Se conoce como Masacre de Capilla del Rosario el fusilamiento de 16 combatientes de la Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo), hecho ocurrido entre el 10 y el 12 de agosto de 1974, a unos 15 kilómetros de la capital catamarqueña. Los guerrilleros fueron fusilados después de haberse rendido, al ser sorprendidos durante el intento de tomar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada.

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Abren una causa por fusilamientos a miembros del ERP

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Pero la masacre ocurrida en el “Cañadón de los Walther”, como realmente se conoce al lugar ubicado al oeste de la ruta provincial Nº 1 y a unos 15 kilómetros de la capital provincial, se produjo un par de años antes de la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976, en pleno gobierno constitucional, que tenía en la provincia a Hugo Mott como gobernador y en la Nación a Isabel Martínez de Perón como presidenta. Eran tiempos de la temible “Triple A”, que comandaba “El Brujo” José López Rega, una sombra temible encaramada en las espaldas de la primera magistratura.

Todo empezó el 9 de agosto 1974, cuando medio centenar de integrantes del ERP y del Partido Revolucionario de los Trabajadores iniciaron una temeraria operación armada que consistía en robar de los cuarteles del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca pertrechos de guerra. La operación se llevaría a cabo en forma simultánea con otra similar en la fábrica de pólvora de Villa María, Córdoba, que a diferencia de la intentona local tuvo relativo éxito y no terminó en desastre.

El grupo había partido del campamento base “La Horqueta”, de la compañía de monte “Ramón Rosa Jiménez”, en plena selva tucumana. Eran 47 jóvenes que no superaban los 30 años y estaban bajo el mando del santiagueño Hugo Alfredo Irurzún, cuyo nombre de guerra era “Capitán Santiago”.

Irurzún sobrevivió a la masacre y se convertiría luego en un icono de la guerrilla desplegada en América Latina, a tal extremo que participó activamente del atentado que años más tarde en Paraguay terminó con la vida del dictador nicaragüense Anastasio “Tachito” Somoza.

Justicia, después de 37 años 18 de marzo de 2011. La Justicia dictó prisión preventiva para tres represores La Justicia Federal de Catamarca dictó la prisión preventiva para Jorge Acosta, Mario Nakagama y Carlos Eduardo Carrizo Salvadores acusados por el fusilamiento de 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en el marco de la causa que los investiga como gestores de la denominada "Masacre de Capilla del Rosario", ocurrida en agosto de 1974. La decisión fue firmada por el juez federal catamarqueño Ricardo Moreno, luego de que los represores fueran indagados, acusados del delito de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por ser cometido como integrante de una fuerza de seguridad". El fallo señala que Nakagama "cumplía funciones de grado de subteniente y jefe de la Sección Morteros Pesados en el Regimiento Aerotransportado 17 de Catamarca y realizó acciones necesarias a los fines que se produzca el resultado buscado, que no era otro que el aniquilamiento de los miembros del ERP". Además, según el texto, de acuerdo con el "cuadro probatorio le cabe al imputado Carrizo Salvadores, responsabilidad penal en las secuencias que concluyeron con la muerte de los miembros del ERP señalados, que fueron ultimados cuando ya se encontraban rendidos ante las fuerzas militares". "De los testimonios recogidos surge más que evidente que Nakagama cumplió un rol preponderante dando la seguridad al Coronel Cubas para que pueda impartir las órdenes de aniquilamiento", agrega la resolución dada a conocer por la agencia oficial. En cuanto a Acosta, que al momento de los hechos era parte del Regimiento de Infantería 17 y estaba a cargo de parte de la compañía "B" de tiradores, "habría producido el fusilamiento de los insurgentes". En este sentido, se determinó que Acosta realizó "acciones necesarias a los fines de que se produzca el resultado buscado cuando los miembros del ERP, se encontraban en el monte, fueron rodeados por las fuerzas de seguridad y pese a rendirse, fueron fusilados con armas, según pruebas conlcuyentes".

La misión del llamado “intento de copamiento” consistía en ingresar sorpresivamente a la base militar que contaba con una dotación de soldados que superaba el medio millar. El plan iba a contrapelo de lo que indicaban los reglamentos de la guerrilla que dictaban los movimientos del ERP, una idea que estaba destinada al fracaso total y absoluto.

La intentona

El grupo llegó a Catamarca a bordo de un ómnibus Mercedes Benz alquilado y en las proximidades de Banda de Varela el chofer fue reducido. Allí debía hacer contacto con una camioneta Chevrolet y un camión frutero en el que viajaba oculto el armamento para llevar a cabo la operación. Éste incluía fusiles FAL, escopetas Itaca y pistolas ametralladoras PAM.

En el lugar escogido para hacer base los guerrilleros comenzaron a cambiar sus ropas y en esos momentos fueron observados por dos jóvenes que pasaban circunstancialmente en bicicleta. Los saludaron y siguieron su camino. Y cometieron el primero error: dejaron ir a quienes los delatarían ante la policía minutos después.

Policías pertenecientes a la Dirección de Investigaciones y de la comisaría Tercera se trasladaron hasta el lugar a observar qué pasaba y entonces se produjo el primer enfrentamiento armado, que dejó un saldo de dos guerrilleros muertos y varios policías heridos.

El plan para robar las armas había comenzado a desandar el camino del fracaso. El repliegue fue inmediato y desordenado, en tres grupos que correrían distinta suerte. Irurzún y varios de guerrilleros emprendieron la huída por la ruta provincial Nº 1. En el camino despojaron de sus automóviles a una mujer y a un cura y en ellos llegaron hasta la base “La Horqueta”, en la selva del sur tucumano.

Otros guerrilleros se dispersaron y trataron de salir de la provincia por distintos medios. La mayoría, trece en total, fueron aprehendidos en la Terminal de ómnibus y en otros sectores del Valle Central. Siete años después serían sometidos a juicio, en un proceso judicial que como todos los llevados a cabo durante la dictadura militar vulneró el derecho de defensa en juicio: los condenados ni siquiera vieron la cara del juez que los condenó ni se les informó de qué estaban acusados. Sólo se les hizo saber que habían sido condenados.

Muerte en el cañadón

La tercera fracción del grupo que intentó la operación militar, entre 16 y 18 guerrilleros, quedaron al mando de Antonio del Carmen “Negrito” Fernández, un integrante del buró político del ERP-PRT cuya participación en una operación armada sería objeto de una severa autocrítica en el seno de la agrupación política de izquierda.

El reducido grupo quedó aislado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario. En un acto de ingenuidad, dos de sus integrantes bajaron hacia San José de Piedra Blanca a comprar pan y fueron detenidos y obligados mediante torturas a informar el lugar en el que se encontraban sus compañeros.

Cuando la policía se acercó a las proximidades de la Capilla del Rosario el oficial de policía Ramón Acevedo, que guiaba a las fuerzas de seguridad porque conocía la zona, cayó muerto de un balazo disparado por los miembros del ERP.

Recordaron a los mártires 16 de agosto 2009. Los sobrevivientes contaron parte de su historia personal, que incluyó torturas y cárcel. Hubo un duro cuestionamiento a defensores oficiales de la Justicia Federal y se pidió celeridad en los procesos abiertos por violación a los Derechos Humanos. Con un acto organizado por entidades defensoras de los Derechos Humanos a nivel provincial y nacional se recordó ayer a los 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (ERP-PRT) masacrados el 11 de agosto de 1974 en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario, en el departamento Fray Mamerto Esquiú. La ceremonia central, que consistió en el descubrimiento de una placa en el lugar de los históricos acontecimientos, contó con la presencia de al menos siete sobrevivientes del fallido intento de copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, de familiares de la mayoría de los 16 guerrilleros masacrados y de representantes de distintos organismos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos. Los actos comenzaron con una conferencia de prensa llevada a cabo en el centro Arte más Arte, en República al 400, donde Mirta Clérici y el abogado Guillermo Díaz Martínez recordaron aquel hecho histórico e informaron sobre el estado en el que se encuentra la causa judicial que actualmente se tramita en el Juzgado Federal de Catamarca, con dos ex militares imputados por delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal. El hecho El momento más emotivo de la ceremonia se produjo con el reencuentro y presentación de quienes sobrevivieron por distintas razones a aquella masacre. La mayoría de ellos fueron compañeros en distintos penales del país durante más de una década, luego de ser condenados en un proceso judicial plagado de irregularidades. La causa por la masacre de la Capilla del Rosario se inició en 2004, con una denuncia penal efectuada en el Juzgado Federal de Catamarca. En la causa no sólo se solicitó la investigación de aquellos hechos, sino también la identificación de cuatro cadáveres que fueron sepultados como NN en el cementerio municipal. Gracias a la colaboración del Equipo de Antropología Forense hasta el momento se identificaron y entregaron los restos de los guerrilleros Rutilio Betancourt, de nacionalidad uruguaya, sino también del santiagueño Alberto Rosales Sánchez. Los distintos testimonios incorporados a la causa, como así también los protocolos de autopsia que figuraban en la causa inicial, permitieron acreditar que los 16 guerrilleros que entonces estaban bajo el mando de Antonio del Carmen Fernández entregaron sus armas ante la superioridad numérica de las fuerzas del Estado. Sin embargo, por orden superior, los jóvenes fueron aniquilados. En el acto de ayer se leyeron numerosas adhesiones enviadas desde distintos puntos del país y se contó con la presencia de concejales del departamento Fray Mamerto Esquiú y de representantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Documento En la ceremonia de homenaje a los integrantes del ERP que fueron masacrados en agosto de 1974 se leyó un documento confeccionado por organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos del Noroeste argentino. En uno de los tramos se cuestionó duramente el curso legal de la causa al sostener que "el defensor oficial Oscar Del Campo ha garantizada una emboscada legal para cristalizar la morosidad, al postergar el juicio a los acusados de haber participado en ese episodio de represión hace 34 años". La referencia estuvo dirigida a la situación de los ex militares Carlos Eduardo Carrizo Salvadores y Carlos Nakagama, los dos únicos imputados que tiene la causa. Es que Del Campo presentó un recurso de apelación en contra del procesamiento de los ex militares, en el que cuestionó la entidad de delitos de "lesa humanidad" que le otorgó la justicia a los hechos investigados. Fuente: Diario El Ancasti, domingo 17 de agosto de 2008.

La muerte del policía Acevedo se transformó en la excusa ideal para tomar represalias desmedidas. En Catamarca confluyeron efectivos del RI 17 y del Tercer Cuerpo de Ejército con sus helicópteros y armamento sofisticado para la época. También participaron del ataque al grupo insurgente policías locales y de la Federal.

Los diarios de la época informaron sobre la refriega armada: 16 guerrilleros habían sido abatidos por el Ejército y otros tantos se encontraban detenidos. Entonces no se indagó cómo ocurrieron los hechos. Los vencedores fueron tratados como héroes de la Nación e incluso recibieron las felicitaciones de la entonces presidenta Isabelita.

Sin embargo, a partir de ese momento, sobrevoló el fantasma de la masacre. Las heridas que presentaban los guerrilleros fallecidos denotaban que habían sido masacrados. En los protocolos de autopsia confeccionados en aquella época tres médicos forenses indicaron claramente las lesiones que presentaba cada uno de los cadáveres: todas eran sugestivamente realizadas con armas de fuego en zonas frontales o vitales, a corta distancia e incluso varias en los miembros superiores, un claro indicador de que las víctimas habían intentado cubrirse con sus manos y brazos, protegerse ya inermes de una ejecución.

Investigación

Pasarían casi treinta años de aquel episodio. Recién entonces un grupo de miembros de asociaciones ligadas a la defensa de los Derechos Humanos en Catamarca presentó una denuncia formal en el Juzgado Federal de Catamarca en la que se solicitó formalmente que se investigue aquel episodio y, además, que se identifique a cinco cadáveres que habían sido sepultados como NN en el cementerio municipal.

Ana Radusky, Guillermo Díaz Martínez, Mirta Clérici y Jorge Alberto Perea, con el patrocinio de los abogados Martín Fresneda y Claudio Oroz presentaron una denuncia escrita ante el entonces juez federal interino, Pedro Armando Navarro, en la que se aseveraba la existencia de una masacre, producida cuando el grupo guerrillero ya había depuesto sus armas ante la superioridad numérica de las fuerzas armadas.

Durante los últimos años tanto Navarro como su sucesor, Ricardo Antonio Moreno, tomaron medio centenar de testimonios e incorporaron pruebas al expediente, como una colección de fotografías tomadas entonces. En las gráficas se observa el modo en que eran llevados los cadáveres y la presencia de helicópteros del Ejército (esto en algún momento fue negado por la ex autoridades que declararon), como así también algunas de las personas que participaron del acto represivo.

Asimismo, el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó los cuerpos de los cinco guerrilleros sepultados sin nombre en el cementerio municipal y logró identificar a uno de ellos: Dardo Rutilio Betancour Roth, un “tupamaro” uruguayo que se había sumado a la lucha armada clandestina en el país. Su cuerpo fue repatriado y ya descansa en tierras orientales.

Aunque todavía no fueron identificados mediante pruebas genéticas, los otros cuerpos pertenecerían a quienes en vida se llamaron Hugo Cacciavillani –también “tupamaro” uruguayo-, Alberto Rosales Sánchez o Cresencio Molina Ibañez y Francisco Scocimarro.

Entre los testimonios recogidos durante la investigación unos se destacan más que otros. El ex conscripto Fernando Gambarella claramente expuso que los 16 guerrilleros fueron acribillados a balazos luego de rendirse, cuando no tenían posibilidad alguna de defensa.

Mario Marca, un abogado tucumano que ejercía la profesión particular en Catamarca, en el estudio del entonces ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro, brindó en la causa un testimonio revelador. Enterado de que un grupo de guerrilleros del ERP había sido acorralado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario intuyó que se iba a producir una masacre y corrió hasta el despacho del ministro para ofrecerse como mediador para evitar un seguro baño de sangre.

“Toro me aconseja que no me meta, que no sea pelotudo –el consejo de siempre-. Entonces yo insisto en que trate de hacer algo y se pone en contacto con el coronel (Eduardo) Cubas, jefe del Regimiento 17, y lo pone al tanto de lo que yo pedía. Entonces Cubas le responde que era imposible cualquier arreglo o mediación, porque el general (Antonio) Vaquero, segundo jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, ya había dado la orden de “aniquilar”. Y así ocurrió: fueron, los rodearon y los mataron”, recordaría Marca años después.

Al día siguiente el abogado fue detenido y pasó los siguientes nueve años en varias cárceles del país. Nunca se le informó sobre las razones de la detención ni fue sometido a juicio por delito alguno. Poco antes del advenimiento de la democracia recuperó su libertad y optó por el exilio voluntario.

Por estos días la causa transita etapas decisivas. El juez federal Ricardo Moreno está por fijar fecha para indagar a las dos únicas personas que todavía viven y a las que podría endilgárseles alguna responsabilidad en la masacre: los ex militares Mario Nakagama y Eduardo Carrizo Salvadores, quienes fueron sindicados por varios testigos como las autoridades militares que impartieron las órdenes directas de disparar sobre los guerrilleros rendidos, en el mismo teatro de los acontecimientos.

Los delitos que se investigan son considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles para la ley penal. Mucho tiempo pasó desde aquel episodio trágico. El 12 de agosto pasado se cumplieron 33 años, demasiados quizás, aunque no tantos si lo que se busca realmente es conocer la verdad de lo sucedido. Y para castigar a los responsables.


Fuente: www.catamarcatotal.com | www.elortiba.org | Tapa del Diario Noticias Nº 255, 13 de agosto 1974, puede descargarse de Ruinas Digitales
 

Hugo Enrique Cacciavillani Caligari fue uno de los 16 guerrilleros de la mítica Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, asesinados el 11 de agosto de 1974, a un puñado de kilómetros de distancia de la capital de Catamarca. El comando, encabezado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), había planeado ingresar al Regimiento de Tropas Aerotransportadas número 17 para conseguir armamento. La Unidad Militar contaba con una dotación de 800 hombres y un poderoso arsenal.

La acción salió mal.

Los 42 militantes fueron descubiertos mientras cambiaban sus ropas, subidos a un colectivo escolar. Un hombre alertó a la policía y el combate se precipitó. Parte del grupo logró escapar hacia el monte. Otra fue detenida en las inmediaciones de la ciudad. La tercera corrió la peor suerte. Intentó reorganizarse en el paraje Capilla del Rosario pero fue rodeado rápidamente por 300 efectivos del Ejército. Los guerrilleros entregaron sus armas y se rindieron. Sin embargo, horas después fueron fusilados.

En el grupo había dos jóvenes uruguayos, Cacciavillani y Rutilio Betancourt Roth. Ambos eran tupamaros, miembros del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y, en Argentina, integrantes de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), que organizó la acción. “Vicente” había estado preso en 1970 en la cárcel uruguaya de Punta de Rieles y al salir viajó a Chile para sumarse al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Luego del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, abandonó el país trasandino y se instaló en Argentina.

“Creemos que antes de ser fusilado estaba viviendo en San Justo con su mamá. Ella había viajado para estar con su hijo y después de la masacre fue detenida en esa casa”, reconstruye 34 años después Eduardo Arzuaga, primo de Hugo Cacciavillani y uno de los familiares que regresó a Salto sus restos.

Nidia Caligari fue víctima del Plan Cóndor. Pasó detenida tres años en los penales de Olmos y Villa Devoto, y en 1977 fue liberada en la ciudad de Colonia del Sacramento (Uruguay) sin documentos. Allí fue secuestrada, llevada a Montevideo y torturada por los militares de la dictadura uruguaya. Finalmente, la mamá de Cacciavillani logró obtener el asilo en Inglaterra, donde vivió hasta 1985.

Eduardo Arzuaga comenzó la búsqueda de verdad y justicia movilizado por la tristeza de su tía Nidia, quien murió hace una década preguntándose dónde estaba el cuerpo de su “negrito”. Un año mayor que su primo, Eduardo había pasado su infancia con Hugo jugando en la casa de sus abuelos maternos. “Era un chiquilín muy querido, de sonrisa fácil y muy solidario. Se había educado en un colegio salesiano y estaba muy vinculado a la idea de la justicia social. Murió en defensa de sus ideales”, se emociona Eduardo.

Treinta años después de la masacre, familiares y organismos de derechos humanos lograron reabrir la causa en Catamarca. Además de investigar sobre los responsables de los fusilamientos de Capilla del Rosario, la Justicia ordenó la exhumación de cinco cuerpos que estaban enterrados en el cementerio municipal y que según se presumía correspondían a los guerrilleros asesinados y luego desaparecidos.

El año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a dos de los cinco cuerpos. Eran el de Betancourt Roth y el del santiagueño Alberto Rosales Sánchez. En septiembre, los estudios reconocieron a Cacciavillani. Dos semanas atrás, la familia viajó a Catamarca para recuperarlo y llevarlo de regreso a Salto.

“Fue tremendamente emocionante. Tomamos contacto con personas que estuvieron con él, nos contaron que habían entablado una especial amistad. Ahora es necesario justicia porque los represores están libres. Es la única manera de cerrar un capítulo histórico”, señala Eduardo, mientras organiza la ceremonia que hoy por la mañana acompañará el entierro en el cementerio de Salto, junto a la tumba de su mamá. Su familia y sus compañeros eligieron para ese instante la letra de una canción, la “Milonga del Fusilado”: “No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había querido, crecerán aunque no estoy”.
Un expediente, dos imputados, ningún detenido

El expediente reabierto en diciembre de 2004 sólo tiene dos imputados y ningún detenido. El juez federal Ricardo Moreno consideró que la Masacre de Capilla del Rosario es un delito de lesa humanidad –y en consecuencia imprescriptible–, e imputó como responsables al ex capitán Eduardo Carrizo Salvadores y al ex subteniente Mario Nakagama. Los militares todavía no fueron indagados pero todo indica que quedarán detenidos luego de declarar, ya que según los testimonios de la causa ellos fueron dos de los asesinos.

Los organismos defensores de derechos humanos lograron averiguar que Carrizo Salvadores vive en San Salvador de Jujuy y que ejerce como abogado defensor de represores procesados por crímenes contra la humanidad en esa provincia. En plena democracia fue nombrado jefe de la policía de Catamarca por el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner. Una feroz represión contra trabajadores desocupados, que causó dos muertos, lo obligó a renunciar en 2003. De Nakagama sólo se sabe que la dirección postal registrada en el juzgado –la misma a la que se le envían las notificaciones judiciales– es Paseo Colón 250, Edificio Libertador, sede del Ejército.

Fuente: www.colectivoepprosario.blogspot.com

El juez Federal Ricardo Moreno le otorgó la libertad al coronel retirado bajo caución de 100.000 pesos. (07/06/09)

Procesaron a Nakagama como partícipe secundario del crimen

Dado el rango que revestía en 1974, el juez consideró que no tuvo poder para decidir la suerte de los guerrilleros. Pero que colaboró en el aniquilamiento.

Procesado y libre. Mario Nakagama fue el primer procesado por la Masacre de Capilla de El Rosario.

El coronel retirado Mario Nakagama (57) fue procesado como partícipe secundario del delito de "homicidio" por su participación en la conocida "Masacre de Capilla del Rosario" ocurrida en Fray Mamerto Esquiú el 12 de agosto de 1974 y en la que habrían sido abatidos 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Así lo resolvió el juez Federal Ricardo Antonio Moreno quien consideró "improbable" que la suerte de las víctimas haya sido decisión directa del imputado, aunque sí consideró que jugó un papel de colaboración.En la resolución emitida días atrás, a la que tuvo acceso EL ANCASTI, se resolvió dictar el procesamiento sin prisión preventiva, dado que la calificación fue atenuada y no hay elementos para considerarlo procesalmente peligroso.

En consecuencia, podrá continuar en libertad una vez que cubra una caución de 100.000 pesos. Nakagama quedó detenido el pasado 14 de mayo y se convirtió en el primer sospechoso en ser indagado en le marco de la investigación de la "masacre".

Junto al ex militar Carlos Carrizo Salvadores -que no se presentó aún- fue señalado por varios testigos como quienes tuvieron a su cargo las tropas del Ejército que se enfrentaron con los insurgentes.
 

Y al ser indagado, se le imputó el delito de "Homicidio doblemente calificado".Sin embargo, luego de analizar tanto la declaración del acusado -que negó los cargos- y los testimonios incorporados, el juez Moreno decidió atenuar la imputación en su contra.

En los fundamentos, señala que "los que comandaban la operación eran los oficiales superiores, en tanto que Nakagama era subteniente, es decir un recién recibido de la Escuela Militar".

En otro tramo señala que el hecho fue consecuencia de "disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo Nacional relativas a la represión a la subversión (...) además se encontraban en las inmediaciones autoridades civiles, el Jefe de la Policía Federal de Catamarca y de la Policía de la provincia. (...) la presencia de todas estas autoridades llevan a pensar que resulta improbable haya sido el subteniente Nakagama quien decidiera la suerte de los insurgentes".

Y señala que en aquel entonces, el imputado revestía el rango más bajo de la carrera militar con 22 años. No obstante, Moreno consideró que Nakagama fue un "cooperador" del "accionar de otros que culminaron con la muerte de varios insurgentes".

Esta participación, a criterio de Moreno surge de la propia declaración del imputado, quien indicó que el día de los acontecimientos, él sobrevoló en helicóptero la zona para ubicar a los guerrilleros ocultos en el monte.

"Nakagama debió conocer que la orden de los mandos superiores era la de aniquilar a los insurrectos", afirma Moreno, quien también indicó que aunque no estuvo en el lugar de los fusilamientos -sino a varios kilómetros sobre la ruta-, "tenía y tiene cabal conocimiento de las situaciones resultando a todas luces complaciente con lo que ocurría".

"Nakagama debió conocer que la orden de los mandos superiores era la de aniquilar a los insurrectos". Juez federal de Catamarca sobre el procesamiento del militar.

La causa se investiga hace cuatro años y medio

La causa por la llamada "Masacre de Capilla del Rosario" se inició por una denuncia penal que realizaron en diciembre de 2004 representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos de Catamarca, en el marco de la reapertura de las investigaciones judiciales para determinar el destino final de los desaparecidos en el período comprendido entre 1974 y 1983.

La causa se inició con la ubicación de los cuerpos de cinco de las víctimas de la masacre ocurrida en 1974 que estaban enterrados como NN en una fosa común del Cementerio Municipal. De ellos, tres pudieron ser restituidos a sus familiares. Al margen de la identificación de los cuerpos, se inició la investigación sobre la posible comisión de delitos de "lesa humanidad" por parte de las fuerzas militares en el enfrentamiento armado con los guerrilleros del ERP - MTP que pretendían robar pertrechos de guerra del R17.

La investigación determinó la responsabilidad de los militares Nakagama y Carlos Carrizo Salvadores. El segundo, hasta el momento, ha logrado evadir el llamado para ser indagado por la masacre.

Fuentes: elancasti | Rec.info.Rdendh | www.colectivoepprosario.blogspot.com

En la primera causa, Eduardo del Valle Carrizo Salvadores y Mario Nagakama, son dos de los varios acusados entre miembros del Ejército Argentino, Policía Federal y Provincial, que ese día tras el frustrado intento de copamiento del regimiento por parte de integrantes de la Compañía del Monte, quienes en la abrupta retirada un grupo de ellos logró regresar a los cerros tucumanos, una docena fueron detenidos en la Ciudad y en sus inmediaciones, mientras 16 se entregaron con vida tras rendirse.

En diciembre del 2004 los organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba solicitaron la apertura de la causa y en marzo el 2005 el juez Navarro la habilitó y las tareas de investigación quedaron a cargo del fiscal federal Santos Reynoso, quien tomó todos los recaudos, todos para dilucidar quienes fueron los asesinos. En ese contexto, convocó como testigos al personal militar y policial, todavía no como imputados, quienes dieron en particular estos últimos recitaron la historia oficial tras ver las fotos en las horas previas y posteriores a la represión: inocentes, nada que ver…

Pero las pruebas dicen lo contrario. Por ejemplo el entonces soldado Fernando Gambarella como se puede leer en las actas judiciales y publicadas por el diario “El Ancasti” del 8 de agosto del 2006 dijo que “… se rindieron y luego fueron masacrados por efectivos del Ejército y de la Policía” y en posteriores declaraciones que el capitán Carrizo Salvadores estaba al frente del operativo represivo y que los cuerpos fueron arrojados desde un helicóptero al lado de la Capilla del Rosario. Una acción en la que participó entre otros el teniente Nagakama, los que se jactaban ante los detenidos mientras los torturaba que “habían matado a sus compañeros”.

No mentía: las certificados médicos que obran en uno de los trece cuerpos del expediente se puede leer que el examen tomado a las pocas horas en la morgue judicial, por ejemplo que uno de ellos muestra “cuatro disparos de armas de fuego, tres en el cráneo con orificios de entrada en la región parietal posterior izquierdo…” y el cuarto disparo lo recibió en la parte posterior de la muñeca izquierda... LE DISPARARON DESDE ATRÁS, AL INTENTAR CUBRIRSE CON SUS MANOS ANTES DE SER EJECUTADO…

Cada uno de los 16 cuerpos tienen estos certificados médicos, pero no para el Defensor Oficial de Primer Instancia de la Justicia Federal Oscar del Campo que en un escrito de 36 páginas habla de “hipotéticos episodios” y de paso cuestionar la política del Gobierno nacional en materia de derechos humanos. Una excusa que le vino como anillo al dedo a la Justicia para demorar, demorar…

Se sucedieron las excusas y las chicanas de los abogados defensores de Carrizo Salvadores y Nagakama, quien dicho sea de paso se hacía mandar las citaciones a Paseo Colón 250, sede del Ejército Argentino. Una vez le preguntaron por orden de quien. “De arriba, de arriba” le respondió a un empleado y no era de Dios precisamente sino del entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército teniente general Roberto Bendini, un protagonista de real incidencia en los cursos de acción de los juicios en esa provincia y hasta trascendió que avaló para que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner en su segundo mandato ungiera a Carrizo Salvadores como jefe de policía de Jujuy, cargo que ostento hasta que durante una represión en el 2004 a trabajadores desocupados deparó dos victimas fatales.

Es que la mayoría de estos militares acusados gozan de la protección de Bendini.

Pruebas al canto: en la otra causa que se investiga la desaparición en abril de 1976 de Griselda y Francisco Ponce y de su sobrino Julio Genaro Burgos, quedaron con arresto a partir de febrero del 2007 en sus casas, uno frente a la mar, es decir Mar del Plata, el coronel Alberto Lucena, jefe del regimiento y del jefe de inteligencia capitán Darío Otero Oran en Posadas, Misiones, y no conforme con sus haberes montó una agencia de seguridad privada en esa ciudad. El supermercado “Libertad”, toda una paradoja o no, es una de las empresas que cuenta con la protección de Otero Arán.

¿Y los demás? Carrizo Salvadores ingresó al Juzgado como imputado y salió como testigo, mientras el teniente Raúl Gallardo es uno de los símbolos de la impunidad. Nunca jamás piso donde fue uno de los dueños de la muerte gracias a la Justicia Federal y a su entrañable amigo de armas Bendini, que intercedió para postergar las citaciones hasta el día de la fecha.

Gallardo ya en su grado de general fue eyectado de la superestructura militar no por las causas, sino por corrupción, oportunidad en que Horacio Verbitsky, Nora Veiras y Diego Martínez en Pagina 12, Martina Noailles de Critica de la Argentina reflejaron al igual que Prensa de Frente, Prensa Red, HIJOS de Córdoba, Red de Noticias DH entre otros del siniestro andar de Gallardo, Carrizo Salvadores, Nagakama y demás jóvenes oficiales del ex RI 17.

Una morosidad y una complicidad que tal vez, tal vez este miércoles 13 comienze la cuenta regresiva. A las 9 de la mañana, Carrizo Salvadores; y el jueves 14, Nagakama, están citados y de no mediar injerencia alguna deben prestar testimonio como imputados, entre otros militares y policías, de los asesinatos de los uruguayos Hugo Cacciavillani Caligari, Rutilo Bentacourt, Carlos Trinidad Da Silva, y de los argentinos Crescencio Ibáñez, Francisco Scoccimarro, Mario Lescano, Rodolfo Jerez, Luis López, Carlos Gutiérrez, José María Molina, Luis Billinguer, Juan Carlos Lescano, Héctor Moreno, Luis Rosales , Rogelio Gutiérrez y Antonio del Carmen Fernández el 11 de agosto de 1974, en nombre de la Memoria, Verdad y Justicia.

Fuente: www.prensared.com.ar  |  www.elortiba.org

Declaró el ex gobernador Mott (27/02/08)

"Yo no estaba", repitió el ex gobernador. Hugo Mott dijo que el Ejército se hizo cargo de la operación armada. "Durante mi gobierno jamás hubiese permitido que se cometan delitos de lesa humanidad", dijo. Pero poco después afirmó que el ejército pudo haber cometido una masacre con los guerrilleros... Aún cuando oportunamente asegurase que se había tratado de "un enfrentamiento".

@DIN, 27 de febrero de 2008 - El ex gobernador Hugo Alberto Mott admitió que no puede afirmar con certeza que el Ejército no haya masacrado a los 16 guerrilleros fallecidos en las serranías adyacentes a la Capilla del Rosario. Así lo informa en su edición de hoy el diario El Ancasti, de Catamarca (República Argentina). El ex mandatario declaró ayer por espacio de dos horas y media ante el juez federal Ricardo Antonio Moreno en relación con la causa iniciada para determinar si en aquel hecho, ocurrido el 12 de agosto de 1974, se cometieron o no delitos de lesa humanidad.

Mott concurrió antes de las 9 y en su declaración comentó lo que es público: cuando se produjo la masacre él y otros colaboradores se estaban en Buenos Aires. En tal sentido, explicó que toda la información que recibió sobre el tema se la brindó el entonces ministro de Gobierno, Alberto del Valle Toro, y el ministro del Interior de la Nación, Benito Llambi.

Sobre la información recibida, sostuvo que en todo momento se le informó que lo que existió fue un enfrentamiento armado producido luego de que medio centenar de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) "intentara infructuosamente copar las instalaciones del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada".

Mott dijo que la operación fue abortada y que el grupo insurgente se "desbandó", por lo que una fracción quedó acorralada en el "Cañadón de los Walther", donde se ejecutó la orden "de reprimir".

Pero ante preguntas de la querella particular, Mott admitió que no podía afirmar con seguridad que no haya existido una ejecución de los guerrilleros inermes, tal como surge de otros elementos incorporados a la causa.

Mott se encargó de aclarar en todo momento que cuando ocurrió aquel acontecimiento histórico no estaba a cargo de la primera magistratura y comentó que tras arribar a la provincia visitó a los heridos en el hospital de urgencias y a los detenidos en el Instituto de Rehabilitación "Julio Herrera".

En un tramo de su declaración, Mott aseguró que no hubiera permitido jamás que durante su gobierno se cometan delitos de lesa humanidad, aunque a renglón seguido admitió que no podía aseverar que los guerrilleros no hayan sido masacrados.
En declaraciones públicas realizadas tiempo atrás a otro medio, el ex mandatario había afirmado que los 16 guerrilleros habían fallecido en el marco de un enfrentamiento armado, pero ayer no pudo sostener tal aseveración.

Fuente: @DIN Agencia Digital Independiente de Noticias

Rutilo, más 15 combatientes de la Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), fueron abatidos después de haberse rendido al ser descubiertos antes de copar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, mientras otros integrantes en lugares cercanos eran detenidos y otros regresaban a los montes tucumanos donde tenían sus bases operativas.

La presencia de Rutilo se daba en el contexto de las acciones de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), conformada por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) "Tupamaros", de Uruguay; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Bolivia; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Chile, y el PRT-ERP.

Dirigieron la represión el jefe de la policía catamarqueña, teniente coronel (re) Rolando Anello; el de la Federal, comisario Alberto Villar; el comandante del III Cuerpo de Ejército, general de brigada Ernesto Federico Della Croce, y el jefe del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, coronel Eduardo Humberto Cubas (yerno del caudillo neoperonista Vicente Leonides Saadi).

Cubas y Anello se dirigieron a Capilla del Rosario junto con el comandante de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, general José Vaquero. Según los testimonios, marcharon con más de 300 efectivos, los que tenían la orden de actuar según la consigna "el ejército no toma prisioneros". La orden fue cumplida al pie de la letra.

Los efectivos estaban armados con armas FAL, ametralladoras y morteros y se trasladaron a la zona en camiones Unimos, un diseño especial que tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas, lo que les permite andar en las montañas casi con las mismas facilidades que una mula.

La impunidad en marcha

En rigor, lo de los fusilamientos y las torturas a los detenidos forma parte de una denuncia presentada a la Justicia Federal en agosto de 1974 por los familiares y los abogados Mario Marca, Ricardo Rípodas, Mario Marcolli, Mardonio Díaz Martínez, Silvio Frondizi y Alfredo Curuchet.

Marca, Rípodas, Marcolli y Díaz Martínez, posteriormente detenidos, permanecieron en prisión hasta 1984. Frondizi y Curuchet fueron asesinados por la banda paramilitar conocida como Las Tres A, creada por José López Rega.

Fueron identificados los restos de Hugo Cacciavillani Caligari (07/10/08) Fueron identificados los restos de Hugo Cacciavillani Caligari, más conocido como "el tupa" o "Vicente", tras haber sido exhumado su cuerpo enterrado como NN en el cementerio municipal, según lo confirmó el juez federal de Catamarca, Ricardo Moreno. Hugo Cacciavillani Caligari, nació en la ciudad de Salto, Uruguay, pertenecía a la agrupación "Tupamaros", tenía 23 años cuando fue abatido en los montes de Capilla del Rosario por fuerzas militares. El abogado querellante particular de la causa "Masacre Capilla del Rosario", Guillermo Díaz Martínez, dijo que se notificó la identificación del cadáver a sus familiares y anticipó que ya se iniciaron los trámites ante la Cancillería Argentina para restituir los restos del guerrillero a sus familiares. La ceremonia se llevaría cabo a fines de octubre próximo en el Juzgado Federal de Catamarca. En la causa por la Mascare de Capilla del Rosario ya fueron identificados los cuerpos del guerrillero uruguayo Rutilio Betancourt y del santiagueño Alberto Rosales Sánchez, quienes ya fueron restituidos a sus familiares. En este sentido, el abogado Díaz Martínez también anticipó que se trabaja en la identificación de otras dos personas, cuya posible identidad se mantendría en reserva, aunque hay pistas firmes de sus identidades y se iniciaron contactos con presuntos familiares para realizar estudios de compatibilidad genética.

La denuncia fue archivada en el contexto de la represión en el inicio del terrorismo de Estado, pero sí fueron juzgados y condenados por el fuero federal trece guerrilleros capturados en las inmediaciones de Capilla del Rosario.

Recién en diciembre de 2004, con la denuncia de Mirta de Clérici, Ana Radusky y Jorge Alberto Perea en representación de los organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda (militantes de HIJOS) y Guillermo Díaz Martínez (a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados catamarqueño e hijo de Mardonio), comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y autores de la llamada "Masacre de Capilla del Rosario" y para identificar los cuerpos que fueron sepultados en 1974 como NN en el cementerio municipal.

La reactivación de la causa no hizo más que corroborar las denuncias. Prensa De Frente tuvo acceso al expediente en el que se pueden leer, por ejemplo, las pericias médicas. La que corresponde a Norberto Carlos Rufino indica que presentaba "cuatro disparos de arma de fuego, tres en el cráneo con orificio de entrada en región parietal posterior izquierda, occipital y temporo-occipital izquierda, con salida en región frontal, cavidad orbitaria y región auricular derecha respectivamente". El cuarto disparo lo recibió en la parte posterior de la muñeca izquierda. Le dispararon desde atrás, al intentar cubrirse con sus manos antes de ser ejecutado.

En esa misma línea se inscribe la testimonial del entonces conscripto Fernando Gambarella. "Depusieron sus armas al verse en inferioridad numérica, pero igual fueron masacrados por efectivos del Ejército y de la Policía", dijo en su declaración.

Dos didácticas pruebas del fusilamiento de 16 guerrilleros, lo que fue negado por los genocidas, por el gobernador peronista Hugo Mott y por su vice, Antonio Saadi. Ellos dos, más el general Della Crocce y el coronel Eduardo Humberto Cubas y con la lógica presencia de monseñor Pedro Torres Farías, entre otros, celebraron en un acto público la represión. El diario "La Unión" de Catamarca, en su edición del 10 de septiembre de 1974, resume en su título que se exaltó "la acción del regimiento y de la policía provincial".

Con relación a Cubas cabe agregar que murió hace un par de años en un geriátrico porteño, abandonado por los suyos.

La lucha continúa

No hicieron lo mismo los familiares de las víctimas del terror de Estado y los militantes de los derechos humanos, quienes no padecen de amnesia y desarrollan una lucha de firmeza inclaudicable por la verdad y la justicia.

Con particular alegría protagonizaron el gesto de ir a Capilla del Rosario y, después de que las hermanas de Rutilo Betancour Roth recibieran un cuadro de la pintora Gabriela Vargas, la voz de Ana musitó el poema de Pablo Neruda:

Los fusilados Rutilio Betancourt Roth Luis Billinger Hugo Cacciavillani Antonio "Negrito" Fernández Carlos Gutiérrez Crescencio Ibañes Roberto Jérez Juan Carlos Lescano Mario Lescano Luis López José María Molina Héctor Moreno Alberto Rosales Norberto Carlos Rufino Raúl Sainz Francisco Scocimarro

Por estos muertos, nuestros muertos

Pido castigo.

Para los que de sangre salpicaron la Patria
Pido castigo.
Para el verdugo que mandó esta muerte
Pido castigo.
Para el traidor que ascendió sobre el crimen
Pido castigo.

No quiero que me den la mano
Empapada con nuestra sangre.
Pido castigo.

No los quiero de embajadores,
Tampoco en su casa tranquilos,
Los quiero ver juzgados,
En esta Plaza, en este sitio.
Pido castigo.

Fuente: www.prensadefrente.org, 25/09/06   |   www.elortiba.org

Por Vera Carnovale

[De: En la mira perretista: las ejecuciones del “largo brazo de la justicia popular", descargar documento completo en pdf]

El ERP había intentado asaltar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. El asalto no llegó a concretarse puesto que los guerrilleros fueron denunciados precipitándose entonces varios enfrentamientos con la policía provincial y el Ejército. Un grupo de guerrilleros logró huir; otro, integrado por 14 combatientes, se rindió. Sin embargo, nunca aparecieron con vida.

Días después, en una conferencia de prensa, el PRT-ERP anunció que habían sido fusilados y que “esa acción fue deliberada e inspirada en el salvaje principio de que “el ejército no toma guerrilleros prisioneros” [...]. El Comité Central [...] tomó una grave determinación. Ante el asesinato indiscriminado de nuestros compañeros, nuestra organización ha decidido emplear la represalia. Mientras el ejército opresor no tome guerrilleros prisioneros, el ERP no tomará oficiales prisioneros, y a cada asesinato responderá con una ejecución de oficiales indiscriminada. Es la única forma de obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura, a respetar las leyes de la guerra” (53).

Entre la publicación de esta “grave determinación” y los tres meses siguientes el PRT-ERP ejecutó, como respuesta a los fusilamientos de sus combatientes en Catamarca, a nueve oficiales del Ejército; éstos fueron:

-Coronel Jorge Oscar Gras, ejecutado 25 de septiembre de 1974 en Córdoba;
-Teniente 1º Luis Roberto Brzic, ejecutado el 25 de septiembre de 1974 en Rosario;
-Capitán Miguel Ángel Paiva, ejecutado el 2 de octubre de 1974 en Buenos Aires;
-Mayor bioquímico Jaime Gimeno, ejecutado el 7 de octubre de 1974 en Banfield;
-Tte. I Juan Carlos Gambande, ejecutado el 10 de octubre de 1974 en Santa Fe;
-Teniente Coronel médico José Francisco Gardón, ejecutado el 23 de octubre de 1974 en el hospital Municipal de San Miguel;
-Mayor Néstor Horacio López, ejecutado el 7 de noviembre de 1974 en Santa Fe;
-Teniente 1º Roberto Eduardo Carbajo, ejecutado el 12 de noviembre de 1974 en San Nicolás;
-Capitán Humberto Viola, ejecutado el 4 de diciembre de 1974 en San Miguel de Tucumán.

Durante el desarrollo del operativo de este último “ajusticiamiento” la hija menor del capitán Viola, María Cristina, de tres años de edad, resultó muerta y su hermana, María Fernanda, de cinco años, gravemente herida. Aunque no se hayan encontrado declaraciones partidarias públicas al respecto (54), la memoria militante afirma que a raíz del trágico saldo inesperado el PRT-ERP puso fin a esta represalia indiscriminada (y, en efecto, no se registraron en los meses siguientes ejecuciones de integrantes de las fuerzas represivas).

Sin embargo, en agosto de 1975 y a pocos días de haber propuesto un armisticio el PRT-ERP declaró una segunda represalia de este tipo. La misma fue anunciada el 12 de agosto en una conferencia de prensa y publicada en Estrella Roja hacia finales de mes. Sin mayores balances siquiera políticos de la represalia del año anterior y como si ésta hubiera sido en algo efectiva al menos en su propósito normativizador (“obligar a respetar las leyes de la guerra”), esta nueva determinación volvía a encontrar su fundamento en la intensificación del accionar represivo ilegal y el agravante de la incipiente generalización de un fenómeno que en lo sucesivo no haría más que incrementarse, el de la desaparición de militantes.

Esta vez, se advertía, la justicia perretista recaería sobre el amplio conjunto de fuerzas involucradas en la represión: “Considerando: que la oficialidad del Ejército contrarrevolucionario, los cuerpos represores de la Policía Federal y los demás cuerpos represivos especiales, se ensañan asesinando, o haciendo desaparecer a cuanto activista popular, militante revolucionario o persona del pueblo apresan, no respetando ninguna ley sobre el trato a los prisioneros y siendo ya incontables los ejemplos y casos de éstos, el COMITÉ CENTRAL “VIETNAM LIBERADO” RESUELVE: 1) iniciar acciones de ejecución indiscriminadas contra la oficialidad del Ejército contrarrevolucionario, los cuerpos represivos de la Policía Federal, los cuerpos especiales de represión y demás fuerzas represivas implicadas en asesinatos contra el campo del pueblo....”55

Es muy probable que esta última represalia no se haya llevado a cabo. Ya sea por el alto índice de muertos, prisioneros y desaparecidos que a esas alturas registraban las filas perretistas, ya sea porque sus últimos esfuerzos militares se concentraran en el envío de nuevos combatientes al monte tucumano o en los preparativos del asalto al cuartel Viejo Bueno de Monte Chingolo (que tendría lugar en diciembre de ese año) lo cierto es, en todo caso, que parece registrarse una sola ejecución tras el anuncio de esta segunda represalia (56).

NOTAS
(53) “Declaración” en Estrella Roja Nº 40, 23 de septiembre de 1974, en De Santis, op. cit, tomo II, pp. 326-326. También en: Colección Documento Histórico Nº 19 de Infobae. Por su parte Gorriarán Merlo afirma en sus Memorias “atentaríamos indiscriminadamente sobre oficiales del Ejército hasta igualar en número a los compañeros asesinados en Catamarca”
(54) La única fuente partidaria que se encontró de este episodio es “Ejecución de oficialidad enemiga. Unidad Compañía de Monte RRJ. Fecha: 1-12-74”. La misma es un relato pormenorizado del desarrollo de la acción en que fuera “ajusticiado” el capitán Viola. Allí se lee: “El automóvil operativo se aproxima hasta la misma altura que el objetivo [...]. Situación extraordinaria. Siempre en los chequeos el sujeto descendía, en esta oportunidad la que descendió fue la esposa, esperando él al volante a la espera para guardar el auto en el garage. Al frenar el automóvil operativo disparan el primer escopetazo que da en el parante delantero izquierdo del parabrisas, el sujeto se agacha en ese momento y los balines dan de rebote a la pibita de 3 años que estaba atrás...” Y, más adelante: “El compañero ametralladorista remata con un tiro a la cabeza, retoma el auto; inmediatamente el compañero de la escopeta le dispara a quemarropa un escopetazo y otro tiro de gracia con un revólver cal. 38. El compañero que maneja el auto de apoyo observa en ese momento que la hija de 5 años corre hacia delante a la altura del automóvil.
Observaciones: las heridas de la hija de 5 años no hallan explicación, salió de rebote en los disparos de gracia. Las de la menor son las del primer escopetazo que se disparó, desviado al atravesar la chapa.
Luego de la ejecución la retirada se cumple correctamente...” (en Poder Ejecutivo Nacional, op.cit, pp.205-206) Por su parte Mattini afirma que el PRT hizo una declaración pública en aquel momento y calificando el hecho de “un exceso injustificable” y anunciando su resolución de dar por cumplida la campaña de represalia “en homenaje a la sangre inocente de esas criaturas”
(55) “Resolución sobre represalias” en Estrella Roja Nº 59, 27 de agosto de 1975, Colección Documento Histórico Nº 7 de Infobae. A su vez, Mattini afirma que en el plenario partidario que tomó esta resolución un asistente, Luis Segovia, “lanzó la expresión ojo por ojo, diente por diente” y que “no hubo oposición por parte de los titulares a esta propuesta...”. Cfr. con Mattini, Luis, op. cit. pág. 422 56 La misma fue la del Comisario Alfonso Vergel, el 3 de septiembre de 1975 en La Plata. No se han encontrado declaraciones relacionadas. Según consta en In Memoriam “sería el ERP quien se adjudicaría el atentado, mediante el llamado realizado por una mujer a los medios de prensa y policiales” (In Memoriam, op. cit. tomo II, pág. 495.)
(56) La misma fue la del Comisario Alfonso Vergel, el 3 de septiembre de 1975 en La Plata. No se han encontrado declaraciones relacionadas. Según consta en In Memoriam “sería el ERP quien se adjudicaría el atentado, mediante el llamado realizado por una mujer a los medios de prensa y policiales” (In Memoriam, op. cit. tomo II, pág. 495.)

Los otros cinco fueron sepultados en una tumba NN en el cementerio de la capital provincial. Entre ellos estaría el segundo uruguayo, Rutilio Betancourt, alias el "Tupa".

TREINTA AÑOS DESPUÉS. Todo consta ahora en la causa que lleva adelante el Juez Federal de Catamarca Pedro Navarro desde diciembre último, cuando familiares y Abogados de organismos de Derechos Humanos de las provincias de Córdoba y Catamarca se presentaron solicitando una investigación sobre lo que ya se conoce como la Masacre de Capilla del Rosario.

"No sabemos de quiénes se trata y no podemos afirmar nada concretamente. Recién estamos por plantear al Juez que se designe médico para hacer la identificación por ADN óseo de los cinco cuerpos encontrados; ni siquiera podemos afirmar que se trate de fusilados", admitió a BRECHA el Abogado Martín Fresneda, representante de Elda Ida Roth y Elsa Betancourt Roth, madre y hermana, respectivamente, de Rutilio Betancourt. "Lo que hicimos hasta ahora es reconstruir la historia con documentos y testimonios de familiares. Sospechamos que cuando se entabla el primer combate con la Policía, caen tres militantes del ERP dentro del ómnibus y entre ellos estaría Cacciavillani. Esos mismos testimonios indican que el ERP cuando caía uno de sus militantes se comunicaba con los familiares para avisarles y evitar que el cuerpo desapareciera a manos de las fuerzas represivas. De ahí concluimos que entre los integrantes de la Compañía de Monte en esa operación estaba Rutilio Betancourt. Pero las exhumaciones de la semana pasada no implican identificar aún a ningún cuerpo", aclaró Fresneda. Diversas fuentes ligadas al ERP y algunos sobrevivientes de la fallida operación guerrillera confirmaron la presencia de los dos uruguayos. Betancourt y Cacciavillani eran militantes tupamaros que formaron parte de la Compañía de Monte aquel 11 de agosto.

PERÓN Y EL CÓNDOR. Las investigaciones de los Abogados, organismos de Derechos Humanos y familiares cuentan con el apoyo del Archivo Nacional de la Memoria y acaban de arrimar nuevas pruebas sobre la existencia del operativo Cóndor, aun antes de noviembre de 1975 cuando en Santiago de Chile se reunieron delegaciones militares de los países sudamericanos para dar forma a la coordinación represiva. Para analizar el caso del frustrado copamiento en Catamarca hay que tener en cuenta que en agosto de 1974 Argentina era el único país del Cono Sur que aún mantenía un gobierno constitucional, encabezado por Isabel Perón.

El diario provincial La Unión, de Catamarca, en su edición del 30 de agosto de 1974 recoge información publicada en Uruguay "por el matutino oficialista El País". Bajo el título "La muerte de un militante uruguayo en Catamarca es motivo de análisis", el matutino provincial informa que "los organismos de seguridad uruguayos denunciaron reiteradamente la permanente interdependencia existente entre las organizaciones extremistas que operan en el Cono Sur", y reproduce a continuación información del diario montevideano denunciando la cooperación entre los grupos argentinos ERP, fap y Montoneros, el eln boliviano, los tupamaros uruguayos y el MIR chileno, para constituirse en la Junta Coordinadora Revolucionaria.

"El pasado 30 de abril, las Fuerzas Conjuntas uruguayas – una vez más – exhibieron diversos materiales, armamentos, documentación, etcétera, incautados en procedimientos cumplidos en esos días en Montevideo", sigue La Unión. "Extraoficialmente pudo saberse, además, que más de un millar de ciudadanos uruguayos –requeridos (en Montevideo) por sus presuntas actividades subversivas – se encontrarían en territorio argentino desde que en 1972 el MLN sufrió una aplastante derrota a manos del Ejército oriental. La mayoría de ellos llegaron a Argentina procedentes de Chile, tras el golpe de Estado que depuso al régimen socialista de Salvador Allende. Antes, muchos de esos militantes revolucionarios habían tomado parte en expropiaciones, ocupaciones de fundos, atentados y otras acciones subversivas en territorio chileno con activistas del MIR. Derrocado Allende, los tupamaros huyeron preferentemente hacia la Argentina. Algunos lo hicieron como asilados, otros entraron ilegalmente. La mayoría, se asegura, continuaron su infatigable militancia integrándose a los cuadros de la organización declarada ilegal en la Argentina (léase ERP) y otras organizaciones de la extrema izquierda."

Es decir que la identificación de Cacciavillani o Betancourt entre los militantes muertos del ERP certificó para la inteligencia uruguaya que iba por el buen camino intercambiando información con la dictadura de Pinochet y los servicios del aún constitucional gobierno peronista argentino. No hay que olvidar que Juan Perón había muerto apenas un mes y medio antes de la Masacre de Capilla del Rosario, el 1 de julio, y que el 1 de mayo anterior había echado de la Plaza de Mayo a las formaciones especiales juveniles, es decir, los Montoneros, a quienes llamó "imberbes".

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional - OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS - República Oriental del Uruguay -Resumen del prensa, 29 de julio de 2005