expuesta, pues todo lo escrito no ha podido ser borrado. La historia se
nutre de miles de páginas de aquellos diarios y si bien el gobierno militar
pudo incinerar libros, no ha podido destruir todo lo escrito, que
paradójicamente hoy constituye prueba fundamental de las desapariciones de
personas. La prensa ¿mostró todo lo que ocurría?... O ¿ Mostró lo que ella
quería que ocurriera? En realidad, a veces, nada ocurre, si la prensa no lo
muestra. Es un tema aún abierto.
Y todo lo narrado tiene importancia, porque aconteció antes y después del 24
de marzo de 1976. Fue, en realidad, el sustento que hizo posible ese 24 de
marzo. Hoy se percibe una situación similar, salvando las distancias con
referencia a las acciones armadas de aquella época. A nadie, por ahora, se
le ocurriría disparar algún tiro para modificar las actuales circunstancias
políticas, pues hoy los golpes de Estado no se hacen con tanques y soldados.
Eso es antiguo.
En cambio el generado clima de inseguridad política, donde las noticias se
centran exclusivamente en el “vacío de poder”, en el “atropello del
gobierno” al bolsillo de algunos sectores sociales, en la recurrente
descalificación de la figura presidencial, en el creciente deterioro de las
economías familiares, en el aumento constante de la pobreza y la
marginalidad, en la enorme brecha que marca la “igualdad de oportunidades”
contra la “igual dad de posibilidades”, en la política de repetir mil veces
a través de las pantallas de la televisión “todo lo que sangra”, y en el
urgente clamor para que las tropas vuelvan a la calle para combatir el
fenómeno de la actual delincuencia, configuran un panorama muy parecido al
de aquellos años.
Cada vez es más común observar al periodista serio, objetivo, medido,
reflexivo, que mirando fijo al entrevistado, escucha atentamente sus
respuestas, mientras a cada frase del opinante, se le va transformando el
rostro con un rictus de dolor, como si la patria se le estuviese yendo por
alguna herida del alma. Y después de escuchar, concluye con la pregunta del
millón: “¿Y usted fulano… por qué piensa que actúan así?...” Y también esta
el caso del reporteado, que a cada instante, hace profesión de fe de su
inmensa vocación democrática, en tanto y en cuanto no se afecten sus
intereses, porque de lo contrario, como se estila en todo diálogo que se
precie de serio y dogmático, recurrirá al Congreso para que se vote la ley
que lo defienda ..” ¡Ah, pero si no me la votan como yo quiero, entonces
tomo medidas de acción directa!!!.”
En realidad cada uno tiene el derecho de decir y hacer lo que piensa en
defensa de sus intereses. Pero de lo que no tienen derecho, es de jugar con
la paz social, con la tranquilidad de los ciudadanos y con el futuro de la
sociedad, por diferencias de opiniones con el poder de turno. Se observa con
mayor recurrencia como cada sector, hace de su interés una causa nacional,
su causa nacional y por ello, si el que manda no está de acuerdo con ellos,
entonces debe renunciar o se tiene que ir, porque esta afectando la
“seguridad nacional y pone el peligro los sagrados intereses de la patria.
En otra época, eso recibía el nombre de “fascismo”. Hoy no sé…
Hay circunstancias muy similares a las vividas el 23 y el 25 de marzo de
1976. Las rupturas institucionales en estos tiempos no se efectúan mediante
las armas. Son hechos que día a día van minando la confianza de la gente en
sus instituciones, en sus condiciones de vida y en definitiva en los valores
que tiene la democracia. Es verdad también, por otra parte, que desde
“arriba” no se envían mensajes de tranquilidad, sino más bien de
“irascibilidad”, pero ello no legitima las conocidas teorías de la “causa
nacional” y su aplicación inmediata en aras de una salvación general, que
curiosamente, siempre es sectorial.
Momentos como el actual, en dónde cualquier opinión, aún la más tonta, se
amplifica como la mejor idea, son instantes de cuidado, donde la reflexión y
la mesura de todo el arco social debe primar por encima de cualquier otro
interés. Si las sociedades no entienden que todos los problemas se
solucionan con consenso y acuerdo, es seguro que volverán a repetir su
pasado más negro. Y de ese pasado, la ganancia se la llevan otros.
Carlos A. Bozzi
Abogado
Sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”
¿Al
final, terminarán todos como foto de carnet?
(A propósito de una historia que cumplió 31 años)
Por Carlos A. Bozzi
Las tres mujeres se cambiaban de ropa en el interior del automóvil. Recién
regresaban de la playa, posiblemente de una de esas playas distante varias
cuadras del centro de Mar del Plata, en dirección hacia la zona de Camet. El
lugar exacto es aún impreciso.
Era la media tarde del domingo 12 de febrero de 1978, hace treinta y un años. En
ese instante, un Ford Falcon con cinco hombres a bordo se coloca paralelo al
rodado de las mujeres. Dos descienden, uno apunta y el otro toma el volante,
conduciendo por espacio de 20 minutos. Después se detienen, pasan a dos de las
mujeres al Ford Falcon, le vendan los ojos y las esposan.
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Aquí comienza una historia, como
tantas otras de aquella década, con similar final trágico.¿Quiénes eran estas
mujeres, qué hacían en Mar del Plata y cómo desaparecieron?. Los detalles de
este hecho se conocieron gracias al testimonio de la única sobreviviente,
liberada tras veinte días de cautiverio, aunque hasta hoy dicho testimonio
permanece en el olvido, así como también la suerte corrida por aquellas tres de mujeres.
El pequeño grupo estaba compuesto por María Adela Chiappe, 45 años, escribana,
María Gabriela Leguizamón, 16 años, hija de la anterior, Amanda Virginia Prato,
30 años, abogada, y la sobreviviente.
María Adela y Amanda Virginia eran militantes peronistas, con actividad en la
ciudad de La Plata y en la zona del Palomar, donde la segunda tenía su estudio
jurídico. Amanda se había matriculado en el Colegio de Abogados de La Plata y
estaba inscripta en el Tomo XXIX, Folio 368 de ese departamento judicial.
El comienzo de la historia, aconteció cuando a raíz de un pedido de otra amiga
de ambas mujeres, residente en Mar del Plata, decidieron viajar hasta la costa
atlántica con el fin de interiorizarse de la situación que estaba atravesando
esa persona. Partieron de la ciudad de La Plata el viernes 10 de febrero por la
noche y pensando permanecer sábado y medio domingo en algún camping de la zona
de Mar de Ajó o San Bernardo.
Se movilizaban en un Renault 6 color blanco modelo 1974, patente B- 1.081.259
y como fueron vistas por última vez por la zona de San Bernardo los familiares
de las mujeres creyeron en un primer momento que el secuestro del grupo se había
producido en esa zona y así lo denunciaron al juez federal de Dolores.
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Pero la realidad era otra. Cuenta la única mujer que sobrevivió: “Llegan a un lugar donde a la dicente la separan del grupo y es conducida a una celda, subiendo escaleras de chapa... de tipo caracol... y pierde todo contacto con el resto de sus amigas. Como a las dos horas se la interroga y a partir del día siguiente queda permanentemente encapuchada, con capucha de lona… Durante el día está sentada en una silla de playa, el lugar era muy húmedo y frío, las paredes eran blancas como "salpicret", con una luz permanente durante el día y la noche que colgaba del techo, no tenía ventanas y tenía puertas de chapa con pasadores y una mirilla donde estaba la persona que la custodiaba. Los utensillos en dicho lugar eran de lata, les daban una bandeja. Les daban cuatro comidas…”
Por varios días permaneció en este primer lugar
(ver croquis) donde se escuchaban puertas que
se abrían y cerraban violentamente, quejidos de personas torturadas y en
especial la voz de María Adela Chiappe. Posteriormente, en el piso de un jeep,
donde ya no estaba sola sino que había cuatro o cinco personas más, es
trasladada a otro lugar.
“El sitio era como un galpón (ver croquis) con piecitas que no tenían puertas individuales,
donde para poder dormir los pies quedaban fueran de los boxes. Estos eran de
1,50 metros de ancho y no más de 1,60 de largo. El techo supone era de chapa...”
Había tres turnos de guardias, que se anunciaban por un timbre al efectuar el
relevo. La custodia era flexible y con actitud “bondadosa” hacia los detenidos.
“Recibían también las cuatro comidas y eran de primera calidad, había gente que
se nota estaba de antes y preguntaba “hoy que vamos a comer”… Los utensillos eran
de la Armada Argentina… y allí en ese sitio no fue interrogada… ni otras
personas por lo que pudo percibir… En ese lugar. como al sexto día de estar,
siente a la mañana cuando se despierta que había llegado gente nueva, a las que
llamaban por los nombres...” También en el grupo habían traído a Grabriela
Leguizamón y a Amanda Prato, con quienes puede conversar un rato. De Maria Adela
Chiappe no supo nada.
“Cuando se levanta un día se da cuenta que había llevado gente, que había un
escándalo bárbaro, que había un matrimonio aparentemente mayor y entonces hace
una crisis muy grande porque cree que no la van a liberar… Trataban de evitar
que la gente entre en crisis para que no se haga colectiva… En dicho sitio había
unas 15 personas”.
Un día la vienen a buscar, dándole la noticia que la iban a liberar, pero que
para ello debían trasladarla al primer lugar de detención. Allí le muestran una
caja repleta de bijouterie, alhajas y relojes, pidiéndole que retire sus
pertenencias, que eran documentos, llaves y dinero. Después la llevan a una
especie de toilette donde había espejos, le piden que se maquille, devolviéndole
también la carpa que traía el grupo. Respecto de sus amiga, le dicen que serán
pasadas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. La llevan hasta la estación
terminal de ómnibus de Mar del Plata, entregándole un pasaje para la empresa
Costera Criolla. Durante todo el viaje hacia Buenos Aires fue vigilada por
distintas personas que mantenían cierta distancia de ella. Antes de liberarla le
piden disculpas, "pues la gente buena salía en libertad”, según le dicen.
Maria Adela Chiappe, Amanda Virginia Prato y Maria Gabriela Leguizamón nunca
salieron en libertad y tampoco se supo que suerte corrieron. La hermana de
Amanda, Mónica Prato, también abogada y escribana, contó al diario La Reforma
de la ciudad La Pampa (ver facsímil) toda la historia y poco a poco se van
conociendo más detalles de este triple secuestro y desaparición ocurrido en
febrero de 1978.
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El sitio descrito por la sobreviviente no es otro que la
Base Naval de Mar del
Plata y los detalles brindados por la mujer coinciden con otros aportados por
varios secuestrados-liberados del mismo lugar. En ese entonces el jefe de la
base era el capitán de navío Raúl Alberto Marino, el jefe de contrainteligencia el
teniente de navío Julio César Fulgencio Falcke y el subjefe
de la base el capitan de fragata Roberto Luis Pertusio, el testimonio de la
sobreviviente da cuenta de la cantidad de persona que se mantenían detenidas
clandestinamente bajo su mando.
El primero de ellos se encuentra procesado y con prisión preventiva dictada por
el Juez Federal de Mar del Plata Rodolfo Pradas en la causa “Malugani, Juan
Carlos, Pertusio, Roberto L. y otros s/ Av. Homicidio calificado”, acusado de los
siguientes delitos: “Imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos
en perjuicio de perseguidos politicos de JORGE AGUILERA PRYCSNICZ, LUCIA
PERRIER de FURRER, NESTOR VALENTIN FURRER HURSITZ, PATRICIA CARLOTA VALERA,
JUAN MIGUEL SATRAGNO, MARIA CRISTINA GARCIA SUAREZ, MIRTA NOEMI LIBRANTIRAO,
SILVIA SISCAR y MARTA NOEMI YANTORNO y en el HOMICIDIO calificado del que
resultara víctima MARTA NOEMI YANTORNO”.
El segundo, también se encuentra en similar situación “en orden a los delitos de
privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y
amenazas de los que resultan víctimas JORGE NICOLO, PATRICIA MOLINARI, OMAR
MAROCHI, SUSANA VALOR, MIGUEL ANGEL ERREGUERENA y GUILLERMO CANGARO, que
concurren materialmente con Imposición de tormentos agravados por haber sido
cometido en perjuicio de perseguidos políticos de JORGE NICOLO” y el
último, “por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada
por mediar violencia y amena zas e imposición de tormentos agravada por haber
sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos de los que resultaran
victimas JORGE AGUILERA PRYCSYNICZ, LUCIA PERRIER de FURRER, NESTOR FURRER
HURSTIZ, PATRICIA CARLOTA VALERA, JUAN MIGUEL SATRAGNO, MARIA CRISTINA GARCIA
SUAREZ, MIRTA NOEMI LIBRAN TIRAO y SILVIA SISCAR”.
La resolución del juez Pradas, dictada en septiembre de 2008, permitió que la
opinión pública conozca las historias de horror que muchas personas vivieron en
esa postal de Mar del Plata, que es la Base Naval, otrora un centro clandestino
de detención. Hay más historias para agregar. Esta es una de ellas, y en
especial para que al final de cuentas, no todos terminen como simple foto de
carnet. Solo la justicia puede impedir este otro triste final.
Carlos A. Bozzi
Sobreviviente de La Noche de las Corbatas
www.elortiba.org
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